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LA
CONVERSIÓN DE TEMPORALES EN FIJOS SE BONIFICARÁ DESDE EL
1 DE JULIO
Cinco Días 30/06/06
El plan de choque para que las empresas conviertan a sus trabajadores
temporales en fijos entrará en vigor el, 1 de julio. Según
este plan, incluido en la reforma laboral recién aprobada, el empresario
recibirá bonificaciones en forma de rebajas de las cotizaciones
a la Seguridad Social equivalentes a 800 euros anuales durante tres años
por cada trabajador que convierta en indefinido. Los empresarios se beneficiarán
de estas ayudas hasta el 31 de diciembre de este año
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EL
EURIBOR ESCALA AL 3,4% EN JUNIO: GENERA LA MAYOR SUBIDA DE LAS HIPOTECAS
DESDE NOVIEMBRE DE 2000
El Economista 30/06/06
La curva de los tipos de interés en Europa continúa despegando
y espolea la escalada del euribor por noveno mes consecutivo. En junio
se producirán fuertes subidas en las hipotecas, que oscilarán
entre los 800 y 2.400 euros anuales en función del plazo y el tamaño
del préstamo hipotecario.
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LOS
AYUNTAMIENTOS CARGAN LA MANO EN LOS IMPUESTOS DE LAS EMPRESAS
Expansión 30/06/2006
Los ayuntamientos no se han quedado de brazos cruzados ante el retraso
en la prometida mejora de su sistema de financiación. Han decidido
elevar los impuestos locales como mecanismo para obtener parte de los
ingresos que no han logrado hasta el momento debido a que la mejora legal
de sus vías de ingresos aún tendrá que esperar, según
la agenda del Ejecutivo.
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UN INFORME DA
CAIXA GALICIA OBSERVA QUE SE ACENTÚAN LOS DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS
Capital 27/06/2006
El informe anual de Caixa Galicia constata el crecimiento económico
de España, por encima de la media de la UE, pero también
observa que se acentuaron algunos de los principales desequilibrios, entre
los que menciona la inflación y el déficit exterior.
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ESPAÑA
PIERDE UN 10% DE SU CUOTA EXPORTADORA EN UN SOLO AÑO
Cinco Días 03/07/03
La cuota de mercado de las exportaciones españolas sobre el comercio
mundial quedó el año pasado en el 1,79%, lejos del 1,99%
del año anterior. La irrupción de nuevos competidores y
las deficiencias estructurales de la economía española explican
la caída del 10% en sólo un año.
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HACIENDA
ESTUDIA REDUCIR LAS RETENCIONES EN LAS NÓMINAS AL INCLUIR LA DEDUCCIÓN
POR VIVIENDA
Expansión03/07/2006
El foro fiscal que organizan EXPANSIÓN y Aedaf analiza los cambios
fiscales y las tendencias que marcarán el futuro de la legislación.
El cálculo de retenciones, los planes de pensiones y la prevención
del fraude son hoy las prioridades en la agenda de Hacienda.
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EL IMPORTE DE
LAS HIPOTECAS SUBE UN 14,5%
Sur Digital 03/07/06
Durante el mes de abril el importe medio por hipoteca constituida se sitúa
en 154.213 euros, un 14,5% más que en el mismo mes de 2005 y un
1,5% inferior al registrado en marzo de 2006, que fue de 156.520 euros.
En el caso de hipotecas constituidas sobre vivienda, el importe medio
es de 138.958 euros, un 15,1% más que en el mismo mes de 2005 y
un 0,3% superior al registrado en marzo de 2006, que fue de 138.537 euros.
EL BANCO DE
ESPAÑA SEÑALA QUE EL CONSUMO CONTINÚA SU DESACELERACIÓN
Expansión 03/07/06
El Banco de España señala en su boletín
económico mensual de junio publicado hoy que en el segundo
trimestre del año el gasto de consumo apunta a una suave desaceleración,
mientras que los indicadores de inversión muestran un mayor sostenimiento.
Respecto a la vivienda, estima que el escenario futuro más probable
es el de una "absorción gradual de la sobrevaloración
existente".
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CEOE
RESPALDA EL USO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES PESE A LA REFORMA LABORAL
Expansión 04/07/06
La patronal CEOE ha advertido a las empresas de que no se dejen embaucar
por los sindicatos en la negociación colectiva sobre la limitación
de la contratación temporal, como consecuencia de las medidas que
sobre esta cuestión ha introducido el acuerdo sobre la reforma
laboral.
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LAS
CCAA MÁS POBRES RECIBIRÁN AYUDAS MILLONARIAS TRAS PERDER
FONDOS DE LA UE
Expansión 5/07/06
El Gobierno está dispuesto a asumir una parte importante de la
pérdida que ocasione en las finanzas autonómicas el fuerte
descenso de ayudas de la UE aprobado por los 25 Estados miembros para
los años 2007 a 2013. El compromiso, comunicado ya a las autonomías,
pasa por evitar que los territorios menos prósperos pierdan más
del 50% de los fondos comunitarios. Una promesa nada desdeñable,
especialmente si se tiene en cuenta que de las grandes partidas que componen
las ayudas comunitarias, los fondos estructurales sufrirán un recorte
en toda España de 23.000 millones de euros a lo largo de los próximos
siete años; y los fondos de cohesión se reducirán
en casi 10.000 millones adicionales hasta 2013.
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EL
PRESIDENTE DE LA CECA RECONOCE QUE LA MOROSIDAD VA A AUMENTAR
La Gaceta de los Negocios 05/07/06
El presidenta de la Confederación Española de Cajas de Ahorros
(CECA), Juan Ramón Quintás, auguró un aumento de
la morosidad en el sistema financiero español dentro del curso
Las nuevas políticas económicas organizado por la Universidad
Complutense de Madrid. Pero matizó que ésta se mantendrá
dentro de unos “límites razonables”. Quintás consideró
“una certeza” que la morosidad “va a aumentar para todos”.
En el primer trimestre, la morosidad hipotecaria subió más
de una centésima por culpa de las cajas.
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LA MITAD DE LAS
FAMILIAS NO PUEDE COMPRAR UN PISO NUEVO DE 100 METROS CUADRADOS
El Mundo 06/07/06
Un piso es un lujo a veces inalcanzable. Entre un 40 y un 50% de las familias
españolas no podía comprar el año pasado una vivienda
nueva de 100 metros cuadrados, según el último informe sobre
coyuntura económica de Caixa Catalunya, que señala que la
alternativa al encarecimiento de los pisos es la compra de viviendas más
pequeñas. Una vivienda de 100 metros cuadrados y de menos de dos
años de antigüedad, con un préstamo hipotecario a 30
años, equivalente al 75% del valor de la vivienda, representa un
gasto por carga hipotecaria igual o por encima del 40% de la renta laboral
para casi el 40% de los hogares españoles, lo que se sitúa
en el límite de la capacidad económica de un hogar.
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BRUSELAS
OBLIGA A ESPAÑA A CAMBIAR LA LEY DE MATRICES Y FILIALES
El País 06/07/06
La Comisión Europea ha dado dos meses a España para que
cambie la ley que regula la relación entre empresas matrices y
filiales. Si no lo hace, Bruselas llevará a España al Tribunal
Europeo de Luxemburgo por entender que viola la doctrina europea sobre
esa materia. Se trata de un dictamen motivado, el segundo paso en los
procedimientos de infracción que acomete la Comisión.
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EL BCE SUBIRÁ
OTRA VEZ LOS TIPOS
Cinco Días 07/07/06
El Banco Central Europeo dejó ayer los tipos de interés
en el 2,75%, pero su presidente abrió la puerta a una nueva subida
de un cuarto de punto en agosto. De confirmarse, supondría una
aceleración del ritmo de subidas, que desde diciembre se producen
cada tres meses.
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LAS
SOCIEDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS RECLAMAN UNA LEY ESPECIAL PARA
PYMES
Cinco Días 07/07/06
Las sociedades de prevención de riesgos (creadas por las mutuas
de accidentes de trabajo para realizar los servicios de prevención
ajenos para las empresas) tienen previsto constituir su propia patronal
el próximo 17 de julio.
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LA REFORMA FISCAL PROVOCA
UNA AVALANCHA DE OPERACIONES EN BOLSA PARA APROVECHAR LAS VENTAJAS
El Confidencial 07/07/06
La reforma fiscal aprobada hace dos semanas por el Congreso puede provocar
una verdadera avalancha de operaciones bursátiles en los meses
que faltan hasta concluir el año. Los inversores intentarán
adelantar todas las operaciones que saldrán perjudicadas con la
entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre la Renta, aunque también
retrasarán aquellas que serán mejor tratadas con la reforma.
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INTERESANTE PAQUETE
DE BENEFICIOS FISCALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
El Semanal Digital 07/07/06
Las nuevas medidas que van a aplicarse se enmarcan en el contexto de política
fiscal que el gobierno valenciano viene desarrollando y que conjuga la
reducción de impuestos con el establecimiento de beneficios fiscales
dirigidos al tejido productivo.Al respecto, cabe destacar que la Comunidad
Valenciana cuenta con un programa completo de actuación en política
fiscal, coordinado con las líneas generales de política
social y económica.
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CUEVAS
LAMENTA LA POLITIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS REGULADORES
El País 07/07/06
El presidente de la CEOE, José María Cuevas, lamentó
ayer "la politización y la pérdida de crédito"
de los órganos reguladores de la energía, telecomunicaciones,
mercado de valores, finanzas y defensa de la competencia. En una intervención
en la escuela de negocios ESADE, también se refirió a la
"creciente y palpable tentación neointervencionista"
del Gobierno que se refleja en múltiples normas que procuran ahormar
a su gusto la actividad de las empresas.
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LA REGULACIÓN
DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES SE APROBÓ DEL REFERÉNDUM DEL
ESTATUT
Hispanidad 06/07/07
Este jueves el BOE publica la Ley autonómica catalana 7/2006 de
31 de mayo que desarrolla el ejercicio de las profesiones tituladas en
Cataluña, aunque ya había sido publicado en el Diari Oficial
de la Generalitat el pasado 9 de junio. Es decir, la normativa fue aprobada
18 días antes de que se aprobara el Estatut en referéndum,
a pesar de que afirma basarse en el desarrollo de lo dispuesto en el artículo
9.23 del Estatut. Los que advertían de los riesgos de que la regulación
profesional tuviese un marcado carácter totalitario, tenían
razón. “La presente ley ha considerado conveniente ampliar
el horizonte de regulación a las profesiones tituladas en general”.
Más control.
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ALMUNIA
ADVIERTE DE QUE EL MODELO DE CRECIMIENTO ESPAÑOL "ESTÁ
AGOTADO"
La Razón 07/07/06
El Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín
Almunia, señaló ayer que el modelo de crecimiento español
«está agotado, es inercial y necesita cambiarse» en
los momentos altos del ciclo económico. Almunia lanzó esta
advertencia en la presentación de un informe elaborado por el Círculo
de Empresarios que bajo el título «Informe Círculo
sobre la economía española. Cómo garantizar el futuro»
analiza las reformas más urgentes que necesita España para
transitar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico más
competitivo.
En este sentido el informe recomienda reexaminar en profundidad la reforma
fiscal, que tanto en España como en otros países «ha
envejecido» y es incapaz de adaptarse a la realidad de la nueva
sociedad del siglo XXI. También redunda en la necesidad de reducir
la carga regulatoria, y realizar una «poda legislativa».
Almunia señaló al respecto que en el plano macroeconómico
España está «bastante bien», pero no opinó
lo mismo del «microeconómico», en el que habló
de la necesidad de introducir más competencia, regular mejor los
mercados, y liberalizar de «verdad».
ESPAÑA
EL PAÍS DONDE MÁS SUBEN LOS PRECIOS
Minuto Digital 07/07/06
España tendrá la inflación más alta de las
economías más avanzadas, por lo menos, hasta el 2007. Las
últimas previsiones publicadas por el Banco de España y
el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan que el índice de
precios de consumo (IPC) se situará en una tasa de inflación
del 3,4 por ciento en 2006 y del 3,1 por ciento el próximo año.
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EL CÍRCULO DE
EMPRESARIOS PROPONE PENALIZAR LA PRESTACIÓN DE PARO POR CADA OFERTA
RECHAZADA
Las Provincias 07/07/2006
El Círculo de Empresarios propone limitar al mínimo los
motivos para rechazar una oferta de trabajo de aquellos trabajadores que
estén percibiendo la prestación por desempleo o, al menos,
introducir una penalización por cada oferta rechazada, incluso
las que impliquen un desplazamiento geográfico o una modificación
de la categoría profesional.
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1.786 EUROS ES
EL SUEDO MEDIO EN UNA GRAN EMPRESA
Cinco Días 06/07/2006
El salario medio mensual de un empleado en una gran empresa española
(aquella cuya facturación supera los 6 millones de euros al año)
alcanzó los 1.786 euros en el mes de mayo, lo que supone un crecimiento
de un 4,2% respecto al mismo mes del pasado año.
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UNA
DOCENA DE LOBBIES CONDICIONAN LA REFORMA FISCAL
Cinco Días 10/07/06
Unespa, Inverco, la AEB, Anfac, los despachos Cuatrecasas y Garrigues,
Fomento del Trabajo y la propia CEOE son algunos de los grupos de presión
que se han partido el pecho por influir en la reforma fiscal que se encuentra
en trámite parlamentario. La mayoría de sus demandas han
sido canalizadas a través de los nacionalistas catalanes, en unos
casos con éxito y en otros con menos.
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LOS EMPRESARIOS ESTIMAN
INSUFICIENTE LA REFORMA LABORAL
Cinco Días 10/07/06
El 57,6% de los expertos consultados por PricewaterhouseCoopers dice que
la reforma laboral, aunque necesaria, afectará poco a la competitividad
de la economía española y no resolverá los problemas
de temporalidad en el empleo.
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UNA GUÍA
ENSEÑA A LAS PYMES A APLICAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Cinco Días 10/07/06
El Observatorio de RSC lanza una guía para fomentar las buenas
prácticas empresariales entre las pymes. El libro intenta poner
orden y facilitar las cosas a aquellos que quieren responder de forma
más positiva a los retos sociales actuales.
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HACIENDA SUPRIME EL
RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES PATRIMONIALES PARA EVITAR CASOS DE ELUSIÓN
FISCAL
Las Provincias 10/07/2006
Se trata de un antiguo problema que arrancaba con el régimen de
las sociedades transparentes, convertidas en el año 2003 en sociedades
patrimoniales por la modificación de este régimen fiscal
especial del Impuesto sobre Sociedades. Después de cuatro años
de aplicación, Hacienda pretende la supresión de este régimen
que permitía a estas sociedades tributar al 15% sobre las plusvalías,
repartiendo dividendos a los socios sin coste fiscal en sus rentas.
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LA REFORMA LABORAL
NO MEJORARÁ LA PRODUCTIVIDAD NI LA COMPETITIVIDAD, SEGÚN
UN INFORME DE PWC
Finanzas 10/07/2006
La reforma laboral no mejorará la
competitividad de la economía española ya que sólo
se centra en el empleo indefinido, medidas activas y protección
de parados, aspectos que afectan "escasamente" a la productividad
y la competitividad, según las conclusiones del informe Consenso
Económico, correspondiente al tercer trimestre de 2006, elaborado
por PricewaterhouseCoopers.
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Acreditación
de bases imponibles negativas de ejercicios prescritos.
Con fecha 30 de marzo
de 2006 el Tribunal Económico Administrativo Central resolvió
sobre una reclamación interpuesta sobre un procedimiento inspector
que contrastó la base imponible declarada en un ejercicio prescrito
que fue compensado en un ejercicio posterior que fue objeto de regularización
y que no estaba prescrito. La inspección no admitió la compensación
por no quedar acreditada la realidad de aquella base negativa.
Así, el grupo
consolidado que presentó el recurso presentó la declaración
del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1996 consignando una base
imponible negativa de 634.673.598 ptas (3.814.465,15 €). Esta base
fue parcialmente compensada en el ejercicio siguiente por casi 53 millones
de pesetas.
La inspección
de tributos, en 2004, comprobó la base imponible a efectos de su
compensación en ejercicios no prescritos. Y en este sentido se
hace constar que no existiendo contabilidad del ejercicio 1996 y no habiendo
justificado la entidad la realidad de las pérdidas, no procede
admitir la compensación de la base imponible negativa de ejercicio
1996, aunque se aleguen causas de fuerza mayor.
En este sentido en la
Memoria del ejercicio 2004 constaba que un incendio ocurrido en 1996,
afectó a los archivos y equipos informáticos, originando
la pérdida de parte de la documentación e información
relativa a las operaciones comerciales por lo que no fue posible la comprobación
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. El Informe de Auditoría
señala que, ante la falta de documentación, no puede expresar
una opinión sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias ni sobre
el Cuadro de origen y aplicación de fondos, si bien, el Balance
de situación expresa la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de esta sociedad.
Según manifestó
la entidad, el balance a 31/12/96 se formó reflejando su activo,
su pasivo exigible y los propios a 31/12/95, y la diferencia entre la
primera partida y las demás de consideró beneficio del ejercicio
1996. Por este procedimiento se llegó a un beneficio contable positivo
de 132.554.000 ptas (796.665,58 €), sin embargo, la base imponible
del ejercicio resultó negativa por importe de 644.436.611 ptas
(3.873.142,04 €), como consecuencia de una serie de ajustes entre
los que destaca uno negativo de 795.477.000 ptas (4.780.913,06 €)
referido, según la entidad, a una actualización voluntaria
de los terrenos.
El actuario pone de
manifiesto en su informe las incongruencias de estas alegaciones, porqué,
a su juicio, la hipotética revalorización voluntaria no
pudo implicar ningún registro de ingresos extraordinarios en el
ejercicio 1996, por lo que no hubo ningún resultado que debiera
ajustarse; se explican las ambigüedades existentes en la Memoria
individual de la entidad y las contradicciones entre ésta y la
declaración del Impuesto; se hacen constar las diferencias existentes
en el modelo 347 del ejercicio 1996 entre lo declarado como ventas por
la entidad y lo imputado por terceros (considerablemente mayor en todos
los casos); y finalmente se analizan los resultados de la sociedad desde
el ejercicio 1987 hasta el 2000 poniendo de manifiesto lo "anormal"
del resultado del ejercicio 1996, y analizándose cómo, a
tenor de las alegaciones de la entidad, el resultado del ejercicio 1996
debió ser necesariamente mejor que el del ejercicio 1997, en el
que, sin embargo, se obtuvo beneficio. De todo ello se concluye que no
procede admitir la compensación de la base imponible del ejercicio
1996 efectuada por el grupo en los ejercicios 1997 a 2000, por no estar
acreditada la realidad de la misma.
La entidad disconforme
con esta conclusión alegó, con respecto a la compensación
de la base imponible, que ante un caso de fuerza mayor, como fue el incendio
de oficinas, almacenes y estructura de una fábrica, con pérdida
parcial de información contable, la sociedad procedió a
reconstruir su contabilidad con toda la documentación a su alcance
y con otros medios de prueba admitidos en Derecho, por lo que entiende
que, en contra de lo que sostiene la Inspección, existe contabilidad
y ésta refleja la realidad. El resultado del ejercicio fue positivo
gracias a la revalorización contable voluntaria de los terrenos
que se registró como ingreso en la cuenta de Pérdidas y
Ganancias, y que al ser ajustada extracontablemente con posterioridad
resultó una base imponible negativa. Se aporta un dictamen de la
sociedad auditora ... sobre la veracidad y razonabilidad del resultado
contable y de la base imponible declarada en dicho ejercicio.
La empresa en su alegación,
sostiene además que la Inspección no puede comprobar la
base imponible del ejercicio 1996 por los siguientes motivos:
a) con respecto a los
ejercicios 1997 y 1998 no es exigible al sujeto pasivo lo previsto en
el apartado 5 del artículo 23 de la Ley 43/1995; y
b) en los ejercicios 1999 y 2000, el artículo
23.5 vendría a establecer la forma en que el sujeto pasivo debe
probar la base imponible que se compensa, pero tampoco permite a la Inspección
comprobar un ejercicio prescrito, puesto que esta facultad viene limitada
por el plazo del artículo 64 de la Ley General Tributaria.
Así, en este
caso se pueden analizar dos supuestos; el primero, si procede la comprobación
de bases imponibles de ejercicios prescritos y, segundo, si es admisible
el ajuste que causó la base imponible negativa.
Tras las alegaciones,
la resolución, en su descripción de fundamentos de derecho
en los que basará su conclusión destaca lo siguiente:
"... El artículo
109.1 de la Ley General Tributaria (LGT), en conexión con el artículo
140 del mismo texto legal, atribuye a la Inspección de los Tributos
"la comprobación e investigación de los hechos, actos,
situaciones, actividades, explotaciones y demás circunstancias
que integren el hecho imponible", añadiendo en su apartado
2 que "la comprobación podrá alcanzar a todos los actos,
elementos y valoraciones consignados en las declaraciones tributarias
y podrá comprender la estimación de las bases imponibles,
utilizando los medios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley".
Esta facultad se ha
de entender como constatación de la veracidad de lo declarado por
el sujeto pasivo, por lo que dicha actividad puede realizarse en todo
momento sin que la misma esté sujeta a plazo alguno. Sin embargo,
su eficacia no puede traspasar el plazo de prescripción previsto
en el artículo 64 de la LGT, de forma que, si bien la Administración
puede comprobar en todo momento los datos declarados por el sujeto pasivo,
configurando los elementos que condicionan las sucesivas declaraciones,
lo que no puede hacer es extender los efectos de la comprobación
a los períodos que quedan fuera del plazo contemplado en el artículo
64 de la LGT. Es decir, la actividad sujeta a prescripción es la
de determinación de la deuda tributaria mediante la correspondiente
liquidación, así como la acción para exigir su pago,
pero no la actividad de comprobación. El artículo 64 de
la LGT enerva los derechos y acciones de la Administración no ejercidos
en el plazo de cinco años tendentes a liquidar y exigir lo liquidado,
pero no prohíbe la posibilidad de comprobación de los elementos
que afectan de las declaraciones vigentes, fijando los datos en los que
se asientan, sin que pueda extenderlo a los ejercicios ya prescritos,
cuya modificación es legalmente imposible, siendo éste,
por otra parte, el criterio mantenido por la Audiencia Nacional en Sentencia
de 11 de marzo de 1999...".
Sin embargo, la primera
y fundamental objeción que efectúa la Inspección
no es al resultado contable, sino a la base imponible del ejercicio y,
en particular, al ajuste extracontable referente a la revalorización
voluntaria de los terrenos, pues no se ha acreditado debidamente que esta
revalorización se efectuara.
Como ya se ha dicho,
no se dispone de la contabilidad original sino de la contabilidad reconstruida
por la entidad que está basada, parcialmente, en estimaciones,
por lo que no hay ninguna certeza de que este asiento, en concreto, se
efectuara ni, en su caso, sobre la cuenta que se utilizó como contrapartida
(reservas o resultados); recuérdese que el propio informe de auditoria
manifestó que no podía emitirse una opinión sobre
la cuenta de pérdidas y ganancias. Si nos fijamos en el balance
del ejercicio, llama la atención que no figura en el mismo ninguna
cuenta de reservas por esta revalorización, como sería lógico.
Y si, como alega la reclamante, fuera cierto que la revalorización
se efectuó con abono a la cuenta de resultados, resulta llamativo
que el Informe de Auditoria no haga mención a esta circunstancia
que supone, en definitiva, vulnerar, además del primero de los
principios contables, el de prudencia según el cual sólo
pueden contabilizarse los beneficios realizados al cierre del ejercicio,
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto-Ley
7/1996, que establece que "el importe de las revalorizaciones contables
que resulten de las operaciones de actualización se llevarán
a la cuenta de Reserva de Revalorización Real Decreto-Ley 7/1996,
de 7 de junio, que formará parte de los fondos propios"
La Inspección
pone también de manifiesto las incongruencias existentes en la
documentación contable; así, la entidad contabilizó
un gasto por el Impuesto sobre Sociedades, lo que presupone un resultado
contable positivo por una cuantía que no coincide con la consignado
en la cuenta de pérdidas y ganancias aportada. Posteriormente,
se efectuó un ajuste extracontable negativo por el Impuesto sobre
Sociedades (lo que sería correcto si hubiera contabilizado un ingreso,
no un gasto) por una cifra que, a su vez, tampoco coincide con los datos
de las cuentas anuales auditadas.
Lo expuesto anteriormente
justifica suficientemente, a juicio del Tribunal, la regularización
efectuada por la inspección, no admitiéndose la compensación
de la base imponible negativa declarada correspondiente al ejercicio 1996,
al no estar debidamente acreditada la realidad de la misma.
De este modo, en el
supuesto que se examina y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Fundamento
de Derecho descrito anteriormente, resulta procedente la comprobación
por parte de la Inspección de la base imponible negativa del ejercicio
1996, compensada parcialmente en el ejercicio 1997, aunque el mismo estuviera
prescrito.
En conclusión
el TEAC desestimó la reclamación interpuesta y confirmó
el acto administrativo impugnado.
La
amortización y su deducibilidad en el impuesto sobre sociedades.
Quizá en algunas
ocasiones, y ante los malos resultados del ejercicio, algún empresario
se haya visto en la tentación de hacer ciertas modificaciones o
alteraciones en las cuotas de amortización de su inmovilizado con
el fin de conseguir más beneficios o de reducir los gastos, aunque
estos sean ficticios.
La amortización,
un gasto periódico y sistemático, tiene como fines los siguientes:
a) Desde el punto de
vista contable, el cálculo de la pérdida de valor, de los
elementos de activo por su participación en el proceso productivo.
b) Desde el punto de
vista financiero, cumple la misión de recuperar el coste del inmovilizado,
generando un fondo que se destinará a la adquisición de
nuevos equipos cuando los presentes estén agotados.
c) Desde el punto de
vista económico, tiene como fin el cálculo del coste de
los productos, mediante la aportación a los mismos, no sólo
de los costes directos de MMPP y mano de obra, sino también otros
indirectos como son la aportación de la maquinaria al coste de
los productos.
Aunque éstos
objetivos son fundamentales para obtener una información fidedigna
que aporte al empresario elementos de juicio suficientes con los que guiar
u orientar el modo de producción de su empresa, para muchos otros
no es más que un trámite que hay que cumplir porque así
lo dice la Ley.
De este modo, algunos
de éstos modifican de forma arbitraria los plazos de amortización,
dejan años sin amortizar según su conveniencia o modifican
los tipos aplicables según sus propios criterios y con el fin de
incidir en los resultados haciéndolos más o menos cuantiosos
según sus necesidades.
No hace falta afirmar,
que todas estas conductas son incorrectas y que son constitutivas de infracción
tributaria por el incumplimiento de las obligaciones contables por "la
inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad o en los
libros y registros exigidos por las normas tributarias" según
se expone en el artículo 200 de la Ley General Tributaria.
Del modo en que se debe
llevar la amortización contable se manifiesta el PGC en las normas
de valoración del inmovilizado material;
"En todos los casos
se deducirán (del valor del valor del inmovilizado) las amortizaciones
practicadas, las cuales habrán de establecerse sistemáticamente
en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la
depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso
y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia
que pudiera afectarlos."
Queda claro, tras lo
expuesto, que la amortización debe hacerse en función de
la naturaleza de los bienes, de su vida útil o de la obsolescencia
(pérdida de valor debida a motivos externos al bien, como pudiera
ser la aparición de nuevas máquinas más eficaces
o económicas) que pudiera afectarlos, de forma estable y continuada
y no en función de los intereses del empresario.
En lo que se refiere a deducibilidad de los gastos
contable por amortización , el artículo 11.1 del texto refundido
de la Ley del Impuesto de Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, establece lo siguiente: “serán deducibles
las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado
material o inmaterial, correspondan a la amortización efectiva
que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u
obsolescencia”. En este mismo precepto se señala cuándo
se considera que la depreciación es efectiva, y establece para
ello una serie de procedimientos de amortización fiscalmente admitidos,
permitiéndose además en determinados casos la libertad de
amortización.
Por su parte el apartado
3 del artículo 10 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades (BOE de 28 de diciembre), en adelante, LIS, según
redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE de 31 de diciembre),
dispone que:
“3. En el régimen
de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo,
mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente
Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas
en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a
dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo
de las citadas normas”.
En estos preceptos,
antes transcritos, se pone límite a los deseos del empresario de
que, aún amortizando el bien en base a criterios contables, modifique
éstos o los deduzca, o no, según sus intereses.
A este respecto se pronunció
la consulta tributaria 1105-03
con fecha de 14 de agosto de 2003, en la que se concluyó que la
amortización contable será deducible siempre que se cumplan
los requisitos previstos en los artículos mencionados anteriormente,
no existiendo precepto alguno que permita optar por no aplicar en la base
imponible la deducción de las amortizaciones contabilizadas, siempre
que éstas se hayan ajustado a los requisitos legales, según
lo expuesto.
En consecuencia, no
es posible la no deducción en la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades de la dotación para amortización del inmovilizado
material practicada contablemente, mediante un ajuste extracontable que
la LIS no prevé.
El
delito fiscal. Artículo 305 del Código Penal. Delito de
defraudación tributaria
El artículo 180 de la Ley General Tributaria
ley 58/2003 de 17 de Diciembre, establece que "Si la Administración
tributaria estimase que la infracción pudiera ser constitutiva
de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de
culpa a la Jurisdicción competente o remitirá el expediente
al Ministerio Fiscal, previa audiencia del interesado y se abstendrá
de seguir el procedimiento administrativo que quedará suspendido
mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el
sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución
del expediente por el Ministerio Fiscal".
Por su parte el artículo 305 del Código Penal establece:
"Comete delito de defraudación tributaria el que por
acción u omisión defraudare a la Hacienda Publica estatal
autonómica o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas
o que hubieran debido de retener o ingresos a cuenta de retribuciones
en especie u obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios
fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota
defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta
o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o
disfrutados exceda de 120.000€"
Elementos del Delito:
- Cuota defraudada superior a 120.000 €
un un año y por un tributo. La cuantía defraudada lo es
por cada período impositivo o de declaración. En caso de
período impositivo inferior a 12 meses (ejemplo el IVA que es trimestral)
el importe de refiere al año natural.
- Es necesario el dolo, el cual se exige implícitamente
en la expresión defraudar: actúa dolosamente el que sabe
lo que hace y quiere hacerlo, por lo que ha de haber conocimiento
y voluntad de incumplir una obligación de pago.
Penalidad:
- La pena que establece el Código Penal en el
artículo 305.4 es la de prisión de 1 a 4 años
y multa del tanto al séxtuplo. En los tipos agravados la pena de
prisión se eleva a su mitad superior. Son tipos agravados la utilización
de persona o personas interpuestas y la especial trascendencia y
gravedad de la defraudación.
Exención de
responsabilidad: Quedará exento de responsabilidad si se regulariza
la deuda tributaria de forma espontánea aunque sea fuera de plazo
y antes de la notificación de la AEAT y a falta de ésta
antes de que el Ministerio Público o el Juez o el Abogado
del Estado interponga querella o denuncia.
Procedimiento:
Según el artículo 180 dela LGT a la vista de las actuaciones
de comprobación inspectora si la cuota defraudada superare los
120.000€, pondrá los hechos en conocimiento de la Jurisdicción
competente y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo
en tanto en cuanto decida la autoridad judicial. El proyecto de Ley
de Prevención del Fraude Fiscal, suprime el trámite de audiencia al
interesado en caso de delito fiscal.
En todo caso la determinación de la cuota defraudada
es un elemento imprescindible del delito cuya determinación compete
a los Tribunales quienes fijaran el importe en base a los hechos y pruebas
recabadas por la Inspección, siendo el informe remitido por la
Inspección un elementos más de las pruebas en el procedimiento
penal sin que su contenido vincule la decisión judicial.
Prescripción:
La prescripción en el ámbito tributario es de 4 años,
en el ámbito penal es de 5, ello ha planteado polémica en
la jurisprudencia. La última jurisprudencia del TS mantiene
el plazo penal con independencia de la prescripción administrativa.
(TS 5-12-02 )
Final del proceso
:
- Si hay sentencia condenatoria por la autoridad judicial
no cabe la imposición de sanción administrativa.
- Si no hay delito fiscal según la autoridad
judicial, la AEAT continúa las actuaciones de liquidación
y sancionadoras según los hechos que los tribunales hayan considerado
probados.
Sentencia
del Tribunal Supremo en recurso de casación en interés de
la Ley, con fecha 4 de abril 2006
El Tribunal Supremo a estimado un recurso de casación
en interés de la Ley, interpuesto por el Abogado del Estado contra
la sentencia, de fecha 10 de mayo de 2004, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, declarando
como doctrina legal que:
«A los procedimientos de inspección tributaria
iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 26 de febrero,
de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, no les es aplicable
el plazo máximo de duración de 12 meses, establecido en
el art. 29-1, párrafo primero, de aquella Ley, aunque pudiera transcurrir
tal espacio de tiempo con posterioridad a la entrada en vigor de la misma
Ley, sin que hubiesen concluido las actuaciones».
Recordemos que el artículo 29.1 de la Ley 1/1998
derogada por Ley 58/2003, de 17 de diciembre con efectos a 1 de julio
de 2004 establecía lo siguiente;
“Las actuaciones de comprobación e investigación
y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de
los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce
meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente
del inicio de las mismas. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo,
con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por
otros doce meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que se trate de actuaciones que revistan especial
complejidad. En particular, se entenderá que concurre esta circunstancia
a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión
geográfica de sus actividades o su tributación como grupos
consolidados, o en régimen de transparencia fiscal internacional.
b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra
que el contribuyente ha ocultado a la Administración tributaria
alguna de las actividades, empresariales o profesionales, que realice.”
Todo ello con respeto de la situación jurídica
particular derivada de la sentencia recurrida y sin hacer expresa imposición
de costas.
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Anulación y baja en contabilidad de todas
aquellas liquidaciones correspondientes a recursos de derecho público
de la Hacienda Pública recaudados por la AEAT de las que resulte
una deuda pendiente de recaudar inferior a tres euros.
La intervención
General de la Administración del Estado y la Dirección General
de la AEAT, han dictado una Resolución por la que se acuerda la
anulación y baja de todas las liquidaciones correspondientes a
derechos de la Hacienda Pública en los que resulte una deuda inferior
a 3 euros.
Esta medida esta motivada
por motivos estrictamente económicos, y no por hacer un favor a
nadie, ya que ante estas deudas de tan escasa cuantía, el coste
por el proceso administrativo para hacerlas efectivas supera al importe
de aquellas.
Este motivo ya venía
regulado en el artículo 41.3 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria (actual artículo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria)
en la que se prevé la anulación y baja de aquellas liquidaciones
por importe inferior a 3 euros.
Por otra parte, con
la misma finalidad, la Orden de 23 de septiembre de 1998, por la que se
desarrolla el artículo 41.3 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria en relación con determinadas liquidaciones tributarias,
ya estableció que no serían exigidas ni notificadas al contribuyente
las liquidaciones de impuestos estatales gestionados por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria que no excedan de 6,01 €, con
determinados requisitos. Con el mismo espíritu, la Orden EHA/4078/2005,
de 27 de diciembre, por la que se desarrollan determinados artículos
del Reglamento General de Recaudación, en su artículo 1,
establece que no se practicará liquidación por intereses
de demora del período ejecutivo cuando la cantidad resultante por
este concepto sea inferior a 30 €.
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Nombramiento de Miguel Ángel Fernández
Ordóñez como nuevo Gobernador del Banco de España
El Boletín Oficial del Estado del 5 de julio
ha publicado el Real Decreto 838/2006, de 30 de junio, por el que se nombra
a Miguel Ángel Fernández Ordóñez nuevo gobernador
del Banco de España con efectos a partir del 12 de julio, en sustitución
de Jaime Caruana, cuyo cese también se publica en el mismo BOE
a partir de esa misma fecha y que se despide del Banco para incorporarse
al Fondo Monetario Internacional, cuestionando la Reforma Fiscal promovida
precisamente por Fernández Ordoñez.
Estos reales decretos,
fueron aprobados el pasado 30 de junio por el Consejo de Ministros, declaran
el nombramiento de Fernández Ordóñez y el cese de
Jaime Caruana, al que se le agradece los servicios prestados, "previo
informe del Congreso de los Diputados y a propuesta del Presidente del
Gobierno", en virtud de la Ley de Autonomía del Banco de España.
Fernández Ordóñez,
es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, ha desempeñado diversos cargos en la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el Banco
Mundial, así como en los ministerios de Planificación (a
mediados de los 70), Hacienda y Economía. En 1992 fue nombrado
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y en 1995 máximo
responsable de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
En 2004 fue nombrado secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y
actualmente era también consejero del Banco de España.
De este modo, Fernández Ordoñez se convertirá
en el nuevo gobernador de la autoridad monetaria el próximo 12
de julio, nombramiento que no ha estado exento de polémica con
el PP
Desde el principal partido
de la oposición, se ha rechazado rotundamente este nombramiento
"no consensuado", al considerar que se trata de un cargo "político"
y no asegura la independencia de la institución. El Gobierno considera,
en cambio, que el mayor perfil político de Fernández Ordóñez
es necesario ante los retos futuros del Banco de España.
El sustituto del subgobernador,
Gonzalo Gil, se desconoce todavía, después de que el propio
vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro
Solbes, rechazase públicamente el nombre propuesto por el PP, el
catedrático de Política Económica y actual consejero
del Banco de España, José María Marín Quemada.
Así, será el
propio Fernández Ordóñez el que nombre al subgobernador
una vez que tome posesión de su cargo, prerrogativa que le atribuye
la Ley de Autonomía del Banco de España.
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MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA (BOE 155 de 30/6/2006)
Resolución de 21 de junio de 2006, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural
del año 2006, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.
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MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA (BOE n. 156 de 1/7/2006)
Resolución de 30 de junio de 2006, de la Presidencia
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los
precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en
Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes
Balears.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (BOE n. 156 de 1/7/2006)
Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa
eléctrica a partir del 1 de julio de 2006.
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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOE 156 de 1/7/2006)
Resolución de 28 de junio de 2006, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones
comerciales durante el segundo semestre natural del año 2006.
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TRIBUNAL
SUPREMO (BOE n. 157 de 3/7/2006)
Sentencia de 4 de abril de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se fija la siguiente doctrina legal: «A los procedimientos
de inspección tributaria iniciados antes de la entrada en vigor
de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de
los Contribuyentes, no les es aplicable el plazo máximo de duración
de 12 meses, establecido en el art. 29-1, párrafo primero, de aquella
Ley, aunque pudiera transcurrir tal espacio de tiempo con posterioridad
a la entrada en vigor de la misma Ley, sin que hubiesen concluido las
actuaciones».
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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOE 157 de 3/7/2006)
Resolución de 14 de junio de 2006, conjunta de la Intervención
General de la Administración del Estado y de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se acuerda la anulación y baja en contabilidad de todas
aquellas liquidaciones correspondientes a recursos de derecho público
de la Hacienda Pública recaudados por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por importe
inferior a tres euros.
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COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA (BOE n. 158 de 4/7/2006)
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOE n. 158 de 4/7/2006)
Resolución de 16 de junio de 2006, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se modifica el plazo de ingreso en período voluntario de los recibos
del impuesto sobre actividades económicas del ejercicio 2006, relativos
a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago
de dichas cuotas.
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JEFATURA DEL ESTADO
(BOE n. 159 de 5/7/2006)
LEY 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial
de Madrid.
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CORTES GENERALES
(BOE n. 159 de 5/7/2006)
Resolución de 29 de junio de 2006, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento
y del empleo.
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MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA (BOE n. 159 de 5/7/2006)
Orden PRE/2146/2006, de 3 de julio, por la que se modifica la Orden de
11 de julio de 1997, por la que se reorganizan los servicios centrales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA (BOE 159 de 5/7/2006)
Orden EHA/2158/2006, de 30 de junio, sobre índices de precios de
mano de obra y materiales correspondientes a los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 2005 y enero de 2006, aplicables a la revisión de
precios de contratos de las Administraciones Públicas.
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PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO (BOE 159 de 5/7/2006)
Real Decreto 837/2006, de 30 de junio, por el que se declara el cese de
don Jaime Caruana Lacorte como Gobernador del Banco de España.
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Real Decreto 838/2006, de 30 de junio,
por el que se nombra Gobernador del Banco de España a don Miguel
Ángel Fernández Ordoñez.
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MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA (BOE n. 160 de 6/7/2006)
Resolución de 3 de julio de 2006, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se determinan
los órganos competentes para tramitar los procedimientos especiales
de revisión previstos en los artículos 8 y 11 del Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y se modifica la Resolución
de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se establece la estructura
orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
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COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE n. 160 de 6/7/2006)
Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de
los colegios profesionales.
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(15 págs. - 443 KB.)
JEFATURA DEL ESTADO
(BOE n. 162 de 8/7/2006)
LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril.
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(12 págs. - 326 KB.)
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