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La
Agencia Tributaria catalana quiere gestionar en el futuro todos los impuestos
invertia.com EUROPA PRESS (11/07/2007)
Se aprueba la Ley de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, como
el organismo que gestionará los tributos propios de la Generalitat y los
cedidos totalmente por el Estado y que, en una segunda fase, puede asumir,
"por delegación", la gestión, recaudación, liquidación e inspección de
todos los demás impuestos del Estado recaudados en Cataluña.
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El
20% de los trabajadores de instalaciones de alto riesgo no sabría actuar
en caso de accidente
elmundo.es (11/07/2007)
El 20% de los trabajadores de instalaciones de alto riesgo no ha recibido
información y adiestramiento suficiente sobre cómo actuar en caso de accidente
grave en su centro de trabajo, según CCOO.
Continuar
El
número de mujeres empleadas se ha duplicado en los últimos treinta años
cincodias.com (11/07/2007)
Las mujeres españolas redujeron sus cifras de paro en casi un millón de
personas entre 1996 y 2006, al tiempo que las inactivas han ampliado en
casi 1,5 millones adicionales la oferta de trabajo de los nacidos en España.
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¡Alerta
roja en las familias españolas! Ya tienen peor mora que las empresas
eleconomista.es (11/07/2007)
Por primera vez en la larga historia financiera, las familias superan
la morosidad de las compañías. La cifra cobra más relevancia si tenemos
en cuenta que los hogares tienen concedido mucho menos crédito que las
empresas
Continuar
Las
lagunas en la reforma contable siembran el caos
expansion.com (12/07/2007)
Las entidades financieras piden explicaciones por el texto contable: no
se hace mención a su tipo específico, lo que les deja sumidas en un desfavorable
régimen general. Economía asegura que el problema ya está solucionado.
Continuar
La
inflación interanual de junio es la más baja en este mes desde 1999
elpais.com (12/07/2007)
El IPC subió en junio el 0,2%, con lo que la inflación acumulada se situó
en el 2% y la tasa interanual aumentó una décima hasta el 2,4%, según
los datos publicados por el INE.
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El
presidente de la patronal madrileña pide retrasar la edad de jubilación
a 70 años
cincodias.com (12/07/2007)
El presidente de la patronal madrileña abogó por retrasar la edad de jubilación
de los 65 a los 70 años, porque 'hoy día hombres y mujeres a los 65 años
están en la plenitud de su vida y tienen una experiencia muy importante
que se debe valorar', argumentó.
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Atención:
Hacienda concentrará la inspección de los próximos meses en alquileres
y transmisiones de viviendas
eleconomista.es (13/07/2007)
Luis Pedroche anunció que las áreas en las que incidirá próximamente el
Plan de Prevención del Fraude Fiscal corresponderán al sector inmobiliario,
con el objetivo de conseguir un mejor control de los rendimientos del
capital, fundamentalmente en lo que se refiere a los alquileres no declarados
y al valor real de mercado en las transmisiones de inmuebles.
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El
Régimen General de la Seguridad Social alcanza quince millones de afiliados
en julio de 2007
difusionjuridica.com (11/07/2007)
Tres de cuatro nuevos afiliados a la Seguridad Social son españoles. La
evolución del Régimen General muestra el buen ritmo de crecimiento del
empleo.
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Toque,
mire y gire: 265 mil billetes de euro falsos
diariojuridico.com (12/07/2007)
Más de 250 mil billetes de euros fueron retirados de circulación por autoridades
del Banco Central Europeo. El papel de 50 euros fue el más falsificado.
Sólo 3 por ciento de los casos sucedieron en países fuera de la zona.
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El
Gobierno aprueba el pago de 2.500 por niño nacido o adoptado desde el
3 de julio
elmundo.es (13/07/2007)
El Consejo de Ministros ha aprobado el futuro proyecto de ley que regulará
la prestación de 2.500 euros a las familias por el nacimiento o adopción
de un hijo.
Continuar
A
partir de hoy se podrán pedir las ayudas de 2.500 euros por hijo
elmundo.es (16/07/2007)
La solicitud de la prestación de 2.500 euros a las madres estará disponible
a partir de hoy en las oficinas de la Agencia Tributaria, así como en
las páginas de Internet de los Ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo.
Además, se pondrán en marcha dos teléfonos gratuitos de información.
Continuar
Hacienda
también sabe disfrutar del buen arte
cincodias.com (16/07/2007)
Desde 2002 se han pagado tributos con obras por valor de 105 millones.
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Economía
suavizará las exigencias a las empresas auditoras
cincodias.com (16/07/2007)
Pedro Solbes someterá en breve a la aprobación del Consejo de Ministros
una reforma de la ley de Auditoría que la dotará de mayor flexibilidad
en cuanto a la regulación de las responsabilidades exigibles y las sanciones
aplicables a las auditoras.
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El
Estatuto del Trabajo Autónomo fomenta el arbitraje
El pasado
28 de junio el Congreso de los Diputados dio el sí definitivo al
Estatuto del Trabajo Autónomo, un texto que protege y potencia
a un colectivo que supera los tres millones de trabajadores en España.
Almudena
Vigil (negocios.com)
La nueva
regulación recoge en su articulado medidas de calado para la potenciación
del uso del arbitraje como método extrajudicial de resolución
de conflictos. Así lo reconoce explícitamente el artículo
4.2.
Dentro de la regulación específica del trabajador autónomo
económicamente dependiente, el artículo 18 se refiere, más
en concreto, a los "procedimientos no jurisdiccionales de resolución
de conflictos, basados en los principios de gratuidad, celeridad, agilidad
y efectividad". El texto remite al autónomo a la regulación
contenida en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Las partes
podrán someter, por tanto, sus discrepancias al arbitraje, aunque
siempre de manera voluntaria.
En este
sentido, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores
Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha explicado a LA GACETA que la
organización que él representa tiene ya un acuerdo firmado
con la asociación arbitral ACAM, en previsión a lo que supondrá
la entrada en vigor de este estatuto.
Amor asegura
que ya se está desarrollando un tipo de arbitraje, que no suponga
un coste adicional para los autónomos, y en el que se establecería
un marco de colaboración entre las asociaciones de autónomos
y las de arbitraje. Se fomentaría así este procedimiento
extrajudicial, evitando saturar la Administración de Justicia.
Además, el presidente de ATA también ha avanzado que en
pocas semanas se empezará a trabajar en colaboración con
el Ministerio en el desarrollo reglamentario, un texto que "podría
estar muy avanzado" para cuando entre en vigor el estatuto, tres
meses después de su publicación en el BOE.
Uno de los
grandes logros del nuevo texto está en haber logrado regular la
figura del autónomo económicamente dependiente, los denominados
trades. Asegura Salvador del Rey, socio de Cuatrecasas y uno de los expertos
a los que el Gobierno encargó la elaboración del borrador
del estatuto, que la regulación de este tipo de autónomos
no deja lugar a dudas y dista mucho de ser un asalariado encubierto, "como
en ocasiones se ha llegado a afirmar".
Las medidas
del texto que se refieren a los trade implicarán que un número
creciente de empresas deba ahora replantearse su relación con los
trabajadores por cuenta propia, según explica el socio de Cuatrecasas.
Transición
Estos autónomos
dependientes, cuyos ingresos dependen, en un 75% o más, de un único
cliente, tendrán que someterse a un período de transición.
Así lo establece la disposición transitoria segunda donde
se dispone que los contratos suscritos entre un trade y su cliente, con
anterioridad a la entrada en vigor de la norma, "deberán adaptarse
a las previsiones contenidas en la ley dentro del plazo de seis meses
desde la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que se dicten
en su desarrollo, salvo que en dicho período alguna de las partes
opte por rescindir el contrato". La misma disposición advierte
que el trade deberá tener al tanto a su cliente de su condición
como tal.
Hacia
menos herencias y más rentas vitalicias
El premio Nobel de Economía Franco Modigliani,
elaboró la teoría del 'ciclo vital', según la cual
las personas racionales, no planean dejar herencias y sí pretenden
mantener el nivel de consumo a lo largo de toda la vida. Para ello, el
ahorro que acumulan durante los años de su vida activa lo dedican
a consumir en los años de jubilación.
R.
PASCUAL (cincodías.com)
Pues bien, los españoles podrían ser la excepción
necesaria para confirmar esta teoría, ya que nada menos que el
90% piensa dejar su vivienda en herencia a sus hijos o familiares. De
esta mayoría de españoles, un tercio argumenta que el motivo
es el de mejorar el nivel de vida de sus hijos; mientras que un 25% alegan
causas 'egoístas', a cambio de que se ocupen de ellos, y otro porcentaje
idéntico asegura que lo hará a modo de dejar reservas frente
a posibles contingencias.
Así
lo refleja el trabajo Capacidad de la Vivienda en Propiedad como Instrumento
de Financiación de las Personas Mayores, elaborado por un equipo
de investigadores de la Universidad de Barcelona y la London School of
Economics patrocinado por VidaCaixa que, sin embargo, asegura que esta
mentalidad española de 'fuerte cultura de la herencia' está
cambiando.
Teniendo
en cuenta que el 81% de las familias españolas tiene una vivienda
en propiedad (el 92% de los mayores de 65 años, completamente pagada)
y que tres de cada cuatro mayores de 50 años quieren envejecer
en su vivienda, el estudio analiza el potencial que tienen en España
los instrumentos financieros que sirven para transformar el patrimonio
inmobiliario en rentas. Se trata fundamentalmente de hipotecas inversas
y seguros de renta vitalicia.
Así,
los autores del informe -que ha recibido el premio Edad y Vida 2005- observan
como la mitad de los que ya tienen 65 años aseguran que 'nunca'
contrataría una hipoteca inversa, mientras que este porcentaje
desciende al 38% en el caso de los que tienen entre 50 y 64 años.
De esta
forma, aunque entre los que están más próximos a
la jubilación aumenta la tolerancia a este tipo de instrumentos
financieros, la mayoría (37%) sólo suscribiría una
hipoteca inversa en caso de necesidad económica y sólo un
2% lo haría para mejorar su calidad de vida.
Dicho esto,
prácticamente la mitad de la población si contrataría
'si fuera necesario' una hipoteca inversa con un seguro que convirtiera
la renta en vitalicia. Si bien esta combinación encarece notablemente
el producto, según los autores del informe.
Y no hay
que olvidar que contratar una hipoteca inversa supone volver a endeudarse,
algo que lleva a los españoles a rechazar estas herramientas. Además,
la falta de información dificulta su contratación, ya que
seis de cada diez mayores de 50 años ni siquiera ha oído
hablar de este tipo de hipotecas y seguros.
Los que sí llegan a contratar una de estas hipotecas ven como fuertes
desventajas sus costes tributarios, gastos notariales y registrales.
Propuestas
de nuevos instrumentos
- La hipoteca
inversa consiste en un préstamo de una entidad financiera que permite
a una persona mayor recibir una cantidad mensual durante un tiempo (entre
10 y 20 años) a un interés fijo negociable, fijando su vivienda
como garantía y con el consentimiento de los herederos. La vivienda
sigue perteneciendo al dueño y sus herederos pero la entidad financiera
tiene la garantía de la vivienda hipotecada para recaudar el dinero
prestado en caso de fallecimiento.
- Los planes
y fondos de pensiones existen en España desde 1987 y son un producto
de ahorro e inversión que fijan pensiones complementarias a las
de la Seguridad Social mediante aportaciones durante la vida laboral.
Siete millones de españoles cuentan con un fondo.
- El seguro
de renta vitalicia otorga el pago de una renta de forma periódica
al asegurado, desde el momento en qué se determine por la póliza
y hasta que éste fallezca. La hipoteca inversa puede combinarse
con este seguro, aunque encarece notablemente el producto. Su carácter
vitalicio le diferencia de los planes de pensión.
- Desde
este año existe un nuevo instrumento similar: el plan individual
de ahorro sistemático.
- La vivienda
pensión consiste en vender la vivienda y contratar una pensión
vitalicia, destinando la renta al pago de un alquiler para poder continuar
viviendo en ella y, al tiempo, cobrar una pensión complementaria
vitalicia.
Productos
existentes
Varios investigadores
del Centro de Análisis Económico y de Políticas Sociales
(Caeps) de la Universidad de Barcelona proponen crear nuevos instrumentos
de financiación para los mayores:
- La hipoteca
inversa de protección oficial podría ofrecer un subsidio
del tipo de interés o incluso la exención de los gastos
de constitución de la hipoteca, del pago del impuesto de bienes
inmuebles y, especialmente, de los costes de contratar el seguro de rentas
vitalicias.
- Nuevos
sistemas de ahorro-previsión a largo plazo. En opinión de
estos expertos, debería darse un tratamiento fiscal más
ventajoso a la generación de ahorro privado mediante instrumentos
a largo plazo, durante la vida laboral de las personas, frente a otros
productos a corto plazo no finalistas.
- Los fondos
de inversión inmobiliaria para la vejez (FIIV). Es el caso de instituciones
de inversión colectiva que busquen la captación de fondos
para destinarlos a la compra de inmuebles o residencias destinados a las
personas mayores para explotarlos en régimen de alquiler.
Los partícipes ganarían por dos vías: el cobro de
rentas a los arrendatarios y el aumento del valor de los inmuebles en
cartera del fondo. Al ser un fondo de inversión, la fiscalidad
de este producto destinado a invertir en el mercado inmobiliario de los
mayores, sería muy beneficiosa.
Herramientas financieras para la vejez
No hay datos
oficiales del número de hipotecas inversas que existen en España,
pero se calcula que hay sólo unos 'pocos miles', según fuentes
del sector. De hecho, apenas cinco o seis entidades ofrecen este producto
financiero en todo el país. Ante esta circunstancia, los autores
del estudio de la Universidad de Barcelona premiado por Edad y Vida y
patrocinado por VidaCaixa tienen clara la receta para fomentar los instrumentos
financieros de aumento de rentas entre los mayores: mejorar su tratamiento
fiscal.
Así,
en el caso de las hipotecas inversas, proponen la creación de un
incentivo fiscal para la contratación de un seguro de rentas vitalicias
(asociado a la hipoteca), 'mediante la exención de tributación
de las rentas en el IRPF'.
Solicitan
también una subvención del tipo de interés de la
hipoteca o deducción de los intereses de la misma en el IRPF; y
la eliminación de los gastos legales de constitución de
la hipoteca.
En el caso
de la vivienda pensión, argumentan que la venta de la vivienda
a cambio de una pensión complementaria, no tiene como finalidad
conseguir plusvalías. Por ello los autores del informe proponen
que no tributen por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el
impuesto sobre plusvalía municipal.
Los alquileres percibidos por la entidad inmobiliaria por el derecho de
uso de la vivienda tampoco tributaría. Asimismo, debería
acordarse la exención de tributación en el IRPF de las pensiones
percibidas.
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CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
04/04/2007 (V0687-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
La consultante
es beneficiaria de un plan de pensiones por fallecimiento del partícipe
en el 2006.
CUESTION-PLANTEADA
Régimen
fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a
las prestaciones percibidas de un plan de pensiones.
CONTESTACION-COMPLETA
Según
el expediente de consulta tributaria no consta la fecha y la forma de
cobro de las prestaciones del plan de pensiones, y dado que desde el 1
de enero de 2007 existe una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se hace necesario trasladar el tratamiento fiscal
de estas prestaciones según que dicha prestación se haya
percibido con anterioridad o posterioridad a esta fecha.
Así,
para el supuesto que la prestación se haya percibido con anterioridad
al 1 de enero de 2007, el artículo 16.2.a).3ª del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, vigente hasta
el 31 de diciembre de 2006, inclusive, establece que tienen la consideración
de rendimientos del trabajo:
“3.
Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones”.
Si la prestación
se hubiera percibido en forma de capital, se podrá aplicar la reducción
prevista en el artículo 17.2.b) del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el cual dispone
que podrán reducirse:
“b)
El 40 por 100 de reducción en el caso de las prestaciones establecidas
en el artículo 16.2.a) de esta Ley, excluidas las previstas en
el apartado 5º, que se perciban en forma de capital, siempre que
hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.
El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de
prestaciones por invalidez.”
Por tanto,
las prestaciones percibidas por jubilación de los planes de pensiones
se califican como rendimientos del trabajo, integrándose en la
base imponible en su totalidad, excepto cuando se perciba en forma de
capital que se podrá aplicar una reducción del 40 por 100
sobre el capital percibido, siempre que entre la fecha de la primera aportación
al plan de pensiones y la de ocurrencia del fallecimiento hubieran transcurrido
más de dos años. En el supuesto de percibir la prestación
en forma mixta, la citada reducción se aplicará solamente
a la parte percibida en forma de capital.
Para el
supuesto que la prestación se hubiera percibido a partir del 1
de enero de 2007, el artículo 17.2.a).3ª de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, vigente desde el
1 de enero de 2007, inclusive, dispone en los mismos términos literales
que las prestaciones percibidas de los planes de pensiones tienen la calificación
de rendimiento del trabajo, integrándose en su totalidad en la
base imponible general, sin reducción alguna por percibir la prestación
en forma de capital.
No obstante,
la disposición transitoria duodécima regula el régimen
transitorio de las prestaciones percibidas de los planes de pensiones
de la siguiente forma:
“1.
Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad
al 1 de enero de 2007, los beneficiarios podrán aplicar el régimen
financiero y, en su caso, aplicar la reducción prevista en el artículo
17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006.
(…..)”.
Por tanto,
dado que la contingencia de fallecimiento ocurrió en el 2006, si
las prestaciones se perciben a partir del 1 de enero de 2007, el beneficiario
podrá optar por tributar conforme a la Ley 35/2006, o en su caso
aplicar la reducción del 40 por 100 prevista en el artículo
17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, cuando dicha prestación se perciba en forma de
capital. En caso de percibirse en forma de renta, tanto en el régimen
fiscal anterior como posterior al 1 de enero de 2007, la integración
en la base imponible es en su totalidad, sin reducción alguna.
En ambos
supuestos, estos rendimientos del trabajo están sujetos a retención
conforme a los artículos 78 y siguientes del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto
1775/2004, de 30 de julio.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
25/05/2007 (V1027-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
El consultante
interpuso una jura de cuentas que fue aprobada por el Juzgado de lo Social
número 30 de Madrid, por importe de 879,79 euros más IVA.
El cliente consigna tal cantidad, negándose al pago del IVA. Promovida
por el consultante la ejecución de cobro de este impuesto, el citado
Juzgado se declara incompetente para resolver la cuestión.
CUESTION-PLANTEADA
Tratamiento
fiscal que debe otorgarse a la situación descrita, tanto en IVA
como en IRPF.
CONTESTACION-COMPLETA
En relación
con el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Primero.-
El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial del
Estado del 29), dispone que estarán sujetas al Impuesto las entregas
de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial
del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso,
con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los
propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades
que las realicen.
El artículo 5, apartado uno de la referida Ley establece, en cuanto
al concepto de empresario o profesional, lo siguiente:
"Uno.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios
o profesionales:
a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales
o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.
Por su parte el artículo 5, apartado dos de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido, dispone lo siguiente:
“Dos.
Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación
por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos
o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción
o distribución de bienes o servicios.
En particular,
tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación,
comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía,
agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción,
mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas”.
El artículo
11, apartado uno de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
establece que, a los efectos de dicho Impuesto, se entenderá por
prestación de servicios toda operación sujeta al citado
tributo que, de acuerdo con dicha Ley, no tenga la consideración
de entrega, adquisición intracomunitaria o importación de
bienes.
Por su parte
el artículo 11, apartado dos, número 1º de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido dispone que, en particular, se
consideran prestaciones de servicios, “el ejercicio independiente
de una profesión, arte u oficio”.
Segundo.-
La denominada jura de cuentas, a que se refiere el escrito de consulta,
es un procedimiento independiente del que intervino el profesional, abogado
o procurador, al que le adeudan la minuta, que se sustancia ante el mismo
Tribunal que conoció del pleito del que deriva la deuda.
La jura de cuentas posee la naturaleza de un juicio ejecutivo especial
y sumario basado no en privilegios subjetivos de los profesionales que
pueden instarlo, sino en el carácter de los créditos devengados,
atinentes a determinados gastos y trabajos derivados del proceso judicial.
Dicho procedimiento tiene por objeto conseguir que los abogados y procuradores
que hayan intervenido en un determinado proceso puedan resarcirse, de
forma sumaria y expeditiva, de los gastos que el ejercicio de las labores
de representación y defensa procesal les haya ocasionado. Sólo
pueden reclamarse por dicho procedimiento honorarios devengados en el
pleito. Por tanto, no cabe utilizarlo para los conceptos devengados extrajudicialmente,
como consultas, asesoramientos, etc.
Dependiendo
del ámbito jurídico del proceso (penal, civil, social) se
regulan en una u otra norma procesal. En el caso de los asuntos de carácter
civil, la jura de cuentas se regula, para el caso de los abogados, en
el artículo 35.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil (BOE del 8), en los términos siguientes:
“1.
Los abogados podrán reclamar frente a la parte a la que defiendan
el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando
minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son
debidos y no han sido satisfechos”.
De acuerdo con lo expuesto, y teniendo en cuenta que el procedimiento
de jura de cuentas es consecuencia del ejercicio de una actividad profesional
ejercida por el consultante para su cliente, las prestaciones de servicios,
que motivan la deuda del cliente con aquél, están sujetas
al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tercero.-
El artículo 88, apartado uno, párrafo primero de la Ley
37/1992 dispone que los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente
el importe del Impuesto sobre aquél para quien se realice la operación
gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión
se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera que fueran las estipulaciones
existentes entre ellos.
Por su parte, los apartados dos y tres del mencionado artículo
88 establecen que la repercusión del Impuesto deberá efectuarse
mediante factura o documento sustitutivo, en el momento de expedirse los
mismos y en las condiciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.
El artículo 164, apartado uno, número 3º, de la Ley
del Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone que sin perjuicio
de lo establecido en el Título anterior de dicha Ley, los sujetos
pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites
y condiciones que se determinen reglamentariamente, a:
“3º. Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada
a lo que se determine reglamentariamente”.
El desarrollo
reglamentario de dicho precepto se ha llevado a cabo por el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre (BOE del 29), por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Asimismo,
el artículo 88, apartado seis de la Ley 37/1992, establece que
las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión
del Impuesto, tanto respecto a la procedencia como a la cuantía
de la misma, se considerarán de naturaleza tributaria a efectos
de las correspondientes reclamaciones en la vía económico-administrativa.
De acuerdo
con lo expuesto, al estar las prestaciones de servicios profesionales
efectuadas por el consultante sujetas y no exentas del Impuesto sobre
el Valor Añadido, éste último está obligado
a expedir la correspondiente factura, ajustada a los requisitos establecidos
en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
en la que conste, entre otros datos, la repercusión del Impuesto
sobre el Valor Añadido que grava dichas prestaciones de servicios.
En el supuesto
de que el destinatario de la operación se niegue a soportar la
repercusión del Impuesto, el consultante podrá interponer
la correspondiente reclamación económico administrativa.
En relación
con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Como se deduce de lo explicado anteriormente, la jura de cuentas posee
la naturaleza de un juicio ejecutivo especial y sumario en virtud del
cual el profesional, abogado o procurador, recupera el importe de determinados
gastos y trabajos desplegados en el curso del proceso. Una vez presentada
ante el órgano judicial la correspondiente cuenta de gastos, el
Juez o el Tribunal la examina y requiere de pago al deudor bajo apercibimiento
de apremio.
El artículo
25.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 3/2004, de 5 de
marzo (BOE del día 10), en adelante TRLIRPF, dice:
“Se considerarán rendimientos íntegros de actividades
económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del
capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte
del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de
producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad
de intervenir en la producción o distribución de bienes
o servicios.
En particular,
tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas,
de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas
las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras,
de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales,
artísticas y deportivas”.
Por lo tanto,
las cantidades que recupere el profesional consultante como consecuencia
de la jura de cuentas tendrán la naturaleza de rendimiento de la
actividad económica por proceder del ejercicio de la profesión
liberal del consultante, y deberán imputarse de acuerdo con la
regla general del artículo 14.1 b) del TRLIRPF.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
Los contratos
de arrendamiento financiero, deben cumplir unos requisitos para poder
efectuarlos. Así en relación con estos requisitos existen
una serie de particularidades en la aplicación del Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (art. 115. RD 4/2004). Requisitos:
- El fin
del contrato debe ser ceder el uso del bien mueble o inmueble.
- El bien objeto del contrato es adquirido por la entidad arrendadora
según las especificaciones del arrendatario.
- La entidad arrendadora recibirá un abono periódico de
cuotas (satisfechas por el arrendatario).
- Los bienes objeto de estas operaciones deben quedar afectados a la explotación
económica del arrendatario.
- A la finalización del contrato se debe incluir una opción
de compra que puede ejecutar el arrendatario.
- Los contratos deben tener una duración mínima (si bien
puede establecerse otra para evitar abusos) de 2 años para bienes
muebles y de 10 años para bienes inmuebles o establecimientos industriales.
En el artículo
11.3 de esta Ley se recogen los contratos de cesión de uso de bienes
con opción de compra o renovación que no cumplen las condiciones
del art. 115.
También se recoge en este art. 11.3 el tratamiento fiscal de las
amortizaciones en el LEASE-BACK.
REGIMEN
FISCAL del Leasing (arrendamiento financiero):
Las cuotas
del arrendamiento financiero deben descomponerse en tres partes diferenciadas:
1.- Parte
que corresponde a la recuperación del coste del bien excluyendo
el valor de la opción de compra. Para los bienes inmuebles y análogos
la cuota debe descomponerse en la parte amortizable y la no amortizable
(parte del terreno).
2.- Parte
correspondiente a los intereses pagados por esta operación.
3.- IVA
correspondiente.
Serán DEDUCIBLES FISCALMENTE los siguientes conceptos:
1.- Los
intereses pagados a la entidad arrendataria.
2.- La parte
de la cuota correspondiente a la recuperación del coste del bien
(siempre que sea amortizable). Con una limitación a esta deducción
que será el doble de la amortización lineal según
tablas y el triple (2 por 1.5) para las PYMES.
El exceso sobrante derivado de la aplicación de este límite
será deducible en los períodos impositivos sucesivos, respetando
igual límite.
La deducibilidad
fiscal de las cuotas se produce a partir de la puesta en condiciones de
funcionamiento (las cuotas pagadas antes no son deducibles).
- NO será
deducible fiscalmente el importe pagado que corresponda a la parte no
amortizable del bien ( esta parte no amortizable suele ser el terreno
correspondiente a un inmueble).
La entidad
arrendataria o cedente amortizará el precio de adquisición
o coste de producción del bien menos el importe de la opción
de compra, en el plazo que dure la operación.
Ejemplo
Una determinada
empresa (PYME) "X, S.A." dedicada a la confección, compra
(a fecha 01/01/2007) una máquina para la elaboración de
prendas de vestir mediante un contrato de arrendamiento financiero. La
máquina se pone en funcionamiento en el mismo momento de su adquisición
siendo su coste de 30.000 euros.
El ejercicio económico de esta empresa coincide con el año
natural.
Suponemos:
- Recuperación coste del bien .......... 300,51 eur./mes.
- Carga financiera .................... 46,88 eur./mes.
- I.V.A. soportado ..................... 48,08 eur./mes.
De esta
forma, la mencionada empresa tendría derecho a deducirse por el
importe total, los 46,88 euros, que corresponden a los intereses pagados
por el contracto de leasing y respecto de la recuperación del coste
del bien:
- Según
las tablas oficiales de Hacienda:
* Coeficiente máximo:........ 12%.
* Período máximo: ............. 18 años.
- Luego:
100 : 18 = 5,5 % Coef. de amort. lineal
- La deducción
permitida es de : 4.950 Euros
2 * 5,5%
* 1,5 = 16,5% Al tratarse de una PYME.
30.000 * 16,5% = 4.950 Euros
Luego este
sería el importe que actuaría como límite para la
deducción como recuperación del coste del bien.
- El I.V.A.
soportado, habría de compensarse en la liquidación trimestral
de I.V.A.
Fiscalidad RCR, Proyectos de Software.
COMENTARIOS
A LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
EN LAS OPERACIONES COMERCIALES (II)
En esta
segunda parte del comentario sobre la Ley de Morosidad, vamos a continuar
analizando detalladamente esta norma, especialmente concebida para proteger
los derechos de créditos de las pequeñas y medianas empresas,
ocupandonos de su ámbito de aplicación, al tipo de contratos
que afecta y a los plazos de pago de las deudas que legalmente establece.
ÁMBITO
DE APLICACIÓN
La Ley 3/2004,
de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales se aplica, según su artículo
1, a las operaciones comerciales que den lugar a entrega de bienes o prestación
de servicios entre empresas o entre empresas y la Administración.
En consecuencia,
según el artículo 2 de esta Ley, se considera empresa a
cualquier persona física o jurídica que actúe en
el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional.
Asimismo,
por Administración se entiende, según este mismo precepto,
a las Administraciones Públicas, organismos y entidades previstas
en los apartados 2 y 3 del artículo 1 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir, la
Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración
Local y los organismos autónomos y las restantes entidades de derecho
público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes
de cualquiera de las Administraciones públicas.
Por tanto,
de conformidad con el artículo 3 de la Ley, y con el texto de la
Directiva 2000/35/CE, la ley se aplica a todos los pagos derivados de
las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre éstas
y la Administración; así como también a las operaciones
realizadas entre los contratistas principales de la Administración
y sus subcontratistas y proveedores.
Sin embargo,
no se aplica esta Ley, quedando fuera de su ámbito, a los pagos
derivados de operaciones comerciales realizadas con consumidores; ni tampoco
a los intereses relacionados con la Ley Cambiaria y del Cheque (pagos
a través de cheque, letra de cambio o pagaré). Tampoco resulta
de aplicación al pago de las indemnizaciones por daños y
perjuicios, incluidas aquellas a que deban hacer frente las entidades
y compañías aseguradoras. Finalmente, no se aplicará
esta Ley tampoco a las deudas de aquellas empresas que se encuentren sometidas
a un procedimiento concursal, las cuales se rigen por la Ley 22/2003,
Concursal.
Por último,
y a efectos de determinar el ámbito de aplicación de la
Ley, el artículo 2 señala que por morosidad debe entenderse
el incumplimiento por parte del deudor de los plazos contractuales - es
decir, pactados inter-partes - o legales en los que se debe efectuar el
pago de la deuda.
CONTRATOS
A LOS QUE RESULTA DE APLICACIÓN
En cuanto
a qué tipos de contratos se aplica esta Ley, y según su
Disposición Transitoria Única, la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre,
resultará aplicable a todos los contratos que, incluidos en su
ámbito de aplicación, hayan sido celebrados con posterioridad
al 8 de Agosto de 2002, en cuanto a sus efectos futuros, incluida la aplicación
del tipo de interés de demora establecido en su artículo
7.
No obstante
lo anterior, esta Disposición Transitoria establece una excepción
en cuanto a lo que se refiere a la nulidad de las cláusulas pactadas
por las causas establecidas en su artículo 9 (que se refiere a
la consideración de abusivas de determinadas cláusulas).
En este caso, la presente Ley será aplicable sólo a los
contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor; lo que significa
que sólo podrá invocarse la nulidad de cláusulas
contractuales con apoyo en el artículo 9 de la Ley en aquellos
contratos que se celebrasen a partir del 31 de Diciembre de 2004.
FIJACIÓN
DE PLAZOS LEGALES DE PAGO
La Ley 3/2004,
de 29 de Diciembre, parte, como no podía ser de otra forma, del
respeto absoluto a la libertad de pacto entre las partes en cuanto a lo
que a la fijación del plazo de pago de las deudas se refiere; y
sólo en defecto del mismo, señala cuál será
el plazo de pago.
Así,
el apartado 1 del artículo 4 señala que "El plazo
de pago que debe cumplir el deudor será el que se hubiera pactado
entre las partes dentro del marco legal aplicable y, en su defecto, el
establecido de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente."
Por lo tanto,
en caso de que no se haya pactado plazo alguno para efectuar el pago,
el apartado 2 del artículo 4 de la Ley señala los siguientes:
a) Treinta
días después de la fecha en que el deudor haya recibido
la factura o una solicitud de pago equivalente.
b) Si la fecha de recibo de la factura o la solicitud de pago equivalente
se presta a duda, treinta días después de la fecha de recepción
de las mercancías o prestación de los servicios.
c) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes
que los bienes o servicios, treinta días después de la entrega
de los bienes o de la prestación de los servicios.
d) Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de
aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse
la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato
y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes
o en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación,
treinta días después de esta última fecha.
El incumplimiento
de los plazos de pago pactados en el contrato de entrega de bienes o prestación
de servicios o, en su caso, de estos plazos de pago legalmente previstos
llevará aparejado el devengo de intereses de demora a favor del
acreedor, de forma automática y por imperativo legal; es decir,
sin que sea necesario previo aviso al deudor del vencimiento de su obligación
ni requerimiento de ninguna clase por parte del acreedor. En cuanto al
cálculo de esos intereses, se abordará el mismo en el próximo
número de nuestro boletín.
Antonio
Millán Callado.
Abogado y Master en Economía y Derecho del Consumo.
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