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REFORMA
CONTABLE 2008: Borrador Plan General Contable para PYMES.
Como creemos
es de general conocimiento, a partir de 1 de enero de 2008 se produce
una importante reforma contable que viene a actualizar el Plan General
Contable del año 1990 y sustituirlo por un nuevo Plan aplicable
a partir de la mencionada fecha.
Pero esta reforma contable viene dada por una dualidad que no existía
hasta la fecha, distinguiendo un Plan General Contable "normal"
y un Plan General Contable para las "Pymes". Desde estas líneas
intentamos acercar aquellas características más significativas
en relación a la aplicación de este Plan para Pymes.
Así
las pequeñas y medianas empresas dispondrán de un Plan Contable
completo y específico para ellas, que podrán aplicar voluntariamente.
Será un Plan simplificado en relación al "Plan-madre"
del que nace, cuya aplicación es opcional para las empresas que
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 175 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para la formulación
de balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados. En concreto
se establece que podrán aplicar el Plan General Contable para Pymes
todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual
o societaria, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan,
a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las
circunstancias siguientes:
a) Que
el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos
cincuenta mil euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere
los cinco millones setecientos mil euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante
el ejercicio no sea superior a cincuenta.
Las empresas
perderán la facultad de aplicar el Plan General de Contabilidad
de PYMES si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, a la
fecha de cierre de cada uno de ellos, dos de las circunstancias a que
se refiere el párrafo anterior. Si nos estuviésemos refiriendo
al ejercicio social de la constitución o transformación
de la empresa, podrán aplicar este Plan General de Contabilidad
de PYMES si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos
de las tres circunstancias expresadas en este apartado.
No podrán
aplicar este Plan General de Contabilidad de PYMES, las empresas que se
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a)
Que tengan valores admitidos a negociación en un mercado regulado
de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
b) Que forme parte de un grupo de sociedades que formule o debiera
haber formulado cuentas anuales consolidadas.
c) Que su moneda funcional sea distinta del euro.
d) Que se trate de entidades financieras para las que existan disposiciones
específicas en materia contable.
Hemos de reseñar que tienen las pequeñas y medianas empresas
de aplicar el
el Plan General de Contabilidad de PYMES, deberá mantenerse de
forma continuada un mínimo de tres ejercicios, salvo que
la empresa, por dejar de estar incluida en el ámbito de aplicación
de este último, tuviera que aplicar obligatoriamente el Plan General
de Contabilidad "Normal".
El Plan
General Contable para Pymes deberá aplicarse de forma completa,
no parcialmente, si bien, cuando una empresa realice una operación
cuyo tratamiento contable no esté contemplado en dicho texto habrá
de remitirse a las correspondientes normas y apartados contenidos en el
Plan General de Contabilidad "Normal" con la excepción
de los relativos a activos no corrientes y grupos enajenables de elementos
mantenidos para la venta que en ningún caso serán aplicables.
La estructura
del Plan General de Contabilidad de PYMES es la misma que la del Plan
General de Contabilidad "Normal". Son cinco partes precedidas
de una
introducción. Si bien:
- El Estado
de Flujos de Efectivo es voluntario.
- Se eliminan normas relativas a ciertas operaciones que se han considerado
como de escasa realización por estas empresas:
a) Fondo de comercio.
b) Instrumentos financieros compuestos.
c) Coberturas contables.
d) Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal.
e) Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.
f) Combinaciones de negocio.
g) Operaciones de fusión, escisión y aportaciones
no dinerarias de un
negocio entre empresas del grupo.
- Se eliminan
determinadas categorías de activos financieros y se suprimen el
criterio de valoración a valor razonable con imputación
directa de los cambios de valor patrimonio neto, establecida para los
activos financieros disponibles para la venta en el Plan General de Contabilidad
"Normal".
- Los modelos de cuentas anuales son iguales a los modelos abreviado del
Plan General de Contabilidad "Normal" aunque varían los
epígrafes, partidas, etc.
- Desaparecen los grupos 8 y 9 que reflejan los gastos e ingresos registrados
directamente en el patrimonio neto, respectivamente.
- La reducción de la imputación de ingresos y gastos directamente
al patrimonio neto ha hecho considerar conveniente simplificar el estado
de cambios en el patrimonio neto de pequeñas y medianas empresas,
estando formado únicamente por un documento, que contempla todos
los cambios en el patrimonio neto, realizados con los socios, con terceros
o como una mera reclasificación de las partidas.
Además, las empresas que habiendo optado por aplicar el Plan General
de Contabilidad de PYMES, durante dos ejercicios consecutivos reúnan,
a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes
circunstancias:
a)
Que el total de las partidas del activo no supere el millón de
euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere
los dos millones de euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante
el ejercicio no sea superior a diez.
Podrán
aplicar los criterios específicos aplicables a microempresas que
entre por mencionar algunos:
- Deberán aplicarse estos criterios al menos durante 3 ejercicios.
- Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros
de naturaleza similar que no tengan por objeto: terrenos, solares u otros
activos no amortizables, contabilizarán las cuotas devengadas en
el ejercicio como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. En
su caso, en el momento de ejercer la opción de compra, se registrará
el activo por el precio de adquisición de dicha opción.
- El gasto por impuesto sobre beneficios se contabilizará en la
cuenta de pérdidas y ganancias por el importe que resulte de las
liquidaciones fiscales del impuesto sobre sociedades relativas al ejercicio.
Así, al cierre del ejercicio, el gasto contabilizado por los importes
a cuenta ya pagados, deberá aumentarse o disminuirse en la cuantía
que proceda, registrando la correspondiente deuda crédito frente
a la Hacienda Pública.
Por último señalar que en cuanto a la aplicación
del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas
en el primer ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2008,
los criterios contenidos en el Plan General de Contabilidad de PYMES deberán
aplicarse de forma retroactiva con las excepciones establecidas por la
norma.
Así, el balance de apertura del ejercicio en que se aplique por
primera vez el Plan General de Contabilidad de PYMES se elaborará
de acuerdo con las siguientes reglas:
- Deberán
registrarse todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el Plan
General de Contabilidad de PYMES.
- Deberán darse de baja todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento
no está permitido por el Plan General de Contabilidad de PYMES.
- Deberán reclasificarse los elementos patrimoniales en sintonía
con las definiciones y los criterios incluidos en el Plan General de Contabilidad
de PYMES.
- Las valoraciones de los distintos elementos patrimoniales, conforme
a los principios y normas vigentes con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización
internacional con base en la normativa de la Unión Europea, se
considerarán equivalentes a las establecidas para dichos elementos
patrimoniales en el Plan General de Contabilidad de PYMES.
No obstante
lo anterior, la empresa podrá optar por valorar todos sus elementos
patrimoniales de conformidad con las nuevas normas incluidas en la
segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES.
La contrapartida
de los ajustes que deban realizarse para dar cumplimiento a la aplicación
del Plan será una partida de reservas.
Dpto. Contabilidad RCR, Proyectos de Software. Javier Gómez.
EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL: LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO
El procedimiento
concursal se inicia con la solicitud de declaración del concurso;
la cual podrá ser presentada por el propio deudor, justificando
aquél su estado de insolvencia, actual o inminente; por el acreedor
y por las demás personas legitimadas.
La solicitud
de declaración del concurso se presentará, con carácter
general, ante el Juzgado de lo Mercantil del territorio en el que el deudor
tenga el centro de sus intereses principales (lugar donde el deudor administre
dichos intereses o donde radique el domicilio social, si se trata de una
persona jurídica) o, si el deudor tiene su domicilio en España
y no coincide con el centro de sus intereses principales, será
competente también el de su domicilio; a elección del acreedor
solicitante.
El Juez
examinará de oficio su competencia y determinará si es conforme
a los criterios señalados en el artículo 10 de la Ley.
Una vez
recibida la solicitud, el Juez, en el mismo día, o en el inmediato
hábil siguiente, la examinará y, si la considera completa,
la proveerá conforme a los artículos 14 y 15 de la Ley.
Si no estuviese completa, concederá al solicitante un plazo para
su subsanación, que no excederá de cinco días. Una
vez transcurrido el plazo, si se ha subsanado el defecto o defectos, el
Juez proveerá conforme a los artículos antes citados; o,
en caso contrario, dictará Auto declarando no haber lugar a la
solicitud.
En cuanto
a la Providencia, si la solicitud ha sido presentada por el deudor, el
Juez declarara el concurso o desestimará la solicitud, si no considera
suficientemente acreditado el estado de insolvencia y endeudamiento del
alegado.
Si la solicitud
es presentada por cualquiera otro de los legitimados, el Juez la admitirá
a trámite y emplazará al deudor, con traslado de la solicitud,
para que, en el plazo de cinco días, comparezca y formule oposición
a la solicitud de concurso.
En este
caso, el Juez, al admitir a trámite la solicitud de concurso necesario,
podrá acordar la adopción de medidas cautelares para asegurar
la integridad del patrimonio del deudor, y podrá también
exigir fianza al solicitante para responder, en su caso, de los daños
y perjuicios que las medidas cautelares pudieran causar en el patrimonio
del deudor si la solicitud de declaración de concurso fuese desestimada.
Notificado
el emplazamiento al deudor, si éste se allana o no formula oposición,
el Juez declarará por Auto el concurso.
Si, por
el contrario, el deudor formula oposición, el Juez citará
a las partes a una vista, que se celebrará dentro de los diez días
siguientes a aquel en que se hubiese formulado la oposición.
Finalizada
la vista, el Juez, dentro de los tres días siguientes, dictará
Auto declarando el concurso o desestimando la solicitud; con las consecuencias
que, en cuanto a costas y daños y perjuicios, se establecen en
la Ley. Dicho Auto será recurrible en Reposición y en Apelación.
Finalmente,
la declaración del concurso se inscribirá en el Registro
Civil o Mercantil, según sea el concursado persona natural o jurídica,
de conformidad con el artículo 24 de la Ley.
LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DEL CONCURSO POR EL DEUDOR
La declaración
del concurso puede solicitarse, en primer lugar, por el deudor. En este
caso el concurso recibe el nombre de concurso voluntario.
Así, el artículo 3 de la Ley señala que "Para
solicitar la declaración de concurso están legitimados el
deudor y cualquiera de sus acreedores.
Si el deudor
fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre
la solicitud el órgano de administración o de liquidación."
En el caso
de que el deudor sea una persona jurídica, el artículo 3.3
de la Ley señala que, además del órgano de administración,
"para solicitar la declaración de concurso de una persona
jurídica, están también legitimados los socios, miembros
o integrantes que sean personalmente responsables, conforme a la legislación
vigente, de las deudas de aquélla."
Por lo tanto,
la declaración del concurso puede solicitarse por el propio deudor,
el cual, si lo hace, de conformidad con lo señalado en el artículo
6 de la Ley, en el escrito de solicitud de declaración de concurso,
acreditará la situación de insolvencia y expresará
también si su estado de insolvencia es actual o si lo prevé
como inminente.
Y para llevar
a cabo dicha solicitud la Ley fija, en el artículo 5, un plazo
al deudor: "El deudor deberá solicitar la declaración
de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera
conocido o debido conocer su estado de insolvencia".
A la citada
solicitud, según el artículo 6 de la Ley, se acompañarán
los documentos siguientes:
1) Poder
especial para solicitar el concurso. Este documento podrá ser sustituido
mediante la realización de apoderamiento apud acta.
2) La memoria expresiva de la historia económica y jurídica
del deudor, de la actividad o actividades a que se haya dedicado durante
los tres últimos años y de los establecimientos, oficinas
y explotaciones de que sea titular, de las causas del estado en que se
encuentre y de las valoraciones y propuestas sobre la viabilidad patrimonial.
Si el deudor fuera persona casada, indicará en la memoria la identidad
del cónyuge, con expresión del régimen económico
del matrimonio.
Si el deudor fuera persona jurídica, indicará en la memoria
la identidad de los socios o asociados de que tenga constancia, de los
administradores o de los liquidadores y, en su caso, del auditor de cuentas,
así como si forma parte de un grupo de empresas, enumerando las
entidades integradas en éste, y si tiene admitidos valores a cotización
en mercado secundario oficial.
Si se tratase de una herencia, se indicarán en la memoria los datos
del causante.
3) Un inventario
de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en
que se encuentren, datos de identificación registral en su caso,
valor de adquisición, correcciones valorativas que procedan y estimación
del valor real actual. Se indicarán también los gravámenes,
trabas y cargas que afecten a estos bienes y derechos, con expresión
de su naturaleza y los datos de identificación.
4) Relación de acreedores, por orden alfabético, con expresión
de la identidad de cada uno de ellos, así como de la cuantía
y el vencimiento de los respectivos créditos y las garantías
personales o reales constituidas.
Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago, se identificará
el procedimiento correspondiente y se indicará el estado de las
actuaciones.
Si el deudor
estuviera legalmente obligado a llevar contabilidad, acompañará
además:
1) Cuentas
anuales y, en su caso, informes de gestión o informes de auditoria
correspondientes a los tres últimos ejercicios.
2) Memoria de los cambios significativos operados en el patrimonio con
posterioridad a las últimas cuentas anuales formuladas y depositadas
y de las operaciones que por su naturaleza, objeto o cuantía excedan
del giro o tráfico ordinario del deudor.
3) Estados financieros intermedios elaborados con posterioridad a las
últimas cuentas anuales presentadas, en el caso de que el deudor
estuviese obligado a comunicarlos o remitirlos a autoridades supervisoras.
4) En el caso de que el deudor forme parte de un grupo de empresas, como
sociedad dominante o como sociedad dominada, acompañará
también las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados
correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales y el informe
de auditoria emitido en relación con dichas cuentas, así
como una memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras sociedades
del grupo durante ese mismo período.
En el supuesto previsto en el artículo 142.1.1 deberá acompañarse
propuesta de plan de liquidación.
Cuando no
se acompañe alguno de los documentos mencionados en este artículo
o faltara en ellos alguno de los requisitos o datos exigidos, el deudor
deberá expresar en su solicitud la causa que lo motiva.
Por último,
si la solicitud de concurso la realiza cualquiera de los otros legitimados
- diferentes al acreedor -, es decir, los socios, miembros o integrantes
del deudor persona jurídica y los herederos del deudor fallecido
y el administrador de la herencia, "deberán expresar en la
solicitud el carácter en el que la formulan, acompañando
el documento del que resulte su legitimación o proponiendo la prueba
para acreditarla." Igualmente, también se expresarán
en la solicitud los medios de prueba de que se valga o pretenda valerse
el solicitante para acreditar los hechos en que se fundamente la solicitud
de concurso; no siendo suficiente, por sí sola la prueba testifical.
LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DEL CONCURSO POR EL ACREEDOR
La declaración
del concurso puede solicitarse también, según la Ley Concursal,
por cualquiera de los acreedores del deudor. En este caso el concurso
recibe el nombre de concurso necesario.
Sin embargo,
el artículo 3.2 establece una excepción en cuanto a la expresión
"cualquiera de sus acreedores", y precisa que "no está
legitimado el acreedor que, dentro de los seis meses anteriores a la presentación
de la solicitud, hubiera adquirido el crédito por actos ínter
vivos y a título singular, después de su vencimiento".
Con ello pretende la Ley evitar los abusos y fraudes que podrían
producirse mediante la adquisición de los citados créditos
por parte de personas que no han tenido ninguna relación con el
deudor.
Además,
y dado que como hemos visto, también puede declararse el concurso
de la herencia, el artículo 3.4 de la Ley señala que también
pueden instar el concurso los acreedores del deudor fallecido, los herederos
de éste y el administrador de la herencia. Por último, señalar
que el acreedor puede instar la declaración judicial conjunta de
concurso de varios de sus deudores, si existe confusión de patrimonios
de los mismos o, siendo personas jurídicas, si forman parte del
mismo grupo empresarial, con identidad sustancial de sus miembros y si
se de una unidad en cuanto a la toma de decisiones.
En cuanto
a los requisitos de fondo de la solicitud de declaración de concurso
instada por el acreedor, el artículo 2.4 de la Ley señala
que la misma debe fundarse bien en un "título por el cual
se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen
bienes libres bastantes para el pago"; o bien, y de forma alternativa,
en la existencia de alguno de los siguientes hechos:
1º El
sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
2º La
existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera
general al patrimonio del deudor.
3º El
alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes
por el deudor.
4º El
incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes:
las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses
anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad
Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante
el mismo período, las de pago de salarios e indemnizaciones y demás
retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes
a las tres últimas mensualidades".
Por lo que
se refiere a los aspectos formales de la solicitud, la misma deberá
expresar el origen, la naturaleza, el importe, las fechas de adquisición
y vencimiento y la situación actual de su crédito. La ley
exige además que se acompañe a la solicitud el documento
acreditativo del crédito que se ostenta frente al deudor cuyo concurso
se insta.
Por último,
también se expresarán en la solicitud los medios de prueba
de que se valga o pretenda valerse el solicitante para acreditar los hechos
en que se fundamente la solicitud de concurso; no siendo suficiente, por
sí sola la prueba testifical.
Dpto.
Jurídico de RCR, Proyectos de Software.
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