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CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
20/07/2007 (V1607-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
La consultante
es titular de una oficina de farmacia. Con ocasión del cese de
su actividad transmite todo el negocio. El adquirente continua la misma
actividad subrogándose en el contrato del alquiler del transmitente.
CUESTION-PLANTEADA
Sujeción
al IVA y, en su caso al ITP.
CONTESTACION-COMPLETA
1.- De acuerdo
con el apartado uno del artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29), “estarán
sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o
profesionales a título oneroso, con carácter habitual u
ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional,
incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados,
miembros o partícipes de las entidades que las realicen”.
El apartado
dos, letra b), del mismo precepto señala que se entenderán,
en todo caso, realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial
o profesional las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad
o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio
empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas
con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas
que determinan la sujeción al Impuesto.
2.- El artículo
7, número 1º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, establece la no sujeción al Impuesto
de la transmisión de la totalidad o parte del activo empresarial
siempre que se cumplan determinadas condiciones. Concretamente, el citado
precepto dispone la no sujeción de las siguientes operaciones:
“a)
La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional
del sujeto pasivo realizada en favor de un solo adquirente, cuando éste
continúe el ejercicio de las mismas actividades empresariales o
profesionales del transmitente.
b) La transmisión
de la totalidad del patrimonio empresarial del sujeto pasivo o de los
elementos patrimoniales afectos a una o varias ramas de la actividad empresarial
del transmitente, en virtud de las operaciones a que se refiere el artículo
1º de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de
determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las
Comunidades Europeas, siempre que las operaciones tengan derecho al régimen
tributario regulado en el Título Primero de la citada Ley.
A los efectos
previstos en esta letra, se entenderá por rama de actividad la
definida en el apartado cuatro del artículo 2º de la Ley mencionada
en el párrafo anterior.
c) La transmisión
"mortis causa" de la totalidad o parte del patrimonio empresarial
o profesional del sujeto pasivo, realizada en favor de aquellos adquirentes
que continúen el ejercicio de las mismas actividades empresariales
o profesionales del transmitente.
Cuando los
bienes y derechos transmitidos se desafecten posteriormente de las actividades
empresariales o profesionales que determinan la no sujeción prevista
en las letras a) y c) de este número, la referida transmisión
quedará sujeta al Impuesto en la forma establecida para cada caso
en esta Ley.
Los adquirentes
de los bienes comprendidos en las transmisiones que se beneficien de la
no sujeción establecida en este número se subrogarán,
respecto de dichos bienes, en la posición del transmitente en cuanto
a la aplicación de las normas contenidas en el artículo
20, apartado uno, número 22º y en los artículos 104
a 114 de esta Ley.”
El artículo
7 trascrito anteriormente es transposición al ordenamiento interno
del artículo 19 de la Directiva 112/2006/CE del Consejo de 28 de
noviembre de 2006 relativa al sistema común del Impuesto sobre
el Valor Añadido (antes artículo 5, apartado 8, de la Directiva
77/388/CEE, Sexta Directiva del Consejo).
Sobre este
último precepto se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en sus sentencias de 27 de noviembre de 2003, dictada
en el Asunto C-497/01, Zita Modes Sarl, y de 29 de abril de 2004, Asunto
C-137/02, Faxworld. Con anterioridad, el mismo Tribunal se había
pronunciado incidentalmente en este ámbito en las sentencias de
8 de junio de 2000, Asunto C-98/98, Midland Bank plc, y de 22 de febrero
de 2001, Asunto C-408/98, Abbey National plc.
El Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, el Tribunal)
señala en el apartado 40 de la sentencia de 27 de noviembre de
2003 que, “el concepto de «transmisión, a título
oneroso o gratuito o bajo la forma de aportación a una sociedad,
de una universalidad total o parcial de bienes» debe entenderse
en el sentido que comprende la transmisión de un establecimiento
mercantil o de una parte autónoma de una empresa, con elementos
corporales y, en su caso, incorporales que, conjuntamente, constituyen
una empresa o una parte de una empresa capaz de desarrollar una actividad
económica autónoma, pero que no comprende la mera cesión
de bienes, como la venta de existencias”.
En este
sentido, la disposición adicional segunda.uno del Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, sobre referencias a la Ley 29/1991,
de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos
a las directivas y reglamentos de las Comunidades Europeas contenidas
en distintas disposiciones, señala lo siguiente:
“1.
Las referencias que el artículo 7.1º.b) de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, hace a
las operaciones del artículo 1 y a la definición de rama
de actividad del artículo 2, apartado 4, de la Ley 29/1991, de
16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos
a las directivas y reglamentos de las Comunidades Europeas, siempre que
las operaciones tengan derecho al régimen tributario regulado en
el título I de la citada Ley, se entenderán hechas al régimen
especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad
y canje de valores definidos en el artículo 83 de esta Ley”.
Por su parte,
el artículo 83.4 de la citada Ley dispone que “se entenderá
por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean
susceptibles de constituir una unidad económica autónoma
determinante de una explotación económica, es decir, un
conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. Podrán ser
atribuidas a la sociedad adquirente las deudas contraídas para
la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan”.
Como se
deduce del precepto reproducido, el concepto de rama de actividad que
se regula en el mismo coincide sustancialmente con el que establece el
Tribunal en la sentencia que se ha reproducido. Por tanto, es factible
la aplicación del concepto nacional sin contravención del
principio de interpretación uniforme del derecho comunitario, establecido
igualmente de forma reiterada por el Tribunal.
En consecuencia,
no cabe exigir la transmisión de la totalidad del patrimonio, para
que la operación quede al margen de su sujeción al tributo,
sino que basta la transmisión de un establecimiento mercantil o
de una parte autónoma de una empresa que sea capaz de desarrollar
una actividad económica autónoma. En la medida en que los
activos, y pasivos en su caso, que se incluyen en un conjunto patrimonial
puedan ser considerados como una rama de actividad en el sentido que se
ha descrito, ha de considerarse que su transmisión tiene por objeto
una universalidad parcial de bienes y, por tanto, está no sujeta
al Impuesto sobre el Valor Añadido, aunque algún elemento
patrimonial particular afecto a la actividad no se transmita.
Por el contrario,
cualquier otra transmisión de activos empresariales que no pueda
ser considerada como rama de actividad deberá tratarse como una
operación al margen de la no sujeción que establece el artículo
7.1º de la Ley 37/1992, sujeta al tributo, en consecuencia.
Por otra
parte, de la jurisprudencia comunitaria citada debe concluirse que si
bien es necesario que el adquirente tenga la intención de explotar
el establecimiento mercantil o la parte de la empresa transmitida y no
simplemente de liquidar de inmediato la actividad en cuestión,
no es menos cierto que la actividad económica que realice dicho
adquirente no ha de ser necesariamente la misma que venía desarrollando
el transmitente.
De la descripción
de los hechos efectuada por la consultante transmitente del negocio parece
que puede concluirse que la citada transmisión se trata de una
operación no sujeta al impuesto sobre el Valor Añadido.
3.- En cuanto
a las dudas relativas al tratamiento en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de las entregas de
inmuebles incluidos en la transmisión de una universalidad total
o parcial de bienes, en principio quedan resueltas en el apartado 5 del
artículo 7 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre
de 1993), que regula el hecho imponible de la modalidad de transmisiones
patrimoniales onerosas de este impuesto. El inciso final de dicho apartado
determina que “…También quedarán sujetas las entregas
de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión
de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias
concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta
al Impuesto sobre el Valor Añadido”.
Sin embargo,
este precepto debe ponerse en relación con lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 1 del Texto Refundido del impuesto, que establece
que “En ningún caso, un mismo acto podrá ser liquidado
por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operaciones
societarias”.
De la descripción
de los hechos recogida en el documento del consultante se desprende que
en la transmisión empresarial efectuada no se incluye bien inmueble
alguno. No procede, en consecuencia, tributación por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales.
4.- Lo que
comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
25/07/2007 (V1635-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
Sujeto pasivo
que se halla dado de alta en el epígrafe 319.1 de la sección
primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
CUESTION-PLANTEADA
El consultante
desea saber qué se entiende por cuota mínima municipal o
cuota mínima según Tarifa.
CONTESTACION-COMPLETA
1º)
Primeramente cabe indicar que la presente contestación se refiere
únicamente a la materia tributaria, y, concretamente al Impuesto
sobre Actividades Económicas, el cual tiene su regulación
normativa en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL),
independientemente de otros ámbitos o materias a las cuales les
serán de aplicación sus propias disposiciones normativas.
La cuota
tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas es el resultado
de la aplicación de las Tarifas de dicho impuesto, los coeficientes
y las bonificaciones previstos por la ley y, en su caso, acordados por
el ayuntamiento respectivo (artículo 84 del TRLRHL).
El régimen
de las cuotas viene regulado en las reglas 9ª a 17ª de la Instrucción
para la aplicación de las Tarifas, aprobadas ambas por Real Decreto
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre.
La cuota resultante de la aplicación de las Tarifas (cuota de Tarifa)
es aquélla determinada por la cuantificación de los siguientes
elementos tributarios:
los asignados
por la respectiva rúbrica de las Tarifas en donde se halle clasificada
la actividad (cuota de actividad), y para las actividades empresariales
y profesionales, la superficie de los locales en donde se ejerzan las
mismas en los términos de la regla 14ª.1.F) de la Instrucción.
Las Tarifas
disponen de tres clases de cuotas (cuota de actividad) dependiendo del
territorio en donde se ejerza la actividad, pudiendo ser ésta:
municipal, provincial o cuota nacional (regla 9ª).
La regla 10ª de la Instrucción para la aplicación de
las Tarifas define en su apartado 1 a las cuotas mínimas municipales
como aquéllas que con tal denominación aparecen específicamente
señaladas en las Tarifas, sumando, en su caso, el elemento superficie
de los locales en los que se realicen las actividades gravadas, así
como cualesquiera otras que no tengan la calificación expresa,
en las referidas Tarifas, de cuotas provinciales o nacionales.
2º)
Por lo que respecta a la cuota de actividad que tiene asignada el epígrafe
319.1 de la sección primera, “Mecánica general”,
se trata de una clase de cuota mínima municipal, constituida, únicamente,
por la aplicación del elemento tributario potencia instalada, ya
que el relativo al elemento tributario número de obreros que tenía
previsto inicialmente, en la actualidad es inaplicable en virtud de lo
establecido por la disposición adicional cuarta de la Ley 51/2002,
de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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