|
ALGUNOS
ASPECTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL y OTROS EN EL NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE.
El PGC para
2008 establece que el inmovilizado estará dentro de lo que denomina
ACTIVO NO CORRIENTE de la empresa, lo que hasta la fecha se denominaba
activo fijo o inmovilizado. El inmovilizado comprende distintas partes
dependiendo de la naturaleza de los bienes y derechos que lo conforman,
tratando en el presente texto algunos de los aspectos más relevantes
en este comienzo de año, relacionados con el inmovilizado material
y gastos de establecimiento
En primer lugar, podemos comentar:
GASTOS
DE ESTABLECIMIENTO.
Resumiendo:
Desaparecen.
Y lo explicamos: no es que desaparezca la posibilidad de imputar los gastos
de establecimiento, ampliación de capital, etc., que puede imputar
una empresa cuando acomete alguna de estas operaciones, los gastos pueden
imputarse perfectamente a partir de la reforma pero desaparece el subgrupo
20 del PGC 90. Ya no deberá realizarse una periodificación
de estos gastos durante 5 años imputando en cada ejercicio la parte
correspondiente al mismo.
Si a partir de la reforma usted incurre en alguno de estos gastos hemos
de mencionar que los gastos de primer establecimiento deberán contabilizarse
en la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos del ejercicio
en el que se incurran. Por el contrario, los gastos de constitución
y ampliación de capital se imputarán directamente al patrimonio
neto de la empresa sin pasar por la citada cuenta de pérdidas y
ganancias. Estos gastos lucirán en el estado de cambios en el patrimonio
neto total, formando parte del conjunto de variaciones del patrimonio
neto del ejercicio.
¿En
qué cuentas? Pues en aquellas que respondan a la naturaleza del
gasto en que se incurre.
Si su empresa
todavía tiene saldos pendientes en las cuentas del antiguo subgrupo
20 Gastos de constitución (200, 201 y 202), habrá de
realizar el siguiente asiento:
Reservas
voluntarias (113)
a Gastos de constitución (200)
a Gastos de primer establecimiento (201)
a Gastos de ampliación de capital (202)
--- x ---
INMOVILIZADO
MATERIAL
En relación
con el tratamiento contable del inmovilizado material las modificaciones
que se han producido no son muy sustanciales pero si hemos de comentar
que se ha producido un cambio de criterio que puede afectar en mayor o
menor medida a algunas empresas. En concreto el PGC 90 clasificaba los
inmovilizados en función de sus características, mientras
que el nuevo PGC del 2008 lo hace en función de su destino.
De esta forma, los flujos de caja que pueden originar son distintos:
1.- Flujos
originados por las actividades de la empresa (subgrupo 21)
2.- Flujos de actividades que no son propias de la actividad de la empresa.
(subgrupo 22)
3.- Flujos originados por su enajenación. (subgrupo 58)
Así,
ésta diferenciación y la desaparición del subgrupo
de gastos de establecimiento ha originado una reestructuración
de los subgrupos del PGC, que motivará que usted deba realizar
unos asientos para ajustar sus activos materiales a las nuevas cuentas
de la forma o bien lo haga lógicamente su programa informático
directamente en el asiento de apertura, siempre y cuando estos activos
materiales vayan a ser utilizados para el desarrollo de las actividades
ordinarias de la empresa:
Terrenos
y bienes naturales (210)
Construcciones (211)
Instalaciones técnicas (212)
Maquinaria (213)
Utillaje (214)
Otras instalaciones (215)
Mobiliario (216)
Equipos para procesos de información (217)
Elementos de transporte (218)
Otro inmovilizado material (219)
a Terrenos y bienes naturales (220)
a Construcciones (221)
a Instalaciones técnicas (222)
a Maquinaria (223)
a Utillaje (224)
a Otras instalaciones (225)
a Mobiliario (226)
a Equipos para procesos de información (227)
a Elementos de transporte (228)
a Otro inmovilizado material (229)
--- x ---
Al mismo
tiempo deberán ajustarse las amortizaciones acumuladas de cada
uno de los elementos de inmovilizado, pues también varía
la numeración de las cuentas:
Amortización
acumulada de inmovilizado material (282-)
a Amortización acumulada de inmovilizado material (281-)
--- x ---
INVERSIONES INMOBILIARIAS.
Pero esto
no debe quedarse aquí, pues usted puede tener determinados activos
materiales cuya posesión busca simple y llanamente generar flujos
de caja distintos de los procedentes de las actividades ordinarias (inmuebles
cuyo destino es el alquiler o que en un futuro pueden ser vendidos, etc.)
habrán de imputarse al nuevo subgrupo 22 INVERSIONES INMOBILIARIAS:
(220) Inversiones
en terrenos y bienes naturales.
(221) Inversiones en construcciones.
Luego el
ajuste vendría dado, por la parte de inmuebles cuyo destino es
el comentado y de la forma:
Terrenos
y bienes naturales (220)
Construcciones (221)
a Terrenos y bienes naturales (210)
a Construcciones (211)
--- x ---
Han de ser
reflejadas de forma separada en el balance dentro del “Activo no
Corriente”.
Observamos
que el código coincide plenamente con las cuentas conocidas hasta
la fecha, pero sin embargo el uso que habrá de hacerse de los mismos
es distinto al de la producción o suministro de bienes o servicios,
o bien para fines administrativos, deberán destinarse inversiones
inmobiliarias los inmuebles que se tienen para obtener rentas, plusvalías
o ambas.
INMOVILIZADOS
MANTENIDOS PARA LA VENTA.
Existe una
tercera posibilidad que contempla la nueva norma, y es que el destino
de esos activos no corrientes sea fundamentalmente la recuperación
de flujos de caja a través de su venta, en lugar de por su uso
continuado, incluidos aquellos que formen parte de una operación
interrumpida que se hubiera clasificado como mantenida para la venta.
En este caso, si la parte de activos que entendamos se van a poner a la
venta para ejercitar la misma en el ejercicio siguiente, habríamos
de reclasificarlos de la forma:
Inmovilizado
(580)
a Inmovilizado Material (21-)
--- x ---
La norma
de valoración 7ª habla de que su venta debe ser altamente
probable, y así se entenderá cuando:
- La empresa
debe encontrarse comprometida por un plan para vender el activo y haber
iniciado un programa para encontrar comprador y completar el plan.
- La venta del activo debe negociarse activamente a un precio adecuado
en relación con su valor razonable actual.
- Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha
de clasificación del activo como mantenido para la venta, salvo
que, por hechos o circunstancias fuera del control de la empresa, el plazo
de venta se tenga que alargar y exista evidencia suficiente de que la
empresa siga comprometida con el plan de disposición del activo.
- Las acciones para completar el plan indiquen que es improbable que haya
cambios significativos en el mismo o que vaya a ser retirado.
En el momento
que los activos materiales se incluyan en este subgrupo 58 no podrán
amortizarse, y habrán de valorarse por la menor de:
1.El valor
neto contable (valor de libros)
2.Su valor de realización (valor de mercado)
Departamento de Contabilidad de RCR Proyectos de Software.
La información utilizada en la redacción de este artículo
es una cortesía de los Programas "ASESOR DE LAS NIC.”
EL NUEVO REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS.
El pasado
19 de Enero de 2008, con 8 años de retraso, se publicó en
el BOE el Rd 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
protección de datos de carácter personal; y que tendrá
su entrada en vigor tres meses después de la citada publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
Se trata,
como es lógico, de una norma muy esperada, y muy necesaria, porque
hasta ahora el desarrollo reglamentario de la LOPD se venía haciendo
a través de los Reales Decretos 1332/1994, de 20 de Junio, y 994/1999,
de 11 de Junio, con las dificultades que ello entrañaba; pues se
trataba de normas dictadas para desarrollar la anterior Ley de Protección
de Datos, la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de Octubre, de regulación
del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
En consecuencia,
y con la aprobación de este Reglamento, que, según el Gobierno,
viene a acrecentar la seguridad jurídica y a resolver determinadas
cuestiones o lagunas interpretativas que actualmente existen, se derogan
los Reales Decretos 1332/1994, de 20 de Junio, y 994/1999, de 11 de Junio.
Hay que señalar
también que el objeto de este Reglamento no es sólo el desarrollo
de la LOPD, sino también la regulación de las potestad sancionadora
de la Agencia de Protección de Datos respecto de la Ley 34/2002,
de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico
y de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones; que dichas leyes atribuían
a la AEPD; pero que precisaba de un desarrollo reglamentario.
Entrando
ya en las características principales de esta nueva norma, merece
la pena señalar especialmente que no sólo se aplica a los
datos tratados mediante procedimientos informáticos, sino que se
aplica también a los ficheros y tratamientos no automatizados (papel),
e incluso incluye las medidas de seguridad a adoptar respecto de los mismos,
con el objeto de que se garantice la confidencialidad e integridad de
los datos que contienen.
Es decir, con este reglamento, se exige la aplicación de unos criterios
de archivo que garanticen la correcta conservación de los documentos
y el ejercicio del derecho de oposición al tratamiento, rectificación
y cancelación de los datos.
Los datos
deberán almacenarse en archivos provistos de mecanismos adecuados
de cierre que impidan el acceso a la documentación por personas
no autorizadas.; y mientras esa documentación no esté archivada,
la persona que esté a su cargo deberá custodiarla, impidiendo
que acceda a ella quien no esté autorizado.
Además,
si los ficheros contienen datos incluidos en un nivel de seguridad alto,
tales como la ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial, salud, vida sexual, datos recabados por la policía
sin consentimiento de los afectados o actos derivados de violencia de
género; deberán conservarse en áreas cerradas con
el dispositivo de seguridad pertinente o cualquiera otra alternativa que
impida a las personas que no están autorizadas el acceso a esta
documentación.
Régimen
transitorio de aplicación
El reglamento
fija también los plazos para el cumplimiento de las nuevas medidas
de seguridad. Para los ficheros en soportes no automatizados se fijan
plazos de un año, dieciocho meses y dos años, según
se trate de los niveles de seguridad básico, medio y alto, respectivamente.
Otra de las
novedades más destacables es la regulación de un procedimiento
específico para garantizar que cualquier persona, antes de consentir
que sus datos sean recogidos y tratados, pueda tener un pleno conocimiento
de la utilización que se vaya a hacer de esos datos.
Del mismo
modo, y aunque, como es lógico, la norma no es de aplicación
a personas fallecidas, se contempla expresamente la posibilidad de que
los allegados de personas fallecidas, a fin de evitar situaciones dolorosas,
puedan comunicar al responsable del fichero el fallecimiento y solicitar
la cancelación de los datos.
En este punto
resulta necesario hacer mención al tratamiento de los datos personales
de los menores de edad.
Con carácter
general, el reglamento prohíbe pedir o tratar datos de menores
de catorce años sin el consentimiento de sus padres. Si fuesen
mayores de esa edad, no se exige dicho consentimiento, salvo que sean
actos que los menores de dieciocho años no puedan realizar sin
permiso paterno.
Además,
los menores de edad deberán ser informados con un lenguaje claro,
que les sea fácilmente comprensible y se tendrá que garantizar
que se ha comprobado la edad del menor y la autenticidad del consentimiento
prestado.
Por lo que
se refiere al ejercicio de los derechos denominados ARCO (Acceso, rectificación,
cancelación y oposición), el Reglamento obliga al responsable
de los ficheros de datos a que establezca un medio sencillo y gratuito
para permitir a los interesados el ejercicio de estos derechos. Además,
se prohíbe expresamente que, para ejecitar estos derechos, se exija
al interesado el envío de cartas certificadas o semejantes, o la
utilización de medios de telecomunicaciones que impliquen el pago
de una tarifa adicional; una práctica que venía siendo muy
habitual, especialmente en las empresas que gestionan ficheros de solvencia
patrimonial (ficheros de mororos). También prevé la norma
que, si el afectado solicita que le sea confirmado el cese en el tratamiento
de sus datos personales, el responsable del fichero debe responder expresamente
a esa solicitud. Asimismo, cuando el afectado ejercite el derecho de acceso,
el responsable del fichero queda obligado a responder en el plazo máximo
de un mes, aunque los datos del solicitante no consten en sus ficheros.
El nuevo
reglamento también se ocupa del nivel de protección de los
datos personales, modificando el nivel que tenían asignados determinados
datos. Así, pasan de un nivel básico de seguridad al nivel
medio los ficheros de las mutuas de accidentes de trabajo y de enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, los ficheros que contengan datos
de carácter personal sobre características o personalidad
de los ciudadanos que permitan deducir su comportamiento, y los ficheros
de los que son responsables los operadores de servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público o que exploten redes
públicas de comunicaciones electrónicas sobre datos de tráfico
y de localización.
Asimismo,
el reglamento eleva el nivel de seguridad de básico a alto a todos
los datos derivados de la violencia de género y se establece la
obligación de cifrar todos los datos personales incluidos en el
nivel alto de seguridad si se encuentran almacenados en dispositivos portátiles.
Por lo que
se refiere a los ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito,
uno de los aspectos más polémico de la protección
de datos, el nuevo reglamento señala que para la inclusión
de estos datos en un fichero, además de la existencia previa de
una deuda cierta, vencida y exigible que haya resultado impagada, es necesario
que no se haya entablado una reclamación de tipo judicial, arbitral
o administrativa sobre la misma. Además, es precisa la notificación
de la inclusión, impuesta por la Ley Orgánica de Protección
de Datos, de forma que no se incluyan aquellas deudas respecto de las
que no conste la recepción de dicha notificación.
Del mismo
modo, la nueva norma señala que, tan pronto como la deuda haya
sido pagada, deberán ser cancelados de manera inmediata los datos
relativos a ella; y se prohíbe mantener en los ficheros al respecto
el denominado “saldo cero”.
Se establece
la responsabilidad del acreedor, o persona que actúe por su cuenta,
si aporta datos inexactos para su inclusión en el fichero y se
regula de forma detallada el deber de información al deudor. En
este sentido, el deudor deberá ser advertido de su posible inclusión
en el fichero en el momento de suscribir un contrato del que pueda derivarse
una deuda futura; y, en caso de impago, deberá informarse al deudor,
tanto con carácter previo a la inclusión del dato en el
fichero, como en los treinta días siguientes a la inclusión.
Por lo que
se refiere al tratamiento de datos con fines de publicidad y prospección
comercial, el reglamento señala que la entidad que contrate con
una empresa la realización de una campaña publicitaria estará
obligada a asegurarse de que ésta ha recabado los datos cumpliendo
con todo lo establecido en la Ley.
Será
obligatorio el consentimiento del afectado para que los responsables de
distintos ficheros puedan cruzar sus datos para promocionar o comercializar
productos o servicios.
Se regulan
también la conocidas “listas de exclusión” o “listas
Robinson” para que cualquier afectado, que obligatoriamente debe
ser informado de su existencia, pueda comunicar al responsable de un fichero
que no desea recibir publicidad. Estas listas serán de obligada
consulta previa por parte de quienes realicen actividades de publicidad
o prospección comercial.
Otro aspecto
polémico de la protección de datos ha sido el de la cesión
y las transferencias internacionales de datos. En este punto, la novedad
a destacar es la posibilidad de que el Director de la Agencia Española
de Protección de Datos declare la existencia de un nivel adecuado
de protección en un Estado respecto del que no exista la Decisión
adecuada por parte de la Unión Europea.
Se establece
también la posibilidad de acordar la suspensión o revocación
de una determinada transferencia que hubiera sido previamente autorizada
por parte del Director de la Agencia Española de Protección
de Datos cuando se hubiera dado incumplimiento o falta de garantías.
Por último,
y por lo que se refiere a la potestad sancionadora de la Agencia Española
de Protección de Datos, que precisaba de un desarrollo reglamentario,
el nuevo reglamento no modifica las infracciones ni las sanciones, pero
sí se introduce un límite temporal de doce meses a la duración
de la incoación de un expediente sancionador. Transcurrido ese
plazo sin un procedimiento sancionador, estas actuaciones previas se entenderá
como caducadas.
Esto redundará,
sin duda, en beneficio de los ciudadanos, ya que podrán conocer
en un periodo de tiempo razonable si su conducta es o no merecedora de
sanción; porque, tal y como hemos avanzado, la intención
de la nueva norma es aportar seguridad jurídica a esta materia.
Por último,
señalar que el nuevo reglamento también ha sido objeto de
algunas críticas. Así, algunos expertos han precisado que
el reglamento reitera en exceso lo ya establecido en la LOPD; lo cual
puede dar lugar a conflictos interpretativos; que era lo que precisamente
esta norma pretendía evitar.
Desde la
Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing
Directo (FECEMD) las críticas han sido de mayor calado; pues señalan
que el nuevo reglamento es “complejo, casuístico y formalista”
y que ha nacido obsoleto, especialmente en todo lo que se refiere a Internet.
También se ha criticado desde FECEMD la “desproporcionada
capacidad sancionadora” que contiene el reglamento.
Departamento
Jurídico de RCR Proyectos de Software.
La información utilizada en la redacción de este artículo
es una cortesía del Programa "ABOGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS"
|
