|
Cómo
evitar otro 'palo' de Hacienda
Acabado
el plazo para presentar la declaración de la Renta, muchos se lamentan
del varapalo que les ha dado Hacienda y se preguntan cómo evitarlo
en la próxima declaración. Aunque, según los datos
del Gobierno, la mayoría de las declaraciones benefician a quienes
las presentan, los que tienen que pagar al fisco tienen que recurrir a
menudo a la paga extraordinaria para afrontar un gasto que podría
ser menor si se tuviesen en cuenta las distintas deducciones que permite
el nuevo IRPF. Aún estamos a tiempo, hasta fin de año, de
cambiar el signo de nuestra declaración del año que viene.
Javier
Fernaud/Pablo Veyrat (cincodias.com)
Nuestra
relación con la vivienda alcanza una nueva dimensión a la
hora de desgravarnos. Los menores de 35 años que paguen más
de un 10% de sus ingresos anuales para alquilar su vivienda, pueden recibir
de vuelta un 10% del importe anual hasta 300 euros. Si, además,
pertenecen a una familia numerosa, pueden convertirse en 600 euros.
Si, en lugar
de alquilar, nos decidimos a comprar una residencia como vivienda habitual,
tenemos derecho a una devolución del 15% del importe con un tope
de 9.015,18 euros. Haber pedido un crédito hipotecario por más
de la mitad del importe total de la vivienda y demostrar que no podremos
pagar un 40% de éste en los próximos tres años nos
dará derecho al mismo tipo de devolución con el mismo tope.
También, tener abierta una "cuenta-vivienda" nos permite
deducir un 15% de lo que ingresemos cada año. Aunque hay que tener
cuidado, pues, según la comunidad en que residamos, tenemos la
obligación de adquirir una vivienda con ese dinero en un plazo
de 5 o 6 años. En caso contrario, tendremos que abonar las deducciones
aplicadas y, además, intereses de retraso.
Meternos
en obras con la casa también nos puede ayudar. Aquellas reformas
en nuestra residencia habitual que puedan justificarse como dirigidas
a "mantener el uso normal de la vivienda, así como la sustitución
de bienes como la calefacción o el ascensor", nos traerá
de vuelta un 15% de lo invertido en ellas, también con un tope
de 9.015,15 euros.
Los planes
de pensiones son otro de los elementos a tener en cuenta, aunque hay que
estar al corriente de los cambios que se han producido con el nuevo IRPF.
Las aportaciones realizadas durante el año sirven para reducir
la base imponible, con un tope de 10.000 euros, aunque la cantidad desgravable
no podrá superar el 30% de los rendimientos del trabajo. Este límite
asciende a 12.500 euros o el 50% de las rentas del trabajo para los mayores
de 50 años.
Si se tienen
acciones, hay que tener en cuenta los cambios en la fiscalidad de las
plusvalías. En general, no compensará vender los títulos
adquiridos hace menos de un año y sí deshacernos de los
adquiridos hace más de 12 meses.
Los trabajadores
autónomos están acostumbrados a hacer acopio de todo tipo
de facturas. En su declaración trimestral del IVA, pueden descontarse
el IVA de aquellas facturas que hayan abonado durante el ejercicio de
su profesión. Así, por ejemplo, la adquisición de
material de oficina o los gastos de transporte pueden quedar exentos del
pago del IVA siempre que sean justificados de este modo.
Donaciones
y ayudas culturales
Explotar
la vena solidaria también puede ayudar al bolsillo. Las donaciones
a instituciones sin ánimo de lucro ofrecen jugosas ventajas. Con
carácter general, tienen una deducción del 20%, que se amplía
al 25% en programas prioritarios de mecenazgo, como la restauración
de catedrales. Asimismo, las donaciones a fundaciones y asociaciones declaradas
de utilidad pública tienen una deducción del 10%.
Los contribuyentes
que hayan residido en Ceuta y Melilla, tienen también la posibilidad
de reducir el 50% de la cuota íntegra de los ingresos obtenidos
en esos territorios. Las comunidades autónomas pueden además
aprobar deducciones con ciertos límites. La lista de resquicios
para aligerar las cargas fiscales incluye las cuotas sindicales y las
que se abonan al colegio profesional, hasta un máximo de 300,51
euros.
Si estamos
cerca de la edad de jubilación y Hacienda aprieta, hay que saber
que, si alargamos la vida laboral más allá de los 65 años,
las reducciones por trabajo serán el doble.
En cualquier
caso, si no podemos permitirnos una vivienda (ni en alquiler), no conseguimos
ahorrar para un plan de pensiones, alargar la vida laboral no está
en nuestro horizonte y no queremos financiar la reconstrucción
de una catedral o explotar nuestra cara más humana apoyando a una
ONG, no quedará más remedio que ahorrar todos los meses
para ajustar cuentas con Hacienda el próximo verano. O tener hijos,
que está en el 'top ten' de las ofertas electorales en tema de
impuestos, Zapatero ofrece 2.500 euros y Rajoy sube la puja a 3.000 ¿alguien
da más? Siempre quedará la opción de pedir que nos
aumenten la retención? y cobrar menos cada mes.
Carrera
de diseño para heredero de empresa
Ambiente cosmopolita, cursos en las mejores universidades
del mundo y viajes para fortalecer los lazos fraternales. Así forma
la empresa familiar a sus sucesores
Marta
Matute (cincodías.com)
Tomás Pascual Gómez-Cuétara ha pasado gran parte
de su vida preparándose para ser el sucesor de su padre, don Tomás.
Primero terminó la carrera de ingeniero industrial en la Universidad
Politécnica de Madrid, después realizó un máster
en Administración de Empresas en el prestigioso Instituto Tecnológico
de Massachussets (MIT). Más tímido, pero también
más cerebral que su progenitor, siempre supo que su futuro estaba
escrito y que sus primeros pasos profesionales debían afianzar
su regreso a casa como heredero. Del MIT voló al departamento de
ventas de White Rock, una compañía alimentaria neoyorquina,
y de allí al Bank of America. Como mandan los cánones.
'Nosotros
recomendamos, una vez concluidos los estudios, que los chicos trabajen
durante una larga temporada lejos del hogar. Es la mejor manera de hacerse
un currículo sin depender de los favores del padre y evitando el
recelo de los empleados. Sin apellido que pese, podrán demostrar,
mejor dicho, demostrarse, hasta dónde llega su valía profesional',
explica Manuel Pavón, terapeuta familiar y abogado de la firma
Garrigues. Algunos empresarios, sin embargo, prefieren que sus hijos aprendan
el negocio junto a ellos. Es el caso de Amancio Ortega. Marta, la heredera,
pronto dejará la London School Business para trabajar en Inditex.
Su primer destino será una tienda Bershka, donde pasará
un par de meses, después rotará por varios departamentos
y países.
Tomás
Pascual, por el contrario, no se apartó del guión ni una
sola línea. Tras su regreso de Estados Unidos se convirtió
en el mejor colaborador de su padre y a su muerte tomó el relevo
en una suerte de 'sucesión tranquila', como le gusta contar a su
hermana Sonia, consejera y accionista. Hoy todos los Pascual Gómez-Cuétara
están vinculados de una u otra manera a la láctea. Borja,
máster en Real State por la Universidad de Columbia, se ocupa de
la división inmobiliaria del grupo y Pilar ha realizado estudios
de filantropía en las fundaciones Rockefeller y Bertelsmann para
impulsar la Fundación Tomás Pascual.
Los Uriach,
dueños de una industria farmacéutica centenaria, tienen
una larga experiencia en el traspaso de poder. Eso ha dado alas a los
herederos para cumplir sus ilusiones y dar rienda suelta a sus pasiones,
como la egiptología. Hijos y nietos de boticarios, los miembros
de la sexta generación, hoy al timón de la factoría,
siempre fueron soberanos de su formación y siempre contaron con
el apoyo moral y económico de los padres. 'Lo único que
nos exigieron antes de trabajar en casa fue haber sido empleados en el
extranjero y pasar el examen de un comité de expertos', dice Joaquín
Uriach, secretario general de los laboratorios. Enrique, licenciado en
Empresariales, trabajó como auditor antes de asumir la presidencia
de la sociedad, y Joaquín se formó, primero, en una compañía
londinense de intermediación de cacao y, después, en un
despacho de abogados.
Enrique
asumió la presidencia sin despertar el recelo de sus hermanos.
O, al menos, sin ese tipo de fricciones que suelen poner en peligro la
propiedad familiar. El traspaso no suscitaría el menor comentario
si este directivo hubiese sido el mayor de los hermanos, pero Enrique
no es el primogénito, ni siquiera el segundo. Ocupa el cuarto lugar
en la familia, después de Juan, Marta y Javier, 'que han cedido
con absoluta generosidad su puesto y han aceptado con normalidad su papel
de consejeros', nos dirá Joaquín, el pequeño y el
único que colabora directamente con el presidente. Hoy es su portavoz.
Cuando familia
y hacienda se mezclan, no es fácil aceptar lo que los consultores
llaman jerarquía incongruente, esto es, la presencia de dos liderazgos,
uno familiar y otro empresarial. 'En más de una ocasión,
explica José Manuel Zugaza, director de la consultora Unilco, cuando
el padre intuye que el mejor gestor no es el primogénito recurre
a un experto para que le auxilie y evite el enfrentamiento entre los hijos'.
En otras ocasiones, los accionistas optan por traspasar la administración
a un ejecutivo de prestigio. Es el caso de los Roca, que durante 25 años
cedieron la dirección a Salvador Gabarró y que hoy tienen
puesta su confianza en José Miguel Roca, con el mismo apellido
que los herederos, pero sin ningún parentesco familiar.
Pascual
(Leche Pascual), Ortega (Zara), Puig (Puig Perfumes), Uriach (Laboratorios
Uriach), Reventós (Codorníu), Gallardo (Almirall) y Carulla
(Agrolimen) son algunos de los apellidos señeros del club de las
empresas familiares, más de dos millones y medio de sociedades
repartidas por toda la península, la gran mayoría pymes.
Descendientes
de emprendedores, de hombres hechos a si mismos y con escasa formación,
los hijos y nietos de la empresa familiar son, por el contrario, jóvenes
sobradamente preparados para competir en un mundo global. 'Los padres
son conscientes de que hay que respetar la vocación de los menores',
explica Miguel Ángel Gallo, profesor de la Escuela de Negocios
IESE, 'pero el orgullo de poseer un apellido es, a veces, tan fuerte que
inclina sin quererlo el gusto de los chicos'. Empresariales, Económicas
o cualquier ingeniería superior son las carreras elegidas en la
mayoría de las ocasiones.
Los Peláez,
dueños de Ecisa, constructora valenciana que factura 117 millones
de euros, son un buen ejemplo de una formación 'diseñada
para fortalecer la estructura societaria de la compañía
y garantizar el futuro', como explica orgullo don Manuel. Manuel junior,
40 años y actual consejero delegado de la compañía,
es ingeniero de Caminos; Javier, 39 años, es abogado y diplomado
en Económicas; y Enrique, 32 años, es economista y trabajó,
como exigen los manuales, tres años por cuenta ajena para afianzar
su bagaje profesional.
Un protocolo
familiar, firmado recientemente, prepara ya a la tercera generación
en los valores básicos de la familia: 'seriedad, profesionalidad,
acatamiento de la legalidad, compromiso social e innovación', resume
Manuel Peláez.
En algunos
casos, la planificación de las carreras corre a cargo de los consejeros
de la empresa, en otros, sin embargo, se recurre a la figura de un mentor
para orientar a los adolescentes. Algunos de los más reputados,
como Luis Tejada, Alfonso Vericat, Pablo Cardona o Mariano Villalonga,
son españoles; otros, como John Davis, profesor en Havard y asesor
de la familia Gallardo, dueños de Laboratorios Almirall, son extranjeros.
Aunque todos guardan absoluto silencio sobre la identidad de sus pupilos,
nadie como ellos sabe de los deseos, pasiones y debilidades de estos chicos.
Llevan más de una década recomendando la formación
universitaria en el extranjero y evaluando los logros del paso por las
mejores instituciones.
La mayoría
de estos jóvenes licenciados están poniendo un broche de
oro a su carrera cursando estudios de posgrado en las mejores instituciones
del mundo, en un ambiente internacional donde las redes de contactos son
un valor añadido. La Wharton School de Filadelfia, la Kellogg School
of Management de Chicago, el Instituto Tecnológico de Massachussets,
la London School Business, la Escuela de Negocios de Laussanne o Harvard
son las más demandas. Estas universidades garantizan una formación
cosmopolita, 'imprescindible en un mundo global como el nuestro', apostilla
Gallo.
Protocolos
para perpetuar la paz entre hermanos
No es lo
mismo gobernar una empresa familiar que gestionarla. No es lo mismo ser
consejero que simple accionista. No es lo mismo ser primo que hermano.
Los consultores coinciden en el diagnóstico: los lazos de parentesco
son una dificultad añadida para cualquier consejo de administración,
incluso cuando ya han tomado el bastón de mando varias generaciones.
'Cualquiera de nosotros, cuando se enfada con un hermano suele dejar que
el tiempo cure las heridas. En la empresa familiar, este tipo de actitudes
no funcionan, menos aún cuando el enfrentamiento es entre primos.
Se trabaja codo con codo y hay una propiedad que perpetuar y repartir.
Demasiados intereses y, a veces, demasiado encontrados', explica Manuel
Pavón, de Garrigues. En estos casos, para garantizar la armonía
y favorecer la continuidad del apellido se hace imprescindible la firma
de un protocolo familiar. Pero no todos los empresarios saben que éste
es el mejor camino. 'La mayoría de nuestros clientes llegan cuando
han saltado las alarmas: la sucesión, el reparto de dividendos,
los deseos de vender o la remuneración de los directivos son los
temas más polémicos', enumera José Manuel Zugaza,
de Unilco. Un 10% se presentan, incluso, con problemas que no tienen solución.
Los valores
de la familia merecen una fiesta
Con el tiempo,
la familia crece, nacen los nietos y hacen su aparición en escena
los hijos políticos. A veces, como en el caso de Codorníu,
hoy presidida por Mar Reventós, psicóloga, economista y
madre de seis hijos, los descendientes (de Anna Codorníu y Miquel
Reventós) suman el número 400, y resulta extravagante constituir
un consejo de familia. En estos casos se impone la firma de un protocolo
que regule las normas de propiedad, establezca los órganos de gobierno
de la empresa y fije la cultura y valores de la familia. El de los Reventós
firmado en 1999, y hoy en revisión, especifica, entre otras cosas,
que para trabajar en la compañía vitivinícola es
necesario tener un título universitario, conocer perfectamente
la lengua inglesa y poseer una experiencia laboral de cinco años
en un campo profesional.
Pero con protocolo, o sin él, resulta difícil acoger en
el seno de la empresa a los familiares y conciliar sus intereses.
Cuando Xavier
Pagés, en medio de una crisis institucional, se postuló
para gestionar la compañía desde el despacho de director
general, tuvo que someterse al dictamen de una firma de cazatalentos,
que evaluó su valía profesional. Pagés, hijo de Manuel
Pagés Reventós, presidente de Codorníu entre 1986
y 1990, competía para el cargo con Magí Reventós,
director de relaciones institucionales. Pese a no tener consejo de familia,
los Reventós no descuidan la fraternidad.
Una vez
al año, se reúnen en una de las bodegas del grupo, tienen
un boletín interno de comunicación "para estar al día
de lo que pasa en la casa" y los más jóvenes forman
el llamado comité junior, que organiza catas y encuentros alrededor
de la cultura del vino. Cada cierto tiempo, además, la empresa
ofrece charlas a sus accionistas y a los cónyuges de éstos.
No son los únicos que cultivan los lazos familiares, para preservar
el orgullo de tener un apellido común. Cada año, uno de
los hermanos Uriach prepara un viaje de familia. Cada uno de acuerdo con
sus interés e inquietudes. El último fue a Montserrat donde
la familia visitó el museo. Uno de los hermanos es aficionado a
la egiptología y está ayudando a clasificar las piezas de
la colección.
Los Pascual
(21 miembros) han institucionalizado, con el nombre de asamblea familiar
lo que empezaron siendo sencillos viajes de vacaciones en grupo. El precedente
más claro fue la reunión celebrada con motivo de las bodas
de plata de Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara,
el matrimonio fundador de la saga. Estas reuniones incluyen siempre la
visita a alguna de las fábricas o delegaciones de Leche Pascual
repartidas por toda España y se completan con charlas y presentaciones
impartidas por expertos directivos y del sector alimentario.
|
|
CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
04/04/2007 (V0687-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
La consultante
es beneficiaria de un plan de pensiones por fallecimiento del partícipe
en el 2006.
CUESTION-PLANTEADA
Régimen
fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a
las prestaciones percibidas de un plan de pensiones.
CONTESTACION-COMPLETA
Según
el expediente de consulta tributaria no consta la fecha y la forma de
cobro de las prestaciones del plan de pensiones, y dado que desde el 1
de enero de 2007 existe una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se hace necesario trasladar el tratamiento fiscal
de estas prestaciones según que dicha prestación se haya
percibido con anterioridad o posterioridad a esta fecha.
Así,
para el supuesto que la prestación se haya percibido con anterioridad
al 1 de enero de 2007, el artículo 16.2.a).3ª del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, vigente hasta
el 31 de diciembre de 2006, inclusive, establece que tienen la consideración
de rendimientos del trabajo:
“3.
Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones”.
Si la prestación
se hubiera percibido en forma de capital, se podrá aplicar la reducción
prevista en el artículo 17.2.b) del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el cual dispone
que podrán reducirse:
“b)
El 40 por 100 de reducción en el caso de las prestaciones establecidas
en el artículo 16.2.a) de esta Ley, excluidas las previstas en
el apartado 5º, que se perciban en forma de capital, siempre que
hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.
El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de
prestaciones por invalidez.”
Por tanto,
las prestaciones percibidas por jubilación de los planes de pensiones
se califican como rendimientos del trabajo, integrándose en la
base imponible en su totalidad, excepto cuando se perciba en forma de
capital que se podrá aplicar una reducción del 40 por 100
sobre el capital percibido, siempre que entre la fecha de la primera aportación
al plan de pensiones y la de ocurrencia del fallecimiento hubieran transcurrido
más de dos años. En el supuesto de percibir la prestación
en forma mixta, la citada reducción se aplicará solamente
a la parte percibida en forma de capital.
Para el
supuesto que la prestación se hubiera percibido a partir del 1
de enero de 2007, el artículo 17.2.a).3ª de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, vigente desde el
1 de enero de 2007, inclusive, dispone en los mismos términos literales
que las prestaciones percibidas de los planes de pensiones tienen la calificación
de rendimiento del trabajo, integrándose en su totalidad en la
base imponible general, sin reducción alguna por percibir la prestación
en forma de capital.
No obstante,
la disposición transitoria duodécima regula el régimen
transitorio de las prestaciones percibidas de los planes de pensiones
de la siguiente forma:
“1.
Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con anterioridad
al 1 de enero de 2007, los beneficiarios podrán aplicar el régimen
financiero y, en su caso, aplicar la reducción prevista en el artículo
17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006.
(…..)”.
Por tanto,
dado que la contingencia de fallecimiento ocurrió en el 2006, si
las prestaciones se perciben a partir del 1 de enero de 2007, el beneficiario
podrá optar por tributar conforme a la Ley 35/2006, o en su caso
aplicar la reducción del 40 por 100 prevista en el artículo
17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, cuando dicha prestación se perciba en forma de
capital. En caso de percibirse en forma de renta, tanto en el régimen
fiscal anterior como posterior al 1 de enero de 2007, la integración
en la base imponible es en su totalidad, sin reducción alguna.
En ambos
supuestos, estos rendimientos del trabajo están sujetos a retención
conforme a los artículos 78 y siguientes del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto
1775/2004, de 30 de julio.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
17/05/2007 (V0967-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
La entidad
consultante realiza la actividad de arrendamiento de inmuebles y, ocasionalmente,
la compraventa de terrenos y solares. La entidad dispone de una organización
empresarial, con medios materiales y humanos suficientes para su gestión.
En el año 2004, la consultante adquirió dos locales colindantes
con el objeto de destinarlos al arrendamiento. Asimismo, también
existía un local adquirido en 2002 pendiente de alquilar. Durante
los ejercicios 2004, 2005 y 2006 se han realizado las gestiones correspondientes
al objeto de poder arrendar los citados locales, contratando despachos
dedicados al tema inmobiliario, a través de anuncios de prensa,
anuncios en los propios locales y gestiones directas, no lográndose
el objetivo a lo largo de todo el período. En el año 2006,
se enajenaron los locales y el importe obtenido se reinvirtió en
la adquisición de participaciones en entidades mercantiles con
actividad económica.
CUESTION-PLANTEADA
Si se considera
que los citados locales tienen la calificación de inmovilizado
material, a pesar de las gestiones infructuosas de arrendarlos. Si procede
la aplicación de la deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios.
CONTESTACION-COMPLETA
El artículo
42 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS),
según redacción vigente en el período impositivo
correspondiente al ejercicio 2006 en el que se generó la renta,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, regula
la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios,
estableciendo en su apartado 1 que “se deducirá de la cuota
íntegra el 20 por ciento de las rentas positivas obtenidas en la
transmisión onerosa de los elementos patrimoniales detallados en
el apartado siguiente integradas en la base imponible sometida al tipo
general de gravamen o a la escala prevista en el artículo 114 de
esta ley, a condición de reinversión, en los términos
y requisitos de este artículo”.
Los elementos
patrimoniales transmitidos, susceptibles de generar rentas que constituyan
la base de la deducción, son, de acuerdo con el apartado 2 de este
artículo 42 del TRLIS, los siguientes:
“a)
Los pertenecientes al inmovilizado material e inmaterial, que se hubiesen
poseído al menos un año antes de la transmisión.
b) Valores representativos de la participación en el capital o
en fondos propios de toda clase de entidades que otorguen una participación
no inferior al cinco por ciento sobre su capital social, y que se hubieran
poseído, al menos, con un año de antelación a la
fecha de transmisión.
No se entenderán comprendidos en este párrafo b) los valores
que no otorguen una participación en el capital social.
A los efectos de calcular el tiempo de posesión, se entenderá
que los valores transmitidos han sido los más antiguos. El cómputo
de la participación transmitida se referirá al período
impositivo.”
Por tanto, la aplicación de la deducción por reinversión
a las rentas obtenidas en la transmisión de determinados elementos
patrimoniales requiere, en este supuesto concreto, que los locales transmitidos
tengan la consideración de inmovilizado. El TRLIS no define qué
se entiende por inmovilizado, por lo que se ha de acudir a las definiciones
contenidas en la normativa mercantil en base a lo establecido en el artículo
7.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).
En cuanto
a la adscripción de un elemento patrimonial al activo inmovilizado
o al circulante, el artículo 184 del texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, dispone que se determinará en función
de la afectación de dichos elementos. El activo inmovilizado comprenderá
los elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en
la actividad de la sociedad.
El Plan
General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real Decreto 1643/1990,
de 20 de diciembre, define el "Inmovilizado" como los elementos
del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de
la empresa. Por su parte, las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las empresas inmobiliarias, aplicables a la consultante
por la actividad que realiza, aprobadas por Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda de 28 de diciembre de 1994, establecen que la clasificación
como inmovilizado y existencias vendrá determinado por la función
que cumplan en relación con su participación en el proceso
productivo, perteneciendo al grupo de existencias si está destinado
a transformarse en disponibilidad financiera a través de la venta
como actividad ordinaria de la empresa, con o sin transformación,
y al grupo de inmovilizado si se encuentra vinculado a la empresa de una
manera permanente, esto es, al uso propio o al arrendamiento, debiéndose
transferir el inmovilizado a existencias cuando se destine a su venta
siempre que no haya estado en explotación.
En este
supuesto, existen varios locales que no han sido objeto de arrendamiento
a pesar de los intentos realizados por la consultante. En este sentido,
la mera intención o voluntad de destinar los locales al arrendamiento
no supone su afectación a dicha actividad, si dicho arrendamiento
no llega a realizarse, en la medida en que no han sido objeto de explotación
en sede de la entidad.
De lo que
se desprende que, aún cuando figuren contabilizados dentro del
inmovilizado, los locales que no han sido objeto de explotación
por parte de la consultante se recalificarán como existencias,
y, por tanto, no se considerarán como elementos patrimoniales aptos
a los efectos de generar rentas que determinen la aplicación de
la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
del artículo 42 del TRLIS.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
|
|
Sentencia
del Tribunal Supremo
Fecha: 4/06/2007
Tipo de resolución: Sentencia
Desestima
el recurso de amparo a un profesor de religión despedido por estar
casado.
El Tribunal
Constitucional, en Sentencia de la Sala 2ª de fecha 4 de Junio de
2007,que contiene votos particulares, ha desestimado el recurso de amparo
promovido por un profesor de religión despedido contra la Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El Tribunal entiende que la no proposición del recurrente como
profesor de religión y moral católicas para el curso académico
1997/1998, función que llevaba desempeñando ya cinco años,
por no considerarlo idoneo debido a su postura a favor del celibato eclesiástico,
lo que impidió ser contratado como profesor, debe analizarse desde
el punto de vista del conflicto entre el derecho fundamental a la libertad
religiosa de la Iglesia católica (art. 16.1 CE), en relación
con el deber de neutralidad religiosa del Estado (art. 16.3 CE), y, por
otro lado, los derechos fundamentales del recurrente a la libertad ideológica
y religiosa (art. 16.1 CE) y a la libertad de expresión (art. 20.1.a)
CE).
Y el Alto
Tribunal, realizando una ponderación de los derechos fundamentales
en conflicto, concluye que no corresponde al Estado, por impedírselo
el deber de neutralidad religiosa (art. 16.3 CE), entrar en el debate
intraconfesional entre partidarios y detractores del celibato eclesiástico
ni pronunciarse sobre la adecuación y conformidad de los actos
y opiniones del recurrente, en tanto que persona designada para impartir
la enseñanza de religión y moral católica, con la
doctrina de la citada confesión religiosa.
Según
la sentencia, el Tribunal Constitucional sólo está autorizado
para comprobar si las razones por las que la autoridad religiosa no ha
propuesto al recurrente como profesor de religión y moral católica
son estrictamente religiosas; y ello a fin de garantizar que sus derechos
fundamentales a la libertad ideológica y religiosa y a la libertad
de expresión sólo se han visto limitados la medida estrictamente
necesaria para salvaguardar la libertad religiosa de la Iglesia Católica.
La Sala entiende que ello ha sido así y, en consecuencia, desestima
el recurso de amparo.
Por el contrario,
los votos particulares señalan que la libertad de criterio de las
confesiones religiosas no es en modo alguno absoluta, como tampoco lo
son los derechos reconocidos en el art. 16 CE ni en ningún otro
precepto de la Constitución, pues en todo caso han de operar las
exigencias inexcusables de indemnidad del orden constitucional de valores
y principios cifrado en la cláusula de orden público constitucional,
y concluyen que la sentencia debía haber sido estimatoria.
Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja
Fecha: 2/04/2007
Tipo de resolución: Sentencia
Obliga a
una empresa a compensar a una mujer por no disfrutar de sus vacaciones
después de una baja por maternidad.
Una sentencia
de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja,
que revoca un fallo anterior de Juzgado de lo Social de Logroño,
establece que una trabajadora será compensada económicamente
por el mes de vacaciones que no disfrutó en 2005 durante una baja
por maternidad.
La trabajadora
solicitó la baja laboral en marzo de 2005, por riesgo de embarazo
y estuvo en esa situación hasta diciembre, con un periodo de alta
laboral desde mayo a julio. En diciembre cambió su situación
a la de baja por maternidad, que unida a un permiso por lactancia hizo
que no se incorporase a su puesto de trabajo hasta abril de 2006. En 2005
no disfrutó de los 28 días de vacaciones que le correspondían,
por lo que reclamó ante el juzgado de lo social, que desestimó
su demanda.
Ahora, el
TSJ alude en su fallo a la jurisprudencia dictada en esta materia por
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2004, que estipula
que una trabajadora deberá disfrutar de sus vacaciones en un periodo
diferente al de la baja por maternidad. También subraya la doctrina
en esta materia del Tribunal Constitucional, quien considera que impedir
el disfrute de vacaciones al coincidir con una baja por maternidad supone
"una discriminación directa por razón de sexo".
El TSJ admite
que cuando un empleado no disfrute de sus vacaciones en el periodo determinado
para ello por razones no atribuibles a la empresa, como una incapacidad
laboral, puede perder el derecho a ellas, pero sin embargo aclara que
las bajas derivadas de un embarazo "son diferentes a las que se deben
a una enfermedad", y recalca la garantía constitucional de
protección a las madres. Así pues considera que el que esta
empleada no pudiera disfrutar de sus vacaciones "constituyó
un supuesto de discriminación directa por razón de sexo"
y considera que aunque las vacaciones no son susceptibles de ser transformadas
en compensación económica, sí lo puede ser el perjuicio
causado a un trabajador.
Por ello
estima el recurso interpuesto por la empleada contra la sentencia anterior
y condena a la empresa a compensarle por los días de vacaciones
que no tuvo, debido a la imposibilidad de su disfrute.
Sentencia del Tribunal Supremo.
Fecha: 16/04/2007
Tipo de resolución: Sentencia
Obliga a
un hotel a cesar en la retransmisión de obras y contenidos audiovisuales
en sus habitaciones
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo obliga a los hoteles a pagar derechos
por la señal de televisión en las habitaciones, tanto a
los productores audiovisuales, como a las sociedades de autores.
Según
la resolución, dicha remuneración será percibida
por la Entidad de Gestión de derechos de los Productores Audiovisuales,
EGEDA, y podría suponer más de 61 millones de euros al año.
Este canon,
polémico y muy discutido por las asociaciones hoteleras y las más
importantes cadenas de hoteles, está ya implantado en la Unión
Europea. Su aplicación varía en función de la categoría
del hotel, ya que, para una habitación de un establecimiento de
cinco estrellas llegaría a un euro, mientras que sería casi
nulo para uno de tres estrellas.
Esta sentencia
afectaría al 70% de los hoteles en España, todos los representados
por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT), por que lo establecimientos representados por
la Federación Española de Hostelería y Restauración
(FEHR) y las grandes cadenas internacionales de hoteles, han firmado ya
acuerdos extrajudiciales con EGEDA.
|
|
REFORMA
CONTABLE.
Esta semana
se han producido importantes novedades relacionadas con la reforma contable
que se comenzará a aplicar a partir de 1 de Enero de 2008, consecuencia
de un nuevo Plan General de Contabilidad.
Como hemos
comentado, la inminente publicación del Real Decreto que regula
el nuevo Plan General de Contabilidad se ha visto ratificada con la recien
publicada:
- Ley 16/2007,
de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación
mercantil en materia contable para su armonización internacional
con base en la normativa de la Unión Europea. Modifica el Código
de Comercio, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
y la Ley de Sociedades Limitadas.
Así,
también a lo largo de esta semana, se ha publicado el "Proyecto
de Real Decreto, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
y un "segundo" borrador del Plan.
En el proyecto
encontramos básicamente los pasos y requisitos para la adaptación
de la contabilidad y las cuentas anuales al nuevo Plan, con los pasos
y ajustes necesarios a realizar para la adaptación al nuevo tratamiento
contable y formato de documentación obligatoria.
- En propias
palabras del proyecto "solo serán necesarios pequeños
ajustes para afrontar la adaptación y las primeras cuentas anuales
que se formulen aplicando el nuevo Plan, la presentación de información
con los nuevos criterios a efectos comparativos será voluntaria".
- Siguen
vigentes las adaptaciones sectoriales hasta nueva orden.
- Se publicará
un "segundo" Real Decreto que regulará exclusivamente
el PGC para pymes.
- Las cuentas,
denominación de las mismas y movimientos contables, como hasta
la fecha, no tendrá carácter obligatorio pero si serán
la guía a seguir.
- Debe crearse
en la memoria un apartado denominado "Aspectos derivados de la transición
a las nuevas normas contables" que incluirá una explicación
de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados
en el ejercicio anterior con el PGC 90 y los que se aplicarán a
partir de la entrada en vigor de PGC 08
Contabilidad
RCR, Proyectos de Software.
COMENTARIOS
A LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
EN LAS OPERACIONES COMERCIALES (I)
A fecha
31 de Diciembre de 2004 entró en vigor la Ley 3/2004, de 29 de
Diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Esta Ley se aprobó, según reza su Exposición
de Motivos, con el objeto de incorporar al derecho la Directiva 2000/35/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de Junio de 2000, por la que
se establecían medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Y es que
uno de los principales problemas del tráfico comercial y mercantil,
especialmente para las pequeñas y medianas empresas, son los plazos
de pago excesivamente amplios y la morosidad en el pago de las deudas
contractuales derivadas de operaciones comerciales y mercantiles; porque
deterioran su rentabilidad, afectan a su estabilidad financiera y su solvencia
y ponen en peligro su propia subsistencia en muchos casos.
La Unión
Europea, tomando conciencia de esta situación, dedicó una
especial atención a esta materia y las iniciativas que se había
ido desarrollando culminaron con la adopción de la Directiva 2000/35/CE,
Directiva que se incorporó a nuestro derecho interno mediante la
Ley 3/2004, de 29 de Diciembre.
El objetivo
general de esa directiva y, por ende, de esta Ley era - según la
propia Exposición de Motivos del texto - "fomentar una mayor
transparencia en la determinación de los plazos de pago en las
transacciones comerciales, y también su cumplimiento." Así,
la norma contiene un conjunto de medidas tendentes, de una parte, a impedir
que plazos de pago excesivamente dilatados sean utilizados para proporcionar
al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, y, de otra,
a disuadir a los deudores de los retrasos en las obligaciones de pago
que tienen contraídas, eliminando las causas - especialmente los
bajos intereses de demora que se venían aplicando a las deudas
vencidas - por las que la morosidad puede resultar ventajosa económicamente
para los deudores. Y decimos que ese "era" su objetivogeneral
porque dos años y medio después de su entrada en vigor se
estan poniendo de manifiesto serias dudas sobre su eficacia y su cumplimiento;
lo que obliga a poner sobre la mesa la cuestión de si la Ley de
Morosidad ha cumplido con las expectativas que generó en el momento
de su aprobación, es decir, analizar si la Ley de Morosidad es
un instrumento eficaz para combatir incumplimiento y retraso de la obligaciones
de pago en las operaciones comerciales.
Y una de
las principales razones de su ineficacia es, según apuntan las
voces críticas con la Ley, su completo desconocimiento por las
empresas españolas; pues tan sólo un 5% de las mismas está
haciendo uso de los mecanismos que pone a su disposición esta norma.
Por ello,
con este comentario, y a lo largo de varias semanas, vamos a tratar de
facilitar a todos los usuarios de nuestro boletín unos breves apuntes
que les ayuden a conocer una norma especialmente concebida para proteger
los derechos de créditos de las pequeñas y medianas empresas.
Como punto
de partida debemos señalar que la Ley de Morosidad se ocupa de
los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales
entre empresas y entre éstas y el sector público. No resulta
aplicable, por tanto, a las transacciones en las que intervienen consumidores,
a los intereses relacionados con otros pagos como los efectuados en virtud
de la Ley Cambiaria y del Cheque ni a los pagos de indemnizaciones por
daños; incluidos los realizados por entidades aseguradoras, ni
tampoco a aquellas deudas frente a empresas o entidades sometidas ya a
un procedimiento concursal.
Los dos
ejes principales de lucha contra la morosidad en esta Ley pasan por fijar,
con carácter general, un plazo para el pago o cumplimiento, a falta
de pacto interpartes, incumplido el cual será posible exigir intereses
de demora, determinar el devengo automático de estos intereses
sin necesidad de requerimiento por parte del acreedor, fijar el tipo de
interés de demora, modificando al alza el que hasta ahora se venía
aplicando y que estaba fijado en el Código Civil, y otorgar al
acreedor el derecho a reclamar al deudor una indemnización razonable
por los costes de cobro.
A esas medidas
principales añade la Ley la posibilidad de pactar cláusulas
de reserva de dominio a los efectos de que el vendedor conserve la propiedad
de los bienes hasta el pago total de la deuda.
Sobre las
medidas citadas es conveniente señalar que el plazo de exigibilidad
de la deuda y la determinación del tipo de interés de demora
establecidos en la ley son de aplicación en defecto de pacto entre
las partes. Ahora bien, señala la Ley que la libertad de contratar
no debe amparar prácticas abusivas imponiendo cláusulas
relativas a plazos de pago más amplios o tipos de interés
de demora inferiores a los previstos en esta Ley, por lo que se permite
al juez modificar estos acuerdos si, valoradas las circunstancias del
caso, resultaran abusivos para el acreedor.
Por último,
otro aspecto importante a destacar en esta introducción o primera
parte de nuestro Comentario, es la inclusión de las Administraciones
públicas en el ámbito de la Directiva 2000/35/CE, y de la
Ley de Morosidad, que modifica el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, y dispensa igual tratamiento a todos
los agentes económicos en materia de pagos por operaciones comerciales;
lo que hace necesario modificar la regulación del tipo de interés
de demora e introducir el reconocimiento del derecho del acreedor a una
indemnización por costes de cobro de la deuda, para su adecuación
a las previsiones de la norma comunitaria. La misma adecuación
exigen también las disposiciones reguladoras de los pagos entre
contratistas y subcontratistas y suministradores.
Antonio Millán Callado.
Abogado y Master en Economía y Derecho del Consumo.
|
