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Claves
para rentabilizar un negocio en la Red
Internet
es una puerta abierta a los negocios. Cualquier persona con una idea puede
tener su propia tienda virtual con un escaparate a la vista del mundo
entero por un bajo precio. Pero no basta con cruzar los dedos y esperar
a vender. Para tener éxito, el ciber-emprendedor necesita de una
estructura empresarial que requiere de un gran esfuerzo tecnológico
y de marketing..
MIRIAN
CALAVIA ROGEL (cincodias.com)
Montar un negocio en Internet tiene múltiples ventajas, pero que
sea rentable no es tarea fácil. Muchas personas recurren al e-business
alentadas por la expectativa de hacer dinero rápido. Y es que los
reducidos costes y las posibilidades que ofrece la red atraen a los ciberemprendedores.
Pero no es oro todo lo que reluce. Los expertos coinciden en que el proyecto
estará prácticamente abocado al fracaso si no se tienen
en cuenta varios aspectos.
Como en cualquier
empresa, lo primero para echar a andar es diseñar una estrategia
empresarial. Según José Luis Zimmermann, director de la
Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing
(AECEM), el business to consumer -venta directa al consumidor- requiere
un “plan de negocio bien definido”, que pasa por “plantearse
el desarrollo del negocio a largo plazo y unos objetivos determinados”.
No obstante, las reglas del juego son diferentes a las de un comercio
tradicional, por lo que el principal reto es gestionar y organizar desde
un prisma electrónico. En este sentido, lo que marca la diferencia
es la venta a distancia, y se hace imprescindible “disponer de medios
de pago seguros, logística, almacenamiento y transporte para la
distribución”, afirma Zimmermann.
Asimismo,
es necesario estudiar a fondo la viabilidad del producto o servicio que
se quiere comercializar. Lo ideal es ser original y desmarcarse de una
competencia cada vez mayor. No está de más conocer la normativa
que regula el e-business en España. Destacan sobre todo tres leyes:
la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (Issi), la
Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), y la Ley
Orgánica de Protección de datos (LOPD).
Llegados
a este punto, cobra importancia el análisis económico-financiero.
Lógicamente, en un escenario electrónico hay que calcular
las necesidades tecnológicas y de innovación. Hacen falta
desde software de administración de contenidos y de contabilidad
hasta herramientas de medición del tráfico que registra
la web. Tampoco hay que prescindir de un equipo humano cualificado y de
buenos proveedores.
Pero todo
ello no sirve de mucho si no invierte en posicionamiento en Internet.
En opinión de Zimmermann, “una empresa no sólo debe
trabajar el marketing en buscadores como Google o Yahoo!, sino también
en nuevos medios como los blogs y las redes sociales”. “La inversión
inicial en marketing online es reducida, otra cosa es plantearse una acción
offline, lo que aumenta el gasto en publicidad”, advierte.
Lo que está
claro es que Internet dispone de herramientas capaces de ofrecer soluciones
empresariales de todo tipo. “Hoy por hoy una empresa que quiera pasar
a vender por Internet puede acceder a paquetes sencillos de sites online
que ya llevan integrados los sistemas de pago, la seguridad, la gestión
de stocks, etc.”, comenta el director de AECEM.
Oportunidad
ante la crisis
Y es que
montar un canal online es relativamente barato. Esta ventaja se multiplica
en momentos de crisis como el actual. “La crisis va a afectar a cualquier
negocio, ya sea online u offline, pero el bajo coste de estas webs supone
una oportunidad, ya que son canales que aumentan las ventas a cambio de
una inversión reducida y pueden ayudar a paliar los efectos de
la crisis”, explica Zimmermann. Además, se pasa de operar
en un ámbito local a abarcar mercados globales. No existen límites
geográficos ni fronteras.
Por eso,
transmitir confianza y transparencia es fundamental. Las empresas, los
particulares y las entidades vigilan de cerca los riesgos que implican
las nuevas tecnologías y, por tanto, hay que garantizar la protección
frente al fraude, la confidencialidad de los datos y la privacidad.
De hecho,
el ‘talón de Aquiles’ de los negocios electrónicos
es que el consumidor “no está acostumbrado a comprar a través
de Internet; prefiere ver el producto y tenerlo en la mano antes de comprarlo”,
asegura Zimmermann, que cree que se trata de “un problema socio-cultural
porque no estamos acostumbrados a comprar por catálogo y pagar
a distancia, aunque es algo que está cambiando poco a poco”.
En general, las formas de pago son seguras, pero “el internauta aún
tiene un cierto recelo en materia de seguridad”, añade.
Según
los datos que maneja AECEM, el volumen de negocio del comercio electrónico
en España se sitúa en 2.700 millones de euros aproximadamente,
con un crecimiento anual del 30%, aunque “todavía estamos
lejos del resto de países de la Europa Occidental”. Se estima
que la cifra alcance los 4.000 millones de euros este año, según
la Comisión del Mercado de la Telecomunicaciones (CMT) y el Ministerio
de Industria. No obstante, desde la AECEM se muestran más pesimistas
porque este tipo de comercio en España “está bastante
atrasado con respecto al resto de países desarrollados, y sobre
todo de los europeos”.
Luces
y sombras en la adaptación a la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales
En este
pequeño y modesto artículo nos plantearemos la ardua tarea
de intentar discernir qué sociedades inscritas ya en los correspondientes
Registros Mercantiles pueden considerarse como sociedades profesionales
por su objeto y en consecuencia tienen la necesidad de adaptarse de forma
obligatoria a lo preceptuado en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades
Profesionales.
Xavier
Túa López. Abogado del Registro Mercantil de la Provincia
de Tarragona. (noticiasjuridicas.es)
Con anterioridad
al 16 de junio de 2007, no podían existir las sociedades mercantiles
profesionales, sólo la sociedades civiles particulares que tuvieran
como objeto el ejercicio de una profesión o arte (1678 CC) podían
ser consideradas como una verdadera sociedad profesional, pues el resto
de sociedades, con objeto profesional, en realidad no eran sociedades
profesionales porque las mismas no existían hasta la entrada en
vigor de la Ley 2/2007,aún el legislador no había cortado
ni cosido el nuevo traje social.
Las sociedades
con un objeto profesional o similares se inscribían en los Registros
Mercantiles siempre que en la redacción de su objeto social se
expresara que el mismo era “la mediación o intermediación”
en la realización de aquellas actividades, o bien, también
cabía la inscripción de aquellas, que sin expresarlo con
claridad, establecían directamente que su objeto era la actividad
profesional de que se tratara pues la Dirección General de los
Registros y del Notariado (en adelante DGRN) consideró atendiendo
a razones prácticas, que dado que en España no existía
la sociedad profesional como tal (deberá entenderse como que no
existía su regulación jurídica autónoma),
si la sociedad, aunque tuviera un objeto que debiera ser desarrollado
por profesionales, se presumía automáticamente, en todo
caso, que eran mediadoras y en consecuencia que no era estrictamente necesario
que se incluyera las palabras de ”mediación o intermediación”
en la redacción del artículo relativo al objeto social (RDGRN
02/06/1986).
Así,
en la mencionada resolución se consideró admisible el objeto
expresado en los siguientes términos: “Prestar toda clase
de servicios y asesoramiento a empresas o personas físicas, contables,
fiscales, jurídicas, de administración, gestión y
representación”, sin incluir mediación o intermediación
en la realización de tales actividades.
Con posterioridad
la DGRN reiteró este criterio en diferentes resoluciones llegando
hasta la última de fecha 21/12/2007 (una vez ya entrada en vigor
la Ley 2/2007), en la que entiende, a nuestro parecer erróneamente
(pues a dicha fecha ya existe la sociedad profesional como tal), que si
la sociedad no es profesional, aunque tenga un objeto que deba ser desarrollado
por profesionales, la sociedad en realidad es de mediación o mediadora
en dichas actividades. Y lo entiende erróneamente pues desvirtúa
la Ley, la lleva a agua de borrajas, ya que con la entrada en vigor de
la Ley 2/2007 y más concretamente en su artículo 1 establece
de forma imperativa y terminantemente que las sociedades que tenga por
objeto el ejercicio en común de una actividad profesional deberán
constituirse como sociedades profesionales en los términos de esta
Ley. Por ello, nosotros entendemos que lo determinante es el objeto social
a la hora de calificar una sociedad como profesional o no, y así
lo reconoce la misma DGRN en la misma resolución cuando manifiesta
que “hubiera sido deseable una mayor claridad y precisión”
en la redacción del objeto de la sociedad. En consecuencia hubiera
sido muy deseable, incluso necesario, que en el momento fundacional y
en cualquier otro donde se proceda a una modificación de objeto
social que se expresara con claridad si lo que se pretende es constituir
una verdadera sociedad profesional o tan sólo de medios, puesto
que una vez constituida es imposible saber cómo la sociedad, en
lo relativo a los servicios profesionales incluidos en su objeto, va a
desarrollar sus actividades. Es decir, si va a facturar directamente al
cliente, en cuyo caso estamos ante una verdadera sociedad profesional,
adopte o no esta forma, o será el profesional, quién realiza
la actividad, el que facturará al cliente y después la sociedad
al profesional. Por ello, sería deseable (aunque contradiga el
pronunciamiento de la DGRN) que en aras de las seguridad jurídica
preventiva las actividades profesionales constitutivas del objeto de las
sociedades se expresen con la mayor claridad posible en evitación
de confusiones y por tanto, si la sociedad es mediadora que se diga así
en el objeto de la sociedad, consiguiendo de esta forma la mayor precisión
posible para que la persona que entre en contacto o que utilice los servicios
ofrecidos por esa sociedad sepa a qué atenerse y no surjan problemas
a posteriori no sólo con los clientes, sino también con
los propios Colegios Profesionales y los mismos profesionales a sueldo
o empleados de la sociedad.
Una vez visto
el criterio actual de los pronunciamientos de la Dirección General
nos hundiremos en los estantes de los Registros Mercantiles para ver cual
es la realidad fáctica. En los distintos Registros Mercantiles,
a esta fecha, nos podemos encontrar con cuatro tipos de objetos sociales
relativos a las sociedades profesionales o presuntamente profesionales:
- las que
en su objeto se establece una o varias actividades profesionales estableciendo
que el mismo es “la mediación o intermediación”;
- aquellas
que expresan directamente que su objeto era la actividad profesional de
que se tratara sin expresar con claridad que esta se ejercerá como
mediadora;
- aquellas
que junto con la actividad propia del profesional se determinan dentro
del objeto social otra serie de actividades más o menos relacionadas
el objeto social;
- aquellas
que junto con otras muchas actividades, en alguno de los apartados del
artículo relativo al objeto social se establecía una actividad
profesional.
Teniendo
en cuenta que la Ley 2/2007, de 15 de Marzo, de sociedades profesionales
establece en su Disposición Adicional 1ª la necesidad de que
todas las sociedades profesionales preexistentes inscriban su adaptación
de sus estatutos a la Ley antes mencionada, es cuando surge el problema
de intentar delimitar cuando una sociedad está o no obligada a
adaptarse y que debe entenderse como sociedad profesional.
A estos efectos
tan sólo podemos distinguir un tipo de sociedad que por su objeto
social puede llegar a ser considerada como verdadera sociedad profesional:
aquellas a las que le eran atribuidos los derechos y obligaciones inherentes
al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación
jurídica establecida con el cliente, es decir aquellas que facturaban
los servicios profesionales a nombre de la sociedad, pues todas las demás
son realmente de medios o intermediadoras, de forma tal que era el profesional
el que facturaba sus servicios al cliente y la sociedad la que facturaba
al profesional por los medios que ponía a su disposición
o por la actividad que llevaba a cabo a favor del mismo.
O dicho de
otra manera sólo será aplicable la obligatoriedad de inscripción,
o, en su caso, la obligatoriedad de la adaptación, a las sociedades
a las que les fuera aplicable el artículo 1.1 de la Ley 2/2007,
cuyos requisitos son los siguientes:
- Que tengan
un objeto profesional;
- Que requieran
de una titulación universitaria o titulación profesional
para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación oficial;
- Que sea
obligatorio que para el ejercicio de esa profesión sea necesaria
la colegialización en el Colegio Profesional correspondiente y
que;
- los actos
propios de la actividad profesional sean ejecutados directamente bajo
la razón o denominación social y le sean atribuidos a la
sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad
profesional como titular de la relación establecida con el cliente.
Como observamos
los tres primeros requisitos son objetivos fácilmente apreciables,
pero el cuarto es totalmente subjetivo, es decir que para cualquier tercero
(incluyo el Registro Mercantil) será de imposible apreciación
por cuanto su conocimiento está reservado al órgano de administración
de la propia sociedad, los socios y a sus clientes.
En consecuencia
y dada la multiplicidad de sociedades inscritas, para considerar si a
una sociedad le es o no aplicable el art. 1.1 de la Ley, resultará
del todo imposible para el registrador mercantil por la existencia del
requisito subjetivo antes comentado y por ende, también le resultará
imposible, tanto aplicar las sanciones derivadas de la falta de adaptación
(el cierre registral si desde la entrada en vigor de la Ley no se ha procedido
a la adecuación de las sociedades, el plazo finaliza el próximo
15 de junio de 2008)como para disolver la sociedad inscrita pasados dieciocho
meses desde la entrada en vigor de la Ley. En definitiva, las sanciones
registrales por la falta de adaptación previstas en la Disposición
Adicional 12ª de la Ley quedan sin virtualidad, siendo más
efectiva para obligar a las sociedades preexistentes a adaptar sus estatutos
a la nueva norma, la Disposición Adicional 23ª, relativa a
la extensión del régimen de responsabilidad. Dicha Disposición
Adicional 2 establece que aquellas sociedades o entidades o incluso personas
físicas que actúen el mercado de servicios como una verdadera
sociedad profesional, con una denominación común o a través
de la emisión de facturas (...) bajo dicha denominación,
van a estar sujetas a la responsabilidad derivada del artículo
11 de la Ley , es decir, que de los actos profesionales responderán
los socios que los hayan realizado y la propia sociedad, entidad o resto
de profesionales, y es más, si estos profesionales no adoptan forma
societaria la responsabilidad por los actos profesionales de uno de ellos
va a conllevar la responsabilidad de los demás.
Tan sólo
de las sociedades civiles puede manifestarse que se trata de una veritable
adaptación a la nueva Ley, adaptación que se llevará
a cabo a través de una primera inscripción de la sociedad,
salvo que se trate de una sociedad inscrita en el Registro Mercantil durante
el plazo de tiempo que estuvo vigente el artículo 269.bis del Reglamento
del Registro Mercantil anulado por la STS de 24 de febrero de 2000. Para
todas las demás, y hablamos de una gran diversidad de sociedades
existentes inscritas o no en los Registros Mercantiles, con objeto más
o menos próximos a lo establecido en el artículo 1.1 de
la Ley, podrán seguir funcionando con sus propios estatutos, sin
tener en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley 2/2007 por
cuanto no es posible aplicarles sanción alguna tan sólo
si se adaptan antes del plazo legal gozarán de las exenciones de
impuestos que establece la norma, aunque es este aspecto también
hay que manifestar que dicha reducción es también irreal
puesto que la adaptación tan sólo implica una modificación
de estatutos sociales, que al no ser acto con cuantía, no queda
sujeto a O.S o a A.J.D. Sí en cambio, podrán gozar de una
reducción del 30% de los derechos arancelarios de los notarios
y de los registros pero tán sólo para aquellas sociedades
constituidas con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la
Ley, de forma que para las sociedades civiles no inscritas, no gozarán
en ningún caso de dicho beneficio arancelario.
Una vez analizados
dichos extremos vamos a recoger a continuación los requisitos generales
para adaptar a la nueva Ley, las sociedades, sean de la clase que sean,
y son los que siguen:
- La adaptación
se ha de documentar en escritura pública.
- Se tiene
que identificar a los socios (art. 38 del RRM), distinguiendo los que
son profesionales y los que no lo son.
- Hay que
determinar la cuota del capital o patrimonio que corresponde a cada uno
de ellos.
- La manifestación
del Colegio Profesional al que pertenecen y su número de colegiado.
- Es necesario
protocolizar en la escritura pública la certificación colegial
en que se identifique debidamente al profesional, y en la que conste su
habilitación actual para el ejercicio de la profesión.
- Es necesario
adecuar el objeto social a la nueva Ley.
- La designación
de los miembros del órgano de administración si el existente
no reúne las condiciones exigidas en el artículo 4.3 de
la Ley.6
- El establecimiento
de las prestaciones accesorias. Este punto no será estrictamente
necesario cuando se trate de sociedades civiles, colectivas y comanditarias.
- Protocolización
de la certificación del Acta del Junta General o Asamblea de socios
donde se adopte el acuerdo (con las mayorías exigidas) de adaptación.
En la Ley no se establecen quórums especiales para este acuerdo
de adaptación social.
- Las modificaciones
estatutarias o de las reglas de funcionamiento de la sociedad que sean
necesarias para evitar que las mismas entren en contradicción o
conflicto con normas que tengan el carácter de imperativas de la
Ley 2/2007.
Mas concretamente,
vamos a analizar los requisitos para la adaptación a la Ley 2/2007,
de las sociedades civiles. Como sabemos éstas pueden constar en
escritura pública o en simple documento privado. En el primero
de los casos, todos los socios deben adoptar el acuerdo de adaptación
compareciendo ante el Notario autorizante de la escritura pública
(es dudoso que mediante certificación del acuerdo de adaptación
por parte de la Asamblea se pueda elevar a público dicho acuerdo).
En el segundo caso, sí o sí, todos los socios deben comparecer
en el otorgamiento de la escritura pública. En ambos casos es necesario
(salvo para aquellas sociedades civiles ya inscritas) que se protocolice
el certificado de denominación social negativo expedido por el
Registro Mercantil Central (artículo 413 del Reglamento del Registro
Mercantil).
En cuanto
a las reglas de funcionamiento, puesto que las sociedades civiles no precisan
de estatutos sociales a similitud de las otras sociedades mercantiles,
según lo que dispone el Código Civil, tampoco le serán
exigidos, bastará con consignar las especificaciones exigidas en
el artículo 7 de la Ley 72/2007 y además las siguientes,
que derivan de su regulación civil:
- Su denominación
(certificado negativo del Registro Mercantil Central).
- Su domicilio
social.
- Su objeto
social.
- La fecha
de cierre del ejercicio social, aunque no es estrictamente necesario.
- Los pactos
sobre las pérdidas y ganancias que estimen los socios de conformidad
con el artículo 1689 del Código Civil.
- Es necesario
determinar el órgano de administración social; puesto que
los artículos 7 y 8 de la Ley 2/2007 así lo exige.
- No es necesario
consignar la duración de la sociedad a la vista de lo dispuesto
en el art. 1680 del Código Civil, ni la fecha de inicio de las
operaciones sociales (artículo 1679 C.c.).
- Los quórums
de adopción de los acuerdos, que en todo caso debe ser por unanimidad
aplicando analógicamente lo dispuesto en el artículo 218
del Reglamento del Registro Mercantil. Si comparecen todos los socios
en el otorgamiento de la escritura pública se presume.
En conclusión
y como colofón de este pequeño artículo no ambicioso
en su contenido opinamos que será difícil la adaptación
de las sociedades ya inscritas en los registros mercantiles al marco que
nos ofrece esta nueva regulación, en primer lugar, por la desvirtualidad
real y práctica de las sanciones contenidas en la propia norma
y en segundo lugar por la falta de motivaciones en los beneficios que
pueden gozar si se adaptan en el plazo legal establecido. Este nuevo traje
social calará en las nuevas constituciones de sociedades con objeto
profesional, puesto que les ofrece un “plus” o más azúcar
en sus relaciones con los clientes o usuarios de sus servicios, pero constará
que todas aquellas que ya están constituidas aprecien las ventajas
de estar sometido a una marco jurídico más seguro y claro,
sobre todo para los clientes que contraten con ellos. Por ello la tímida
o escasa aplicación de la norma a esta fecha no es sinónimo
de que el legislador español, por esta vez, haya creado un ente
vacío de contenido (como ocurrió en mi opinión con
la regulación supersónica de la Ley de Sociedad Nueva Empresa)
si no que requerirá tiempo para que los profesionales nos demos
cuenta de las mayores ventajas que nos ofrece someternos a este nuevo
marco jurídico como sinónimo de calidad en nuestros servicios
y de profesionalidad y, sobre todo, en aras a evitar el creciente intrusismo
profesional.
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