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Real
Decreto Ley para la mejora del crecimiento y del empleo. (Reforma
Laboral)
La Moncloa.es
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de
junio el Real Decreto Ley de Reforma del mercado de trabajo, cuyo texto
refleja el Acuerdo firmado por el Gobierno y los interlocutores sociales
el pasado día 9 de mayo, con el objetivo prioritario de reducir
la temporalidad y promover el empleo estable.
El Real Decreto Ley será
remitido al Congreso de los Diputados para su convalidación y entrará
en vigor inmediatamente si bien, por sus propias características,
algunas medidas han de posponerse hasta el próximo día 1
de julio.
Con ello se da cumplimiento
al objetivo plasmado en la Declaración de Diálogo Social
de 8 de julio de 2004, en el que las partes firmantes se comprometían
a “consensuar aquellas modificaciones legales y de otra naturaleza
que se estimen oportunas, buscando compromisos que logren aunar seguridad
para los trabajadores y flexibilidad para las empresas”.
El texto profundiza en
aquellas reformas iniciadas por el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad
en el Empleo de 1997, suscrito entre patronal y sindicatos, que han resultado
positivas, e introduce por primera vez instrumentos novedosos, como las
medidas contra el encadenamiento abusivo de contratos temporales, junto
con otros muchos aspectos: mejoras en la protección social, rebajas
de cotizaciones empresariales, potenciación de los Servicios Públicos
de Empleo y de la Inspección de Trabajo, que no formaban parta
de acuerdos anteriores.
El objetivo prioritario
del Acuerdo es reducir la temporalidad, impulsar la creación de
empleo estable y de calidad, y promover la flexibilidad de las empresas
para que participen en un mercado cada vez más competitivo. La
reforma hoy aprobada persigue también mejorar la protección
a los desempleados así como de las prestaciones del Fondo de Garantía
Salarial.
El consenso alcanzado
entre todos los participantes en la negociación del Acuerdo, el
primero que se logra sobre mercado de trabajo desde 1981, garantiza un
clima de paz social y de moderación salarial que mejorará
el mercado de trabajo español.
La aplicación
conjunta y coordinada del conjunto de medidas incluidas en el Real Decreto
Ley, resultado además del Diálogo Social, supondrán
un avance hacia los objetivos de reducir progresivamente la temporalidad,
preservar e impulsar la creación de empleo, afianzar la seguridad
y los derechos de los trabajadores y no reducir la flexibilidad necesaria
para el funcionamiento de las empresas.
LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL REAL
DECRETO LEY
A). Medidas contra la temporalidad
y para promover un uso más intensivo de la contratación
inicial con carácter indefinido.
- Regla contra el encadenamiento
abusivo de sucesivos contratos temporales. Con carácter general,
todo trabajador que, habiendo suscrito dos o más contratos temporales
con la misma empresa, acumule un período de prestación de
servicios en el mismo puesto de trabajo superior a veinticuatro meses
dentro de un período de treinta meses, adquirirá la condición
de trabajador indefinido.
- Derogación del contrato de inserción y refuerzo
del carácter formativo de los contratos para la formación,
limitando la edad máxima para celebrarlos.
- Definición legal más precisa de la figura
de la cesión ilegal de trabajadores, para atajar situaciones abusivas
que se producen en la actualidad que pasan a calificarse como prestamismo
laboral ilícito.
- Ampliación de los derechos de información
y de actuación coordinada de los representantes de los trabajadores
de las empresas principales y de las contratistas y subcontratistas.
- Extensión del uso del contrato de fomento de la contratación
indefinida para las conversiones de contratos temporales en indefinidos,
siempre que los contratos temporales se celebren antes del 31 de diciembre
de 2007. En la regulación vigente el contrato temporal se tenía
que haber celebrado antes del 31 de diciembre de 2003.
- Nueva formulación del Programa de Incentivos que
se concentra en el fomento de la contratación indefinida con las
siguientes líneas generales:
- Supresión total a partir de 2007 de los incentivos
actuales a la conversión de contratos temporales en indefinidos,
para desincentivar el recurso inicial a contratos temporales cuya conversión
posterior en indefinidos era bonificada. A partir de 2007 sólo
serán objeto de ayudas los contratos indefinidos iniciales. Solamente
cabrá con carácter excepcional la bonificación de
contratos temporales cuando se trate de personas con discapacidad, personas
en situación de exclusión social o víctimas de violencia
de género o doméstica.
- Plan extraordinario para la reducción de la temporalidad.
Durante el segundo semestre de 2006 se continuará bonificando,
incluso con una mejora adicional, la conversión en indefinidos
(tanto los ordinarios como los de fomento de la contratación indefinida)
de los contratos temporales que estén en vigor en la fecha de la
reforma legislativa.
- Sustitución de los actuales porcentajes de bonificación
de cuotas de la Seguridad Social, que benefician más a los trabajadores
con altos salarios, por módulos fijos de ayuda mensual, diferentes
para los distintos colectivos.
- Ampliación de la duración de los incentivos
de los dos años actuales a cuatro años, para beneficiar
la permanencia de los contratos. Se mantiene el carácter indefinido
de los incentivos para mayores de 45 años y discapacitados.
- Extensión de los incentivos a los jóvenes
varones desempleados entre dieciséis y treinta años, actualmente
excluidos de los mismos.
- Inclusión de un nuevo incentivo a la contratación
indefinida de mujeres que se reincorporen al empleo después de
cinco años de inactividad, siempre que acrediten, anteriormente
a su retirada del mercado de trabajo, un período de ocupación
mínima con alta en la Seguridad social de tres años.
- Reagrupación y simplificación de los colectivos
de trabajadores cuya contratación da derecho a percibir incentivos
por parte de la empresa.
B). Reducción de costes empresariales
- Reducción de las cotizaciones
empresariales por desempleo, limitada a los contratos de carácter
indefinido, de 0.25 puntos a partir de 1 de julio de 2006, y un 0.25 adicional
a partir de 1 de julio de 2008, hasta alcanzar una rebaja total de 0.50
puntos.
- Eliminación del recargo
en la cotización por desempleo de los contratos temporales celebrados
por Empresas de Trabajo Temporal.
- Reducción a la mitad
de la cotización empresarial al FOGASA que pasará a ser
de 0.20 puntos frente a los actuales 0.40 puntos.
C). Mejoras en la protección
de los trabajadores en caso de desempleo e insolvencia empresarial.
Protección por desempleo
- Ampliación de la protección
por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos.
- Mejora en la regulación del subsidio de desempleo de 6
meses a los mayores de 45 años sin responsabilidades familiares.
- Ampliación de la cobertura por desempleo a los socios
trabajadores temporales de cooperativas.
Protección por el FOGASA en caso de insolvencia empresarial.
- Mejora de la protección
de los salarios adeudados:
- Ampliación de la cuantía máxima del
salario abonable, del duplo al triple del Salario Mínimo Interprofesional.
- Elevación del número máximo de días
abonables de 120 a 150 días.
- Inclusión en el abono de la parte proporcional de
pagas extraordinarias.
- Mejora de la protección de las indemnizaciones por
despido:
- La base de cálculo para el abono de indemnizaciones
pasa de veinticinco a treinta días por año de servicio.
- Ampliación del tope de la indemnización del
duplo al triple del Salario Mínimo Interprofesional.
- Inclusión de indemnizaciones por finalización
de contrato temporal, conciliación judicial y art. 64 de la Ley
Concursal.
D). Potenciación de los Servicios
Públicos de Empleo y de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
Servicios Públicos de Empleo.
- Plan Global de Modernización
que garantice la adecuada coordinación con los Servicios Públicos
de Empleo Autonómico y que incluirá, en particular, un Plan
estratégico de Recursos Humanos del Servicio Estatal y un Plan
de mejora de los recursos de la Red de Oficinas.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Participación de los
interlocutores sociales en la definición de los objetivos y programas
del Sistema de Inspección, en los ámbitos estatal y autonómico,
a través de órganos de representación de carácter
tripartito y paritario.
Tablas
Reforma Laboral
Ver
Real Decreto-Ley 5/2006
Advertencias
sobre el futuro de la economía española en la presentación
del informe anual de la economía en 2005 por el Gobernador del
Banco de España
Jaime Caruana, en la
presentación de su último informe anual de la economía
española como Gobernador del Banco de España, ha puesto
de manifiesto serias dudas sobre la solvencia de la economía española
en un futuro, a menos de que se lleven a cabo medidas económicas
que ayuden a paliar los serios desequilibrios que la amenazan.
Entre estos riesgos que
han de ser tenidos en cuenta por los agentes económicos en sus
actuaciones destacaron en su discurso las siguientes:
MARCO INTERNACIONAL
Encarecimiento progresivo
de las materias primas energéticas, sobre todo del petróleo
y de los metales industriales.
Déficit creciente
de las economías occidentales, sobre todo en EEUU cuyo déficit
alcanzó en 2005 un máximo histórico, cediendo paso
a las economías asiáticas, que con sus bajos salarios atraen
inversiones de todo el mundo a costa de la reducción de empleo
y producción en países donde los costes laborales son mucho
mas elevados. En este punto deben incluirse el fuerte superávit
registrado en determinados países exportadores de petróleo,
que se están viendo beneficiados por el incremento del precio del
barril de crudo y también de la inestabilidad política de
algunos países exportadores, que hace que se produzcan desvíos
en la demanda hacia países productores políticamente más
estables.
A pesar de esta situación
de desaceleración en las economías occidentales, las políticas
económicas de estos todavía siguen teniendo tono expansivo.
Las políticas fiscales siguen siendo expansivas, continuando la
tendencia en la emisión de deuda, sin embargo las políticas
monetarias están comenzando a cambiar su tono, sobre todo con la
elevación de tipos de interés en EEUU, Europa y próximamente
Japón, que también realizará un ajuste al alza de
sus tipos. Ello llevará a que por primera vez en quince años
coincidan las políticas monetarias de los tres grandes bloques
económicos del mundo.
Así, la previsión
para el futuro en la economía internacional, apunta a un crecimiento
económico, con contención de la inflación y con una
distribución geográfica mas equilibrada. Pero, no obstante,
se presentan serias dudas que no conviene obviar.
Se podría producir
un incremento adicional en el precio del petróleo, que no vendría
originado, únicamente por el incremento en la demanda, sino también
acompañado de una disminución en la oferta, con lo que sus
efectos serían mucho mas intensos, provocando una inflación
de costes que repercutiría en un aumento de la inflación.
En caso de producirse esta situación, las autoridades monetarias
no tendrían mas opción de dictar nuevas subidas de tipos
de interés para paliar de alguna manera el incremento de precios,
en busca de la estabilidad monetaria que es el objetivo principal que
persiguen los bancos centrales.
Un segundo factor de
riesgo son los crecientes desequilibrios globales, generados por la desigualdad
en los costes de producción, lo que provocaría serios incrementos
en los tipos de interés financieros para captar o retener capitales.
MARCO NACIONAL
Respecto de la situación
económica española, durante los últimos años
se ha experimentado unos niveles de crecimiento del 3,4% en el PIB, y
del 3,1% en el empleo, lo que ha provocado un acercamiento de los datos
macroeconómicos de la economía española a los niveles
medios en Europa.
También indica
el discurso que los flujos migratorios han crecido a un ritmo muy elevado,
contribuyendo, a efectos económicos, a una flexibilización
de los salarios, a una mayor competitividad y a un incremento de la demanda
interna.
Sin embargo, los pilares
de la demanda interna siguen siendo el consumo y la inversión en
vivienda, favorecidos por unos bajos tipos de interés que promueven
un recorte en la tasa de ahorro y un aumento en las necesidades de financiación
y, por tanto, del endeudamiento de las familias.
El sector exterior presenta
un estancamiento en las exportaciones de bienes, que se une a un fuerte
avance en las importaciones. Así, se produce un incremento, de
la ya maltrecha, posición exterior de la economía española.
De este modo, y ante
una ausencia de cambios en los factores de expansión y de correcciones
en el patrón de crecimiento, ha hecho que los desequilibrios ya
existentes se incrementen, aumentando la vulnerabilidad de la economía
española ante posibles perturbaciones futuras.
A su vez, el avance
del gasto del sector privado por encima de su capacidad de generación
de rentas se ha traducido en nuevos aumentos del endeudamiento de las
empresas y, sobre todo, de las familias, y en una apelación creciente
al ahorro externo. Ambos factores han confluido en un continuado deterioro
de las necesidades de financiación de la nación a pesar
de que el sector público ha ampliado sensiblemente su capacidad
de ahorro.
La inflación
española ha crecido a una tasa elevada, superior a la media europea,
siendo este comportamiento no sólo imputable a la importación
del petróleo sino también a otros factores.
Entre los factores que
inciden en la inflación se encuentran los costes laborales. A pesar
de las revisiones pactadas en los distintos convenios, el incremento relativo
de los salarios comparado con los márgenes de inflación
hacen que estos salgan perjudicados. Estas ampliaciones de márgenes han
sido mas acusados en sectores menos expuestos a la competencia, como la
construcción y servicios, donde la demanda ha sido también
más intensa.
Los incrementos salariales
pactados en convenio durante 2005 no han disminuido respecto de anteriores
fechas y su impacto está siendo elevado. No obstante, los costes
laborales medios han crecido a tasas moderadas, gracias al crecimiento
del empleo en sectores con salarios más bajos, ocupados mayoritariamente
con inmigrantes. En este sentido, la inmigración supone un colchón
de flexibilidad salarial, permitiendo a los empresarios bajos costes salariales
pero a costa de una productividad muy reducida y a una creciente pérdida
de competitividad.
Por otra parte, se produce
un elevado desfase entre gasto y renta, tanto de las empresas como de
las familias, incrementándose de modo alarmante los niveles de
deuda. Además el endeudamiento a tipos variables supone una mayor
sensibilidad de la economía española a las decisiones de
política económica, en un contexto en el que se prevé
una normalización de los tipos de interés, que afectará
de forma especial a las familias más endeudadas, que se sitúan
en los estratos inferiores de la distribución por niveles de renta.
También se indica
que el intenso crecimiento de los compromisos financieros de las familias
y empresas y la elevada concentración de sus inversiones en el
sector inmobiliario siguen incrementando la sensibilidad de las decisiones
de consumo, inversión y empleo a la evolución de los tipos
de interés y los precios de la vivienda.
Esa sensibilidad adquiere
especial relevancia en un contexto en el que ha aumentado la probabilidad
de que, en el futuro próximo, el tono relajado de la política
monetaria en la zona euro se vaya progresivamente normalizando y el precio
de la vivienda mantenga e incluso intensifique el proceso de desaceleración
que ya ha iniciado.
Discurso de presentación del informe anual
Informe del Banco de España 2005
Resolución
de 29 de mayo de 2006, donde se regula la colaboración social en
la aplicación de los tributos.
La presente resolución
tiene como objeto la regulación del procedimiento a aplicar en
el cumplimiento de lo establecido en el articulo 92.3 apartado h) de la
LGT, en cuya virtud se dispone lo siguiente:
"3. La colaboración
social en la aplicación de los tributos podrá referirse,
entre otros, a los siguientes aspectos: ( ... )
h) Solicitud y obtención
de certificados tributarios, previa autorización de los obligados
tributarios.
4. La Administración
tributaria podrá señalar los requisitos y condiciones para
que la colaboración social se realice mediante la utilización
de técnicas y medios electrónicos, informáticos y
telemáticos. "
Por Real Decreto (1377/2002)
se desarrolló reglamentariamente esta fórmula de colaboración
social con la gestión tributaria para la presentación telemática
de declaraciones y otros documentos con trascendencia tributaria, incluyendo
la obtención de certificados tributarios.
Asimismo, el Real Decreto
antes mencionado, en su disposición final primera, habilita al
Director General de la AEAT, para desarrollar, mediante resolución,
distintos aspectos que especifiquen el modo de presentar, telemáticamente,
cualquier documento exigido por la administración tributaria, distinta
de comunicaciones, declaraciones, declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones.
Así, con esta
Orden, se amplía el marco de la colaboración social en la
aplicación de tributos, estableciendo las condiciones en que las
entidades colaboradoras podrán presentar la solicitud y obtener
certificados tributarios. También se aprueba el documento normalizado
de la representación.
El apartado segundo de
esta Orden, indica los certificados tributarios que se pueden solicitar
y obtener telemáticamente, y que son:
a) Certificado de estar al
corriente de las obligaciones tributarias.
b) Certificado de residencia.
c) Certificado de contratistas y subcontratistas.
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Los
Cuerpos Técnicos de la AEAT reivindican sus funciones y retribuciones.
Actualmente los
Cuerpos Superiores y Técnicos de la AEAT del Ministerio
de Economía y Hacienda se encuentran enfrentados. El Cuerpo Superior
perteneciente al grupo A y los Técnicos del Grupo B, luchan en
bandos diferentes.
Los malos resultados
de la lucha contra el fraude fiscal denunciado por el Cuerpo Técnico,
la posible prescripción del dinero negro aflorado con la entrada
de la moneda única, el descontento generalizado del Cuerpo Técnico después
de años de reivindicaciones sin haber conseguido ningún
logro en sus aspiraciones de reconocimiento de funciones y retributivas,
las reiteradas sentencias de los tribunales anulando las resoluciones
de la Dirección de la AEAT relativas al reparto de la retribución
por objetivos: repartos arbitrarios de retribuciones variables o (productividades),
los continuos cambios tanto legislativos como procedimentales y de evaluación
de trabajo en el seno de la AEAT,... todas estas circunstancias y especialmente
la ceguera de (APIFE) (Asociación profesional de Inspectores
de Finanzas del Estado) para reconocer y ceder antes las aludidas pretensiones
de los cuerpos técnicos han llevado estas discrepancias al Parlamento
Español.
Los técnicos realizan
funciones del Cuerpo Superior, en concreto, en el área de Inspección,
los actuarios del grupo técnico desarrollan todas las fases de
la comprobación inspectora, si bien, su trabajo es fiscalizado
por el Jefe de la Unidad que no ha intervenido en las actuaciones de comprobación,
salvo en su función orientadora, al menos en teoría. Los
representantes sindicales del cuerpo técnico (Gestha) han
llevado sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados ante la imposibilidad
de negociar con los actuales gestores de la AEAT una reforma en profundidad
de los recursos humanos que redundaría en una mejor adaptación
de estos en la lucha contra el fraude fiscal, así, a
través de diferentes grupos políticos CIU, IU, PP,... se
ha introducido una enmienda a la Ley de medidas de Prevención del
Fraude Fiscal, en la que se acomete la reforma del cuerpo técnico
de la AEAT, creando un Cuerpo Superior Técnico en el que se
integrarían los funcionarios del cuerpo técnico para
realizar por sí mismos, sin tutela salvo las legalmente
establecidas (Oficinas Técnicas y Tribunales), las funciones
de inicio, desarrollo y propuesta de resolución de expedientes
administrativos y sancionadores tanto en la gestión como en la
inspección y recaudación del sistema tributario. Ello
no es sino reconocer lo que en la realidad del día a día
se produce, ya que funcionarios del cuerpo técnico son aproximadamente
6000, mientras que funcionarios del cuerpo superior son aproximadamente
2000, es impensable que 2000 funcionarios puedan fiscalizar diariamente
el trabajo realizado por 6000 funcionarios y además hacer su propio
trabajo.
No obstante la
resolución a este conflicto no es pacifica, ya que APIFE,
la asociación que engloba a los cuerpos superiores de la AEAT,
"está haciendo todo lo posible y a todos los niveles para
que no se apruebe la enmienda", palabras textuales según información
de GESTHA y SIAT, representantes sindicales del cuerpo técnico.
No se entiende en el seno de GESTHA y SIAT la alarma que ha provocado
en los cuerpos superiores el anuncio de esta enmienda, en muchos ministerios
conviven distintos funcionarios del Grupo A sin que eso suponga ningún
problema. Cada Cuerpo tiene atribuidas expresamente unas funciones, en
unos casos directivas y en otros ejecutivas, y todos desarrollan sus cometidos
con sujeción a un normativa concreta. Se sabe que sin el apoyo
de los actuales gestores de la AEAT y del Gobierno será difícil
llevar a cabo esta reforma , sin embargo la misma, contribuirá
a generar una avance en la lucha contra el fraude fiscal y a mejorar las
relaciones profesionales entre estos Cuerpos hoy enfrentados.
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