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Un
tercio de los vendedores ha bajado su vivienda un 5% para salvar el parón
invertia.com (22/07/2007)
Alrededor de un tercio de los vendedores de vivienda de Madrid y Barcelona
y una quinta parte de los de Valencia han tenido que bajar el precio de
sus inmuebles respecto a la oferta inicial para poder hacer frente al
parón inmobiliario que vive el sector por el boom de los últimos años
y por la subida de tipos, según un informe del portal inmobiliario Idealista.com.
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Estado
recaudó 600 millones menos en el primer trimestre por reforma fiscal
invertia.com EFE (22/05/2007)
El Estado dejó de ingresar unos 600 millones de euros en el primer trimestre
del año por los efectos de la reforma fiscal, que han supuesto para los
contribuyentes un ahorro en el IRPF de 300 millones, la misma cifra que
han dejado de pagar las empresas con la rebaja del Impuesto de Sociedades.
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Saque
partido fiscal a su plan de pensiones
cincodias.com (24/05/2007)
Toca rendir cuentas con Hacienda y con ello el momento de intentar sacar
el mejor partido fiscal al dinero que ingresó el año pasado en sus planes
de pensiones. Con los límites vigentes en 2006, la jugada le puede salir
doblemente beneficiosa y deducirse por las aportaciones realizadas en
su plan individual y por las que haya hecho su empresa con límites más
amplios. Así, dependiendo de su edad, podrá llegar a reducir de su base
imponible hasta 48.500 euros.
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La
OCDE mejora su previsión para la economía española a pesar del freno inmobiliario
expansion.com (24/05/2007)
El último informe de la OCDE eleva desde el 3,3% al 3,6% su previsión
de crecimiento de 2007 para la economía española, gracias a la solidez
de la demanda doméstica, y a pesar de la significativa desaceleración
que augura en el sector constructor a causa del enfriamiento inmobiliario.
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El
20% del crédito hipotecario se destina a refinanciar deudas anteriores
o al consumo
abc.es (24/05/2007)
El 20% del volumen total de créditos hipotecarios que se conceden no se
destinan expresamente a la compra de inmuebles, sino que se emplean para
refinanciar deudas anteriores o para artículos de consumo. El presidente
de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef),
Pedro Guijarro, afirmó que es una fórmula empleada con frecuencia.
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La
pensión media jubilación sube en mayo el 5,2% hasta 758,25 euros
invertia.com EFE (25/05/2007)
La pensión media de jubilación del sistema de la Seguridad Social se situó,
el 1 de mayo, en 758,25 euros mensuales, lo que supuso un incremento del
5,2% respecto al mismo día del año anterior, según datos del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
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El
estrés cuesta a los europeos 20.000 millones de euros
elmundo.es (24/05/2007)
El estrés laboral está considerado por la Unión Europea como el segundo
problema de salud más frecuente tras los trastornos musculoesqueléticos
y su coste anual en Europa se ha llegado a cifrar en 20.000 millones de
euros.
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Hacienda
no descarta que se retrase el nuevo plan contable
cincodias.com (25/05/2007)
Eduardo Amerigó, jefe de Estudios de la Oficina Nacional de Investigación
del Fraude (Agencia Tributaria) comenta que andan "apurados de tiempo"
respecto de la reforma contable que, en principio tiene previsto que entre
en vigor en enero de 2008.
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La
deducción fiscal por I+D sólo llega a 6.000 empresas
cincodias.com (25/05/2007)
El complejo sistema de deducción fiscal por inversión en I+D sólo beneficia
al 0,5% de las empresas, unas 6.000 compañías principalmente de gran dimensión.
El Gobierno espera que el cambio progresivo a un sistema de bonificaciones
en la contratación de investigadores mejore estos resultados.
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Quintás
cree que el cambio de ciclo se verá en el aumento de la morosidad
abc.es (25/05/2007)
El presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro Española (CECA),
Juan Ramón Quintás, señaló ayer que el cambio de ciclo económico «ya empezará
a reflejarse este mes con un leve repunte de la morosidad».
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Proyecto
de Reforma del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
noticiasjuridicas.com (21/05/2007)
Se van a modificar aspectos como el del reconocimiento de exenciones,
de formas de justificación de la aplicación de los tipos impositivos reducidos
y del régimen de grupos de sociedades.
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El
SPEE-INEM consigue reducir las prestaciones por desempleo
diariojuridico.com (24/05/2007)
El SPEE-INEM consiguió el pasado mes de marzo, rebajar a siete días el
tiempo que transcurre desde que una persona presenta su solicitud de prestación
por desempleo en su oficina de empleo hasta que se concluye su reconocimiento.
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El
Estado es el principal beneficiado del ciclo expansivo
cincodias.com (28/05/2007)
El principal beneficiario del ciclo alcista que vive la economía española
desde hace ya trece años es el sector público. Así lo demuestran las cifras
del Instituto Nacional de Estadística: los impuestos netos sobre la producción
y las importaciones (en los que no se incluye IRPF ni Sociedades) suponían
en 1996 un 8,7% del producto interior bruto, porcentaje que creció hasta
el 11,1% el año pasado.
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El
Estado es el principal beneficiado del ciclo expansivo
cincodias.com (28/05/2007)
La participación de los impuestos indirectos sobre la producción en el
reparto de las rentas primarias generadas en España ha pasado del 8,7%
del PIB al 11,1% en el último decenio. En la actual fase expansiva, la
remuneración de asalariados ha sido la gran perjudicada en el reparto.
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El
87% de los autónomos cotiza para su pensión por la base mínima
cincodias.com EUROPA PRESS (28/05/2007)
El 86,8% de los autónomos contabilizados por la Seguridad Social a 31
de marzo de 2007 no superaba la base mínima de cotización, según datos
de la dirección general del trabajo autónomo. Este porcentaje es casi
un punto inferior al que se registró al finalizar 2006.
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El
empleo femenino crece el doble que el masculino
elpais.com (28/05/2007)
La reforma laboral propicia el mayor avance de los contratos indefinidos
desde 1990
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La
reforma fiscal, un jarro de agua fría para los planes de pensiones
eleconomista.es (28/05/2007)
Era previsible pero había que esperar a la publicación de los datos sobre
planes de pensiones del primer trimestre para confirmar los peores augurios:
la reforma fiscal enfría el crecimiento de estos productos para la jubilación.
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La
revolución empresarial de los inmigrantes en España
Uno de
cada seis extranjeros trabaja por cuenta propia.
RAQUEL
PASCUAL (cincodias.com)
En un futuro
queremos abrir otro locutorio, bueno no sé si sería un locutorio
o una tienda de informática; y también estoy pensando en
abrir una cafetería, o quizás una tienda de dulces de Rumanía,
con producción propia'. Este es uno de los testimonios de Natasha,
una rumana que regenta un locutorio en Madrid y que forma parte de los
241.000 pequeños empresarios inmigrantes, que ya cotizan a la Seguridad
Social como autónomos. Esto significa que uno de cada seis inmigrantes
en España trabaja por cuenta propia.
El de Natasha es un claro ejemplo de una nueva generación de empresarios,
que cada vez tiene una mayor presencia en la economía española
y que se hace especialmente visible en las calles de las grandes ciudades,
donde empieza a haber barrios en los que la presencia de comercios y otros
negocios regentados por extranjeros es similar a la de los españoles.
La Fundación
La Caixa presentó ayer el informe El empresariado inmigrante en
España, que presenta las conclusiones extraídas en 51 entrevistas
en profundidad realizadas en los barrios de Lavapiés (Madrid),
el Raval (Barcelona) y Russafa (Valencia), donde la población inmigrante
llega a representar el 45% de los vecinos.
Según
este estudio no hay una razón única que lleve a los inmigrantes
a crear un negocio. Si bien, la mayoría de los motivos tiene que
ver con 'sus dificultades para encontrar un trabajo convencional como
asalariados'. Esto se hace especialmente patente en el caso de las mujeres.
De hecho, hay más extranjeras que se establecen como autónomas
(un 52,2%) que hombres (47,2%). Esta diferencia es aún mayor en
Madrid o Valencia, donde las autónomas inmigrantes superan el 60%.
En otros
casos, los extranjeros detectan ausencias en el mercado motivadas por
su condición de inmigrantes y crean una empresa para subsanarlo.
El ejemplo más claro de estas empresas, que el estudio denomina
'de necesidad', son las carnicerías halal para la población
musulmana.
Hay otro
grupo de emprendedores inmigrantes que ven oportunidades de negocio en
la prestación de servicios a extranjeros, que tienen dificultades
para obtenerlos en el mercado español, bien por la diferencia del
idioma o por otros motivos. Es el caso de los servicios jurídicos,
inmobiliarios o de ONG.
Pero dónde
los autores de este análisis ven más potencialidad de negocio
en un futuro es en las empresas generalistas, como los bares, establecimientos
de electrodomésticos o pequeñas empresas de construcción
y reformas. Esta diversificación está surgiendo en respuesta
a 'cierta saturación de los negocios étnicos, a pesar de
que se diseñen estrategias específicas para hacer frente
al problema', indica el estudio.
Aunque más
allá de estas estrategias diferenciadas en los negocios puramente
étnicos, los empresarios de origen inmigrante no tienen planes
de empresa diferentes a los del conjunto del empresariado español.
La única particularidad que encuentran los autores de esta publicación
es 'la disponibilidad de recursos étnicos'. Se trata de redes de
inmigrantes que facilitan, entre otras cosas, conseguir financiación
(como avalistas o directamente prestándose el dinero unos a otros);
compartir información útil; reclutar trabajadores o suministrar
productos.
'Este tipo
de relaciones empresariales entre los extranjeros están basadas,
en muchas ocasiones, en la confianza. Por ejemplo usan a menudo la fórmula
de traerse de sus países un contenedor de juguetes o de productos
y lo pagan al proveedor después de haberlos vendido en España',
explicó ayer Carlota Solé, una de las autoras de este estudio.
En cualquier
caso, esta catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma
de Barcelona, hizo hincapié en que la emergencia de estos negocios
no supone ninguna amenaza para los comercios tradicionales 'porque ocupan
los sitios que las segundas generaciones de comerciantes españoles
no quieren atender'. Solé admitió que la rentabilidad de
los negocios de inmigrantes radica fundamentalmente en las largas jornadas
laborales, el trabajo en días festivos y las ayudas familiares
no retribuidas: 'esto supone una competencia pero desleal, no', dijo.
Además, aseguró que es la respuesta 'capitalista' ante el
hecho de que 'el pequeño comercio tradicional no se ha adaptado
al cambio de hábitos, necesidades y horarios' de los españoles.
Nuevo
banco
El papel
de los bancos y las cajas en la financiación de las empresas de
los inmigrantes es aún tímido. Si bien empiezan a surgir
iniciativas como la de La Caixa, que abrirá el lunes un banco de
microcréditos que al que acudirá mayoritariamente este colectivo.
La
inflación ensombrece las rebajas fiscales del IRPF
La inflación
está saliendo cara a los ciudadanos en forma de mayor pago de impuestos.
Sobre todo por la decisión de los últimos Gobiernos de no
deflactar al 100% (descontar el IPC de los parámetros tributarios)
el IRPF. Así lo asegura el estudio La erosión inflacionista
del poder adquisitivo de los contribuyentes entre 2003 y 2007, elaborado
por José Félix Sanz y Desiderio Romero, profesores de la
Universidad Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos, que será
publicado próximamente en los Cuadernos de Información Económica
de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas).
CARLOS MOLINA
(cincodias.com)
En el mismo,
los autores demuestran que los principales damnificados por la no correcta
deflactación del IRPF han sido las familias. 'La sensibilidad a
la inflación es relevante, en especial en aquellas unidades familiares
con mayores cargas, ya sea a través de hijos, personas dependientes
o créditos hipotecarios', asegura Sanz.
Simulación
Los profesores
han realizado una simulación sobre un panel de 12,9 millones de
hogares en la que comparan lo tributado por ellos en el IRPF con lo que
debían haber pagado para hacer neutral el impuesto frente a la
inflación real que hubo en cada uno de los ejercicios.
Según
sus cálculos, el Estado recaudó 5.895 millones de más
de 2004 a 2006 por la no actualización de mínimos y deducciones
y la actualización incompleta (sólo en función del
IPC previsto) de la tarifa del impuesto, realizada en el último
año. Esta mayor recaudación para el fisco (mayor pago de
impuestos para las familias) se reparte entre 2004 (991,8 millones de
euros); 2005 (2.059 millones) y 2006 (2.844 millones). Los autores recalcan
en el estudio que frente a las previsiones 'poco creíbles' del
2% de inflación del Ejecutivo para esos tres ejercicios, el IPC
real fue del 3,7%, el 3,2% y 3,7%, lo que originó un incremento
real en la recaudación superior a la que le correspondería
excluyendo el aumento de los precios.
'Esta cantidad
supone, en media, un incremento efectivo de la presión fiscal global
por IRPF del 6,33%, mientras que el alza de la carga fiscal marginal ha
sido del 3,92%'.
Para eliminar
el 'efecto inflación', los autores afirman que hubiese sido necesario
indexar además de la tarifa, 'los mínimos personales, los
mínimos familiares, las reducciones de rentas laborales y las deducciones
en la cuota del impuesto'.
Con estos
cálculos, los autores creen que el coste recaudatorio de la reforma
fiscal que acaba de entrar en vigor el 1 de enero (cifrado en 1.571 millones
de euros anuales por los profesores y en 2.000 por el Ejecutivo) 'se encuentra
sobradamente financiado con cargo a los incrementos encubiertos del impuesto
entre los meses de enero de 2004 y 2007'.
La UE destina
el triple de ayudas que España
Uno de los
colectivos más damnificados por la no actualización de la
inflación en el IRPF son las familias, insistió también
José Barea, catedrático emérito de Hacienda Pública
en la Universidad Autónoma de Madrid, en una pasada jornada organizada
por Funcas.
Prueba de
ello, como mostró en su intervención, son las estadísticas,
que indican que 'España dedica una tercera parte del esfuerzo que
hacen los países de su entorno a este capítulo'. Así,
entre 1996 y 2004, la aportación española a esta partida
no superó el 0,7% del PIB, mientras que durante ese mismo periodo
en la zona euro, el esfuerzo llegó al 2,3% del PIB. La diferencia
es mucho más alta si se comparan las estadísticas de España
con Luxemburgo (4,1%), Finlandia (3,8%) o Alemania (3,1%).
Éstas
se repiten si se analizan las prestaciones dedicadas a la familias sobre
el total, ya que en España representan un 3,5%, mientras que la
media de la zona euro llega al 8%.
Ahorro de
1.000 millones si se amplía la deducción por maternidad
Si el Gobierno
cumple con su intención de ampliar la deducción por hijos
pequeños a todas las madres, independientemente de si trabajan
o no, el coste para las arcas públicas (ahorro para los contribuyentes)
sería de 1.006 millones anuales, según los cálculos
del profesor Sanz. La medida tendría un efecto positivo en el bienestar
de los hogares, ya que representaría un incremento de renta de
92 euros al año a corto plazo y de 214 euros en el largo plazo.
Otro de
los baremos que no se han deflactado han sido las deducciones fiscales
por compra de vivienda que se hayan topadas desde hace años en
9.000 euros anuales. El no descontar la inflación ha provocado,
según el estudio, perdidas por 110,5 millones de euros para los
contribuyentes con hipotecas en esos tres años.
La ampliación
de la capacidad normativa de las comunidades para subir o bajar impuestos
ha provocado una guerra fiscal para fijar ayudas familiares, ya sea a
través del IRPF, el impuesto de patrimonio o el de sucesiones y
donaciones.
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CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
30/03/2007 (V0659-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
La entidad
consultante es propietaria, única y exclusivamente, de unos terrenos
actualmente urbanizados que representan entre 7 y 10 parcelas urbanizadas.
Desde su constitución nunca ha desarrollado actividad empresarial
alguna, ni de promoción inmobiliaria ni de construcción,
habiendo declarado en los últimos ejercicios como sociedad patrimonial
y anteriormente como sociedad transparente, por concurrir en la misma
los requisitos de accionariado y composición del activo previstos
en el artículo 61 del TRLIS.
Las indicadas
parcelas, que constituyen el único activo de la entidad, se han
urbanizado a través del sistema de compensación, siendo
la junta de compensación la responsable de la ejecución
de las obras de urbanización, repercutiendo a todos sus integrantes,
entre ellos la consultante, los costes de urbanización. La entidad
consultante se ha limitado a satisfacer tales costes de urbanización
sin intervenir de forma planificada y activa en el proceso urbanizador,
por lo que en su actuación, totalmente ocasional, no ha asumido
riesgo empresarial alguno. Tampoco tiene intención de edificar
o construir en las parcelas.
La entidad
consultante interpreta que, de acuerdo con el artículo 61 del TRLIS
tiene la consideración de sociedad patrimonial y que, por tanto,
podrá acogerse a la disolución de sociedades patrimoniales
en los términos recogidos en la disposición transitoria
vigésimo cuarta del TRLIS.
CUESTION-PLANTEADA
Si en el
caso planteado la consultante podrá acogerse al régimen
de disolución de sociedades patrimoniales previsto en la disposición
transitoria vigésimo cuarta del TRLIS, al reunir los requisitos
contemplados en el artículo 61 del TRLIS (consideración
como sociedad patrimonial) en los dos últimos ejercicios.
CONTESTACION-COMPLETA
El capítulo
VI del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades (TRLIS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo, dedicado al régimen especial de las sociedades patrimoniales,
queda derogado, con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2007, por la disposición derogatoria
segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio.
Asimismo,
en virtud de dicha Ley 35/2006, se añade en el TRLIS una disposición
transitoria vigésimo cuarta, referida al régimen fiscal
aplicable a la disolución y liquidación de sociedades patrimoniales.
Esta disposición transitoria establece en su apartado 1 que:
“1.
Podrán acordar su disolución y liquidación, con aplicación
del régimen fiscal previsto en esta disposición, las sociedades
en las que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que hubieran
tenido la consideración de sociedades patrimoniales, de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo VI del Título VII de esta
Ley, en todos los períodos impositivos iniciados a partir de 1
de enero de 2005 y que la mantengan hasta la fecha de su extinción.
b) Que en los seis primeros meses desde el inicio del primer período
impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2007 se adopte válidamente
el acuerdo de disolución con liquidación y se realicen con
posterioridad al acuerdo, dentro del plazo de los seis meses siguientes
a su adopción, todos los actos o negocios jurídicos necesarios,
según la normativa mercantil, hasta la cancelación registral
de la sociedad en liquidación.”
De acuerdo
con ello, la aplicación del régimen previsto en esta disposición
transitoria requiere en primer lugar haber tenido la consideración
de sociedad patrimonial, de acuerdo con lo establecido en el capítulo
VI del título VII del TRLIS, en todos los períodos impositivos
iniciados a partir de 1 de enero de 2005 y mantenerla hasta la fecha de
extinción.
Pese a que
la entidad consultante manifiesta que concurren en la misma los requisitos
de accionariado y composición del activo previstos en el artículo
61 del TRLIS, para declarar como sociedad patrimonial, ante lo hechos
descritos en el escrito de consulta, se plantea necesario analizar tal
cuestión.
El artículo
61.1 del TRLIS, según redacción vigente en los períodos
impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2007, señala que “tendrán
la consideración de sociedades patrimoniales aquellas en las que
concurran las circunstancias siguientes:
a) Que más
de la mitad de su activo esté constituido por valores o que más
de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas.
Para determinar si existe actividad económica o si un elemento
patrimonial se encuentra afecto a ella, se estará a lo dispuesto
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tanto el
valor del activo como el de los elementos patrimoniales no afectos a actividades
económicas será el que se deduzca de la contabilidad, siempre
que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial
de la sociedad.
A efectos
de determinar la parte del activo que está constituida por valores
o elementos patrimoniales no afectos:
(…)
b) Que más
del 50 por ciento del capital social pertenezca, directa o indirectamente,
a 10 o menos socios o a un grupo familiar, entendiéndose a estos
efectos que éste está constituido por el cónyuge
y las demás personas unidas por vínculos de parentesco,
en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad,
hasta el cuarto grado, inclusive.
Las circunstancias
a que se refiere este apartado deberán concurrir durante más
de 90 días del ejercicio social.”
Por tanto,
para que la entidad tuviera la condición de sociedad patrimonial
han de concurrir las tres circunstancias siguientes:
Primera.
Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades
económicas.
Segunda. Que más del 50 por ciento del capital social pertenezca,
directa o indirectamente, a diez o menos socios o a un grupo familiar.
Tercera. Que las dos circunstancias anteriores concurran durante más
de noventa días del ejercicio social.
Siendo éste
el punto de partida, la cuestión a analizar consiste en determinar
si se entiende que la entidad consultante realiza una actividad económica
en el caso de aportar los terrenos de los que es titular a una junta de
compensación, la cual lleva a cabo la urbanización de los
terrenos.
En primer
lugar, puede indicarse que el texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto 1346/1976,
de 9 de abril, y declarado expresamente vigente por la Sentencia del Tribunal
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, establece que los sistemas de
actuación para la ejecución del planeamiento urbanístico
son tres: compensación, cooperación y expropiación.
El artículo
129 del señalado texto refundido señala que “la incorporación
de los propietarios a la Junta de Compensación no presupone, salvo
que los Estatutos dispusieran otra cosa, la transmisión a la misma
de los inmuebles afectados a los resultados de la gestión común”.
Sobre la base de este precepto, se distinguen dos tipos de juntas de compensación:
a) Con carácter
general, aquellas en que la junta actúa en sustitución de
los propietarios o, como dice el artículo 129.2, “actúan
como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes
a los propietarios miembros de aquéllas, sin más limitaciones
que las establecidas en los Estatutos”.
b) Cuando se establezca expresamente en los Estatutos, resulta posible
que los propietarios de los terrenos transmitan la propiedad de los mismos
a la junta, recibiendo una cuota de participación en los derechos
de adjudicación. Tras las obras de urbanización, los propietarios
reciben la plena propiedad de las parcelas resultantes, proporcionalmente
a sus cuotas participativas.
La diferencia
entre ambas resulta determinante a efectos tributarios. Del escrito de
la consultante parece desprenderse que se trata del supuesto de la letra
a) anterior, ya que se indica en éste que la junta de compensación
se limita a contratar las obras y repercutir el coste de las mismas a
sus dueños sin que se determine que existe transmisión de
la propiedad a dicha junta. En estos casos, la junta se limita a realizar
a favor de sus miembros las tareas de urbanización.
Planteado
lo anterior, es preciso dilucidar si los propietarios, como consecuencia
de la actuación de la junta con los terrenos cedidos, desarrollan
o no una actividad económica. En este sentido, el TRLIS nada señala
al respecto, remitiéndose en su artículo 61 del TRLIS a
la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Así, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (TRLIRPF), aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo, normativa vigente en la fecha de presentación
de la presente consulta, establece en su artículo 25:
“1.
Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas
aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente,
o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente
la ordenación por cuenta propia de medios de producción
y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir
en la producción o distribución de bienes o servicios.
En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las
actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación
de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales,
ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio
de profesiones liberales, artísticas y deportivas.
2. A efectos
de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento
o compraventa de inmuebles se realiza como actividad económica,
únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que en
el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente
destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad.
b) Que para la ordenación de aquélla se utilice, al menos,
una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.”
A este respecto
debe recordarse que constituye doctrina reiterada de este Centro Directivo
que la promoción inmobiliaria constituye, en todo caso, una actividad
económica, al existir una ordenación por cuenta propia de
medios productivos. En relación con esta actividad no han de cumplirse
los requisitos del apartado 2 del artículo 25 del TRLIRPF, que
se refiere a las actividades de arrendamiento y compraventa de inmuebles,
actividades distintas de la promoción inmobiliaria. Además,
la mera intención o voluntad de llevar a cabo una actividad de
promoción inmobiliaria no implica su comienzo efectivo.
En el caso
planteado por la sociedad consultante, la junta de compensación,
al tener naturaleza fiduciaria, se limita a realizar en favor de sus miembros
las tareas de urbanización, manteniendo éstos la propiedad
de los terrenos. Esta circunstancia no significa necesariamente que los
propietarios que ceden los terrenos, aunque financien mediante sus aportaciones
o derramas las obras de urbanización, desarrollen una actividad
económica de promoción inmobiliaria.
Por tanto
habrá que analizar, en cada caso concreto, las circunstancias de
cada uno de los partícipes de la junta, personas físicas
o jurídicas, para determinar si desarrollan o no una actividad
promotora. Lógicamente, si con anterioridad el partícipe
en la junta desarrollaba operaciones de promoción o bien las realiza
con posterioridad a la adjudicación de los terrenos urbanizados,
es evidente que lleva a cabo una actividad de promoción inmobiliaria.
Además, y a falta de hechos en la consulta planteada que puedan
permitir la emisión de un juicio definitivo por parte de este Centro
Directivo, pueden señalarse como indicios de realización
de una actividad económica en relación con los terrenos
cedidos a la junta, entre otros, la participación efectiva en la
gestión de la junta, la posible vinculación con las sociedades
que ejecuten la urbanización del terreno o con la sociedad a la
que, en su caso, se transmitiese el terreno urbanizado adjudicado para
su posterior promoción, dado que ello sería un indicio de
la existencia de actividad económica considerando conjuntamente
las sociedades vinculadas, en donde la consultante sería un mero
instrumento para desarrollar tal actividad cuya intervención tiene
como finalidad buscar una ventaja fiscal al margen de otro efecto económico
relevante.
Por tanto,
de darse alguna de estas circunstancias la sociedad desarrollaría
una actividad económica y, por tanto, los terrenos aportados tendrían
la consideración de afectos a la misma.
En caso
contrario, esto es, que la sociedad no desarrolle actividad económica
alguna en relación con tales terrenos, al representar más
del 50 por ciento de su activo, la consultante cumpliría la primera
de las circunstancias indicadas anteriormente para tener la consideración
de sociedad patrimonial.
No obstante,
a tal efecto, si la entidad desarrollase o hubiera desarrollado alguna
actividad económica habría que tener en consideración
la posibilidad de la presencia en su balance de beneficios no distribuidos
procedentes de dicha actividad económica. Así, el propio
artículo 61 del TRLIS incluye una norma a fin de evitar que las
sociedades que desarrollan actividades económicas puedan quedar
sujetas al régimen de las sociedades patrimoniales como consecuencia
de no distribuir sus beneficios y reinvertirlos en elementos no afectos
a la actividad. Así, el número 2.º de la letra a) del
apartado 1 del artículo 61 establece que “no se computarán
como valores ni como elementos no afectos a actividades económicas
aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los
beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos
beneficios provengan de la realización de actividades económicas,
con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en
el propio año como en los últimos 10 años anteriores.
A estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de actividades
económicas los dividendos que procedan de los valores a que se
refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los
ingresos obtenidos por la entidad participada procedan, al menos en el
90 por ciento, de la realización de actividades económicas”.
Así,
para determinar si la entidad pudiera tener la consideración de
patrimonial habría que restar del total de sus activos no afectos
el importe de los beneficios no distribuidos procedentes de la realización
de actividades económicas, con el límite de los beneficios
obtenidos en el propio año y en los diez anteriores. Únicamente
si después de esta operación más de la mitad del
activo de la consultante está constituido por elementos no afectos
a actividades económicas, concurrirá la primera de las circunstancias
indicadas para tributar como patrimonial.
A falta de
otra información adicional la presente consulta se contesta bajo
la hipótesis de cumplimiento de esta primera circunstancia para
tener la consideración de sociedad patrimonial. En tal caso, supuesto
que cumpliera asimismo la circunstancia relativa a la composición
de su capital social, que la consultante manifiesta cumplir, y que ambas
circunstancias concurrieran durante más de 90 días del ejercicio
social, la entidad tendría la consideración de sociedad
patrimonial
Si tal consideración
se hubiera mantenido en todos los períodos impositivos iniciados
a partir de 1 de enero de 2005, hasta la fecha de extinción de
la entidad, se cumpliría la primera de las circunstancias requeridas
por la disposición vigésimo cuarta del TRLIS para la aplicación
del régimen previsto en la misma para la disolución y liquidación
de sociedades patrimoniales.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
27/02/2007 (V0407-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
Sujeto pasivo
que fallece habiendo adquirido, junto con su esposo, vivienda en construcción
con intención de que constituyera su residencia habitual y viviendo,
mientras tanto, en el domicilio de la hija de ambos.
CUESTION-PLANTEADA
Aplicación,
por la hija causahabiente, de la reducción prevista en el artículo
20.2.c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por adquisición
"mortis causa" de vivienda habitual.
CONTESTACION-COMPLETA
En relación
con la cuestión planteada, este Centro Directivo, en el ámbito
de sus competencias, informa lo siguiente:
El artículo
20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, establece lo siguiente:
"c)
En los casos en los que en la base imponible de una adquisición
“mortis causa” que corresponda a los cónyuges, descendientes
o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una
empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades,
a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado
octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio, o el valor de derechos de usufructo sobre los mismos,
o de derechos económicos derivados de la extinción de dicho
usufructo, siempre que con motivo del fallecimiento se consolidara el
pleno dominio en el cónyuge, descendientes o adoptados, o percibieran
éstos los derechos debidos a la finalización del usufructo
en forma de participaciones en la empresa, negocio o entidad afectada,
para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible, con
independencia de las reducciones que procedan de acuerdo con los apartados
anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor, siempre que la adquisición
se mantenga, durante los diez años siguientes al fallecimiento
del causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo.
En los supuestos del párrafo anterior, cuando no existan descendientes
o adoptados, la reducción será de aplicación a las
adquisiciones por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer
grado y con los mismos requisitos recogidos anteriormente. En todo caso,
el cónyuge supérstite tendrá derecho a la reducción
del 95 por 100.
Del mismo
porcentaje de reducción, con el límite de 122.606,47 euros
para cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado
anteriormente, gozarán las adquisiciones “mortis causa”
de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes
sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien
pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido
con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.
Cuando en
la base imponible correspondiente a una adquisición “mortis
causa” del cónyuge, descendientes o adoptados de la persona
fallecida se incluyeran bienes comprendidos en los apartados uno, dos
o tres del artículo 4.º de la Ley 19/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto integrantes del Patrimonio
Histórico Español o del Patrimonio Histórico o Cultural
de las Comunidades Autónomas, se aplicará, asimismo, una
reducción del 95 por 100 de su valor, con los mismos requisitos
de permanencia señalados en este apartado.
En el caso
de no cumplirse el requisito de permanencia al que se refiere el presente
apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiese dejado
de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los
intereses de demora".
Tal y como
ha señalado esta Dirección General en su Resolución
2/1999, de 23 de marzo (BOE. del 10 de abril), para determinar qué
ha de entenderse por “vivienda habitual” hay que acudir al Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en concreto
hoy al artículo 53 del Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio (BOE.
del 4 de agosto), que no introduce novedades significativas respecto de
su precedente, el artículo 51 del Real Decreto 214/1999, de 5 de
febrero, que es el mencionado en la Resolución citada.
De acuerdo
con dicha normativa, entiende esta Dirección General que, en el
supuesto descrito en el escrito de consulta, conforme al cual la causante
residía, en el momento de fallecer, en el domicilio de su hija
y que, junto con su esposo, había reinvertido el importe obtenido
en diciembre de 2004 por la enajenación de su vivienda en la adquisición
de otra en julio de 2006 que aún no estaba construida (con fecha
de entrega prevista para abril de 2008), no puede hablarse en ningún
caso, tanto por una como por la otra circunstancia, de adquisición
“mortis causa” de vivienda habitual, que ni existía como
tal vivienda ni en ella residía la causante.
Con independencia
de lo anterior, debe advertirse, de acuerdo con los términos del
escrito, del incumplimiento de los plazos y condiciones para la exención
por reinversión de la ganancia patrimonial obtenida por la enajenación
en 2004 de la vivienda habitual del matrimonio, con la consiguiente obligación
de presentación de liquidación complementaria por dicho
ejercicio y por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
De acuerdo
con lo expuesto y en relación con la concreta cuestión planteada
en el escrito de consulta, no procederá la aplicación de
reducción por adquisición “mortis causa” de vivienda
habitual conforme al artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR. PLAZOS.
Desde la
dirección de este boletín se ha creido importante hacer
un "recordatorio" sobre los principales plazos que pueden resultar
de interés en un procedimiento sancionador.
Así, podríamos distinguir:
A. DURACIÓN EN CASO DE TRAMITACIÓN SEPARADA.
El plazo
máximo del procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 211.2 LGT, será de SEIS MESES, computados:
desde la
notificación de la comunicación de inicio del procedimiento
hasta la notificación de la resolución del mismo
B. COMPUTO DEL PLAZO.
No se incluirán
en el cómputo de ese plazo de seis meses, por aplicación
del artículo 104.2 LGT segundo párrafo, al que se remite
el artículo 211.2 LGT en su último inciso, a efectos de
computar el plazo de resolución:
1. Los periodos
de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente.
(Si la Administración tributaria estimase que la infracción
pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública lo
remitirá a la Jurisdicción competente y se suspenderá
automáticamente).
Si la autoridad judicial entiende que procede sentencia condenatoria,
ya no se impondrán sanciones administrativas.
Mientras que en caso de que no se aprecie existencia de delito, la Administración
tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo
con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados y se reanudará
el cómputo del plazo de prescripción en el punto en el que
estaba cuando se suspendió.
2. Las dilaciones
en el procedimiento por causa no imputable a la Administración
tributaria, como por ejemplo: La petición de ampliación
de plazo por el presunto infractor
C. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
si esa notificación
no es posible directamente habrá que acudir a la notificación
por comparecencia.
a los meros efectos de entender cumplida esa obligación de notificar
dentro del plazo máximo antes citado, será suficiente acreditar
que se ha realizado un intento de notificación que contenga el
texto íntegro de la resolución, en virtud de lo establecido
en el artículo 104. 2 primer párrafo LGT, al que se remite
el artículo 211.2 LGT, en su último inciso
D. INCUMPLIMIENTO
DEL PLAZO.
- El vencimiento
del plazo anteriormente indicado sin que se haya notificado o se entienda
notificada la resolución, producirá LA CADUCIDAD del procedimiento.
- LA CADUCIDAD IMPIDE LA INICIACIÓN DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
- La declaración
de caducidad puede dictarse de oficio o a instancia del interesado y ordena
el archivo de las actuaciones.
E. DURACIÓN EN CASO DE TRAMITACIÓN CONJUNTA.
En los casos
de tramitación conjunta no existe un único plazo de duración
del procedimiento sancionador, sino que éste dependerá de
las circunstancias que concurran en cada supuesto.
- Actas con acuerdo 10 días desde el siguiente a la fecha del acta.
- Renuncia a la tramitación separada en este caso se asocia al
procedimiento de aplicación de tributos del que trae causa.
Profesionales para RCR Proyectos de Software.
LEY
ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: LA CESIÓN DE DATOS
Y EL ACCESO A LOS DATOS POR TERCEROS
Sin duda,
dos de los aspectos de la LOPD que más quebraderos de cabeza provoca
a los responsables de las empresas son la cesión de datos de datos
personales y el acceso a dichos datos personales de terceros por cuenta
y orden del responsable del fichero; por lo que parece conveniente dedicar
a los mismos el contenido de este artículo en nuestro "Boletín".
LA CESIÓN
DE DATOS
La comunicación
de datos, o cesión de datos personales, como se conoce más
comunmente, es uno de los aspectos más importantes de la normativa
de Protección de Datos; y se regula en el artículo 11 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos.
Por "cesión
o comunicación de datos" debemos entender toda obtención
de datos resultante de la consulta de un fichero, la publicación
de los datos contenidos en el fichero, su interconexión con otros
ficheros y la comunicación de datos realizada por una persona,
física o jurídica, distinta de la afectada.
Y, conforme
a lo señalado en el articulo 11 de la Ley, la cesión o comunicación
de datos personales a un tercero sólo podrá realizarse para
el cumplimiento de fines directamente relacionados con la funciones legítimas
del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular
de los datos personales objeto de esa cesión. Asimismo, será
nulo el consentimiento prestado para la cesión de datos cuando
la información que se facilite al titular de los mismos no permita
saber la finalidad a la que se destinarán los datos cuya cesión
se autoriza o la actividad a que se dedica el cesionario de los referidos
datos.
El consentimiento
para llevar a cabo la cesión o comunicación de datos es
revocable por el titular de los mismos.
Sin embargo,
y como ocurre en otros aspectos de la Ley, existen algunos supuestos de
cesión para los que no será necesario contar con el consentimiento
del interesado. Así, no se exige dicho consentimiento:
a) Cuando
la cesión este autorizada por Ley.
b) Cuando se cedan datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación
de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y
control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento
con ficheros de terceros.
En este
caso la comunicación sólo será legítima en
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
d) Cuando
la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor
del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal
de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.
Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación
tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones
análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas
y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos,
estadísticos o científicos.
f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos
a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder
a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los
términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal
o autonómica.
Tampoco se exigirá consentimiento del titular si la cesión
se lleva a cabo tras haber sometido los datos a un procedimiento de disociación.
Es decir, cuando los datos personales son sometidos a una operación
de tratamiento para impedir que pueda identificarse a una persona concreta
a través de dichos datos, no se exige el consentimiento del titular
para llevar a cabo la cesión. El ejemplo más claro de lo
que estamos diciendo son los datos con fines estadísticos, de los
cuales no es posible extraer la identidad del titular de los mismos.
Por último,
y en cuanto al cesionario, de conformidad con el apartado 5 del artículo
11 de la Ley, por el sólo hecho de la cesión, queda obligado
al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección de Datos.
Además
de todo lo anterior, el artículo 27 de la Ley obliga al responsable
del fichero, si éste es de titularidad privada, en el momento en
que se lleve a cabo la primera cesión de datos, a informar de ello
a los efactados; indicándoles la finalidad del fichero, la naturaleza
de los datos objeto de cesión y el nombre y dirección del
cesionario.
Sin embargo,
el propio artículo 27 establece, en su apartado 2º, excepciones
a esta obligación. Así, no será obligatoria la referida
comunicación en los supuestos previstos en los apartados 2, letras
c), d) y e) y 6 del artículo 11 de la Ley; ni tampoco cuando la
cesión venga impuesta por la Ley. Los apartados citados del artículo
11 se refieren al tratamiento que responda a la libre y legítima
aceptación de una relación jurídica que implique
la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros, a la
comunicación que tenga por destinatario al Defensor del Pueblo,
el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas
o instituciones autonómicas con funciones análogas, a la
cesión entre Administraciones públicas y para un tratamiento
posterior de los datos con fines históricos, estadísticos
o científicos, y, por último, a la comunicación que
se realice previo procedimiento de disociación.
EL ACCESO
A LOS DATOS POR TERCEROS
Íntimamente
relacionado con la cesión o comunicación de datos, pero
diferente de aquella, está el acceso de un tercero a los datos
personales por cuenta y orden del responsable del fichero; y al que se
refiere el artículo 12 de la Ley.
Este precepto
señala, en primer lugar, que no puede considerarse cesión
o comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos personales,
siempre y cuando dicho acceso sea necesario para prestar un servicio al
responsable del fichero; es decir, que quien acceda a los datos lo haga
por cuenta y en nombre del responsable fichero, de conformidad con las
instrucciones e indicaciones proporcionadas por éste y para prestar
el servicio que le haya encomendado por dicho responsable del fichero.
Ejemplos característicos de este supuesto se pueden encontrar en
los servicios que prestan las gestorías y asesorías, las
consultoras y auditoras, los administradores de fincas, etc...; pues en
todos estos casos se lleva a cabo el tratamiento de datos personales por
cuenta y orden del responsable del fichero; que es quien contrata dichos
servicios.
En cuanto
a cómo debe hacerse el acceso y tratamiento de los datos personales
por cuenta de terceros, la Ley exige, en el apartado 2º del artículo
12 de la Ley, que dicho acceso y tratamiento se documente en un contrato
celebrado por escrito o en cualquiera otra forma que permita acreditar
tanto su celebración como su contenido.
En dicho
documento debe constar expresamente que el tercero encargado del tratamiento
de los datos personales sólo lo llevará a cabo conforme
a las instrucciones e indicaciones que le proporcione el responsable del
fichero; así como que sólo podrán utilizarse dichos
datos para la finalidad que figure en el contrato; y no podrán
ser cedidos, bajo ningún concepto, ni siquiera para su conservación,
a otras personas.
El contrato
que regule el acceso y tratamiento de los datos personales establecerá
también las medidas de seguridad que debe adoptar el encargado
de tratamiento, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la
Ley.
La ley también
establece que, una vez finalice la prestación de servicio que motivó
el acceso y tratamiento de los datos personales, éstos deben ser
destruidos o devueltos al responsable del fichero.
Por último,
el apartado 4º del artículo 12 de la Ley señala que,
en el supuesto de que el encargado de tratamiento destine los datos personales
a una finalidad distinta a la establecida, o los ceda o utilice incumpliendo
lo establecido en el contrato, se le considerará también
como responsable del fichero y responderá personalmente de las
infracciones en que hubiera incurrido. Es decir, en este caso el encargado
del tratamiento quedará sometido a la misma responsabilidad, y
con las mismas consecuencias en cuanto a infracciones se refiere, que
la Ley establece para el responsable del fichero.
Departamento Jurídico de RCR,
Proyectos de Software
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