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La
nueva contabilidad europea: quedan menos de 6 meses
Albert
Torra Juanola (noticiasjurídicas.com)
La
Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación
mercantil en materia contable para su armonización internacional
con base en la normativa de la Unión Europea, (BOE de 5 de julio
de 2007), establece las nuevas normas contables que deberán aplicar
las empresas, en concreto la novedad en todo este proceso armonizador
de las normas contables fue el Reglamento (CE) N.º 1606/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, que incluyen
las "Normas Internacionales de Contabilidad" en sentido estricto
(NIC), las actuales "Normas Internacionales de Información
Financiera" (NIIF), así como las interpretaciones de unas
y otras.
El artículo
4 del mencionado reglamento comunitario ya establecía que para
las empresas que cotizaran en bolsa y presentasen cuentas consolidadas,
era obligatorio adaptarse a dichas normas contables el 1 de enero de 2005,
siendo voluntario para el caso de no cotizar en bolsa, permitiendo también
que los Estados fijaran la obligación de presentar la contabilidad
en dicha forma para otras empresas.
La mencionada
Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2008 y será aplicable
a los ejercicios que se inicien desde esa fecha.
Dicha norma
dará pie a múltiples artículos que comentaran muchos
de sus aspectos, incluso los que deben ser desarrollados reglamentariamente
en los próximos meses. En este primer articulo queremos hacer solo
una introducción muy general de la mencionada ley.
Los nuevos
documentos que componen las cuentas anuales son un estado que recoja los
cambios en el patrimonio neto (ECPN), y un estado de flujos de efectivo
(EFE), que a diferencia de aquél solamente deberá formularse
por las empresas que no puedan formular balance, ECPN y memoria abreviados.
La cuenta
de pérdidas y ganancias continúa siendo el documento que,
con carácter general, recoge los ingresos y gastos del ejercicio.
El ECPN
estará formado por dos partes:
La primera,
comprenderá el resultado del ejercicio (saldo de la cuenta de pérdidas
y ganancias), y los ingresos y gastos que deban imputarse directamente
al patrimonio neto.
La segunda,
recogerá las variaciones en el patrimonio neto de la empresa, incluidas
las originadas por las transacciones con los socios o propietarios de
la misma cuando actúen como tales.
A efectos
de la obligación de formular cuentas anuales e informe de gestión
consolidados el grupo queda configurado como aquellas situaciones en las
que una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el
control sobre las demás, alejándose del criterio mantenido
hasta ahora.
Se definen
las sociedades asociadas estableciéndose la presunción general,
salvo prueba en contrario, de que existe influencia significativa sobre
otra sociedad, que se calificará como asociada, cuando se posea
una participación de, al menos, el 20 por ciento de sus derechos
de voto.
Las normas
contables afectan a todo tipo de empresas, sea cual sea la forma jurídica:
SA, SL, Cooperativas,...
Los administradores
de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo
de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas
anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación
del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de
gestión consolidados.
Las cuentas
anuales comprenderán:
- el balance,
- la cuenta de pérdidas y ganancias,
- un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio
(ECPN),
- un estado de flujos de efectivo (no será obligatorio en los casos
del 175.4 LSA), y
- la memoria.
Art. 175.
Balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados (ECPN).
1.
Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto
abreviados las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan,
a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias
siguientes:
- Que el
total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos
cincuenta mil euros (2.850.000 €);
- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco
millones setecientos mil euros (5.700.000 €);
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio
no sea superior a cincuenta (50);
Las sociedades
perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios
consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo
anterior.
Art. 176.
Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
1.
Podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada
las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan,
a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias
siguientes:
- Que el
total de las partidas de activo no supere los once millones cuatrocientos
mil euros (11.400.000 €);
- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós
millones ochocientos mil euros (22.800.000 €);
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio
no sea superior a doscientos cincuenta (250 €).
Las sociedades
perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios
consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo
anterior.
La nuevas
normas contables originarán un cambio fundamental en la calificación
económico-contable de algunos instrumentos financieros utilizados
por las empresas españolas para obtener los recursos necesarios
para el desempeño de su actividad. En particular, determinadas
acciones rescatables, acciones o participaciones sin voto, leasings, etc.,
ya que no se atiende principalmente a su aspecto jurídico, sino
su finalidad económica.
Mención
especial requiere el nuevo tratamiento contable previsto para el fondo
de comercio ya que, desde ahora, el fondo de comercio no se amortiza,
contabilizándose al cierre de cada ejercicio al coste menos cualquier
pérdida por deterioro del valor acumulada. El Impuesto de Sociedades
también se ha reformado para adaptarse a las normas contables y
solo a los efectos fiscales el fondo de comercio se seguirá depreciando,
aunque no lo sea a efectos contables.
Se prevé
la posibilidad de no imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias,
ingresos y gastos que hasta la fecha sí contribuían a la
formación del resultado del ejercicio, así como la de imputar
directamente al patrimonio neto gastos que hasta la fecha se imputaban
a la cuenta de resultados y plusvalías latentes que hoy en día
no tenían reflejo contable.
Se dictan
normas para actualizar el valor catastral de determinados inmuebles. Se
deroga el régimen simplificado de contabilidad y, a cambio se prevee
que el Gobierno apruebe un Plan General de Contabilidad de la Pequeña
y Mediana Empresa, que dentro del marco del Plan General de Contabilidad,
reducirá sus contenidos, así como podrá incluso simplificar
algunos criterios valorativos teniendo en consideración la normativa
que la Unión Europea pueda, en su caso, haber aprobado al respecto,
pero mientras no se apruebe dicho Plan, deben de aplicarse las normas
contenidas en la presente ley (aunque en su aspectos abreviado), estando
pendientes del reglamento y demás normas desarrolladoras de las
partidas contables concretas, que se irán produciendo en los próximos
meses.
Obligatoriamente
a fecha 1 de enero de 2008, todas las empresas deberán realizar
un balance aplicando las presentes normas contables.
Vivir
de las rentas a partir de los 65 años
Más
de 1.000 jubilados con casa perciben ya una 'pensión' por ella.
RAQUEL
DÍAZ GUIJARRO (cincodias.com)
Con demasiada
frecuencia en las grandes ciudades es habitual conocer a jubilados que
viven en casas de su propiedad bien situadas y equipadas, pero que a duras
penas logran mantener con los ingresos que les reporta su pensión
pública. 'Son ricos en patrimonio, pero casi no pueden hacer frente
a los gastos de cada mes', explica Amadeu Guarch, subdirector de Caixa
Terrassa.
Para paliar esta situación y antes incluso de que las autoridades
vieran la necesidad de legislar al respecto, entidades financieras como
Caixa Terrassa o Ibercaja comenzaron a finales de 2005 a comercializar
lo que hoy se conoce como hipoteca inversa o pensión hipotecaria.
Para ser beneficiario de una renta de estas características sólo
hay que cumplir dos premisas fundamentales: tener una casa en propiedad
libre de cargas, que no necesariamente debe ser la residencia habitual,
y más de 65 años de edad.
El importe de la mensualidad se calcula según la edad de los contratantes
(normalmente todos los residentes en la casa sobre la que se suscribe
la hipoteca), el valor de la vivienda y en función de si se escoge
una renta vitalicia o por un periodo determinado. Si se opta por el pago
vitalicio, que es lo que recomiendan las entidades financieras, al formalizar
la operación se suscribe simultáneamente un seguro de cobertura,
cuya póliza se carga en el piso y oscila entre los 8.000 y 12.000
euros. 'El cliente, de esta forma, no tiene que satisfacer ninguna cantidad
en metálico', aclara Guarch. Gracias a ese seguro, si se consumiese
todo el valor de la vivienda con la percepción de las rentas mensuales,
entonces entraría en acción la póliza, que continuaría
pagando idéntica pensión mientras viviesen los beneficiarios.
Una vez que los contratantes fallecen, los herederos pueden hacer uso
de la vivienda liquidando las cantidades pagadas por el banco más
los intereses convenidos bien en metálico, bien suscribiendo un
préstamo hipotecario tradicional. 'Si deciden vender la propiedad,
nosotros les damos un plazo de un año para hacerlo', especifica
el subdirector de Caixa Terrassa.
La entidad catalana tiene ya suscritas más de 1.000 pensiones hipotecarias
con una renta media de 900 euros y, como era de esperar, la mayoría
de los titulares se corresponde con el colectivo al que iba destinada
esta nueva modalidad de renta periódica.
La edad media de los contratantes es de 75 años y el 25% mujeres
viudas. El 98% admite haberlo hecho para vivir mejor en su casa, mientras
el 2% restante asegura que necesita ingresos adicionales para pagar el
coste de la residencia donde tienen previsto trasladarse. 'Queremos que
exista un antes y un después en la vida de estas personas, que
a veces han tenido que vender para irse de alquiler', afirma Guarch.
Ingeniería financiera para llegar a fin de mes
El aumento de la esperanza de vida en el mundo desarrollado, unido al
descenso del número de hijos por mujer hace presagiar una situación
a medio y largo plazo en la que disminuirá drásticamente
la proporción de activos y pensionistas. Por ello, los expertos
llevan años reclamando medidas para reformar los sistemas públicos
de pensiones. Los Ejecutivos, entretanto, dilatan las medidas y aconsejan
a la población la suscripción de productos financieros complementarios
a la futura pensión. Las entidades bancarias, por su parte, vieron
la oportunidad de aprovechar el hecho de que España sea el país
de la UE con más porcentaje de propietarios para crear nuevos productos
en torno a la vivienda. Después de la iniciativa puesta en marcha
por Caixa Terrassa, el Gobierno está ultimando la reforma de la
ley hipotecaria con el fin de dar seguridad jurídica a estos nuevos
productos y ampliar el abanico de posibilidades para el ahorro y la inversión
a largo plazo.
No en vano se trata de un colectivo cada vez más numeroso que en
España en nueve años ha pasado de 6,5 millones a 7,52, según
los datos provisionales del INE para este año. 'Dado el interés
que han mostrado muchos de nuestros clientes incluso a partir de los 60
años, estamos ideando un producto puente parecido que se suscriba
con cargo al ahorro del titular, que no pague impuestos y luego enlace
con la pensión hipotecaria', señala Amadeu Guarch.
Cómo se calcula la mensualidad
La edad del titular de la pensión es una de las variables claves
para calcular el importe de la renta. A los menores de 65 años
no suele compensarles.
El valor de la vivienda también es fundamental a la hora de establecer
la renta a cobrar. Están descartadas los chalets y villas de lujo.
El plazo de la hipoteca inversa puede ser acotado a un número de
años o hasta el fallecimiento del titular.
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CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
11/06/2007
(V1197/07)
DESCRIPCION-HECHOS
El consultante
conjuntamente con dos hermanos heredó una vivienda en el año
1994.
En el año 2005, decidieron emprender un proyecto para la edificación
de seis viviendas sobre el suelo heredado. Su intención es construir
una vivienda para cada hermano y vender las tres restantes.
Para ello, iniciaron una actividad económica de forma conjunta
constituyendo una comunidad de bienes, aportando la casa por un valor
de 42.000 euros. Asimismo, se dieron de alta en la actividad económica
matriculándose en el correspondiente epígrafe del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
CUESTION-PLANTEADA
Si en el
IRPF se produciría una ganancia patrimonial por el importe de la
venta correspondiente al suelo y otra por la derivada de la promoción
inmobiliaria.
Si se devengaría IVA en la entrega de las viviendas por parte de
la comunidad de bienes.
CONTESTACION-COMPLETA
PRIMERO.
En relación con el Impuesto la Renta de las Personas Físicas:
El artículo
27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes
y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), señala que:
“Se considerarán rendimientos íntegros de actividades
económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del
capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte
del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de
producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad
de intervenir en la producción o distribución de bienes
o servicios.
En particular,
tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas,
de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas
las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras,
de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales,
artísticas y deportivas.”
La promoción
inmobiliaria de viviendas para su posterior venta a terceras personas
por parte del promotor constituye una actividad económica, la de
promoción inmobiliaria, en la que las viviendas tienen la consideración
de existencias y, en consecuencia, su transmisión generará
rendimientos de la actividad económica, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo anteriormente trascrito. El valor del terreno formará
parte del coste de las existencias a efectos de la determinación
del rendimiento neto de la actividad.
El apartado
4 del artículo 28 de la Ley del Impuesto dispone, respecto a la
determinación del rendimiento neto de actividades económicas,
que "se atenderá al valor normal en el mercado de los bienes
o servicios objeto de la actividad, que el contribuyente ceda o preste
a terceros de forma gratuita o destine al uso o consumo propio".
Añadiendo además que "cuando medie contraprestación
y ésta sea notoriamente inferior al valor normal en el mercado
de los bienes y servicios, se atenderá a este último".
En consecuencia,
la comunidad de bienes se imputará como rendimiento íntegro
de la actividad desarrollada el valor normal en el mercado de las viviendas
adjudicadas a cada uno de sus miembros, ya que se trata de un caso de
autoconsumo de bienes.
SEGUNDO.
En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido:
1.- El artículo
4.uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido (BOE del 29), establece que “estarán sujetas
al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas
en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales
a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en
el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se
efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o
partícipes de las entidades que las realicen”.
El artículo 5.uno.a) de la misma Ley señala que se reputarán
empresarios o profesionales a las personas o entidades que realicen las
actividades empresariales o profesionales, definidas en el apartado siguiente
de dicho precepto como “las que impliquen la ordenación por
cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o
de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción
o distribución de bienes o servicios”. En particular, continúa
dicho precepto, “tienen esta consideración las actividades
extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios,
incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas,
pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones
liberales y artísticas”.
El mismo
artículo 5.uno establece expresamente en su letra d) que se reputarán
empresarios o profesionales a quienes “efectúen la urbanización
de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación
de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación
o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente”.
Por su parte,
el artículo 84.tres de la Ley 37/1992 establece que “tienen
la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades que, careciendo de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible
de imposición, cuando realicen operaciones sujetas al Impuesto”.
2.- En consecuencia
con los indicados preceptos, una comunidad de bienes que realiza una actividad
empresarial o profesional adquiere la condición de empresario y,
en consecuencia, es sujeto pasivo del Impuesto por las entregas de bienes
o prestaciones de servicios que realice independientemente de que sus
miembros, comuneros o partícipes, individualmente considerados,
tuvieran en su caso dicha condición.
El artículo
8.dos.2º de la Ley 37/1992 dispone que se considerarán entregas
de bienes “las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos
pasivos del Impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o profesional
a sociedades o comunidades de bienes o a cualquier otro tipo de entidades
y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de liquidación
o disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio
de la tributación que proceda con arreglo a las normas reguladoras
de los conceptos "actos jurídicos documentados" y "operaciones
societarias" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados”.
Por todo
ello, la comunidad de bienes constituida por la propiedad indivisa de
terreno edificable en el que se va a promover la construcción de
un edificio de viviendas para la posterior adjudicación a los comuneros
y a terceras personas, tiene la consideración de empresario o profesional
y es sujeto pasivo del Impuesto por la entrega de cada vivienda, finalizada
su construcción.
Dichas entregas estarán, en todo caso, sujetas y no exentas del
Impuesto, al tener la consideración de primera entrega, tanto si
el destinatario de las mismas es uno de los hermanos copropietarios del
terreno en el que se han construido, como si es un tercero ajeno a dicha
comunidad de bienes.
3.- A los
efectos del cálculo de la base imponible de la entrega de las viviendas,
habrá de tomarse en consideración lo dispuesto por el artículo
79.cinco de la Ley 37/1992, conforme al cual:
“Cinco.
Cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una
operación, su base imponible será su valor normal de mercado.
La vinculación podrá probarse por cualquiera de los medios
admitidos en derecho. Se considerará que existe vinculación
en los siguientes supuestos:
(…)
e) En las
operaciones realizadas entre una entidad que sea empresario o profesional
y cualquiera de sus socios, asociados, miembros o partícipes.
Esta regla
de valoración únicamente será aplicable cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el destinatario de la operación no tenga derecho a deducir
totalmente el impuesto correspondiente a la misma y la contraprestación
pactada sea inferior a la que correspondería en condiciones de
libre competencia.
b) Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes
o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la
regla de prorrata y, tratándose de una operación que no
genere el derecho a la deducción, la contraprestación pactada
sea inferior al valor normal de mercado.
c) Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de bienes
o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando la
regla de prorrata y, tratándose de una operación que genere
el derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea
superior al valor normal de mercado.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por valor normal de mercado
aquél que, para adquirir los bienes o servicios en cuestión
en ese mismo momento, un destinatario, en la misma fase de comercialización
en la que se efectúe la entrega de bienes o prestación de
servicios, debería pagar en el territorio de aplicación
del Impuesto en condiciones de libre competencia a un proveedor independiente.
Cuando no exista entrega de bienes o prestación de servicios comparable,
se entenderá por valor de mercado:
a) Con respecto
a las entregas de bienes, un importe igual o superior al precio de adquisición
de dichos bienes o bienes similares o, a falta de precio de compra, a
su precio de coste, determinado en el momento de su entrega.
b) Con respecto a las prestaciones de servicios, la totalidad de los costes
que su prestación le suponga al empresario o profesional.
A efectos de los dos párrafos anteriores, será de aplicación,
en cuanto proceda, lo dispuesto en el artículo 16 del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo”.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
11/06/2007
(V1198-07)
DESCRIPCION-HECHOS
Matrimonio
en separación de bienes adquiere su vivienda habitual en la proporción
del 75% el consultante y 25% su cónyuge. Financian la adquisición
mediante préstamo hipotecario a favor de los dos respondiendo de
forma solidaria en calidad de titulares; manifiesta que cada uno destina
recursos propios para satisfacer las cuotas de amortización en
la misma proporción en la que son propietarios, y no por partes
iguales.
CUESTION-PLANTEADA
Cantidades
satisfechas vinculadas con el préstamo por las que puede practicar
deducción cada uno de los propietarios.
CONTESTACION-COMPLETA
La deducción
por inversión en vivienda habitual se recoge, actualmente, en los
artículos 68.1 y 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF) (BOE de 29 de noviembre),
siendo el primero de ellos, concretamente en su número 1º,
letra a), donde se establece la configuración general de la deducción
estableciendo que, con arreglo a determinados requisitos y circunstancias,
“los contribuyentes podrán aplicar una deducción por
inversión en su vivienda habitual”. Dicha deducción
se aplicará sobre “las cantidades satisfechas en el período
de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la
vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual”
de los mismos.
Así
mismo, dispone la formación de la base de deducción, en
los siguientes términos: “La base máxima de esta deducción
será de 9.015 euros anuales y estará constituida por las
cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación
de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo
del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización,
los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de
tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados
en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre,
de medidas de reforma económica, y demás gastos derivados
de la misma. En caso de aplicación de los citados instrumentos
de cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se minorarán
en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado instrumento”.
Cuando en
la inversión se utilice financiación ajena, la deducción
se practicará a medida que se vaya devolviendo el principal y se
abonen, en su caso, los correspondientes intereses.
Conforme con tal regulación, cabe afirmar que el beneficio fiscal
por inversiones destinadas a la adquisición de la vivienda habitual
está ligado a la titularidad, aunque sea compartida, del pleno
dominio del inmueble, circunstancia que en el presente caso concurre en
el consultante, al adquirir un 75 por ciento, y en su cónyuge,
que adquiere el 25 por ciento restante. De constituir la residencia habitual
de ambos, como es el caso, cada uno podrá practicar la deducción
en función de los importes que en cada periodo impositivo destine
a satisfacer la adquisición del porcentaje de titularidad que en
pleno dominio le corresponde, en los términos y condiciones que
establece la normativa del Impuesto.
El emplear
financiación ajena consistente en un préstamo hipotecario
en el que constan como prestatarios tanto el consultante como su mujer,
sin una mayor concreción, implica entender, desde un punto de vista
jurídico, que el pago de las distintas cuotas de amortización,
así como los gastos inherentes a su concesión y cancelación
se satisfacen por ambos por partes iguales, con independencia de la procedencia
de los fondos destinados a tal fin y de la forma en que cada uno responde
respecto del préstamo. Los dos figuran como deudores por partes
iguales.
Debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 1205 del Código
Civil “la novación, que consiste en sustituirse un nuevo deudor
en lugar del primitivo, puede hacerse sin el conocimiento de éste,
pero no sin el consentimiento del acreedor“. La acreditación
de que el consultante ingresa el 75 por ciento de cada uno de los importes
a satisfacer por el préstamo hipotecario no supone la acreditación
de que éste se haya convertido en prestatario de las tres cuartas
partes del mismo. Para poder considerar que el consultante ha satisfecho
el 75 por ciento de cada uno de los pagos se le debería considerar
prestatario en la equivalente proporción y, por tanto, se debería
acreditar el consentimiento del acreedor en la sustitución de los
deudores.
Teniendo el préstamo bancario como único objetivo cubrir
parte de los costes de adquisición de la vivienda, el consultante
únicamente tendrá derecho a aplicar la deducción,
en calidad de propietario, por la mitad de las cantidades que en cada
momento se satisfagan relacionados con éste, es decir, por la participación
que le corresponde en dicho préstamo; siempre que acredite su pago.
En principio, si satisficiera, además, un 25 por 100 adicional,
hasta alcanzar el 75 por ciento, se crearía un crédito a
su favor, siendo deudora su mujer.
Para que
pueda considerar con derecho a deducción (la cantidad que representa
éste exceso del 25 por ciento sobre la mitad indivisa del préstamo),
alcanzando así a la totalidad de las cantidades que, tendentes
a satisfacer la deuda que por su parte indivisa le corresponde de la vivienda,
deberá acreditar que su mujer le entregó en préstamo
la mitad del cincuenta por ciento del capital a ella concedido por la
entidad financiera (el 25 por ciento de la totalidad de dicho préstamo),
pactando el mismo tipo de interés acordado con la entidad y el
cubrir la parte proporcional de todos los gastos inherentes al préstamo.
Con carácter general, al reintegrarle el préstamo podrá
el consultante beneficiarse de la deducción, pues está abonando
cantidades para la adquisición de su vivienda habitual.
En el presente
caso, y de ésta manera, el consultante tendrá derecho a
la deducción, respecto del préstamo que le ha concedido
su mujer a medida que satisfaga la deuda contraída con ésta,
hecho que puede producirse coincidiendo a medida que ambos satisfagan
los pagos vinculados con el préstamo, atribuyéndose él
el 75 por ciento (una tercera parte en calidad de devolución del
préstamo concedido por su mujer) y su mujer el 25 por ciento restante.
Por su parte,
la mujer del consultante podrá practicar deducción, exclusivamente,
por la parte que del crédito hipotecario (su 50 por ciento) le
corresponda pagar en función del porcentaje de titularidad que
ostenta sobre la vivienda (el 25 por ciento), pues la otra parte que paga
procede de la devolución por parte de su esposo del crédito
concedido previamente al mismo.
La citada
acreditación, así como la conexión con el préstamo
de la entidad, su destino y la justificación de su devolución,
deberá efectuarse utilizando cualquiera de los medios de prueba
generalmente admitidos en derecho, correspondiendo la valoración
de las pruebas aportadas a los órganos de gestión e inspección
de la Administración Tributaria. No obstante, conviene recordar
la prevalencia que los Tribunales otorgan a los documentos públicos
sobre los privados.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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COMENTARIOS
AL REAL DECRETO 439/2007, DE 30 DE MARZO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Este
comentario trata de resaltar las principales novedades introducidas por
el nuevo Reglamento del IRPF en desarrollo de la Ley.
Novedades que en la mayoría de los casos habremos de plantearnos
en el momento de realizar la declaración de la renta del año
2007, que como alguna otra vez hemos reflejado desde estos texto, es necesario
hacerla, preverla, estimarla, ..., antes de 31 de diciembre, para poder
tomar decisiones que nos permitan ahorrar, antes de finalizar la fecha
de devengo del Impuesto.
RENTAS
EXENTAS:
- Los rendimientos percibidos por trabajos realizados en el extranjero
que desarrolla el artículo 7 p) de la LIRPF, se aclara en relación
a su exención, cuándo se entiende, en las operaciones entre
entidades vinculadas, que los trabajos se han realizado para una entidad
no residente (cuando pueda considerarse que se ha prestado un servicio
intragrupo, es decir, el servicio produce ventaja o utilidad para la entidad
destinataria).
- Se establece la exención de las becas de estudio y formación
de investigadores estableciéndose por una parte, los requisitos
que deben concurrir en las convocatorias (principios de mérito,
capacidad, generalidad y no discriminación en las condiciones de
acceso y publicidad) y, por otra, el importe máximo exento, que
oscila desde los 3.000 euros, con carácter general, hasta los 21.600
euros si se trata de estudios de tercer ciclo realizados en el extranjero.
- Las ayudas exentas para los deportistas de alto nivel se duplican pasando
de los anteriores 30.050 euros a los actuales (tras la reforma Reglamentaria)
60.100 euros.
RENDIMIENTOS
DEL TRABAJO:
- El salario medio anual del conjunto de contribuyentes, se fija en 21.300
euros para 2007.
- Los gastos deducibles por cuotas satisfechas a Sindicatos y Colegios
Profesionales, se elevan de 300,51 a 500 euros anuales.
- Se eleva de 7,81 euros a 9 euros el límite diario exento cuando
se utilicen fórmulas indirectas de prestación del servicio
de comedor por parte de las empresas, introduciendo entre las mismas las
tarjetas-restaurante y demás medios electrónicos de pago.
Ya no es posible acumular la cuantía no consumida un día
a otro día, obligando a la empresa a reflejar junto al día
de entrega del vale y su numeración, el importe nominal del mismo.
- Desaparecen los porcentajes de reducción (40% ó 75%) para
determinadas prestaciones de previsión social.
RENDIMIENTOS
DEL CAPITAL MOBILIARIO:
Se suprime
(porque así lo hacía ya la Ley del Impuesto) la reducción
del 40 % en los rendimientos de capital mobiliario que forman parte de
las rentas del ahorro, tributando en consecuencia a un tipo fijo del 18%.
RENDIMIENTOS
DEL CAPITAL INMOBILIARIO:
Se desarrolla
la reducción del 100% de los rendimientos de alquiler de vivienda
a jóvenes, estableciéndose la obligación del inquilino
de presentar al arrendador una comunicación donde, entre otros
datos, consigne el número de días del año que tuvo
entre 18 y 35 años y que manifieste que obtuvo en el período
anterior unos rendimientos del trabajo y de actividades económicas
superiores al IPREM. Dicha comunicación deberá entregarla
antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente a aquel en que deba surtir
efectos.
RENDIMIENTOS
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
Se desarrollan
los requisitos para que empresarios o profesionales puedan reducir sus
rendimientos de manera similar a las reducciones existentes para las rentas
del trabajo. Así, para aplicarse esta reducción no se pueden
percibir rendimientos del trabajo, no obstante se excepciona la percepción
de prestaciones por desempleo o prestaciones pasivas con un máximo
de 4.000 euros anuales.
GANANCIAS
Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES:
Tanto para
la aplicación de la exención por transmisión de la
vivienda habitual por mayores de 65 años o personas en situación
de dependencia severa o gran dependencia (de conformidad con la Ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia), como para la exención
por reinversión en vivienda habitual, se permite considerar como
vivienda habitual aquélla que reúna tal condición,
no sólo en el momento de la venta, sino también hasta dos
años antes de fecha de transmisión. De esta forma, se permite
que el contribuyente pueda dejar de residir efectivamente en dicha vivienda
(trasladándose, por ejemplo, a una residencia) disponiendo de un
plazo adicional para su venta sin la pérdida de la correspondiente
exención.
DEDUCCIONES:
El RIRPF
aclara, en relación a la deducción por adquisición
de vivienda habitual, que según la Ley permite la deducción
por el cónyuge divorciado o separado que siga pagando la vivienda
en la que ya no vive pero lo hacen su anterior cónyuge con los
hijos, que también podrá deducirse por las cantidades invertidas
en la adquisición de la vivienda que él adquiera para sí,
siendo el límite único de 9.015 euros para las dos inversiones.
PAGOS
A CUENTA:
A partir
de 21 de abril deberá aplicarse la nueva retención a cuenta
del 1% sobre los rendimientos íntegros de determinadas actividades
económicas relacionadas con la construcción, transporte
de mercancías o algunas actividades de fabricación y artes
gráficas si los empresarios determinan el rendimiento neto en estimación
objetiva, de tal forma que dichos empresarios, en caso de determinar sus
rendimientos netos en estimación directa, para no ser retenidos
deben comunicarlo al pagador y éste queda eximido de la obligación
de retener.
Departamento
Fiscalidad de RCR, Proyectos de Software.
LA
ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS (II)
En esta
segunda parte del artículo continuamos analizando los diferentes
tipos de acuerdos que pueden adoptarse en una Comunidad es en función
del quórum y de las mayorías necesarios para su aprobación.
Acuerdos que requieren mayoría simple de votos para ser aprobados:
Dice el
apartado 3º del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal
que "Para la validez de los demás acuerdos bastará
el voto de la mayoría del total de propietarios que, a su vez,
representen la mayoría de las cuotas de participación.
En segunda
convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la
mayoría de los asistentes, siempre que éste represente,
a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes".
Se puede
observar de la transcripción de este artículo, como al igual
que sucedía con los acuerdos que requerían una mayoría
cualificada de votos (o quórum cualificado) para ser aprobados,
en estos acuerdos también se exige doble quórum, de número
de votos y de cuotas de participación, distinguiendo además,
según el acuerdo vaya a ser adoptado en primera o en segunda convocatoria.
Así,
la exigencia de esta mayoría significa que, si por ejemplo se trata
de un edificio de 10 pisos, en el que cada uno de dichos pisos tiene una
cuota de participación de un 10 % la mayoría requerida para
estos acuerdos se conseguirá con el voto favorable de seis de los
propietarios, los cuales en este caso, además sumarán la
mayoría de cuotas de participación en total un 60 %.
Si, por
el contrario, tenemos un edificio formado por 10 pisos, los cuales tienen
las siguientes cuotas de participación:
a)
Los dos primeros, tienen cada uno una cuota de un 5 %.
b) Los dos segundos, tienen una cuota, también, de un 5
%.
c) Los dos terceros tienen cada uno una cuota del 10 %.
d) Los dos cuartos también tienen cada uno una cuota de
un 10%.
e) Por último, los dos quintos tienen cada uno una cuota
del 20 %.
Todas esas cuotas suman el 100 %.
En este
caso, para la aprobación del acuerdo (estamos hablando de momento
para su aprobación en primera convocatoria), no bastaría,
por ejemplo que votaran a favor los propietarios de los dos primeros,
dos segundos y dos terceros (que sumarían la mayoría en
cuanto al número de votos, pues serían 6), pues no suman
la mayoría de cuotas de participación (sumarían un
40 %), de modo que sería necesario algún voto más,
como por ejemplo el de uno de los propietarios del quinto piso, pues la
suma del 40 % de cuotas que teníamos más el 20 % del piso
5º, sumarían 60 %, obteniendo así la mayoría
requerida.
En cuanto
a la segunda convocatoria, se requiere para la aprobación de los
acuerdos la mayoría de los asistentes a la Junta (no el voto de
la mayoría del total de propietarios) que a su vez represente más
de la mitad del valor de cuotas de los presentes.
Siguiendo el sencillo ejemplo visto anteriormente del edificio de 10 pisos
en el que cada uno tenía una cuota de participación de un
10 %, supongamos que a la Junta asisten 8 propietarios (sumarían
un total de cuotas del 80 %), de forma que para aprobar el acuerdo será
necesario el voto a favor de al menos 5 de propietarios y que en este
caso además representarán más de la mitad del valor
de las cuotas de los presentes, pues sumarán un total del 50 %.
En cuanto
al tipo de acuerdos que van a requerir esta mayoría "simple"
para ser aprobados, del texto del artículo expuesto al principio
se desprende que serán todos aquellos que no requieran la unanimidad
o el quórum cualificado. Así, podemos citar como ejemplos
los acuerdos sobre aprobación de cuentas y presupuestos, acuerdos
sobre obras ordinarias y extraordinarias, sobre el funcionamiento de servicios,
establecimiento de normas de comportamiento, etc ...
Especial
referencia a los acuerdos relativos a mejoras y nuevas instalaciones o
servicios
Señala
la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 11 que ningún
propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras,
es decir, que es necesario e imprescindible que esas obras sean acordadas
por la Junta de Propietarios.
En relación
con estos acuerdos, si bien en excepcionales ocasiones, podrá requerirse,
por la Junta, la unanimidad de todos los propietarios para su aprobación,
en función de la importancia de dicho acuerdo, será mayoría
cualificada de votos (tres quintas partes del total de los propietarios
que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación)
la que se exija y en otras muchas ocasiones, será la mayoría
simple.
Entre estos
dos últimos supuestos, es decir, entre que el acuerdo sobre obras
de mejora o nuevas instalaciones o servicios sea aprobado por esa mayoría
cualificada o por mayoría simple, existe una importante diferencia.
Así, en el primer caso, el acuerdo será obligatorio para
todos los propietarios, los cuales deberán hacerse cargo de los
gastos que por dichas mejoras o nuevas instalaciones les corresponda.
Sin embargo,
cuando el acuerdo es adoptado por mayoría simple, y siempre que
el importe de su derrama (que es el gasto que implica para cada uno de
los propietarios) sea superior al importe de tres mensualidades de gastos
ordinarios, todos aquellos propietarios que hayan mostrado su disconformidad
en la Junta, estarán exentos de abonar su parte de gasto. Ello,
sin perjuicio de que en cualquier momento decidan participar en las ventajas
de la innovación, debiendo en este caso abonar su cuota en los
gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados
aplicando el correspondiente interés legal.
Los Acuerdos
de la Junta en la Ley de Propiedad Horizontal de Cataluña
La regulación
de los acuerdos de la Junta de Propietarios en el Código Civil
catalán es quizá la cuestión que más diferencias
presenta respecto de la regulación establecida en la normativa
estatal; y es por ello que hemos creído necesario dedicar a esta
cuestión unas líneas de este artículo.
La adopción
de acuerdos se regula en Cataluña en el Art. 553-25 del Código
Civil, que lleva a cabo importantes cambios que afectan, entre otras cuestiones,
al quórum de aprobación de los mismos. Es por ello que se
hace necesario analizar detalladamente este precepto.
En primer
lugar, el Art. 553-25.1 establece que sólo podrán aprobarse
acuerdos sobre asuntos que se encuentren incluidos en el Orden del Día.
Sin embargo, la normativa autonómica sí establece aquí
una diferencia con respecto a la normativa estatal; la Junta de Propietarios
sí puede, aunque ello no conste como asunto del Orden del Día,
acordar la remoción o destitución de los cargos de la Comunidad,
el inicio de acciones legales contra los mismos y el nombramiento de otras
personas para ocupar los citados cargos. Es decir, conforme a esta normativa
no sería necesario, como ocurre en la Ley estatal, convocar específicamente
una Junta Extraordinaria para llevar a cabo la remoción de los
cargos comunitarios.
En segundo
lugar, y ya en cuanto a lo que al quórum de adopción de
los acuerdos se refiere, es necesario detenernos en lo que, con toda certeza,
es la novedad más destacada de la regulación autonómica;
la reserva de la unanimidad para supuestos puntuales. En concreto, la
unanimidad se exige para la determinación y modificación
de las cuotas de participación, para la extinción del régimen
de propiedad horizontal por conversión en comunidad ordinaria,
para vincular elementos comunes a elementos privativos, para desafectar
el uso de un elemento común y vincularlo a uno privativo o transformarlo
en elemento privativo y para otorgar el Título Constitutivo cuando
existe más de un propietario en el momento de ser otorgado.
Así,
como puede comprobarse, aquellos acuerdos que, conforme a la normativa
estatal, requerían tradicionalmente unanimidad para su aprobación
pueden adoptarse en Cataluña sin necesidad de la misma; porque,
según señala el apartado 2 del Art. 553-25 del Código
Civil, sólo "es preciso el voto favorable de las cuatro quintas
partes de los propietarios, que deben representar las cuatro quintas partes
de las cuotas de participación, para adoptar acuerdos de modificación
del título de constitución y de los estatutos, salvo que
el título establezca otra cosa". Es decir, acuerdos tales
como la modificación del Título Constitutivo o de los Estatutos,
que en la norma estatal exigen unanimidad, pueden adoptarse en Cataluña
por mayoría de 4/5; y lo mismo ocurre con aquellos acuerdos sobre
innovaciones o reformas que afecten a la estructura o configuración
exterior del edificio; que en la norma estatal requieren unanimidad y
que en Cataluña pueden adoptarse válidamente por mayoría
de 4/5; conforme señala el Art. 553-25.3 del Código Civil.
Pero este
no es el único cambio introducido por la normativa catalana respecto
del quórum necesario para la adopción de acuerdos. El Apartado
5 a) del Art. 553-25 del Código Civil, que se refiere a las obras
y servicios destinados a la eliminación de barreras arquitectónicas
o a la instalación de ascensores, supone una rebaja del quórum
necesario para su aprobación respecto a la normativa estatal; pues
si la LPH estatal exige para la aprobación de este tipo de acuerdos
el voto favorable de la mayoría de propietarios, que suponga a
la vez la mayoría de cuotas de participación; el precepto
autonómico señala que "es suficiente el voto favorable
de la mayoría de los propietarios, que deben representar la mayoría
de las cuotas de participación, en primera convocatoria, o la mayoría
de las cuotas de los presentes y representados, en segunda convocatoria".
Es decir, cabe adoptar este tipo de acuerdos, en segunda convocatoria,
sólo con el voto favorable de la mayoría de los presentes
y representados, no de los propietarios; lo que supone una importante
flexibilización del quórum exigible.
Por último,
existe un tipo de acuerdos en los que, sin embargo, la norma catalana
sí ha endurecido el quórum necesario para su aprobación.
Nos referimos a aquellos acuerdos sobre la ejecución de las obras
necesarias para instalar infraestructuras comunes, para conectar servicios
de telecomunicaciones de banda ancha o para individualizar la medición
de los consumos de agua, gas o electricidad. En estos casos, el Código
Civil catalán exige, en el Art. 553-25.5, "el voto favorable
de la mayoría de los propietarios, que deben representar la mayoría
de las cuotas de participación, en primera convocatoria, o la mayoría
de las cuotas de los presentes y representados, en segunda convocatoria",
mientras que la Ley de Propiedad Horizontal estatal sólo requiere
el voto favorable de "un tercio de los integrantes de la comunidad
que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación".
En cuanto
al resto de acuerdos no mencionados aquí, el quórum de aprobación
queda igual que en la normativa estatal.
Por lo que
se refiere al cómputo de los votos, se hace necesario acudir al
Art. 553-26 del Código Civil de Cataluña, el cual no establece
variaciones reseñables respecto a la normativa estatal. Según
este artículo, no se computarán para el cálculo de
las mayorías los votos de los propietarios morosos, que no tendrán
derecho a votar. Se computarán los votos de los propietarios presentes,
representados y de los que hayan delegado su voto.
Además, y al igual que establece la normativa estatal, se computarán
también como votos favorables los que correspondan a los propietarios
que, debidamente convocados, no asistan a la reunión y no se opongan
posteriormente al acuerdo. En consecuencia con esto, señala también
la norma que los propietarios que no hayan asistido a la reunión
podrán oponerse a los acuerdos adoptados en el plazo de un mes,
contado desde la notificación de los mismos. La oposición
debe formularse por escrito y remitirse al Secretario/a de forma fehaciente.
Finalmente,
y en relación con los acuerdos de la Junta, debemos acudir al Art.
553-30 del Código Civil catalán; que señala que,
con carácter general, los acuerdos obligan y vinculan a todos los
propietarios, incluso a los disidentes. No obstante, y como excepción
a lo anterior, los acuerdos que se refieren a nuevas instalaciones o a
servicios comunes, si el valor total del gasto acordado es superior a
la cuarta parte del presupuesto anual de la Comunidad, no vincularán
a los propietarios disidentes. Y como consecuencia de lo anterior, el
apartado 4º del Art. 553-30 señala que los propietarios disidentes
no tendrán derecho de uso de esas instalaciones y servicios hasta
tanto no satisfagan el importe de las mismas, debidamente actualizado
conforme al IPC.
Departamento
Jurídico de RCR, Proyectos de Software.
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