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Expertos
esperan que el BCE retrase la subida de tipos prevista para septiembre
invertia.com EUROPA PRESS (16/08/2007)
El Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés un cuarto
de punto una vez más antes de que termine el año, aunque no será en su
reunión de septiembre, dada la situación actual de volatilidad de los
mercados que ha llevado a la institución a realizar inyecciones de liquidez
en cuatro ocasiones, según expertos consultados por Europa Press.
Continuar
Hasta
el 3,5% de las hipotecas concedidas por bancos españoles podría estar
en riesgo por la crisis
invertia.com EUROPA PRESS (19/08/2007)
Hasta el 3,5% del crédito concedido por las entidades bancarias a través
de hipotecas residenciales podría estar en peligro por las subidas de
tipos de interés y otras dificultades para el pago de las mismas, según
expertos del sector.
Continuar
El
Euribor sólo ha estado ocho meses a un nivel más alto que ahora
elmundo.es (19/08/2007)
El índice Euribor, utilizado como principal referencia para fijar el tipo
de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades
de crédito españolas, sólo ha estado ocho meses en su historia más alto
que en la actualidad.
Continuar
Déficit
de trabajadores para los oficios tradicionales
cincodias.com (20/08/2007)
Panaderos, pasteleros, empleadas de hogar, camareros o pastores tienen
algo en común. Todos son oficios tradicionales que no encuentran profesionales.
El Inem los considera oficios 'de difícil cobertura', pero lejos de entenderse
como moribundos, los empresarios se afanan en encontrar trabajadores que
los cubran. Según dicen, los españoles no quieren realizarlos.
Continuar
Los
billetes de 500 euros aportan el 66% de la liquidez de los españoles
cincodias.com (20/08/2007)
El número de billetes de 500 euros que circulan en España ascendió hasta
junio a 114 millones de unidades, lo que representa un 66,4% del valor
de todos los billetes y monedas de euro distribuidos por el Banco de España,
según informa Efe.
Continuar
UGT
exigirá que el salario mínimo suba a 885 euros en cuatro años
cincodias.com (20/08/2007)
UGT mantendrá para la próxima legislatura la exigencia de que el salario
mínimo interprofesional (SMI) se sitúe en 885 euros al mes frente a los
actuales 570,60 (por catorce pagas), según señala en una nota informativa.
Además, la pretensión del sindicato será establecer salarios mínimos garantizados
en los convenios colectivos de 1.000 euros.
Continuar
Trabajo
aprieta a las grandes empresas para que informen de sus subcontratas
expansion.com (16/07/2007)
El Ministerio aumenta las exigencias de transparencia a las principales
compañías, que deberán comunicar su relación con las pequeñas empresas,
el número de trabajadores por obra o la prevención de riesgos laborales.
Continuar
La
reforma contable costará a las empresas 10.000 millones
expansion.com (15/08/2007)
La adaptación a las nuevas normas de contabilidad supone cuatro veces
más que el ahorro por la rebaja del Impuesto sobre Sociedades. El coste
por empresa ronda los tres mil euros, pero puede llegar a los cinco mil.
Continuar
La
tasa de morosidad sube en mayo hasta el 0,706%, el mayor nivel del año
abc.es (20/08/2007)
La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito a particulares y empresas se situó en mayo pasado
en el 0,706% del total de préstamos, el nivel más alto de este año, y
contrasta con el 0,693% registrado en abril, según datos publicados por
el Banco de España y recogidos por Ep.
Continuar
El
Fisco detecta phishing a través de Internet contra los contribuyentes
diariojuridico.com (14/08/2007)
La Agencia Tributaria (AEAT) desactivó un intento de phishing a través
de la red. Algunos contribuyentes recibieron correos electrónicos en el
que los suplantadores de la AEAT les pedían datos de sus tarjetas de crédito.
Continuar
El
Supremo considera accidente laboral tener un infarto en el lugar de trabajo
porticolegal.com (14/08/2007)
El Tribunal Supremo (TS) considera que un infarto de miocardio puede ser
calificado como accidente laboral cuando se produce en el lugar y tiempo
de trabajo, siempre que no se acredite de manera suficiente que no existe
ninguna relación entre la lesión padecida y el trabajo realizado.
Continuar
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Las
donaciones se multiplican por siete en la región de Madrid
La práctica
eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones decretada por
la Comunidad de Madrid continúa dando resultados. De enero a junio
de este año se efectuaron 17.598 donaciones, un 27% más
que hace un año. Pero es que esa cifra multiplica por más
de siete la registrada en el mismo semestre de 2005, último ejercicio
antes de la rebaja fiscal.
R.
DIAZ GUIJARRO (cincodias.com)
Gracias
a esta iniciativa, las sucesiones y donaciones realizadas de padres a
hijos o entre cónyuges tienen una bonificación del 99% sobre
la cuota del impuesto. Con ello se persigue permitir a los madrileños
que puedan disponer de parte del patrimonio familiar en el momento que
consideren más oportuno.
Además, fuentes de la Consejería de Hacienda de la Comunidad
de Madrid recordaron ayer que la medida se impulsó también
para contribuir a la dinamización de la economía de la región.
En este sentido, el importe de las bases imponibles de las donaciones
realizadas en el primer semestre de este año ascendió a
3.500 millones de euros, más de un 2% del PIB autonómico.
Este reforma
fiscal fue llevada a cabo por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en 2005
y entró en vigor con las Leyes de Medidas Fiscales y Administrativas
de 2006 y 2007, con lo que se convirtió en la primera autonomía
de régimen común en suprimir prácticamente este impuesto
dentro del ámbito familiar más próximo. Han sido
numerosas las comunidades autónomas que han decidido también
introducir estas bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones
hasta tal punto, que los expertos reclaman al Gobierno central un completo
replanteamiento de esta figura impositiva.
Junto a
la desfiscalización de las donaciones, Madrid puso en marcha la
pasada legislatura un paquete de medidas fiscales que posibilitaban, entre
otras cosas, elevar el mínimo exento general en el impuesto de
patrimonio a 112.000 euros; reducir al 4% el tipo aplicable al impuesto
de transmisiones patrimoniales para la adquisición de vivienda
habitual a las familias numerosas y aplicar hasta siete deducciones en
el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Además,
Madrid decretó la rebaja de un punto de la tarifa autonómica
del IRPF. Fuentes de la Consejería de Hacienda estiman que estas
medidas fiscales beneficiarán a casi tres millones de ciudadanos
al año y supondrán un ahorro de más de 1.300 millones
de euros.
Alerta
por la fuga de capitales y empresas
La Cámara
de Comercio de Sabadell (Barcelona) alertó recientemente del progresivo
aumento de fugas de capital y de empresas catalanas a otras comunidades
autónomas por motivos fiscales. La entidad denunció sobre
todo las diferencias existentes en el impuesto de sucesiones y donaciones.
Además, advirtió que las grandes diferencias que, en materia
tributaria, se producen entre las diferentes comunidades autónomas
'están provocando una competencia territorial que contribuye a
generar desequilibrios sociales y económicos'.
La institución
cameral reclamó que la regulación del impuesto de sucesiones
y donaciones en Cataluña se iguale a las bonificaciones existentes
en otras comunidades, ya que 'el mantenimiento de esta situación
tiene efectos muy negativos sobre la competitividad de la economía
y la empresa familiar'.
Hipotecas
allí y aquí
Los autores
describen cómo se ha producido la crisis hipotecaria en EE UU y
su contagio al sistema financiero global, y explican las posibles repercusiones
en España.
MAURO
F. GUILLÉN Y EMILIO ONTIVEROS (elpais.com)
Han hecho
bien los principales bancos centrales en inyectar de forma extraordinaria
grandes cantidades de liquidez para asegurar el normal funcionamiento
del mercado interbancario y evitar males peores.
Éstos vendrían del fácil y rápido contagio
a los mercados de crédito de todo el mundo, tras la afloración
de las dificultades en el mercado hipotecario estadounidense. Éste
es el mal original: un funcionamiento del mercado hipotecario en la principal
economía del mundo distante de las buenas prácticas que
se siguen en la mayoría de los países desarrollados, desde
luego en el español.
La debilidad
del mercado inmobiliario estadounidense es explícita desde hace
un año. Las viviendas a la venta están en el mercado durante
meses y los vendedores raramente obtienen el precio de salida; con mucha
frecuencia, el precio de venta es inferior a la deuda hipotecaria. Propietarios
que nunca hubieran deseado vender se ven ahora obligados a hacerlo debido
a la subida de las cuotas mensuales de sus hipotecas a tipo variable.
Muchos quisieran refinanciar su deuda pero los procedimientos y criterios
de concesión de hipotecas han sido revisados y lo hacen mucho más
difícil que hace apenas un año. Se ha pasado, en definitiva,
de una situación de euforia inmobiliaria y de abundante liquidez
a la opuesta, con unas ramificaciones y repercusiones que todavía
se desconocen. Un primer impacto será sobre el consumo, dado que
muchas familias han aprovechado el aumento de valor de sus viviendas para
financiar mejoras en las mismas, para pagar la educación de sus
hijos o, simplemente, para disfrutar de unas vacaciones; menos fácil
de concretar son las consecuencias sobre el sistema financiero en su conjunto.
En ambos casos se pueden extraer lecciones útiles y, en todo caso,
diferencias con el caso español.
La primera
tiene que ver con la desigual evaluación de los riesgos de crédito.
La desaceleración del mercado estadounidense ha desvelado problemas
asociados a los profundos cambios en la financiación de la vivienda.
El primero de ellos tuvo lugar a mediados de los noventa, cuando los bancos
y compañías hipotecarias empezaron a ofrecer productos especialmente
diseñados para clientes de dudosa solvencia: las ya populares subprime,
que representan un 15% de las hipotecas vivas.
Además,
la regulación permitió la entrada de compañías
hipotecarias no bancarias, que han ofrecido préstamos a tipos de
interés iniciales muy atractivos, aunque revisables de forma sustancial,
en función de los tipos del mercado; algunas de esas compañías
ya han quebrado. Entre las prácticas agresivas también destaca
la ampliación de los montantes de financiación, llegando
a conceder prestamos con un principal muy superior al precio de mercado
de la vivienda en el momento de su adquisición. Finalmente, se
popularizó el llamado home equity loan o segunda hipoteca, responsable
también del aumento del endeudamiento de las familias. Mientras
subían los precios de los activos que actuaban como garantía,
la espiral de creación de crédito y de multiplicación
del consumo hizo lo propio.
Pero no
son solamente las familias endeudadas en exceso, los prestatarios subprime
y los prestamistas quienes ahora se encuentran en dificultades. La otra
gran innovación de los últimos años ha supuesto que
cuatro de cada cinco hipotecas sean traspasadas a un banco de inversión,
que las agrupa en pools que luego vende en forma de bonos a inversores
institucionales (hedge funds incluidos). La remuneración de estos
bonos está constituida, básicamente, por las cuotas de los
prestatarios. El aspecto más importante de este proceso es que
se empaquetan todo tipo de hipotecas, desde las más seguras hasta
las subprime. Para colocar los bonos en el mercado, los bancos de inversión
contaron con la colaboración de las agencias de calificación
crediticia (Standard & Poor's y Moody's, básicamente), que
tendieron a asignar calificaciones demasiado benevolentes, a tenor de
la calidad de las hipotecas subprime incluidas en los paquetes.
Pero éste
no es el último eslabón de la cadena. Los hedge funds vieron
la posibilidad de obtener ganancias millonarias si en lugar de comprar
bonos con garantía hipotecaria mediante el efectivo recibido de
sus clientes lo hacían con dinero prestado. Este apalancamiento
financiero permitía obtener rendimientos muy superiores por cada
unidad de recursos propios. Huelga añadir que se generan jugosas
comisiones en cada eslabón de la cadena de contratos financieros,
desde la firma de la hipoteca hasta la colocación de los bonos
entre inversores institucionales, pasando por las actividades de los bancos
de inversión y de las agencias de calificación. En algunos
casos incluso se insertó un nuevo eslabón en la cadena cuando
los bancos de inversión crearon nuevos títulos-valor combinando
préstamos, productos derivados y bonos provenientes de distintas
emisiones basadas en pools de hipotecas diferentes. De esta forma se hacía
todavía más difícil para el tenedor final identificar
la capacidad de pago del titular de la hipoteca (el propietario de la
vivienda) y el valor de la garantía inmobiliaria. Los tenedores
de bonos se han llevado la gran sorpresa al descubrir que el valor de
su inversión depende tanto de la menguante capacidad de pago de
numerosos propietarios de viviendas como de la caída de los precios
en el mercado inmobiliario.
Ya son varios
los hedge funds que se enfrentan a problemas serios derivados de los efectos
no esperados de este tipo de ingeniería financiera. En el caso
más espectacular, uno de los mayores bancos de inversión
de Estados Unidos, Bear Stearns, se ha visto forzado a liquidar dos fondos
con inversiones en derivados basados en hipotecas subprime. Sus clientes
pueden perder más de mil millones de dólares. Además,
los fondos estaban legalmente registrados en las Islas Caimán,
cuyos tribunales suelen aplicar los procedimientos de liquidación
de manera más favorable a las compañías financieras
que a sus clientes. Las repercusiones no se han hecho esperar tampoco
en otros lugares de la economía global. Un banco alemán
ha sido rescatado con dinero público debido a sus inversiones en
bonos garantizados con hipotecas. BNP Paribas ha suspendido los reembolsos
en tres de sus fondos con elevada exposición a activos respaldados
por hipotecas subprime.
La situación
descrita tiene poco que ver con la que ha conformado la expansión
de la financiación hipotecaria en España. Además
del desigual alcance de esa movilización de activos con garantía
hipotecaria, las tasaciones inmobiliarias se realizan en España
con mayor rigor e independencia, pese a que es muy difícil diseñar
un sistema totalmente a prueba de suspicacias. No menos importante, la
regulación y supervisión de las instituciones crediticias
es mucho más rigurosa, como lo son los sistemas de gestión
de riesgos que informan la toma de decisiones de cajas de ahorros y bancos,
incluida una muy prudente política de dotación de provisiones.
Un problema fundamental en EEUU, ha sido la proliferación de compañías
financieras sujetas a un grado de escrutinio mucho menor que las entidades
bancarias tradicionales.
Que los
factores que han determinado esa crisis hipotecaria estén ausentes
del sistema financiero español no quiere decir que la economía
española, su mercado inmobiliario, queden a salvo de todas las
consecuencias que aquélla pueda seguir desencadenando. La muy acusada
dependencia de la financiación externa de nuestro sector privado
(no sólo del sector inmobiliario) es un factor de vulnerabilidad
que podría, cuando menos, endurecer la apelación a los mercados
de crédito, si no lo ha hecho ya.
Pero no
es sólo por ese efecto balsámico sobre las tensiones de
liquidez por lo que hay que valorar favorablemente las intervenciones
de los bancos centrales, sino también porque han transmitido la
sensación de que el cada vez más explícito proceso
de globalización financiera esta al menos parcialmente gobernado.
Lo que no significa que, llegado el momento, cada palo aguante su vela.
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CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
08/06/2007 (V1194-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
El consultante
es el arrendatario de un local de negocio y recibe del arrendador la correspondiente
factura por el mencionado arrendamiento.
CUESTION-PLANTEADA
Contenido
de la factura y, en particular, si en la misma se ha de hacer mención
o no a la retención a efectos del IRPF que debe practicar el arrendatario.
CONTESTACION-COMPLETA
1.- El artículo
4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido (BOE del 29), dispone que estarán sujetas
al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas
en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales
a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en
el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se
efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o
partícipes de las entidades que las realicen.
De acuerdo
con lo establecido en el artículo 5, apartado uno, letra c) de
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, a los efectos de lo
dispuesto en dicha Ley, se reputarán empresarios o profesionales:
“c)
Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios
que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con
el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.
En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores
de bienes.”
En consecuencia
el arrendador del local objeto de consulta tiene la consideración
a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido de empresario o profesional
y, por tanto, de sujeto pasivo de dicho Impuesto, de acuerdo con lo establecido
el artículo 84, apartado uno de la Ley 37/1992. Todo ello determina
que el arrendamiento de dicho local esté sujeto y no exento del
mencionado Impuesto.
2.- El artículo
164, apartado uno, número 3º, de la Ley del Impuesto sobre
el Valor Añadido, dispone que sin perjuicio de lo establecido en
el Título anterior de dicha Ley, los sujetos pasivos del Impuesto
estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones
que se determinen reglamentariamente, a: “3º. Expedir y entregar
factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.”
El desarrollo reglamentario de dicho precepto se ha llevado a cabo por
el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre (BOE del 29), por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
El artículo 6 del mencionado Reglamento, que regula el contenido
de la factura,, dispone lo siguiente:
“1.
Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que
se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar
obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera
otras menciones:
a) Número
y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada
serie será correlativa.
Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan
razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado
a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que
efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su expedición
realice operaciones de distinta naturaleza.
No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición
en series específicas de las facturas siguientes:
1º.
Aquellas a las que se refiere el artículo 2.3.
2º. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por
terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales
deberá existir una serie distinta.
3º. Las rectificativas.
4º. Las que se expidan conforme a la disposición adicional
quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado
por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
b) La fecha
de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa,
tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se consignarán
como datos del expedidor los del sujeto pasivo destinatario de los bienes
o servicios. Asimismo deberán constar los del proveedor de los
bienes o servicios.
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración
española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad
Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir
la factura.
Asimismo,
será obligatoria la consignación del Número de Identificación
Fiscal del destinatario en los siguientes casos:
1º.
Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro
exenta conforme al artículo 25 de la Ley del Impuesto.
2º. Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el
sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a aquélla.
3º Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el
territorio de aplicación del Impuesto y el empresario o profesional
obligado a la expedición de la factura haya de considerarse establecido
en dicho territorio.
En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se consignará
como Número de Identificación Fiscal del expedidor el del
sujeto pasivo destinatario de los bienes o servicios. Asimismo, deberá
constar el número de identificación del proveedor de los
bienes o servicios.
e) Domicilio,
tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones
dispongan de varios lugares fijos de negocio, deberá indicarse
la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se
refieran aquéllas en los casos en que dicha referencia sea relevante
para la determinación del régimen de tributación
correspondiente a las citadas operaciones.
En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se consignará
como domicilio del expedidor el del sujeto pasivo destinatario de los
bienes o servicios. Asimismo deberá constar el domicilio del proveedor
de los bienes o servicios.
Cuando el destinatario de las operaciones sea una persona física
que no actúe como empresario o profesional, no será obligatoria
la consignación de su domicilio.
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los
datos necesarios para la determinación de la base imponible del
Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78
y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe,
incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así
como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho
precio unitario.
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las
operaciones.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá
consignarse por separado.
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan
o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre
que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.”
3.- Entre
los datos y requisitos que han de contener las facturas, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 6.1 del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, no se encuentra la mención
a la retención que, en su caso, a efectos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, está obligado a efectuar
el arrendatario al arrendador, de acuerdo con lo establecido en los artículos
99.2 y 101.8 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes
y sobre el Patrimonio (BOE del 29).
De acuerdo con lo expuesto, en la factura expedida por el arrendador del
local para el arrendatario consultante, deben constar, además del
resto de los datos y requisitos contenidos en el artículo 6 del
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
la base imponible de la operación y la cuota del Impuesto sobre
el Valor Añadido que grava la operación.
Por tanto,
no existe obligación de que en dicha factura, expedida por el arrendador,
se haga mención a la retención que, a efectos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, debe practicar el arrendatario
consultante.
No obstante lo anterior, no existe ningún impedimento legal para
que el arrendador del local, que como sujeto pasivo del Impuesto sobre
el Valor Añadido está obligado a expedir la correspondiente
factura, incluya como una mención voluntaria los datos relativos
a la retención que, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, está obligado a practicar el arrendatario,
para que de esta forma en la mencionada factura quede consignado el importe
de la deuda que, una vez aplicados ambos impuestos, adeude el arrendatario
al arrendador.
4.- Lo que
comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
12/04/2007
(V0765-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
Pignoración
de activos financieros en garantía del pago de precio aplazado
en la adquisición de un terreno urbano.
CUESTION-PLANTEADA
Deducibilidad
en la declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio del valor
de los activos pignorados del derecho de prenda constituido sobre los
mismos
CONTESTACION-COMPLETA
En relación
con la cuestión planteada, este Centro Directivo, en el ámbito
de sus competencias, informa lo siguiente:
El artículo 25 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre
el Patrimonio, establece lo siguiente:
“Uno.
Las deudas se valorarán por su nominal en la fecha del devengo
del impuesto y sólo serán deducibles siempre que estén
debidamente justificadas.
Dos. No
serán objeto de deducción:
Las cantidades
avaladas, hasta que el avalista esté obligado a pagar la deuda,
por haberse ejercitado el derecho contra el deudor principal y resultar
éste fallido. En el caso de obligación solidaria, las cantidades
avaladas no podrán deducirse hasta que se ejercite el derecho contra
el avalista.
La hipoteca que garantice el precio aplazado en la adquisición
de un bien, sin perjuicio de que sí lo sea el precio aplazado o
deuda garantizada.
Tres. En
ningún caso serán objeto de deducción las deudas
contraídas para la adquisición de bienes o derechos exentos.
Cuando la exención sea parcial, será deducible, en su caso,
la parte proporcional de las deudas.”
Tal y como
señala la doctrina, el derecho real de prenda es un derecho real,
porque recae sobre cosa específica y determinada y produce acción
real valedera erga omnes, de garantía –ya que, como proclama
el artículo 1.857 del Código Civil, se constituye, al igual
que la hipoteca, “para asegurar el cumplimiento de una obligación
principal”-, mobiliario e indivisible. Ahora bien, el deudor o constituyente
de la prenda sigue siendo dueño de la cosa (artículo 1.869
del Código Civil) y conserva todos los derechos dominicales, salvo
el de posesión.
A la vista
de lo anterior y a diferencia de lo que se sostiene en el escrito de consulta,
no considera este Centro Directivo que el derecho de prenda, aun siendo
un derecho de garantía de naturaleza real, disminuya el valor de
los respectivos bienes y constituya una minoración del patrimonio
del deudor pignoraticio a los efectos del artículo 9 de la Ley
19/1991.
En ese sentido,
el artículo 25 de la Ley 19/1991 pretende que, por una determinada
obligación, no pueda generarse derecho a una doble deducción
como consecuencia de las obligaciones alternativas establecidas en garantía
de la principal. Por lo tanto, no se trata de aplicar de forma analógica
el supuesto de no deducibilidad de la hipoteca (letra b) sino de que la
hipoteca es un ejemplo, como lo son los derechos reales de prenda o anticresis,
de la improcedencia de su deducción sobre el valor de los bienes
sobre los que se establezcan como garantía de la obligación
principal, sin perjuicio de que sí lo sea esta en cuanto cumpla
los requisitos de certeza, liquidez y exigibilidad.
Obsérvese,
además, que si se admitiera esa minoración de valor de los
bienes pignorados, debería admitirse, en lógico paralelismo,
un acrecentamiento patrimonial para el acreedor titular del derecho de
garantía. La Ley, sin embargo, solo contempla como sujetos al impuesto
derechos reales de disfrute y nuda propiedad (artículo 20), no
los de garantía, de lo que ha de derivar, según se ha expuesto,
que no proceda minorar el valor de los bienes por la circunstancia de
su pignoración.
De acuerdo con todo lo anterior y en contestación a la concreta
consulta formulada, este Centro Directivo considera que, de conformidad
con la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, las
participaciones en fondos de inversión y acciones de una Sociedad
de inversión de capital variable a que se refiere el escrito de
consulta deberán declararse por su valor liquidación sin
minoración alguna por el hecho de su pignoración en garantía.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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RIESGO
DURANTE EL EMBARAZO
Concepto
La finalidad
de la prestación por riesgo durante el embarazo es dar solución
a los problemas que se plantean cuando, por aplicación de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
la trabajadora se vea obligada a suspender su contrato de trabajo por
resultar incompatible con su estado de salud.
A los efectos
de la prestación económica por riesgo durante el embarazo,
se considera situación protegida el período de suspensión
del contrato de trabajo en los supuestos en que debiendo la mujer trabajadora
cambiar de puesto de trabajo, al influir éste negativamente en
su salud o la del feto, por otro compatible con su estado, dicho cambio
de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados.
Tampoco puede ser destinada a un puesto que no le corresponda a su grupo
o categoría profesional, por no existir puesto de trabajo o función
compatible.
No se considera
situación protegida la derivada de riesgos o patologías
que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto,
cuando no esté relacionada con agentes, procedimiento o condiciones
del puesto de trabajo desempeñado.
Suspensión
del Contrato de Trabajo.
La situación
de riesgo durante el embarazo es causa de suspensión del contrato
de trabajo. Quedando exoneradas las partes de sus respectivas obligaciones
de trabajar y de retribuir el trabajo.
No obstante los períodos de tiempo transcurridos durante dicha
situación se computan a efectos de antigüedad.
El trabajador tendrá derecho a reincorporase a su puesto de trabajo
en cuanto cese dicha situación.
<N> 1562 - 0.40 - a REQUISITOS BENEFICIARSE R. EMBARAZO </N>
--- <R>
Nº RECO 1562 </R> ---------------------------
Requisitos
para ser beneficiaria de la prestación por Riesgo durante el Embarazo.
Serán
beneficiarias de la prestación por riesgo durante el embarazo las
trabajadoras por cuenta ajena, declaradas en situación de suspensión
de contrato por riesgo durante el embarazo, siempre que reúnan
los siguientes requisitos:
1.- Estar
afiliado y en alta o en situación asimilada al alta. Entendiéndose
por situaciones asimiladas al alta las siguientes:
- La situación
de desempleo involuntario, total y subsidiado. Tan sólo se considerará
situación asimilada a la de alta a estos efectos la de desempleo
en su modalidad contributiva, el desempleo en su modalidad asistencial
no se considera situación asimilada a la de alta.
- La situación de incapacidad temporal que subsiste después
de extinguido el contrato de trabajo, aunque el trabajador no pase a recibir
la prestación por desempleo
- El traslado del trabajador por la empresa a centros de trabajo radicados
fuera del territorio nacional.
- La suscripción de un Convenio Especial con la Seguridad Social
de diputados, senadores, gobernantes y parlamentarios de Comunidades Autónomas.
- Los períodos de incorporación al trabajo de los trabajadores
fijos discontinuos, si procediera su llamamiento por antigüedad y
se encuentren en situación de incapacidad temporal.
- Huelga legal y cierre patronal (alta especial).
- Los trabajadores por cuenta ajena incluídos dentro del ámbito
de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social
se consideran de pleno derecho afiliados y en alta, aunque el empresario
hubiera incumplido sus obligaciones al respecto, sin perjuicio de las
responsabilidades que de ello se deriven.
2.- No habrá
de tener cubierto, como ocurría anteriormente hasta la entrada
en vigor de la Ley de igualdad efectiva entre el hombre y la mujer, un
período de cotización de 180 días dentro de los 5
años inmediatamente anteriores a la fecha en que se inicie la suspensión
del contrato de trabajo, pues establece el artículo 135 de la LGSS
que "se concederá en los términos y condiciones previstos
para la prestación económica de incapacidad temporal derivada
de contingencias profesionales", con determinadas particularidades
establecidas en el mencionado artículo.
También serán beneficiarias del subsidio (en los mismos
términos anteriormente establecidos) las trabajadoras del Régimen
Especial de empleados de hogar que presten sus servicios para un hogar
con carácter exclusivo.
Las trabajadoras contratadas a tiempo parcial tienen derecho a la prestación
económica por riesgo durante el embarazo, con las particularidades
establecidas para la prestación de incapacidad temporal derivada
de contingencias
comunes.
¿En
qué consiste la prestación?
La prestación
económica por riesgo durante el embarazo consiste en un subsidio
equivalente al 100% de la base reguladora. (Art. 135 LGSS)
Cálculo
de la Base Reguladora.
La base
reguladora es el resultado de dividir el importe de la base de cotización
de la trabajadora en el mes anterior al de la fecha de suspensión
del contrato de trabajo entre el número de días a que dicha
cotización se refiere. (Este divisor será concretamente:
30, si el trabajador tiene salario mensual; 30,31, ó 28, 29 si
tiene salario diario).
Base de Cotización por C.C. del mes anterior a baja
B.R. = -----------------------------------------------------------------------
Nº de días a que se refiere cotización (30,31,29 ó
28)
No obstante, si la trabajadora ingresa en la empresa en el mismo mes en
que se produce la suspensión del contrato, se tomará para
la base reguladora la base de cotización de dicho mes, dividida
entre los días efectivamente cotizados.
También,
se tomará como divisor los días efectivamente cotizados,
cuando la trabajadora no haya permanecido en alta durante todo el mes
natural anterior
Laboral, RCR Proyectos de Software.
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