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CONTABILIZACIÓN
PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO.
(FIAMM)
La compra
de participaciones en fondos de inversión en activos del mercado
monetario vendrá determinada por el siguiente asiento contable
Participaciones
FIAMM largo plazo (2518)
a Bancos c/c (572)
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Según la Resolución del ICAC de 27 de julio de 1992: "La
característica básica de las participaciones FIAMM es que
al menos un porcentaje promedio mensual no inferior al 90 por ciento de
su activo debe invertirse en valores de renta fija admitidos a negociación
en un mercado secundario oficial y otros activos que gocen de elevada
liquidez, para lo que se establece entre otras características,
que su plazo de amortización sea igual o inferior a 18 meses, prohibiéndose
la adquisición de acciones u otros títulos que otorguen
derecho a participar en el capital de las empresas.
Los rendimientos
a percibir por estas participaciones, pueden producirse de dos formas:
- Por distribución
de resultados del Fondo.
- Por enajenación, por la diferencia entre su valor de adquisición
y el de enajenación.
Estos fondos
son perfectamente asimilables a los valores de renta fija. Por lo tanto,
los rendimientos devengados, vencidos o no, deberán figurar en
cuentas de los grupo 2 ó 5 del PGC en función de su vencimiento,
y su importe vendrá determinado por la diferencia entre el precio
de adquisición de la participación en el respectivo Fondo
y el valor liquidativo de la misma a la fecha de cierre del ejercicio.
Así,
en el caso de producirse la enajenación habremos de contabilizar:
1. Importe
de la transmisión mayor que su valor contable:
Bancos c/c
(572)
a Participaciones FIAMM largo plazo (2518)
a Ingresos participaciones FIAMM (7618)
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2. Importe
de la transmisión igual que su valor contable:
Bancos c/c
(572)
a Participaciones FIAMM largo plazo (2518)
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3. Importe
de la transmisión menor que su valor contable:
Bancos c/c
(572)
Pérdidas en valores negociables (666)
a Participaciones FIAMM largo plazo (2518)
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En el caso de que se produjesen rendimientos positivos, sin producirse
la enajenación, el rendimiento producido por las participaciones
en los FIAMM, se determinará por la diferencia existente entre
el valor liquidativo en la fecha de enajenación o cierre de ejercicio
y el valor contable de la misma.
En el caso de que dicho rendimiento fuera positivo, se contabilizará
como ingreso financiero, incrementando el valor contable de la participación.
Participaciones
FIAMM largo plazo (2518)
a Ingresos participaciones FIAMM (7618)
En el caso
de que se produjesen rendimientos negativos
Pérdidas
en valores negociables (666)
a Participaciones FIAMM largo plazo (2518)
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Y finalmente los importes obtenidos al distribuirse los resultados del
FIAMM, se contabilizarán en el ejercicio en que se devenguen disminuyendo
el valor de la participación en dicho Fondo, logrando de esta forma
la necesaria homogeneidad de tratamiento contable con respecto a los distintos
rendimientos producidos por estos activos financieros.
Con la entrada
en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y toda la legislación lateral que ha llevado acompañada,
se ha introducido la retención a los rendimientos obtenidos como
consecuencia de las participaciones en fondos de inversión, de
forma que habríamos de reflejar, en la cuenta (473) H.P. retenciones
y pagos a cuenta, el importe de las retenciones sufridas, en el caso de
que se nos practiquen.
Bancos c/c ([572])
a Participaciones FIAMM largo plazo ([2518])
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Javier Gómez, RCR Proyectos de Software.
COMENTARIOS
A LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
EN LAS OPERACIONES COMERCIALES (IV)
Última
parte del comentario sobre la Ley de Morosidad, en la que analizamos las
cuestiones relativas a la reserva de dominio como garantía de pago,
la nulidad de las cláusulas que puedan considerarse abusivas y
la recuperación del IVA de las facturas emitidas a clientes morosos.
LA RESERVA
DE DOMINIO
La Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, añade a todas las medidas de
lucha contra la morosidad que contempla la posibilidad de pactar cláusulas
de reserva de dominio a los efectos de que el vendedor conserve la propiedad
de los bienes hasta el pago total de la deuda.
Esta posibilidad
se regula en el artículo 10 del texto y requiere que así
se haya pactado expresamente entre las partes con anterioridad a la entrega
de bienes. Asimismo, y como garantía de conservación del
derecho del acreedor, éste o el tercero que haya financiado la
operación (para el caso de que en la operación intervenga
una entidad financiera) podrá retener incluso la documentación
acreditativa de la titularidad de los bienes sobre los que se haya establecido
la reserva de dominio.
La reserva
de dominio, así regulada, resulta beneficiosa para aquellos casos
en los que la operación comercial tenga por objeto bienes perfectamente
determinados o individualizables; no así para el caso de bienes
fungibles o de difícil determinación y para los servicios;
porque no resulta fácil determinar sobre qué bienes concretos
se establece la reserva de dominio.
Por último,
y aunque esta Ley amplia las posibilidades de aplicación de la
reserva de dominio, escasamente utilizada por lo complejo de la anotación
de la misma en el Registro de Bienes Muebles; es importante saber que,
aunque la Ley permite pactar el establecimiento de una reserva de dominio
sin necesidad de su inscripción en el Registro; si la misma no
figura inscrita en un registro público no surtirá efectos
frente a terceros; sus efectos quedarán limitados a las partes
que han realizado el negocio jurídico en el que se pacto la reserva;
lo que impedirá, por ejemplo, al adquirente del bien venderlo si
no ha pagado su importe al acreedor.
NULIDAD
DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
La Exposición de Motivos de la Ley 3/2004, aun partiendo del respeto
a la autonomía de la voluntad de las partes, señala específicamente
que la libertad de contratar no debe amparar prácticas abusivas
imponiendo cláusulas relativas a plazos de pago más amplios
o tipos de interés de demora inferiores a los previstos en esta
Ley.
Esta preocupación
del legislador se consagra en el artículo 9 del texto de la Ley;
el cual establece, en su apartado 1º, que serán nulas las
cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las
consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al
tipo legal de interés de demora establecidos en la Ley, así
como las cláusulas que resulten contrarias a los requisitos para
exigir los intereses de demora, cuando tengan un contenido abusivo en
perjuicio del acreedor consideradas todas las circunstancias del caso,
entre ellas, la naturaleza del producto o servicio, la prestación
por parte del deudor de garantías adicionales y los usos habituales
del comercio.
Es decir,
la Ley imputa la nulidad a todas aquellas cláusulas contractuales
que modifiquen las previsiones de la Ley en cuanto al plazo de pago, el
tipo de interés o los requisitos para exigir interés de
demora, si dichas modificaciones se realizan en perjuicio del acreedor.
Y el propio
artículo 9 de la Ley establece una serie de criterios y consideraciones
a tener en cuenta para determinar cuándo una determinada cláusula
puede considerarse abusiva o en perjuicio del acreedor. Así, señala
este precepto que para determinar si una cláusula es abusiva para
el acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor
tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago y
del tipo legal del interés de demora dispuestos en la Ley o, considerando
todas las circunstancias del caso, si dicha cláusula sirve principalmente
para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor.
También
será un criterio a considerar para determinar si una cláusula
es abusiva, y dado que esta Ley resulta también de aplicación
a las operaciones realizadas entre las empresas y la Administración
y entre empresas y sus proveedores y subcontratistas, si el contratista
principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones
de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones
de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas.
El apartado
2º de este artículo 9 prevé que el Juez podrá
modificar los acuerdos de las partes si, valoradas las circunstancias
del caso, resultaran abusivos para el acreedor; y señala que el
juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará
el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del
Código Civil y dispondrá de facultades moderadoras respecto
de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias de
su ineficacia.
Finalmente,
la Ley señala que serán igualmente nulas las cláusulas
contenidas en las condiciones generales de la contratación que
pudieran resultar abusivas conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 9; y consagra la posibilidad de que se puedan ejercitar
contra las mismas las acciones de cesación y de retractación
frente a la utilización de condiciones generales de la contratación,
conforme a la Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales
de la Contratación.
Las entidades
legitimadas para ejercitar esas acciones de cesación y retractación
son, según el artículo 9.4 las siguientes:
a) Las asociaciones,
federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, profesionales
y agricultores que estatutariamente tengan encomendada la defensa de los
intereses de sus miembros.
b) Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
c) Los colegios profesionales legalmente constituidos.
Por último,
señala la Ley que estas entidades podrán personarse en los
procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno
para la defensa de los intereses que representan.
RECUPERACIÓN
IVA DE CLIENTES MOROSOS
Aún
cuando el perjuicio que conlleva la morosidad comercial es altamante considerado
por las empresas, existen dudas en cuanto al mecanismo que permite recuperar
las cuotas repercutidas de los clientes morosos.
En este sentido, en este apartado se intenta dar una guía básica,
requisitos y "modus operandi", para poder compensar estas cuotas
de IVA repercutido, en algunos casos ya ingresado en la administración
tributaria, y no cobrado.
Esta posibilidad
está prevista en el artículo 80 de la Ley del IVA, para
dos casos concretos:
1.- Clientes
morosos con deudas reclamadas judicialmente.
2.- Clientes morosos en situación de concurso (suspensión
de pagos o quiebra)
Son el mencionado
artículo 80 y el 24 del Reglamento del impuesto, los que establecen
los requisitos para modificar la base imponible del impuesto caso de que
el cliente no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas.
Estos requisitos son:
1.- Que
el crédito resulte incobrable. Esto ocurrirá cuando se den
las siguientes circunstancias:
- Que hayan
transcurrido dos años desde el devengo del impuesto repercutido
sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado
del mismo.
- Que la factura, o documento sustitutivo, impagada esté registrada
en los libros fiscales y contables legalmente exigibles.
- Que el destinatario de la operación actúe en la condición
de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de
aquella, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior
a 300 euros.
- Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación
judicial.
No se podrá
modificar la base imponible cuando, en general, el crédito esté
especialmente garantizado.
2.- Debe
modificarse en plazo. Transcurridos dos años desde la fecha de
emisión de la factura sin haberse cobrado total o parcialmente,
habrá que emitir otra factura que la rectifique en el plazo de
tres meses.
3.- La emisión
de la nueva factura deberá comunicarse a la Administración
Tributaria en el plazo de un mes. Es decir, debe existir una declaración
o comunicación previa.
Así,
los pasos que habrían de darse para recuperar las cuotas de IVA
repercutido de las facturas emitidas y no cobradas serían:
1º.-
Reclamación judicial.
Se realizará
a través del procedimiento monitorio común, pudiendo reclamar
la deuda dineraria que no exceda de 30.000 euros; en caso contrario, habría
que utilizar la vía del juicio declarativo ordinario. Simplemente
con acompañar a la reclamación la factura impagada, con
un albarán, etc. bastaría en cuanto a la forma. No hay necesidad
de abogado ni procurador, sino presentando un escrito en el Juzgado de
Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor si es que se conociera;
en caso contrario en el del lugar donde pudiera ser hallado por el tribunal.
2º.-
Emisión de factura rectificativa.
Una vez
han pasado dos años desde la fecha de la factura, el sujeto pasivo
debe emitir la nueva factura que rectifique la impagada.
Hay obligación de expedir y enviar al destinatario de las operaciones
una nueva factura o documento donde se rectifique la cuota repercutida.
Esta factura rectificativa deberá contener los datos que cualquier
otra factura y además:
- Tendrá
un número de serie especial.
- Se hará constar su condición de documento rectificativo
y "el por qué" de la rectificación realizada.
- Deberá contener los datos identificativos de la factura o documento
sustituido, así como la rectificación efectuada.
3º.-
Comunicación a la Administración Tributaria.
Este hecho
habrá de ser comunicado a la Administración Tributaria en
la delegación o Administración correspondiente al domicilio
fiscal de la entidad.
Habrá
de realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de expedición
de la factura rectificativa, debiendo contener (la comunicación)
el hecho de la modificación de la base imponible, haciendo constar
que la misma no se refiere a créditos garantizados, afianzados
o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas,
a créditos adeudados o afianzados por entes públicos, ni
a operaciones cuyo destinatario no está establecido en el territorio
de aplicación del impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla.
Deberán aportarse copia de las facturas rectificativas y los documentos
que acrediten que el acreedor ha instado el cobro del crédito mediante
reclamación judicial al efecto.
Así,
la reducción de la base imponible del impuesto obligará
al destinatario de la operación a practicar la minoración
oportuna del IVA soportado en la declaración-liquidación
correspondiente al período impositivo en que la reciba; de esta
forma, el cliente moroso será deudor por la cuota del IVA directamente
ante la Administración.
Antonio
Millán Callado.
Abogado y Master en Economía y Derecho del Consumo.
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