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RECUPERACIÓN
IVA DE CLIENTES MOROSOS.
Aún
cuando el perjuicio que conlleva la morosidad comercial es altamante considerado
por las empresas, existen dudas en cuanto al mecanismo que permite recuperar
las cuotas repercutidas de los clientes morosos.
En este
sentido, en comentario intentamos dar una guía básica, requisitos
y "modus operandi", para poder compensar estas cuotas de IVA
repercutido, en algunos casos ya ingresado en la administración
tributaria, y no cobrado.
Esta posibilidad
está prevista en el artículo 80 de la Ley del IVA, para
dos casos concretos:
1.- Clientes
morosos con deudas reclamadas judicialmente.
2.- Clientes
morosos en situación de concurso (suspensión de pagos o
quiebra)
Son el mencionado
artículo 80 y el 24 del Reglamento del impuesto, los que establecen
los requisitos para modificar la base imponible del impuesto caso de que
el cliente no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas.
Estos requisitos
son:
1.- Que
el crédito resulte incobrable. Esto ocurrirá cuando se den
las siguientes circunstancias:
. Que hayan
transcurrido dos años desde el devengo del impuesto repercutido
sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado
del mismo.
. Que la factura, o documento sustitutivo, impagada esté registrada
en los libros fiscales y contables legalmente exigibles.
. Que el destinatario de la operación actúe en la condición
de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de
aquella, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior
a 300 euros.
. Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación
judicial.
No se podrá
modificar la base imponible cuando, en general, el crédito esté
especialmente garantizado.
2.- Debe modificarse el plazo. Transcurridos dos años desde la
fecha de emisión de la factura sin haberse cobrado total o parcialmente,
habrá que emitir otra factura que la rectifique en el plazo de
tres meses.
3.- La emisión
de la nueva factura deberá comunicarse a la Administración
Tributaria en el plazo de un mes. Es decir, debe existir una declaración
o comunicación previa.
Así,
los pasos que habrían de darse para recuperar las cuotas de IVA
repercutido de las facturas emitidas y no cobradas serían:
1º.-
Reclamación judicial.
Se realizará a través del procedimiento monitorio común,
pudiendo reclamar la deuda dineraria que no exceda de 30.000 euros; en
caso contrario, habría que utilizar la vía del juicio declarativo
ordinario. Simplemente con acompañar a la reclamación la
factura impagada, con un albarán, etc. bastaría en cuanto
a la forma. No hay necesidad de abogado ni procurador, sino presentando
un escrito en el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia
del deudor si es que se conociera; en caso contrario en el del lugar donde
pudiera ser hallado por el tribunal.
2º.- Emisión de factura rectificativa.
Una vez han pasado dos años desde la fecha de la factura, el sujeto
pasivo debe emitir la nueva factura que rectifique la impagada.
Hay obligación de expedir y enviar al destinatario de las operaciones
una nueva factura o documento donde se rectifique la cuota repercutida.
Esta factura rectificativa deberá contener los datos que cualquier
otra factura y además:
. Tendrá
un número de serie especial.
. Se hará constar su condición de documento rectificativo
y "el por qué" de la rectificación realizada.
. Deberá contener los datos identificativos de la factura o documento
sustituido, así como la rectificación efectuada.
3º.- Comunicación a la Administración Tributaria.
Este hecho habrá de ser comunicado a la Administración Tributaria
en la delegación o Administración correspondiente al domicilio
fiscal de la entidad.
Habrá de realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha
de expedición de la factura rectificativa, debiendo contener (la
comunicación) el hecho de la modificación de la base imponible,
haciendo constar que la misma no se refiere a créditos garantizados,
afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades
vinculadas, a créditos adeudados o afianzados por entes públicos,
ni a operaciones cuyo destinatario no está establecido en el territorio
de aplicación del impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla.
Deberán aportarse copia de las facturas rectificativas y los documentos
que acrediten que el acreedor ha instado el cobro del crédito mediante
reclamación judicial al efecto.
Así,
la reducción de la base imponible del impuesto obligará
al destinatario de la operación a practicar la minoración
oportuna del IVA soportado en la declaración-liquidación
correspondiente al período impositivo en que la reciba; de esta
forma, el cliente moroso será deudor por la cuota del IVA directamente
ante la Administración.
Javier Gómez. Contabilidad RCR Proyectos de Software.
LA
RENTA EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO: SU DETERMINACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
La renta
es la contraprestación económica natural y básica
de todo contrato de arrendamiento, pero no por ello su determinación
y, sobre todo, su actualización están exentas de ser una
fuente de conflicto entre arrendador y arrendatario. Por ello, en este
artículo vamos a analizar brevemente las características
principales de su régimen jurídico.
LA DETERMINACIÓN
DE LA RENTA
La Ley 29/1994,
de 24 de Noviembre, de Arrendamientos Urbanos se ocupa de la renta en
los artículos 17 a 20 de su texto legal. En ellos se estipula que
el pago de la renta es la obligación principal del arrendatario
en contraprestación con el uso de la vivienda que le cede el arrendador
con motivo del contrato de arrendamiento suscrito entre ambas partes.
En Ley de
Arrendamientos prima el principio de libertad de las partes; lo que supone
que éstas pueden fijar a su libre albedrío el importe de
la renta. Así lo manifiesta el artículo 17 al prescribir
que "La renta será la que libremente estipulen las partes".
Es decir, las partes cuando lleven a cabo el contrato establecerán,
de común acuerdo, la renta a pagar como contraprestación
del alquiler que pactan y firman.
En cuanto
al momento en que se efectua el pago de la renta, el citado artículo
17 manifiesta, en su apartado 2, que "salvo pacto en contrario, el
pago de la renta será mensual y habrá de efectuarse en los
siete primeros días del mes."
De este
precepto se deduce que, en principio, el pago de la renta debe ser mensual
y anticipado. Ahora bien, como ya hermos dicho, solamente operarán
estos principios si no existe un pacto en contrario entre las partes,
es decir, que las partes pueden acordar un régimen de pago distinto,
bien sea por quincenas, anualidades, etc; con el único límite
legal de la imposibilidad de exigir por parte del arrendador más
de una mensualidad de renta por anticipado. En consecuencia, si el pacto
entre las partes es de pago por trimestres, semestres o años, éste
deberá ser por período vencido y nunca anticipado.
Por lo que
se refiere a lugar dónde realizar el pago, la Ley, al igual que
en los casos anteriores, señala que el lugar será el que
las partes acuerden en la celebración del contrato. Si no hay acuerdo
al respecto, el pago de la renta debe efectuarse en la vivienda arrendada.
Por último,
y sobre la forma de pago, debemos acudir al apartado 4 del artículo
17, que establece la obligación del arrendador de expedir al arredatario
un recibo como justificante del cumplimiento del pago de la renta. En
dicho recibo debe constar la identidad del arrendador y del arrendatario,
el importe de la renta, la fecha del pago y el período del arrendamiento
a que se atribuye la renta que se abona. Además, la LAU exige que
en el recibo figure de forma diferenciada la cantidad que corresponde
a la renta pactada y las cantidades que correspondan a otros conceptos
a los que también deba hacer frente el inquilino como, por ejemplo,
lo gastos de la Comunidad de Propietarios, los impuestos, etc...
No obstante
lo anterior, la expedición de recibo no será necesaria cuando
las partes hayan pactado en el contrato que el pago de la renta se realizará
mediante procedimientos que acrediten de forma fehaciente el hecho del
pago, tales como la transferencia o domiciliación bancarias.
LA ACTUALIZACIÓN
DE LA RENTA ARRENDATICIA
La LAU contempla
la posibilidad de que la renta del contrato de arrendamiento sea actualizada
a instancia de cualquiera de las partes, aunque, como es lógico,
en la práctica será el arrendador el que inste la actualización
de la renta.
En este
caso, sin embargo, y a diferencia de lo que ocurría respecto de
su determinación, en los arrendamientos de vivienda la LAU no deja
plena libertad a las partes a la hora de realizar dicha actualización,
siendo ella misma la que dispone el método que, durante los cinco
primeros años de duración del contrato, deberá aplicarse
para llevar a cabo la actualización. A partir del sexto año
de vigencia del contrato de arrendamiento las partes sí tendrán
ya plena libertad para establecer, mediante pacto, el método que
más les interese para llevar a cabo la actualización de
la renta.
El método
que la LAU impone para la actualización de la renta en los arrendamientos
de vivienda es el que se realiza en función de la variación
porcentual que experimente el Indice Nacional de Precios al Consumo (IPC).
La variación del Indice Nacional de Precios al Consumo es la que
debemos aplicar a la renta inicial del contrato para realizar la actualización.
Sin embargo,
en los contratos de uso distinto a vivienda el método que se utilizará
para llevar a cabo la actualización de la renta será el
que expresamente hayan pactado las partes en el propio contrato.
No obstante,
cuando nos encontremos ante un contrato en el que el arrendador y el arrendatario
no han pactado ningún método respecto a la actualización
de la renta, deberemos utilizar entonces el método que la LAU establece
para la actualización de la renta de los contratos de arrendamiento
de vivienda, esto es, aplicando sobre la renta del contrato la variación
porcentual que experimente el Índice General Nacional del Sistema
de Precios de Consumo en los doce meses inmediatamente anteriores a la
fecha de cada actualización.
Una vez
que obtengamos la renta actualizada y para poder exigir la misma será
requisito imprescindible que se notifique a la otra parte mediante un
escrito en el que le informe de cual ha sido el porcentaje de variación
que se ha aplicado a la renta para su actualización, debiendo acompañarse
a dicha notificación, en su caso, la certificación expedida
por el Instituto Nacional de Estadística o hacer la referencia
oportuna al Boletín Oficial en el que se haya publicado; pues como
se establece en la Disposición Final de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, el Gobierno deberá publicar en el Boletín Oficial
la relación de Indices de Precios al Consumo desde 1954.
LA REVISIÓN
DE LA RENTA
Distinto
de la actualización es el concepto de "revisión"
de la renta, que también está previsto en la LAU; y al que
vamos a referirnos en la última parte de este Comentario.
Así,
además de la actualización, que compensa en la renta las
variaciones del coste de la vida, la renta pactada en el contrato de arrendamiento
puede ser revisada y modificada por la realización del obras de
mejora en la finca arrendada que den lugar a elevarla.
Esta revisión
está prevista en el artículo 19, en relación con
el 22, ambos de la LAU. El apartado 1 del artículo 19 establece
los requisitos necesarios para que una obra de mejora pueda dar derecho
a la revisión de la renta establecida en el contrato. Estos requisitos
son:
a) Que la
obra efectuada sea de mejora. Es decir, las obras que simplemente sean
de conservación no dan derecho a la revisión de la renta,
puesto que el arrendador, en virtud del artículo 21 de la LAU,
está obligado a efectuarlas.
b) Que, en los arrendamientos de vivienda, las obras se realicen una vez
que hayan transcurrido al menos cinco años de la duración
del contrato. Esta condición implica la exclusión automática
de esta revisión de renta en aquellos contratos cuya duración
inicial pactada sea inferior a cinco años, puesto que sólo
en contratos de duración inicial superior a cinco años tendrá
cabida la posibilidad de elevar la renta por la realización de
obras de mejora.
En los contratos de uso distinto a vivienda las obras de mejora podrán
realizarse desde el inicio del contrato de arrendamiento, tal y como dispone
el artículo 30 de la LAU.
c) Que no exista pacto en contrario. Es decir, que no exista una cláusula
en el contrato en la que se estipule que el arrendador no tiene derecho
a elevar la renta cuando realice obras de mejora por las que, según
la Ley, podría elevarla.
Respecto a la cuantía en que puede elevarse la renta por estas
obras de mejora habrá que acudir al apartado 1 del artículo
19 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Así, el arrendador tendrá
derecho a incrementar la renta anual en la cuantía que resulte
de aplicar al capital invertido en la mejora el tipo de interés
legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado
en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del 20 por 100 de la
renta vigente en aquel momento. Para el cálculo del capital invertido,
deberán descontarse las subvenciones públicas obtenidas
para la realización de la obra.
La elevación
de la renta se producirá desde el mes siguiente a aquel en que,
una vez finalizadas las obras, el arrendador notifique al arrendatario
la cuantía de la nueva renta, detallando los cálculos realizados
para su determinación y justificando documentalmente el coste de
las obras realizadas.
Departamento
Jurídico de RCR, Proyectos de Software.
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