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LA
PRIMERA APLICACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
A
partir del próximo 1 de enero, todas las empresas españolas
deberán aplicar por primera vez el Nuevo PGC en sus cuentas individuales.
Dadas las diferencias existentes con el PGC anterior, el de 1990, es relevante
conocer cómo se debe efectuar la primera aplicación. Para
ello, se exponen seguidamente los criterios incluidos en la disposición
transitoria primera del proyecto de Real Decreto por el que se ha de aprobar
el Nuevo PGC.
Aplicación
retroactiva del Nuevo PGC
Los criterios contenidos en el presente PGC deberán aplicarse de
forma retroactiva en el balance de apertura de 2008:
1ª. Deberán registrarse todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento
exige el PGC.
2ª. Deberán darse de baja todos los activos y pasivos cuyo
reconocimiento no está permitido por el PGC.
3ª. Deberán reclasificarse los elementos patrimoniales en
sintonía con las definiciones y los criterios incluidos en el PGC.
4ª. Todos los activos y pasivos deberán valorarse de conformidad
con las nuevas normas de registro y valoración incluidas en la
segunda parte del PGC. Se presumirá que las valoraciones existentes
conforme a los principios y normas vigentes en las cuentas de 2007 (último
ejercicio cerrado antes de la entrada en vigor de la Ley de reforma mercantil
en materia contable para su armonización internacional con base
en la normativa de la Unión Europea), son equivalentes a las incluidas
en el presente PGC, salvo las aplicadas a los instrumentos financieros
valorados por su valor razonable.
La contrapartida de los ajustes que deban realizarse en el balance de
apertura será una partida de reservas, con las excepciones que
se indican más adelante y salvo que, de acuerdo con los criterios
incluidos en el PGC, deban utilizarse otras partidas del patrimonio neto.
Excepciones
voluntarias a la aplicación retroactiva de los criterios del Nuevo
PGC
La empresa podrá aplicar las siguientes excepciones a la regla
general de aplicación retrospectiva:
1.
Las diferencias de conversión acumuladas que surjan en la primera
aplicación de la conversión de las cuentas anuales a la
moneda de presentación, podrán contabilizarse directa y
definitivamente en las reservas voluntarias.
2. Tampoco será obligatoria la aplicación retroactiva de
la norma de registro y valoración sobre transacciones con pagos
basados en instrumentos de patrimonio.
3. La empresa podrá designar en la fecha a que corresponda el balance
de apertura un instrumento financiero en la categoría de "Valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias"
siempre y cuando en dicha fecha cumpla los requisitos exigidos en los
apartados 2.3 ó 3.3 de la norma de registro y valoración
9ª "Instrumentos financieros".
Combinaciones
de negocios
En
la elaboración del balance de apertura, se tomarán en consideración
las siguientes reglas en relación con las combinaciones de negocios
realizadas con anterioridad a dicha fecha:
a)
Se reconocerán todos los activos adquiridos y pasivos asumidos
en esas combinaciones, con las siguientes salvedades:
1ª. Los activos, incluyendo el fondo de comercio, y los pasivos,
no reconocidos en el balance de la empresa adquirente de acuerdo con las
normas contables anteriores, y que tampoco cumplen todas las condiciones
para ello en las cuentas individuales de la empresa adquirida según
las normas del PGC.
En caso de que procediera el reconocimiento, los activos (diferentes del
fondo de comercio) y los pasivos, previamente no reconocidos, se valorarán
según los criterios del PGC que hubieran resultado de aplicación
en dicho momento en el balance individual de la empresa.
2ª. No obstante lo anterior, no se reconocerán los activos
financieros y pasivos financieros que se dieron de baja conforme a las
normas anteriores, según se señala en el apartado 5.a) de
esta disposición transitoria.
3ª. Como consecuencia de lo anterior cualquier cambio resultante
se cargará o abonará contra reservas, a menos que proceda
del reconocimiento de un inmovilizado intangible previamente incluido
en el fondo de comercio, en cuyo caso el ajuste se hará reduciendo
éste.
b) No se incluirán los elementos que no cumplan las condiciones
para su reconocimiento como activo o pasivo según las normas del
PGC, realizando los ajustes de la siguiente forma:
1º. Los inmovilizados intangibles reconocidos anteriormente que no
cumplan las condiciones de reconocimiento de la norma de registro y valoración
5ª "Inmovilizado intangible" se ajustarán en el
balance de apertura contra el fondo de comercio.
2º. El resto de los ajustes se realizará contra reservas.
c)
No se modificarán las valoraciones realizadas en los activos y
pasivos de las empresas participantes en la combinación de negocios,
salvo que en aplicación de las normas incluidas en este apartado
procediese el reconocimiento o baja de algún elemento patrimonial.
En particular, el valor contable de los activos intangibles que hubieran
sido reconocidos de acuerdo con los criterios anteriores y que tengan
una vida útil indefinida, será su valor en libros en la
fecha del balance de apertura, siendo de aplicación igualmente
lo dispuesto en la letra d) 6º. de este apartado.
d)
El importe del fondo de comercio será su importe en libros en la
fecha del balance de apertura, según las normas anteriores, tras
realizar los ajustes siguientes:
1º. Se reducirá o eliminará su valor en libros, si
lo exige la anterior letra a).
2º. Se incrementará su valor en libros cuando sea requerido
por la anterior letra b).
3º. Cuando una contingencia que afectase al importe de la contrapartida
de la compra en una combinación de negocios haya quedado resuelta
antes de la fecha del balance de apertura, se ajustará el fondo
de comercio por ese importe.
4º. Cuando un pasivo previamente reconocido no pueda ser valorado
de forma fiable en la fecha del balance de apertura, o si su pago no resulta
ya probable, se ajustará el valor en libros del fondo de comercio.
5º. La empresa aplicará la norma de registro y valoración
6.f) a partir de la fecha del balance de apertura, con independencia de
reconocer en dicha fecha, si procede, la pérdida por deterioro
resultante, mediante un ajuste a las reservas y sin ajustar la amortización
del fondo de comercio realizada con anterioridad.
6º. La amortización acumulada del fondo de comercio se dará
de baja contra el propio fondo de comercio. No obstante, en la memoria
de las cuentas anuales deberá indicarse el importe contabilizado
por la empresa en el momento en que se registró la combinación
de negocios.
Los ajustes anteriores para los activos y pasivos reconocidos afectarán
a los impuestos diferidos.
Prohibición
de la aplicación retroactiva de los criterios del Nuevo PGC
La aplicación retroactiva de los nuevos criterios está prohibida
en los siguientes casos:
a)
Si una empresa dio de baja activos o pasivos financieros no derivados,
conforme a las normas contables anteriores, no se reconocerán aunque
lo exija la norma de registro y valoración 9ª "Instrumentos
financieros", a menos que deban recogerse como resultado de una transacción
o acontecimiento posterior.
b) Las coberturas que no cumplan las condiciones para serlo no podrán
contabilizarse como tales, excepto si la empresa señaló
una posición neta como partida cubierta y, antes de la fecha del
balance de apertura, ha designado como partida cubierta una partida individual
de tal posición neta.
c) Estimaciones. En el balance de apertura, salvo evidencia objetiva de
que se produjo un error, las estimaciones deberán ser coherentes
con las que se realizaron en su día.
d) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos
para la venta y operaciones interrumpidas. La empresa aplicará
los nuevos criterios de forma prospectiva y a partir de la información
disponible en la fecha del balance de apertura.
Información
a incorporar en las cuentas anuales de 2008
En las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando el PGC, se deberá
incorporar la siguiente información:
1.
A efectos comparativos, la empresa incluirá el balance y la cuenta
de pérdidas y ganancias aprobados del ejercicio anterior. Asimismo,
en la memoria de estas primeras cuentas anuales, se creará un apartado
con la denominación de "Aspectos derivados de la transición
a las nuevas normas contables", en el que se incluirá una
explicación de las principales diferencias entre los criterios
contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así
como la cuantificación del impacto que produce esta variación
de criterios contables en el patrimonio neto de la empresa. En particular,
se incluirá una conciliación referida a la fecha del balance
de apertura.
No obstante, la empresa podrá presentar información comparativa
del ejercicio anterior adaptada al presente PGC, para lo cual preparará
un balance de apertura de dicho ejercicio precedente con arreglo a los
nuevos criterios y de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores
de esta disposición. En este caso, además de incluir una
explicación de las principales diferencias entre los criterios
contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, se cuantificará
el impacto que produce esta variación de criterios contables en
el patrimonio neto y en los resultados de la empresa. En particular, se
incluirá:
1º.
Una conciliación del patrimonio neto en la fecha del balance de
apertura del ejercicio precedente.
2º. Una conciliación del patrimonio neto y de los resultados
referida a la fecha de cierre del último ejercicio en que resultaron
de aplicación los criterios anteriores.
Las conciliaciones referidas en el presente apartado se realizarán
con el suficiente detalle como para permitir a los usuarios la comprensión
de los ajustes significativos como consecuencia de la transición.
b)
En cualquier caso, deberá suministrarse adicionalmente la siguiente
información:
1º.
El valor razonable de los activos financieros o pasivos financieros designados
en la categoría descrita en el apartado 3.c) de esta disposición,
así como su clasificación y valor contable en las cuentas
anuales cerradas en la fecha de transición.
2º. Si como consecuencia de los ajustes a realizar en la fecha de
transición se reconoce o revierte una pérdida por deterioro
del valor de los activos, la empresa deberá suministrar en la memoria
la información requerida sobre este aspecto en el PGC.
Fecha
de transición
La fecha de transición es la fecha del balance de apertura del
ejercicio en que se aplique por primera vez el presente PGC, salvo que
la empresa incluya información comparativa del ejercicio anterior
adaptada, en cuyo caso, será la fecha del balance de apertura de
dicho ejercicio anterior.
Oriol
Amat, catedrático de Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra,
de la importancia de la Disposición Transitoria Primera del Proyecto
de Real Decreto para aprobación de PGC 08.
LA
ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS (I)
Una de
las cuestiones que más quebraderos de cabeza provoca a todo aquel
que reside en una vivienda sujeta al régimen de propiedad horizontal,
y somos la mayoría, es, además del pago de las cuotas de
la Comunidad y de las temidas derramas, el saber si los acuerdos adoptados
en las reuniones de vecinos son válidos o, como se dicte técnicamente,
conforme a la Ley o ajustados a Derecho, y, en consecuencia, obligan a
los vecinos y hay que cumplirlos.
Por ello,
vamos a dedicar unas breves notas en los dos práximos números
de este boletín para analizar cómo se deben tomar los acuerdos
en las juntas de propietarios de una Comunidad para que éstos sean
válidos y puedan aplicarse y exigir su cumplimiento a todos los/as
vecinos/as.
Y la mejor
manera de analizar los diferentes tipos de acuerdos que pueden adoptarse
en una Comunidad es en función del quorúm y de las mayorías
necesarios para su aprobación.
Acuerdos
que requieren unanimidad para ser aprobados
Según
el párrafo primero del artículo 17.1 de la Ley de Propiedad
Horizontal, "1º. La unanimidad sólo será exigible
para la validez de los acuerdos que impliquen la aprobación o modificación
de reglas convenidas en el título constitutivo de la propiedad
horizontal o en los estatutos de la comunidad".
La unanimidad
exigida en estos casos para la aprobación de los acuerdos, se refiere
tanto a los propietarios presentes en la Junta como a los ausentes, es
decir, los que por determinadas circunstancias no han podido asistir a
ella; pero cuyos votos también deben ser computados.
Para llevar
a cabo el cómputo de los votos de los propietarios ausentes, se
deben notificar a éstos todos los acuerdos que hayan sido adoptados,
conforme al procedimiento que se establece en la Ley. Una vez notificados,
salvo que dichos propietarios manifiesten su postura en contrario en un
plazo de 30 días desde que reciban esta notificación, se
entenderá que su voto es favorable para la aprobación del
acuerdo y en tal sentido será computado.
En cuanto
al tipo de acuerdos que requieren de esta unanimidad para ser aprobados,
son, por ejemplo, los que pretendan la aprobación o modificación
del título constitutivo (quedan incluidos aquí, por lo tanto,
aquellos acuerdos que pretendan la modificación de las cuotas de
participación), la aprobación o modificación de los
Estatutos, la división o unión de pisos o locales (siempre
que supongan modificación de las cuotas de participación),
las reparaciones extraordinarias y alteraciones de la estructura del inmueble
o que afecten a elementos comunes, entre otros (la venta de la vivienda
del portero; por ejemplo). Asimismo, también se exigirá
unanimidad para la adopción del acuerdo de extinción del
régimen de Propiedad Horizontal.
No obstante,
dentro de esta categoría de acuerdos que requieren de la unanimidad
de los propietarios para poder ser aprobados, debemos realizar una distinción
más:
a) En primer
lugar, aquellos acuerdos respecto de los cuales será necesario
impugnarlos judicialmente si no queremos que sean llevados a cabo.
Aquí, quedarán encuadrados aquellos acuerdos que no van
a requerir el otorgamiento de escritura pública ni su inscripción
registral, así por ejemplo, podemos citar aquellos acuerdos en
virtud de los cuales se atribuya el uso privado de un elemento o zona
común (por ejemplo el uso exclusivo de las terrazas superiores
del inmueble por los propietarios de los áticos).
En estos casos, estos acuerdos no podrán ser anulados de oficio,
aún cuando hayan sido adoptados por la Junta de Propietarios sin
la unanimidad de votos exigida, sino que será necesario, para evitar
su ejecución, esto es, que se lleven a cabo, impugnarlos judicialmente
cuando concurran los requisitos y circunstancias que para que sea posible
dicha impugnación señala el artículo 18 de la Ley
de Propiedad Horizontal .
b) En segundo
lugar, aquellos acuerdos en los que bastará que indiquemos nuestra
postura negativa respecto de dicho acuerdo para evitar que sea llevado
a cabo, es decir, que la sola negativa de uno de los propietarios, sin
necesidad de que se acuda a la vía de la impugnación judicial,
impedirá que dicho acuerdo sea llevado a cabo.
En este tipo de acuerdos quedarían encuadrados aquellos que requieren
el otorgamiento de escritura pública y la inscripción registral.
Un ejemplo será lo que se denomina la desafectación de un
elemento común, como puede ser la desafectación del subsuelo
del edificio (elemento común) para la construcción de plazas
de garaje, de manera que cada piso o local tendrá una plaza independiente,
con su propia escritura y documentación independiente. Bien, pues
en estos casos, bastará que un único propietario manifieste
su postura en contrario para que dicho acuerdo no pueda ser desarrollado
ni llevado a cabo.
Acuerdos
que requieren mayoría cualificada de votos para ser aprobados
Los acuerdos
que requieren unos determinados tipos de mayorías vienen recogidos
en el apartados 1 del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Ahora bien, no todos los acuerdos que en dicho artículo se recogen
van a requerir el mismo tipo de mayoría de votos para ser aprobados,
sino que en función del tipo de acuerdo de que se trate se requerirá
un quórum determinado, es decir, un número de votos y un
porcentaje de cuotas de participación determinado.
Así, y siguiendo el propio guión del artículo 17,
debemos realizar las siguientes distinciones:
1.- En primer
lugar, nos vamos a encontrar con aquellos acuerdos que necesitarán,
para ser aprobados, el voto a favor de las tres quintas partes del total
de los propietarios, que a su vez deberán representar las tres
quintas partes de las cuotas de participación. Los acuerdos que
van a requerir este tipo de mayoría son los siguientes:
a) Los acuerdos
relativos a la instalación o supresión del ascensor.
b) Los acuerdos relativos al establecimiento o supresión de los
servicios de portería, conserjería y vigilancia.
c) El establecimiento, creación o supresión de cualquier
otro servicio que sea considerado de interés general.
d) Y asimismo,
los acuerdos relativos al arrendamiento de elementos comunes que no tengan
asignado un uso específico en el inmueble. (En este caso, si dicho
arrendamiento afectara de manera específica a alguno de los propietarios,
será necesario que la Junta obtenga, previamente, el consentimiento
expreso del propietario que se verá afectado). Un ejemplo de este
tipo de acuerdos puede ser el arrendamiento de la terraza del edificio
para instalación de anuncios publicitarios o de antenas de telefonía
móvil.
2.- En segundo
lugar, cuando el acuerdo en cuestión se refiera a la realización
de obras o establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por
finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten
el acceso o la movilidad a las personas con minusvalía, incluso
cuando dicho acuerdo suponga la modificación del título
constitutivo o de los Estatutos (recordemos que dicha modificación,
tratándose de cualquier otro tipo de acuerdos, determinaría
la necesidad de la unanimidad de los propietarios para ser aprobada);
requerirán, para ser aprobados, el voto favorable de la mayoría
del total de propietarios y que a su vez representen la mayoría
de las cuotas de participación. Se trata, a contrario de lo que
pudiera parecer, de un acuerdo que exige mayoría cualificada; al
exigir la Ley el voto mayoritario tanto de propietarios como de cuotas
de participación; sin que quepa su aprobación por sólo
por mayoría de asistentes, como sí ocurre en los acuerdos
contemplados en el artículo 17.3 de la Ley. Un ejemplo de este
tipo de acuerdos puede ser la colocación de una rampa de acceso
en la entrada o el portal del edificio.
Como se
puede observar, en los diferentes tipos de acuerdos enumerados, de forma
clasificada en este apartado, la Ley requiere para su aprobación
una mayoría especial denominada "mayoría cualificada".
Esta mayoría significa que, para que estos acuerdos sean aprobados
se va a requerir un quórum, por un lado de votos y por otro lado
de cuotas de participación. En cuanto al cómputo para la
obtención del quórum correspondiente, se aplicarán
las siguientes reglas:
a) En relación
con el número de votos, cada propietario tiene un voto, independientemente
de que tenga un solo piso, o tenga tres o cuatro, es decir, una unidad
por el piso, local, trastero, garaje, etc .... Así, por ejemplo,
si un edificio tiene 10 pisos, y resulta que de esos 10 pisos 5 pertenecen
a la misma persona, será como si en realidad el edificio sólo
tuviera 6 pisos, por lo que el cómputo de votos total será
de 6, es decir, que los 5 pisos de esa persona cuentan como una unidad
y el resto serán los pisos y locales del resto de propietarios
(los 5 restantes).
b) En cuanto
al quórum de cuotas de participación, se hace referencia
a las cuotas de participación asignadas en el título constitutivo.
Siguiendo el ejemplo anterior, supongamos que los 10 pisos tienen la misma
cuota de participación, esto es, un 10 %. Pues bien, cada uno de
los cinco propietarios de los cinco pisos, tendrá una cuota del
10 %. Por el contrario, el propietario de los cinco pisos, tendrá
una cuota de participación del 50 % (cuota del 10 % multiplicada
por 5 pisos).
La exigencia
de este doble quórum en las votaciones, va a determinar que, a
menos que los asistentes a la Junta de Propietarios reúnan el quórum
exigido en cada caso para la aprobación del acuerdo de que se trate,
se deberá notificar el mismo a los ausentes, es decir, a los que
no han asistido a la Junta para que, en un plazo de 30 días naturales,
manifiesten su postura en contra (o a favor) de la aprobación de
dicho acuerdo. En el caso de que transcurrido el mencionado plazo sin
que manifiesten ninguna postura al respecto, se entenderá que su
postura es a favor de su aprobación y se considerarán vinculados
a él.
Por último
señalar, en relación con este tipo de acuerdos que exigen
mayoría cualificada, que una vez son aprobados van a obligar a
todos los propietarios, hubiesen votado a favor o en contra, e independientemente
del coste o importe de la derrama (ello con la excepción vista
de la imposibilidad de repercutir el coste en los acuerdos sobre infraestructuras
comunes de telecomunicación y aprovechamiento de energías
respecto de los propietarios que hubiesen votado en contra).
Esto va
a significar que, todos los propietarios pertenecientes a la Comunidad
van a estar obligados a pagar lo que corresponda, en su caso, sin perjuicio
de que si se dan las circunstancias recogidas en el artículo 18
de la Ley de Propiedad Horizontal puedan impugnar judicialmente dicho
acuerdo.
Acuerdos
que exigen quórum de 1/3 de votos para su aprobación
En el apartado
2º del artículo 17 se regulan los acuerdos que va a requerir
el voto favorable de un tercio del total de los propietarios que a su
vez representen un tercio de las cuotas de participación; y son
aquellos acuerdos relativos a la instalación de infraestructuras
comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados
en el Real Decreto 1/1998, de 27 de Febrero, o la adaptación de
los existentes, así como la instalación de sistemas comunes
o privativos, de aprovechamiento de energía solar, o bien de las
infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos
colectivos, como por ejemplo, la instalación de antena parabólica
en la Comunidad o la instalación de gas natural.
En este
último tipo de acuerdos, señala la Ley de Propiedad Horizontal
que no se podrá repercutir el coste que estas instalaciones supongan,
así como tampoco los gastos que se deriven de su conservación
y mantenimiento, respecto de aquellos propietarios que, en la Junta en
la que el acuerdo sobre dicha instalación fue adoptado, no hubiesen
votado, de forma expresa a favor de dicho acuerdo.
En el supuesto
de que con posterioridad estos propietarios decidan acceder a estos servicios
de telecomunicaciones o suministros energéticos, previa solicitud
de autorización, deberán abonar el importe que en su momento
les hubiera correspondido, si bien en ese caso, actualizado dicho importe
y con aplicación del correspondiente interés legal.
Departamento Jurídico de RCR, Proyectos de Software.
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