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CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
10/07/2007 (V1523-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
La consultante
presta, como actividad principal, servicios a 175 taxistas que son socios
de la entidad. En el ejercicio 2004, se inicia una importante inversión
que tiene por objeto la adquisición y desarrollo de un sistema
de localización de los taxis y adjudicación de servicio
así como de conexión con los servicios públicos de
seguridad y atención en caso de emergencia, con escucha sobre lo
que ocurre en el interior del vehículo, en estos casos. La implantación
de estos sistemas incluyen la instalación de aparatos en los vehículos
y la adecuación del local de la empresa. Esta adecuación
ha implicado la realización de obras de adecuación de una
sala para instalar el servidor central, los puestos de trabajo de las
operadoras, ampliación de la instalación eléctrica
e instalación de los cables informáticos etc.
En resumen las inversiones realizadas son:
- Instalación
de un terminal en cada uno de los vehículos de los taxistas.
- Instalación de sistema informático y programas para la
gestión mencionada en la central
- Adecuación del local; instalación eléctrica, aire
acondicionado, cableado informático, cableado telefónico.
- Infraestructuras de antenas y unidades racs, instaladas en la torre
de comunicacione.
CUESTION-PLANTEADA
¿Dan
derecho a aplicar las inversiones realizadas, la deducción por
inversiones en sistemas de localización vía satélite,
contemplada en el artículo 38.4 del TRILS y la deducción
por actividades de innovación tecnológica, contemplada en
el artículo 35.2 del TRLIS, o procede aplicar ambas?.
CONTESTACION-COMPLETA
El artículo
38.4 del Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de Impuesto sobre Sociedades, TRLIS, en lo sucesivo, establece:
”4. Las inversiones en sistemas de navegación y localización
de vehículos vía satélite que se incorporen a vehículos
industriales o comerciales de transporte por carretera darán derecho
a practicar una deducción de la cuota íntegra del 10 por
ciento del importe de dichas inversiones.”
La Disposición
final primera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio, modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, añadiendo, en su apartado 14, una disposición
adicional décima al texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, con efectos para los períodos impositivos que se inicien
a partir de 1 de enero de 2007, que dispone, en su apartado 1:
“Disposición
adicional décima. Reducción de las deducciones en la cuota
íntegra del Impuesto sobre Sociedades para incentivar la realización
de determinadas actividades.
1. Las deducciones
reguladas en los artículos 36, los apartados 4, 5 y 6 del artícu-lo
38, artículos 39, 40 y 43 de esta Ley, se determinarán multiplicando
los porcentajes de deducción establecidos en dichos artículos
por el coeficiente siguiente:
0.8, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero
de 2007.
0.6, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero
de 2008.
0.4, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero
de 2009.
0.2, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero
de 2010.
El porcentaje
de deducción que resulte se redondeará en la unidad superior.”
De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 38.4 del TRLIS, son requisitos
para la aplicación de la deducción:
- Que la
inversión consiste en sistemas de navegación y localización
vía satélite de vehículos industriales o comerciales.
- Que dichos sistemas se incorporen a dichos vehículos.
Respecto
del primero de los requisitos, el artículo 34 del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de
30 de julio, en adelante RIS,en relación con las deducciones por
inversiones medioambientales, establece :
“Artículo
34. Ámbito de aplicación: vehículos industriales
o comerciales de transporte por carretera.
2. A estos
efectos, se considerarán vehículos industriales o comerciales:
(..)
b) Los turismos destinados al servicio público de viajeros provistos
de taxímetro.
En el supuesto
planteado, el sistema se incorpora a un taxi, que es un turismo destinado
al servicio público de viajeros provistos de taxímetro,
por lo que la consultante cumple este requisito de aplicación de
la deducción.
En relación
con el otro requisito, la deducción resulta aplicable al importe
de las inversiones que se realicen en los sistemas de navegación
o localización de vehículos que se incorporen a los mismos;
por lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de la deducción,
las inversiones realizadas en elementos e instalaciones que no se integren
en dichos vehículos, aún cuando sean otros componentes del
sistema integral de localización.
En consecuencia,
los importes invertidos en las terminales; en el sistema informático
y en los programas para la gestión; en las instalaciones eléctrica,
de aire acondicionado, de cableado informático y de cableado telefónico
y en la Infraestructuras de antenas y unidades racs, instaladas en la
torre de comunicaciones, no serán deducibles en la medida en que
no están incorporados al vehículo aunque formen parte del
sistema de localización vía satélite.
2. El artículo
35 del TRLIS, regula la deducción por actividades de investigación
y desarrollo e innovación tecnológica. En su apartado 2
establece:
“2.
Deducción por actividades de innovación tecnológica.
La realización
de actividades de innovación tecnológica dará derecho
a practicar una deducción de la cuota íntegra en las condiciones
establecidas en este apartado.
a) Concepto
de innovación tecnológica.
Se considerará
innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un
avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o
procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes.
Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características
o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente
de las existentes con anterioridad.
Esta actividad
incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos
en un plano, esquema o diseño, así como la creación
de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración
inicial o proyectos piloto, siempre que éstos no puedan convertirse
o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación
comercial.
(…)
b) Base
de la deducción.
La base
de la deducción estará constituida por el importe de los
gastos del período en actividades de innovación tecnológica
que correspondan a los siguientes conceptos:
1.º
Proyectos cuya realización se encargue a universidades, organismos
públicos de investigación o centros de innovación
y tecnología, reconocidos y registrados como tales según
el citado Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre.
2.º
Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción,
que incluirán la concepción y la elaboración de los
planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos descriptivos,
especificaciones técnicas y características de funcionamiento
necesarios para la fabricación, prueba, instalación y utilización
de un producto.
3.º
Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes,
licencias, know-how y diseños. No darán derecho a la deducción
las cantidades satisfechas a personas o entidades vinculadas al sujeto
pasivo. La base correspondiente a este concepto no podrá superar
la cuantía de un millón de euros.
4.º
Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento
de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, sin incluir aquellos
gastos correspondientes a la implantación de dichas normas.
(…)”
El apartado
3, dedicado a las exclusiones, establece:
“3.
Exclusiones.
No se considerarán
actividades de investigación y desarrollo ni de innovación
tecnológica las consistentes en:
a) Las actividades
que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa.
En particular, los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de productos
o procesos, la adaptación de un producto o proceso de producción
ya existente a los requisitos específicos impuestos por un cliente,
los cambios periódicos o de temporada, así como las modificaciones
estéticas o menores de productos ya existentes para diferenciarlos
de otros similares.
b) Las actividades de producción industrial y provisión
de servicios o de distribución de bienes y servicios. En particular,
la planificación de la actividad productiva: la preparación
y el inicio de la producción, incluyendo el reglaje de herramientas
y aquellas otras actividades distintas de las descritas en el párrafo
b) del apartado anterior; la incorporación o modificación
de instalaciones, máquinas, equipos y sistemas para la producción
que no estén afectados a actividades calificadas como de investigación
y desarrollo o de innovación; la solución de problemas técnicos
de procesos productivos interrumpidos; el control de calidad y la normalización
de productos y procesos; la prospección en materia de ciencias
sociales y los estudios de mercado; el establecimiento de redes o instalaciones
para la comercialización; el adiestramiento y la formación
del personal relacionada con dichas actividades.
c) La exploración, sondeo, o prospección de minerales e
hidrocarburos.”
De acuerdo
con los datos aportados en el escrito de consulta, la consultante adquiere
un sistema de localización de los taxis vía satélite
que permite la adjudicación de servicio, así como la conexión
con los servicios públicos de seguridad y atención en caso
de emergencia
En el caso
concreto de la innovación tecnológica, el objeto de la deducción
es favorecer aquellos gastos realizados por las entidades para introducir
novedades tecnológicas y mejoras sustanciales en productos o procesos,
sin que la deducción alcance a elementos de su inmovilizado material
que se adquieran o gastos que se realicen para ser utilizados o aplicados
en la prestación de servicios en que consiste la actividad del
sujeto pasivo, circunstancia que es la parece que concurre en este caso.
Conforme
a lo anterior, las inversiones y gastos realizados por la entidad consultante
no podría acogerse a la deducción por innovación
tecnológica prevista en el TRLIS.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
10/04/2007 (V0740-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
El consultante
forma parte de una sociedad civil a la que cede en usufructo temporal
un inmueble de su propiedad.
CUESTION-PLANTEADA
Sujeción
al IVA de la operación citada. Base imponible de la operación.
CONTESTACION-COMPLETA
1.- El artículo
4 de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
(Boletín Oficial del Estado del 29), dispone que estarán
sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o
profesionales a título oneroso, con carácter habitual u
ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional,
incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados,
miembros o partícipes de las entidades que las realicen.
2.- Por
su parte, el artículo 5, uno, c) de la Ley citada establece que
a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios
o profesionales: Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones
de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o
incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. En
particular, tendrán dicha consideración los arrendadores
de bienes.
De lo anterior
se sigue que la constitución del derecho de usufructo temporal
a que se refiere el escrito de consulta está sujeta al Impuesto
sobre el Valor Añadido, teniendo el constituyente de dicho usufructo
la consideración de empresario o profesional a efectos del citado
tributo.
3.- El artículo
20, apartado uno, 23º de la Ley 37/1992 dispone la exención
del impuesto para los arrendamientos que tengan la consideración
de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta
Ley y la constitución y transmisión de derechos reales de
goce y disfrute, que tengan por objeto los siguientes bienes:
a) Terrenos,
incluidas las construcciones inmobiliarias de carácter agrario
utilizadas para la explotación de una finca rústica.
Se exceptúan las construcciones inmobiliarias dedicadas a actividades
de ganadería independiente de la explotación del suelo.
b) Los edificios
o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas o a su posterior
arrendamiento por entidades gestoras de programas públicos de apoyo
a la vivienda o por sociedades acogidas al régimen especial de
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas establecido en el Impuesto
sobre Sociedades. La exención se extenderá a los garajes
y anexos accesorios a las viviendas y los muebles, arrendados conjuntamente
con aquéllos.
La exención
no comprenderá:
a') Los
arrendamientos de terrenos para estacionamiento de vehículos.
b') Los arrendamientos de terrenos para deposito o almacenaje de bienes,
mercancías o productos, o para instalar en ellos elementos de una
actividad empresarial
c') Los arrendamientos de terrenos para exposiciones o para publicidad.
d') Los arrendamientos con opción de compra de terrenos o viviendas
cuya entrega estuviese sujeta y no exenta al Impuesto.
e') Los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuando el
arrendador se obligue a la prestación de alguno de los servicios
complementarios propios de la industria hotelera, tales como los de restaurante,
limpieza, lavado de ropa u otros análogos.
f') Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos para ser subarrendados,
con excepción de los realizados de acuerdo con lo dispuesto en
la letra b) anterior.
g') Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos asimilados a
viviendas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
h') La constitución o transmisión de derechos reales de
goce o disfrute sobre los bienes a que se refieren las letras a'), b'),
c'), e') y f') anteriores.
i') La constitución o transmisión de derechos reales de
superficie.
En principio,
de la breve descripción de los hechos efectuada por el consultante,
parece que hay que concluir que está sujeta al Impuesto sobre el
Valor Añadido la constitución de un derecho de usufructo
temporal sobre un inmueble ubicado en la Península o Baleares en
favor de una sociedad civil, efectuada mediante el pago de una contraprestación
de carácter mensual, y que no resulta de aplicación en la
constitución del usufructo temporal mencionado la exención
del Impuesto sobre el Valor Añadido regulada en el artículo
20, apartado uno, 23º de la Ley 37/1992.
4.- Respecto
a la base imponible de la operación de constitución del
usufructo temporal a favor de una sociedad civil por uno de sus socios
hay que estar a lo previsto en el artículo 79, apartado cinco de
la Ley 37/1992 según redacción dada por la Ley 36/2006,
de 28 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal
(BOE del 30 de noviembre)
“Cinco.
Cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una
operación, su base imponible será su valor normal de mercado.
La vinculación
podrá probarse por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
Se considerará que existe vinculación en los siguientes
supuestos:
a) En el
caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del
Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
cuando así se deduzca de las normas reguladoras de dichos Impuestos
que sean de aplicación.
b) En las operaciones realizadas entre los sujetos pasivos y las personas
ligadas a ellos por relaciones de carácter laboral o administrativo.
c) En las operaciones realizadas entre el sujeto pasivo y su cónyuge
o sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive.
d) En las operaciones realizadas entre una entidad sin fines lucrativos
a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, sobre Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo y sus fundadores, asociados,
patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos
de gobierno, los cónyuges o parientes hasta el tercer grado inclusive
de cualquiera de ellos.
e) En las operaciones realizadas entre una entidad que sea empresario
o profesional y cualquiera de sus socios, asociados, miembros o partícipes.
Esta regla
de valoración únicamente será aplicable cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el
destinatario de la operación no tenga derecho a deducir totalmente
el impuesto correspondiente a la misma y la contraprestación pactada
sea inferior a la que correspondería en condiciones de libre competencia.
b) Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes
o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la
regla de prorrata y, tratándose de una operación que no
genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada
sea inferior al valor normal de mercado.
c) Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes
o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la
regla de prorrata y, tratándose de una operación que genere
el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea
superior al valor normal de mercado.
A los efectos
de esta Ley, se entenderá por valor normal de mercado aquél
que, para adquirir los bienes o servicios en cuestión en ese mismo
momento, un destinatario, en la misma fase de comercialización
en la que se efectúe la entrega de bienes o prestación de
servicios, debería pagar en el territorio de aplicación
del Impuesto en condiciones de libre competencia a un proveedor independiente.
Cuando no
exista entrega de bienes o prestación de servicios comparable,
se entenderá por valor de mercado:
a) Con respecto
a las entregas de bienes, un importe igual o superior al precio de adquisición
de dichos bienes o bienes similares o, a falta de precio de compra, a
su precio de coste, determinado en el momento de su entrega.
b) Con respecto a las prestaciones de servicios, la totalidad de los costes
que su prestación le suponga al empresario o profesional.
A efectos
de los dos párrafos anteriores, será de aplicación,
en cuanto proceda, lo dispuesto en el artículo 16 del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.”
Por tanto,
en las operaciones realizadas entre partes vinculadas, la base imponible
será el valor normal de mercado, tal como se define en este mismo
precepto, siempre que se cumplan los requisitos mencionados, es decir:
a) Que la
sociedad civil destinataria de la operación no tenga derecho a
deducir totalmente el impuesto correspondiente a la misma y la contraprestación
pactada sea inferior a la que correspondería en condiciones de
libre competencia.
b) Cuando el consultante que presta el servicio determine sus deducciones
aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una operación
que no genere el derecho a la deducción, la contraprestación
pactada sea inferior al valor normal de mercado.
c) Cuando el consultante que presta el servicio determine sus deducciones
aplicando la regla de prorrata y, tratándose de una operación
que genere el derecho a la deducción, la contraprestación
pactada sea superior al valor normal de mercado.
De la breve
descripción de la operación aportada por el consultante
no cabe efectuar mayores precisiones para la determinación de la
base imponible.
No cumpliéndose
los anteriores requisitos la determinación de la base imponible
de la operación será, de conformidad con las previsiones
del artículo 78 de la Ley 37/1992, la contraprestación pactada
entre la consultante y la sociedad civil de la que es socio.
5.- Lo que
comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
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