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ACTIVOS
FINANCIEROS. NORMA 9ª DE VALORACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL
CONTABLE Y 8ª DEL PGC PYME.
La clasificación
de estos elementos se contempla en la norma de valoración 9 del
PGC, en ella se clasifican y detallan las clasificaciones y normas a destacar
de los elementos financieros, distinguiendo entre activos financieros,
pasivos financieros, e instrumentos de patrimonio propio.
Activos financieros: Dentro de esta
clasificación existen seis grupos, los cuales a su vez se descomponen
en diferentes elementos.
-Préstamos
y partidas a cobrar:
Se subdividen
en "Créditos por operaciones comerciales", "Créditos
por operaciones no comerciales", y "No derivados".
La valoración
inicial de estos elementos se realiza a Valor razonable + Gastos de transacción,
aunque tiene la particularidad de que los Créditos comerciales
inferiores a 12 meses se valoran al Valor Nominal de los mismos cuando
la actualización de flujos de efectivo no sea significativa.
Su valoración posterior se realiza a través del método
del Coste Amortizado. Para terminar, los cambios que se produzcan en las
diferentes cuentas se imputarán al resultado del ejercicio.
-Inversiones
mantenidas hasta vencimiento:
Se componen
de valores representativos de deuda (que no sean derivados) con fecha
de vencimiento determinada, los cuales mantiene la empresa hasta su vencimiento.
Su valoración
inicial se realiza a Valor razonable + Gastos de transacción, y
tienen la particularidad de que no incluyen intereses explícitos
devengados y no cobrados. Al igual que los anteriores, su valoración
posterior se realiza a través del método del coste amortizado,
y los cambios que se produzcan en los diferentes valores que componen
el grupo se imputarán al resultado del ejercicio.
Se pueden reclasificar posteriormente en activos financieros disponibles
para la venta a Valor razonable.
- Activos
financieros mantenidos para negociar:
Los activos
contenidos en éste grupo pueden estar destinados a cubrir diferentes
objetivos:
- su venta a corto plazo
- obtener ganancias a corto plazo a través de carteras de inversiones
- obtener ganancias a corto plazo a través de instrumentos financieros
derivados
La valoración
inicial se realiza a valor razonable con la particularidad de que los
gastos de transacción se imputan directamente a resultados.
Su valoración posterior también se realiza a valor razonable
y los cambios de valor que se produzcan se imputan a resultados, y no
se permite su reclasificación posterior.
- Activos
financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:
Se componen
de pasivos financieros híbridos y todos aquellos que designe la
empresa en el momento de reconocimiento inicial que se incluyan en esta
categoría.
Al igual
que el grupo anterior, su valoración inicial se realiza a valor
razonable y los gastos de transacción se imputan directamente a
resultados del ejercicio. Posteriormente se valoran al valor razonable
y los cambios que se produzcan se imputan a la cuenta de resultados.
No se pueden reclasificar posteriormente ni de ésta categoría
a otras ni de otras categorías a ésta.
- Inversiones
en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:
Este grupo
valora inicialmente las inversiones Valor razonable + Gastos de transacción,
incluyendo también los costes derivados de las mismas, y posteriormente
realiza una valoración según el coste menos la corrección
por deterioro de la inversión, teniendo en cuenta todas las correcciones
valorativas acumuladas.
El deterioro de valor que tenga al cierre del ejercicio se imputa a P
y G y se pueden reclasificar en otro grupo que sería el de activos
financieros disponibles para la venta.
-Activos
financieros disponibles para la venta:
Son todos
aquellos activos que no se encuentran clasificados en los grupos anteriores,
se puede incluir cualquier instrumento financiero menos los crediticios
que no sean valores negociables.
Están
valorados a Valor razonable + Gastos de transacción, posteriormente
se valoran también a valor razonable, y los cambios de valor de
los mismos se imputan al patrimonio neto de la empresa.
Se pueden
reclasificar en Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, con la particularidad
de que el valor contable a fecha de reclasificación genera un nuevo
coste amortizado, y que las pérdidas y ganancias anteriores a su
reclasificación se mantienen en el patrimonio neto y se reconocen
en la cuenta de P y G a lo largo de su vida útil y se le aplica
para ello el tipo de interés efectivo.
Con respecto
al nuevo Plan adaptado a PYMES existen algunas diferencias, la norma de
valoración 8ª nos muestras que existen diferencias con el
Plan General Contable, entre ellas las siguientes:
- Inicialmente
en el borrador del PGCPyme, no se incluían la categoría
de "Inversiones mantenidas hasta vencimiento", activos financieros
a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias y los activos
financieros disponibles para la venta eran denominados con modificaciones
como un cajón de sastre en una categoría "otros activos
finacieros".
- El Plan
General Contable para Pymes finalmente publicado con fecha 21 de noviembre
de 2007, distingue entre:
- Efectivo
y otros activos líquidos equivalentes; es decir, la tesorería
depositada en la caja de la empresa, los depósitos bancarios a
la vista y los activos financieros que sean convertibles en efectivo y
que en el momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior
a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de
valor y formen parte de la política de gestión normal de
la tesorería de la empresa;
- Créditos
por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos
a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores
representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como
las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos
de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones
en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de
patrimonio;
- Derivados
con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo,
y
- Otros
activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos,
dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio
propio.
Sin embargo la clasificación que hace la norma de valoración
no va en función del destino de los activos como ocurren en el
Plan General Contable "normal", sino que se produce una clasificación
en función del criterio de valoración utilizado. Así
tendríamos que los activos financieros se clasificarán en
alguna de las siguientes categorías:
1. Activos
financieros a coste amortizado.
2. Activos financieros mantenidos para negociar.
3. Activos financieros a coste.
Departamento
Contabilidad de RCR, Proyectos de Software.
PROPIEDAD HORIZONTAL: ¿CÓMO
ACTUAR ANTE LOS PROPIETARIOS MOROSOS?.
Éste
es, sin duda, uno de los problemas que con más frecuencia se producen
en las Comunidades de Propietarios. ¿Quién no tiene un vecino,
cuando no son varios, que siempre está poniendo excusas para no
pagar las cuotas de la Comunidad?
Ante estas
situaciones, no son pocas las Comunidades que no saben cómo actuar
frente a estos propietarios, y que, por falta de información o
conocimiento de los derechos y de las acciones legales que les asisten
o por pensar que tomar alguna medida, más allá del simple
requerimiento por el Presidente. les supondrá mayores problemas,
les lleva a asumir la imposibilidad de cobrar las deudas por cuotas comunitarias
impagadas.
Por ello,
es importante saber que la Ley de Propiedad Horizontal pone a disposición
de la Comunidad un procedimiento sencillo y ágil para poder actuar
frente a los morosos. Este procedimiento, regulado en el artículo
21 de la Ley de Propiedad Horizontal, es el "Proceso Monitorio".
Pero lo
que vamos a analizar en este artículo, lo más detallada
y sencillamente posible, no es sólo el procedimiento, sino cuáles
son los pasos que una Comunidad de Propietarios debe realizar si decide
tomar medidas legales contra el propietario moroso.
Así, el primer paso que la Comunidad de Propietarios tiene que
dar, si pretende acudir a los tribunales para reclamar la deuda que algún
propietario le debe, será el de celebrar Junta de Propietarios.
La finalidad de dicha Junta será aprobar la liquidación
de la deuda. En dicha liquidación, habrá de expresar, de
forma detallada las siguientes menciones.
a) La cantidad
a la que asciende la deuda.
b) Relación detallada de todos los recibos impagados que en la
Comunidad existen a nombre del propietario moroso.
c) Indicación de las Juntas en las que se aprobaron las derramas
(ordinarias o extraordinarias) que dicho propietario debe.
Además
de aprobar la liquidación de la deuda, la Junta debe adoptar el
acuerdo de iniciar, en caso de que el propietario moroso no atienda el
requerimiento que le será efectuado, la reclamación por
la vía judicial y facultar al Presidente para que acuda a los Tribunales
en nombre de la Comunidad.
El acta
de liquidación de la deuda debe ser notificada al moroso, junto
con el requerimiento de pago y con apercibimiento de que si, en el plazo
que la Comunidad le concede (que constará en el requerimiento)
no procede al pago de la deuda, se iniciarán contra él las
oportunas acciones judiciales.
Una vez
que se efectúe el requerimiento y que, por falta de pago del propietario
requerido, la Comunidad se vea obligada a iniciar el proceso, antes de
iniciarlo debemos tener clara una cuestión importante; si la Comunidad
necesita abogado y procurador para acudir a los tribunales.
La respuesta
es negativa. Es decir, podemos, voluntariamente, acceder a este proceso
asistidos por los servicios de una abogado y de un procurador, pero no
es una obligación; la Ley no lo exige como requisito imprescindible
para poder iniciar este proceso. Así, si acudimos a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en concreto al artículo 814, en su apartado 2º dispone
que la petición inicial del procedimiento monitorio podrá
ser presentada sin que sea preciso valerse de abogado ni de procurador.
No obstante,
y aunque en el proceso monitorio no es necesario valerse de abogado ni
de procurador, cuando en dicho procedimiento fueran utilizados los servicios
de abogado y procurador, dispone el artículo 21, apartado 6º
de la Ley de Propiedad Horizontal que el deudor deberá pagar los
honorarios y derechos que devenguen ambos por su intervención,
tanto si el deudor atendiere el requerimiento de pago que le será
efectuado una vez sea admitida la demanda, como si no comparece ante el
tribunal, con sujeción a los límites que en materia de costas
establece el apartado 3º del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Y señala
también el apartado 6º del artículo 21 que en los casos
en que exista oposición, se seguirán las reglas generales
en materia de costas, aunque si el acreedor obtuviere una sentencia totalmente
favorable a su pretensión, se deberán incluir en ellas los
honorarios del Abogado y los derechos del Procurador derivados de su intervención,
aunque no hubiera sido preceptiva.
Dicho esto,
y por lo que se refiere al proceso judicial, si el requerimiento de pago
no es atendido por el vecino moroso, el Presidente de la Comunidad, o
bien el Administrador, pues así expresamente lo permite el apartado
1 del artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, procederán
a iniciar el proceso monitorio.
El proceso se inicia de forma muy sencilla: mediante la presentación
de demanda. La demanda o petición inicial podemos, bien redactarla
nosotros mismos o bien, optando por una forma todavía aún
más sencilla y rápida, presentarla mediante el modelo normalizado
que encontraremos en el juzgado.
En el caso
de que nosotros mismos elaboremos la demanda, deberán expresarse
los siguientes datos:
a) Identidad
del propietario moroso. (En su caso, se indicará asimismo, el nombre
del propietario anterior de la vivienda, habiéndose producido su
transmisión, cuando éste deba responder también de
la deuda, o del usufructuario, o contra quien según la Ley de Propiedad
Horizontal, deba dirigirse también la petición inicial del
proceso monitorio.
b) Domicilio del la Comunidad de Propietarios (que es en este caso quien
reclama la deuda).
c) Domicilio del deudor (o lugar en que resida o pueda ser hallado).
d) Cuantía de la deuda. Además de la deuda podrán
añadirse los gastos derivados del previo requerimiento (siempre
que dicho requerimiento conste por escrito y se acompañe justificante
de dichos gastos
En cuanto
a qué juzgado tenemos que dirigirnos para presentar la demanda
contra el propietario moroso, será al Juzgado de Primera Instancia
de, a elección del solicitante del proceso monitorio, la localidad
en la que resida o tenga su domicilio el vecino moroso ,o de la localidad
en la que se halle la finca cuyos pagos se reclamen.
Normalmente
la demanda o petición inicial será presentada en esta última
localidad, pues será lo habitual que vecino moroso resida en la
finca a cuya comunidad se niega a pagar las deudas que con ella tiene.
Una vez
admitida la demanda por el juez, éste requerirá al vecino
moroso mediante notificación al deudor en el domicilio que él
tenga designado para las notificaciones por la Comunidad de Propietarios.
Si no hubiese designado domicilio alguno a estos efectos, la notificación
se realizará en el piso o local cuyos gastos comunitarios debe,
y finalmente, si tampoco ahí fuera posible, se realizará
la notificación fijando una copia en el tablón de anuncios
del juzgado o tribunal, concediéndole un plazo de veinte días
para que adopte una de las siguientes posturas u opciones:
a) Que proceda
al pago de la deuda.
b) Que se oponga a la petición inicial o demanda.
Si el vecino
deudor opta por la primera opción, esto es, decide pagar la deuda,
deberá acreditar ante el tribunal que dicho pago ha sido efectuado,
procediéndose seguidamente a extenderse a su favor justificante
de dicho pago y al archivo de las actuaciones.
Si por el
contrario, el vecino moroso decidiera oponerse a la reclamación,
deberá presentar ante el tribunal escrito de oposición,
en el que expondrá, de forma breve, las razones que acrediten o
justifiquen que no debe nada de la cantidad que se le está reclamando,
o que tan sólo debe una parte de dicha deuda.
Una consecuencia
importante de que el vecino moroso decida oponerse a la demanda de la
Comunidad, será que ésta última podrá solicitar
al Juez el embargo preventivo de bienes del deudor suficientes para hacer
a la cantidad que se le está reclamando (más los intereses
y más las costas). El embargo preventivo será acordado por
el Juez sin que la Comunidad deba prestar caución (es decir, que
no deberá prestar fianza, pues la demanda junto con la liquidación
de la deuda son suficientes para que se decrete el embargo). En este caso,
el moroso podrá enervar el embargo, es decir, podrá evitar
que dicho embargo se produzca, presentado aval bancario por la cuantía
por la que dicho embargo hubiere sido decretado.
Finalmente,
ante la demanda de proceso monitorio y el requerimiento judicial de pago,
el vecino deudor podrá adoptar una tercera postura. Así,
podrá hacer caso omiso y no hacer nada, esto es, ni pagar la deuda
que se le reclama, ni presentar escrito de oposición a dicha reclamación.
Ante esta
actitud, el juez despachará la ejecución de la cantidad
adeudada, más los intereses que correspondan.
Si el propietario
moroso ha formulado oposición, aunque en este punto del procedimiento
es probable que la Comunidad cuente con el asesoramiento de un abogado,
es importante saber que la reclamación se seguirá a partir
de ese momento, y dependiendo de la cuantía que se reclama, bien
por el juicio ordinario o por el juicio verbal.
Así, cuando la cuantía sea superior a 3.000 euros, el juicio
se seguirá por las reglas del juicio ordinario, por lo que este
caso, el escrito de oposición deberá ir firmado por abogado
y por procurador. Presentado el escrito por el moroso, si la Comunidad
no procediera, a interponer la oportuna demanda de juicio ordinario dentro
del plazo de un mes desde que se le diera el traslado del escrito de oposición,
el juez decretará el sobreseimiento de las actuaciones y la condena
en costas a la Comunidad. Esto significa que, llegados a este punto, si
la Comunidad permanece pasiva y no actúa, finalizará el
procedimiento y, además, deberá ella pagar las costas originadas.
Presentada la demanda, se dará traslado al demandado (propietario
moroso) y seguirá el procedimiento conforme a los Artículos
404 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero,
que regulan el juicio ordinario.
Por contra, cuando la cuantía no exceda de 3.000 euros, se seguirá
la tramitación conforme a las reglas del juicio verbal. En este
caso, si la cuantía excede de 900 euros, también deberá
el moroso presentar el escrito de oposición constando las firmas
de abogado y de procurador.
Presentada
la oposición, procederá el juez a convocar, de forma inmediata,
a las partes para la celebración de la vista, conforme a los Artículos
440 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por último,
independientemente del juicio por el que se haya seguido el procedimiento,
la sentencia que dicte tendrá uno de los sentidos siguientes:
a) Que sea
a favor de la Comunidad, es decir, que se reconoce finalmente la existencia
de la deuda.
b) Que estime parcialmente la demanda. Es decir, que solamente se reconoce
la existencia de una parte de la deuda.
c) Que se absuelva al moroso, es decir, que no se reconoce la existencia
de ninguna deuda.
Contra la
sentencia dictada se podrá interponer recurso de apelación,
recurso extraordinario por infracción procesal o recurso de casación.
No obstante, en el supuesto de que el moroso pretenda interponer uno de
estos recursos, deberá previamente acreditar que ha procedido,
previamente, a pagar o consignar el importe de la cuantía determinada
por la sentencia a favor de la Comunidad, sin que dicha consignación
impida la ejecución provisional que, en su caso, recoja la resolución
dictada.
Departamento
Jurídico de RCR, Proyectos de Software.
La información utilizada en la redacción de este artículo
es una cortesía del Programa "ABOGADO
PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS".
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