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El
número de sociedades creadas en enero aumentó un 9,1%, hasta 14.888
invertia.com EUROPA PRESS (20/03/2007)
El número de sociedades mercantiles creadas en enero se situó en 14.888
empresas, lo que representa un aumento del 9,1% respecto al mismo mes
del año anterior, según datos difundidos por el INE.
Continuar
La
deuda empresarial sigue disparada y marca récord en enero al crecer un
28,4%
invertia.com EUROPA PRESS (20/03/2007)
El endeudamiento de las empresas españolas se situó en la cifra récord
de 1,04 billones de euros, lo que supone un incremento del 28,4% respecto
al mismo mes de 2006, el mayor aumento de la serie histórica, según los
últimos datos del Banco de España.
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Los
inspectores ligan su bonus a cifras estándar de fraude de cada contribuyente
expansion.com (21/03/2007)
La Agencia Tributaria ha remitido a los inspectores una tablas, denominadas
oficialmente como “baremos de productividad”, donde el elemento determinante
es el volumen de fraude estimativo que se debe detectar en cada tipo de
contribuyente investigado.
Continuar
Los
mecanismos de lucha contra el fraude fiscal vuelven a suscitar polémica.
La Agencia Tributaria ha remitido a lo
abc.es (21/03/2007)
Los presidentes de Afinsa y de Fórum Filatélico comparecieron en una rueda
de prensa conjunta donde salieron a relucir las contradicciones que ambos
imputados por dos presuntas estafas de características similares tienen
del mercado filatélico al que se dedicaban.
Continuar
Ex
presidentes de Afinsa amenazan con demandar al Estado por su intervención
invertia.com EFE (21/03/2007)
Los ex presidentes de Afinsa y de Fórum Filatélico, amenazaron hoy con
una demanda civil al Estado por daños y perjuicios, tras tildar de "alevosa"
y "premeditada" la intervención judicial de estas dos sociedades filatélicas
por presunta estafa.
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El
Congreso rechaza una propuesta de PP y CiU para devolver de forma íntegra
el dinero a los afectados de Fórum y A
eleconomista.es EUROPAPRESS (21/03/2007)
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados ha rechazado
hoy una iniciativa acordada entre el PP y CiU, apoyada por ERC y PNV,
para devolver íntegramente sus ahorros a los afectados por la presunta
estafa filatélica de las entidades Fórum y Afinsa.
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El
Congreso supervisará el nuevo plan contable simplificado para pymes
cincodias.com (23/03/2007)
El PSOE se comprometió ayer a que el reglamento que desarrollará el plan
contable reducido para las pequeñas y medianas empresas (pymes) sea sometido
durante su elaboración a un seguimiento especial por parte de los grupos
parlamentarios, aunque sea una tarea que incumba al Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC). La nueva legislación mercantil salió ayer
del Congreso aprobada por unanimidad.
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La
Inspección de Trabajo prevé un millón de actuaciones
cincodias.com (23/03/2007)
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene previsto realizar 354.000
órdenes de servicio en 2007, lo que generará más de un millón de actuaciones.
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Las
viviendas podrán inscribirse 'online' desde las gestorías
cincodias.com (23/03/2007)
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y
el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos acaban de firmar
un convenio de colaboración por el que se podrán inscribir telemáticamente
documentos desde las gestorías.
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La
nueva regulación de los cambios en las hipotecas no se beneficiará de
exenciones en el IAJD
noticiasjuridicas.es (22/03/2007)
El Gobierno no ha querido establecer ventajas fiscales en el Impuesto
sobre Actos Jurídicos Documentados para estas operaciones que quedan sujetas
a dicho tributo ya que se trata de un impuesto cuya recaudación y normativa
corresponde a las Comunidades Autónomas. Se considera que han de ser las
Comunidades Autónomas las que elijan si lo reducen o no.
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Hacienda
congela la fiscalidad en 2007 para dos millones de pymes
expansion.com (24/03/2007)
Los pequeños empresarios van a tener congelada nuevamente su fiscalidad
en 2007. El Ministerio de Economía y Hacienda está ultimando la norma
que regula para este ejercicio el denominado sistema de estimación objetiva
por el que tributan en el IRPF cerca de dos millones de pequeños negocios
y explotaciones agrarias.
Continuar
Las
empresas que cumplan criterios sociales y medioambientales recibirán incentivos
elpais.com (26/03/2007)
Las compañías que reciban ayudas públicas estarán más obligadas a aplicar
las buenas prácticas
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Medidas
de flexibilidad en la jornada laboral
Una franja de libertad en los horarios de entrada
y salida de una hora, jornadas laborales reducidas más allá
del mínimo establecido por la ley o la semana laboral comprimida
son algunas de las medidas que las empresas están desarrollando.
ANA TERUEL SORIA (cincodias.com)
El debate
sobre conciliación entre la vida laboral y la familiar, el modelo
de la jornada de trabajo y las posibles medidas de flexibilidad está
en presente en todos los foros empresariales. Las administraciones públicas
quieren dar ejemplo a través del Plan Concilia, introducido hace
un año, y la legislación va avanzando. Y algunas empresas
ya han comprendido que, empezando por dar mayor flexibilidad en la jornada
laboral, amplían la productividad y el nivel de compromiso de su
plantilla.
La facilidad
acordada al trabajador para atender una emergencia laboral, un horario
abierto o la posibilidad de optar a una jornada reducida son algunas medidas
en las que el mundo empresarial ha avanzado y ofrece modalidades que en
algunos casos van más allá del mínimo legal. Son
medidas diferentes, adecuadas a las necesidades de la empresa y la de
los trabajadores, a veces aplicables a toda la plantilla o en otros casos
concertadas directamente entre el empleado y su supervisor más
directo.
Una primera
clave de flexibilidad para poder mejorar la conciliación está
en el horario. No supone grandes cambios ni costes, y es una de la medidas
más valoradas por los trabajadores. Por estos motivos es la medida
de flexibilidad más frecuente entre las empresas. Consiste en permitir
a trabajador organizarse la jornada con el único requisito de cumplir
las ocho horas diarias.
Los trabajadores
de Nike Iberia, por ejemplo, tienen la opción de entrar entre a
la oficina entre las 8 y las 10 de la mañana y el promedio es de
40 horas semanales. En este caso, cada empleado acuerda su horario directamente
con su supervisor en función de sus necesidades. La mutua de accidentes
de trabajo Asepeyo, con más de 4.500 personas contratadas, la mayoría
sanitarios, técnicos en prevención de riesgos y comerciales,
tiene fijado un horario mínimo de 10 a 5 de la tarde. En función
de sus preferencias los trabajadores entran entre las 8 y las 10 y salen
entre 5 y las 7. Igualmente, éstos eligen su hora de almuerzo,
entre las 2 y las 4, pudiendo utilizar las dos horas enteras o conformarse
con una y salir más temprano.
Una queja
reiterada en los foros y debates sobre conciliación es la de las
reuniones a última hora de la tarde. Mientras esta práctica
esté en vigor, es difícil acercarse al objetivo de salir
de las oficinas a las seis de la tarde, siguiendo el modelo europeo. Para
acabar con el problema, algunas empresas como Nike han eliminado directas
al grano: prohibidas las convocatorias a partir de las cinco de la tarde.
En la multinacional japonesa Mazda, además de no celebrase después
de las cinco, se indica la hora de terminación de la reunión.
La posibilidad
de disponer de una jornada laboral reducida es otra de las medidas de
flexibilidad más comunes. Los trabajadores que lo deseen trabajan
menos horas al día o a la semana a cambio de un sueldo proporcionalmente
inferior. La ley establece el mínimo legal en el 33%.
Procter
& Gambles va más allá y permite reducciones del 10%
del tiempo. El empleado puede así disfrutar de dos tardes libres
sin renunciar a gran parte de su salario. La pérdida de poder adquisitivo
supone es el mayor freno para la mayor aplicación de la medida.
En Repsol se ha estipulado la reducción de jornada entre en 1/5
en vez del tercio, equivalente a la jornada intensiva todo el año.
Una jornada
laboral reducida puede ser una medida especialmente adaptada a las necesidades
de los padres de niños en edades tempranas: les permite dedicarle
tiempo a sus hijos sin tener que renunciar por completo a su trabajo.
Es una opción contemplada, por ejemplo, por la empresa de refrescos
Pepsico que ofrece la reducción laboral de 2 horas pagadas al 100%
hasta que el niño o niña cumpla el año.
Adicionalmente ofrece otras posibilidades de reducción hasta que
el niño cumpla los ocho años. Syngenta Agro también
ofrece esta modalidad por maternidad y en sus fábricas las personas
con dependientes a sus cargos tienen turno preferente de 8 a 5 de la tarde.
Jornada
reducida para madres y padres
Las madres
con necesidad de cuidar a un niño enfermo disponen de la posibilidad
de reducir su jornada en un tercio, un cuarto o mitad en Caja Madrid.
Son 34 las empleadas de la entidad financiera que se acogen actualmente
a la medida. Banesto también permite la reducción retribuida
de la jornada durante un periodo de hasta dos meses para cuidar de un
menor con enfermedad grave y ofrece reducción de jornada inferior
a un cuarto.
Otra manera
de reducir la jornada es a través de los puestos compartidos, una
modalidad poco frecuente en las empresas. Sus ventajas son que brindan
infinitas posibilidades de flexibilidad entre dos personas, dado que uno
puede cubrir el trabajo del otro en caso de ausencia. La fórmula
la llevan a cabo por ejemplo algunas secretarias de ejecutivos de IBM
y cubren así las necesidades de un jefe o jefa con un horario muy
extenso.
La media
jornada o tiempo parcial es una medida con poco éxito en España:
somos el segundo país por la cola de Europa en porcentaje de trabajadores
en tiempo parcial. El temor a que suponga un freno en su carrera profesional
es el principal problema al que se enfrentan los empleados. La solicitan
mayoritariamente mujeres: suponen entre el 65% y el 88% de las personas
empleadas en esta modalidad en Europa. Las mujeres que optan a esta medida
lo suelen hacer para conciliar su trabajo con su vida familiar, mientras
que los hombres lo hacen para ampliar su formación.
Los motivos
para implementar este tipo de contratos también varían por
países. La conciliación es la principal razón mencionada
para Finlandia, Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido y Holanda.
Dinamarca junto a los países mediterráneos, donde las tasas
de tiempo parcial son las más bajas, mencionan como primera razón
la flexibilidad en la producción y en la organización del
trabajo.
Otra medida
de bajo coste y con alto índice de satisfacción en el empleado
es la de semana laboral comprimida: los trabajadores alargan la jornada
laboral durante la semana y disfrutan a cambio de un día libre
extra. En muchos casos, las empresas aplican jornadas intensivas a cambio
de libranzas. El 80% de los trabajadores de la compañía
de transporte de paquetería MRW trabaja en jornada intensiva de
8 a 16h y un 10% en horario especial, concertado con su superior. El Banco
Santander también implanta la jornada laboral comprimida: de lunes
a viernes se trabaja de 9 a 6, con una hora para el almuerzo, y los viernes
terminan a las 2.30.
Otras empresas
en las que se termina a las 15h los viernes son Indra, Bausch & Lomb,
Gaes, Vodafone, Agilent Technologies, Sanofi Aventis, Nestlé, ISS,
Merck, Pepsico, Toyota e Ifema.
Datos
básicos
Empleo a
tiempo parcial. España se encuentra a la cola de Europa en porcentaje
de empleo a tiempo parcial en proporción al empleo total, según
los datos de la Unión Europea. Holanda: 36%. Reino Unido: 24%.
Irlanda: 18%. Bélgica: 18%. Dinamarca: 18%. Alemania: 16%. Austria:
16%. Suecia: 14%. Luxemburgo: 14%. Francia: 13%. Italia: 13%. Finlandia:
11%. Portugal: 9%. España: 8%. Grecia: 6%
Jornada europea. Cerca del 65% de los trabajadores europeos afirman que
trabajan cinco días a la semana y el 23% lo hace seis o siete días,
según una encuesta de la Fundación Europea por la Mejora
de las Condiciones de Trabajo. La encuesta revela que más del 15%
trabaja más de 48 horas semanales. Los dos tercios de las empresas
tienen un horario rígido y sólo el 24% de los encuestados
afirman poder adaptar su jornada laboral a sus necesidades.
Plan Concilia.
El plan integral de conciliación de la vida personal y laboral
en la Administración, en vigor desde enero 2006, incluye las siguientes
iniciativas:
- Salir a
las 18 horas como muy tarde.
- Diez días de permiso de paternidad.
- El derecho a acumular vacaciones al permiso de maternidad, lactancia
y paternidad.
- Ampliación de la baja maternidad.
- Reducción de jornada para padres con hijos menores de 12 años.
- Horarios más flexibles.
- Reducción de jornada un 50% durante un mes para atender a un
familiar enfermo.
- Ampliación a tres años el periodo máximo de excedencia.
- Permiso retribuido de dos meses para la adopción.
- Formación continua durante los permisos de maternidad, paternidad,
así como otras excedencias por motivos familiares.
15
razones que dan sentido a la enrevesada UE
Son muchas,
pero desconocidas. Tras 50 años de historia, la Unión Europea
ha aportado a nuestras vidas cotidianas una serie de ventajas que serían
impensables para Robert Schuman o Jean Monnet.
BEATRIZ
TORIBIO/ANTONIO LEON (eleconomista.es)
¿Qué
les llamaría más la atención a los considerados padres
de Europa si fueran ciudadanos europeos de hoy? La respuesta es un conglomerado
de medidas socioeconómicas.
1. Una moneda única y fuerte en cualquier cajero
El euro ha sido el gran invento de la UE. Con su puesta en circulación
subieron los precios, sí. Pero también trajo ahorro. La
Comisión Europea calcula que una persona con 1.000 de los antiguos
marcos que tuviera que viajar por 15 Estados miembros, se gastaría
500 sólo en cambiarlos por la moneda de cada país. Ese ahorro
es mucho mayor para las empresas. Pero, además, el euro ya es tan
fuerte o más que el dólar y supone una estabilidad que ha
dejado en un mero recuerdo la devaluación de la peseta.
2. Inmigrante
sin problemas en 27 países diferentes
Los europeos son inmigrantes sin papeles, en un sentido positivo: pueden
vivir, trabajar y residir en cualquier país de la UE sin apenas
papeleo y disfrutar de los mismos derechos que los ciudadanos nacionales,
como votar en las elecciones municipales y europeas.
3. Viajar con más facilidades y más barato
Además de no tener que cambiar dinero y no necesitar pasaporte,
con la libre competencia llegaron las aerolíneas de bajo coste:
más rutas, más vuelos y billetes de avión más
baratos que permiten pasar un fin de semana en Londres por el mismo precio
(o inferior) que en cualquier rincón español.
4. Más fútbol y más jugadores como Beckham
La legislación europea obliga a retransmitir en abierto acontecimientos
de interés general, como los partidos de la selección. Y
los deportistas se consideran europeos, no nacionales, lo que ha nutrido
a los clubes de estrellas del balón de todo el mundo.
5. A partir
de verano, pagaremos menos por hablar por el móvil
La UE está negociando con las operadoras telefónicas una
rebaja del roaming, lo que pagamos por recibir y realizar llamadas desde
el extranjero. La medida podría empezar a aplicarse en julio.
6. Llamar
al '112' desde cualquier ciudad europea
No es un número exclusivo de España. Ante cualquier problema
que tenga en cualquier punto de la UE, estas tres cifras le ponen en contacto
directo con el puesto de policía más cercano.
7. Ya
no se queman fresas ni tomates en la frontera francesa
Si Francia aún permitiera actos bandálicos a sus agricultores,
podría vérselas ante el Tribunal de Justicia de la UE y
hacer frente a cuantiosas multas por no permitir la libre circulación
de mercancías.
8. Mejores
carreteras y mejor pescado
Desde que España entrara en la UE, hemos visto cómo hasta
la carretera más recóndita ha sido asfaltada. Un 24 por
ciento de la inversión en infraestructuras procede de fondos europeos.
Y aunque tras la ampliación contaremos con menos dinero, España
seguirá recibiendo ayudas. Por ejemplo, el sector pesquero tendrá
más de 1.000 millones de euros entre 2007 y 2013, un tercio de
las ayudas totales.
9. Estudiar
en cualquier universidad europea
Gracias a las becas Erasmus, los estudiantes pueden aprender un idioma,
mejorar su experiencia profesional y conocer otra cultura. Cerca de dos
millones de jóvenes han disfrutado de este programa.
10. Pagar
menos por las comisiones bancarias
Hoy cuesta lo mismo hacer una transferencia a un banco en Bélgica
que a una entidad española. El siguiente objetivo de la UE es reducir
las comisiones por las tarjetas de crédito.
11. Cuantiosas
indemnizaciones por 'overbooking'
La legislación europea subió las compensaciones económicas
y las colocó entre 250 y 600 euros para aquellos pasajeros víctimas
del exceso de reservas en los aviones. Las aerolíneas también
están obligadas a asistir a su cliente en caso de retraso.
12. Películas
europeas en las pantallas y ¿menos publicidad?
La directiva de la Televisión sin Fronteras vela por regular los
contenidos que llegan a nuestras pantallas y protegernos de una excesiva
publicidad. Y obliga a que la mitad de las emisiones se dediquen a obras
europeas.
13. La
Armada española vuelve al ataque
La entrada en la UE acabó con el aislamiento del franquismo. Ahora
empresas extranjeras compran españolas, y viceversa. La libre competencia
permite no sólo que el goliat alemán E.ON desembarque en
Endesa. También que empresas españolas como ACS controlen
gigantes como Hochtief, la primera constructora alemana.
14. Una
tarjeta sanitaria válida en toda Europa
Ponerse enfermo en el extranjero, ya no es un problema. Desde 2004, existe
una tarjeta común que reconocerá cualquier médico,
hable el idioma que hable.
15. Alimentos
'de la granja a la mesa'
Todos los productos deben llevar identificada toda su cadena alimentaria,
desde los productores hasta los importadores. La UE es el mercado mundial
con la mayor calidad y variedad de alimentos.
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CONSULTA VINCULANTE
FECHA-SALIDA
17/01/2007 (V0087-07
)
DESCRIPCION-HECHOS
La consultante,
un ayuntamiento, arrienda un local de negocio de su propiedad a una entidad.
CUESTION-PLANTEADA
Sujeción
a retención de las cantidades mensuales percibidas por el ayuntamiento
en concepto de alquiler del local de negocio.
CONTESTACION-COMPLETA
El artículo
140 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, establece
que:
“1.
Las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios,
que satisfagan o abonen rentas sujetas a este impuesto, estarán
obligadas a retener o a efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago
a cuenta, la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes de retención
indicados en el apartado 6 de este artículo a la base de retención
determinada reglamentariamente, y a ingresar su importe en el Tesoro en
los casos y formas que se establezcan.
(….)
4. Reglamentariamente
se establecerán los supuestos en los que no existirá retención.
En particular, no se practicará retención en:
a) Las rentas
obtenidas por las entidades a que se refiere el artículo 9.º
1 de esta ley.
(…)”.
El artículo
9.1 del TRLIS dispone que:
“1.
Estarán totalmente exentos del impuesto:
a) El Estado,
las comunidades autónomas y las entidades locales.
(…)”.
En consecuencia,
las rentas percibidas por la consultante, entidad local territorial, por
el arrendamiento de un local de negocio, no deben ser objeto de retención
a cuenta del Impuesto sobre Sociedades.
A estos efectos, el párrafo segundo del artículo 59.o) del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio, dispone que “La condición de entidad
exenta podrá acreditarse por cualquiera de los medios de prueba
admitidos en derecho. Mediante la resolución del Departamento de
Gestión Tributaria, podrán establecerse los medios y forma
para acreditar la condición de entidad exenta”.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
24/01/2007
(V0174/07 )
DESCRIPCION-HECHOS
La entidad
consultante, dedicada a la construcción de equipos de pesca y sus
repuestos, reparación y mantenimiento de dichos equipos, efectuó
en el año 2003 determinadas operaciones en las que no repercutió
el Impuesto sobre el Valor Añadido a dos clientes por entender
que dichas operaciones estaban exentas de dicho Impuesto, habiéndose
expedido las correspondientes facturas.
Como consecuencia de una actuación inspectora, iniciada el 06/04/2005
y finalizada el 26/05/2006, se determinó que las referidas operaciones
estaban sujetas y no exentas del mencionado Impuesto. El acta derivada
de la actuación inspectora fue firmada en conformidad por la entidad
consultante, resultando la correspondiente liquidación tributaria,
constando que la actuación de dicha entidad no era constitutiva
de infracción tributaria.
CUESTION-PLANTEADA
Procedencia
de la expedición de factura rectificativa que documente la rectificación
como consecuencia de la actuación inspectora, así como deducibilidad
de las cuotas rectificadas para los clientes de la entidad consultante.
CONTESTACION-COMPLETA
1.- El artículo
89, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), dispone
que los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación
de las cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas
se hubiese determinado incorrectamente o se produzcan las circunstancias
que, según lo dispuesto en el artículo 80 de dicha Ley,
dan lugar a la modificación de la base imponible.
La rectificación
deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas
de la incorrecta determinación de las cuotas o se produzcan las
demás circunstancias a que se refiere el párrafo anterior,
siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento
en que se devengó el Impuesto correspondiente a la operación
o, en su caso, se produjeron las circunstancias a que se refiere el citado
artículo 80.
El apartado
dos del mismo precepto señala que lo dispuesto en el apartado anterior
será también de aplicación cuando, no habiéndose
repercutido cuota alguna, se hubiese expedido la factura o documento sustitutivo
correspondiente a la operación.
Por otra
parte, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tres, letra b) del mismo
artículo no procederá la rectificación de las cuotas
repercutidas cuando sea la Administración tributaria la que ponga
de manifiesto, a través de las correspondientes liquidaciones,
cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores que las declaradas
por el sujeto pasivo y la conducta de éste sea constitutiva de
infracción tributaria.
En el escrito
de consulta se especifica que la actuación de la consultante no
fue calificada como de infracción tributaria y que las operaciones
fueron documentadas en las correspondientes facturas. En consecuencia,
la entidad consultante vendrá obligada a rectificar las cuotas
no repercutidas, al haber considerado inicialmente que las operaciones
estaban sujetas pero exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido
y que como consecuencia de la actuación inspectora resultaron sujetas
y no exentas a dicho Impuesto. Dicha rectificación habrá
de documentarse a través de la expedición de una factura
rectificativa que habrá de cumplir la totalidad de requisitos a
que se refiere el artículo 13 del Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo
primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre (BOE del 29).
A estos
efectos, constituye doctrina reiterada de este Centro Directivo, entre
otras, la contestación de 23-03-2005, Nº V0454-05, considerar
que el computo del plazo de cuatro años a que se refiere el apartado
uno, del artículo 89 de la Ley 37/1992 para efectuar la rectificación
de las cuotas repercutidas, ha de entenderse interrumpido desde el inicio
de la citada actuación inspectora hasta que se haya producido su
finalización mediante resolución firme.
2.- El artículo
114, apartado uno de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
dispone que los sujetos pasivos, cuando no haya mediado requerimiento
previo, podrán rectificar las deducciones practicadas cuando el
importe de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o el importe
de las cuotas soportadas haya sido objeto de rectificación de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 89 de esta Ley.
Por su parte,
el apartado dos, número 1º de dicho precepto preceptúa
lo siguiente:
“Dos.-
La rectificación de deducciones originada por la previa rectificación
del importe de las cuotas inicialmente soportadas se efectuará
de la siguiente forma:
1º.
Cuando la rectificación determine un incremento del importe de
las cuotas inicialmente deducidas, podrá efectuarse en la declaración-liquidación
correspondiente al período impositivo en que el sujeto pasivo reciba
el documento justificativo del derecho a deducir en el que se rectifiquen
las cuotas inicialmente repercutidas, o bien en las declaraciones-liquidaciones
siguientes, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años desde
el devengo de la operación o, en su caso, desde la fecha en que
se hayan producido las circunstancias que determinan la modificación
de la base imponible de la operación.
Sin perjuicio de lo anterior, en los supuestos en que la rectificación
de las cuotas inicialmente soportadas hubiese estado motivado por causa
distinta de las previstas en el artículo 80 de esta Ley, no podrá
efectuarse la rectificación de la deducción de las mismas
después de transcurrido un año desde la fecha de expedición
del documento justificativo del derecho a deducir por el que se rectifican
dichas cuotas.”
En consecuencia, ante una rectificación de la cuota repercutida
por la entidad consultante conforme a lo indicado en el apartado anterior,
la entidad destinataria de la operación que la motiva podrá
rectificar la deducción inicialmente practicada en la declaración-liquidación
correspondiente al período impositivo en que se reciba la factura
rectificativa o bien en las declaraciones-liquidaciones siguientes, siempre
que no hubiera transcurrido un año desde la fecha de expedición
de la referida factura de rectificación.
En cualquier
caso, la deducción de la cuota rectificada sólo podrá
llevarse a cabo con arreglo a las limitaciones y requisitos establecidos
por la normativa del Impuesto, esencialmente, los recogidos en el Capítulo
I del Título VIII de la Ley 37/1992.
3.- Lo que
comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
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Tribunal
Supremo, Sala de lo Civil.
Fecha: 12/01/2007
Tipo de resolución: Sentencia
Según
esta Sentencia, que conforma la dictada por la Sección 4ª
de la Audiencia Provincial de Málaga, los sueldos, salarios y dietas
de los administradores no deben incluirse en las cuentas anuales de la
sociedad anónima, pues no existe relación laboral de estos
con la sociedad añadida a dicho cargo.
En un procedimiento
sobre impugnación de acuerdos sociales contra la aprobación
de las cuentas anuales, el Tribunal Supremo analiza si los sueldos, salarios
y dietas de los administradores pueden incluirse en las cuentas anuales
de la sociedad, con base en una alegada relación laboral añadida
al cargo de administrador; y concluye que no procede dicha inclusión
porque no existe la relación laboral pretendida, pues la prueba
aportada por la propia sociedad demandada desmiente la relación
laboral alegada por ella misma.
Sentencia
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Fecha: 01/03/2007
Tipo de resolución: Sentencia
El Tribunal
Supremo, en recurso de casación contra la sentencia dictada en
grado de apelación por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección
Segunda, en un proceso sobre cumplimiento de un contrato de arrendamiento
financiero y, subsidiariamente, de resolución del mismo, ha desestimado
el recurso y ha señalado que la "falta de revisión
-a la baja- por la arrendadora de los intereses pactados correspondientes
a las cantidades pendientes de pago, no justifica el incumplimiento de
la obligación principal de pago de las cuotas vencidas, cuando
la parte contraria había dado cumplimiento a su obligación
principal, cual era poner en posesión y disfrute a la arrendataria
financiera del bien objeto del contrato.
Según
el Tribunal Supremo, el incumplimiento de la arrendadora recae sobre una
obligación accesoria, la del pago de los intereses o cargas financieras
propias del contrato, conforme a lo convenido, y no sobre su obligación
principal, debida y oportunamente satisfecha. Señala asi la sentencia
que, habiendo cumplido la arrendadora su obligación principal de
entrega de la cosa, correspondía a la arrendataria, en estricta
equivalencia de prestaciones, pagar las cuotas convenidas a su vencimiento,
lo cual no hizo; pues el equilibrio prestacional reclamaba que, en el
caso de discrepancia acerca de su importe, la arrendataria satisfaciera
o consignara la suma de las cantidades que resultaban pacíficas
o, al menos, de las que estimaba procedentes según su cálculo
y conforme a la cláusula de revisión contractualmente prevista;
pues lo contrario sería dar carta de naturaleza a una liquidación
del contenido económico del contrato en función de la revisión
de las cargas financieras del mismo, realizada unilateralmente por la
arrendataria, sin haber impetrado el oportuno auxilio judicial a tal fin.
Sentencia
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Fecha: 05/03/2007
Tipo de resolución: Sentencia
La Sentencia
del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 5 de Marzo, fija la
doctrina juresprudencial respecto del artículo 34 de la Ley Hipotecaria;
que establece que "El tercero que de buena fe adquiera a título
oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con
facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición,
una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o
resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo
Registro.
La buena
fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía
la inexactitud del Registro.
Los adquirentes
a título gratuito no gozarán de más protección
registral que la que tuviere su causante o transferente."
Así,
según el Alto Tribunal, el Artículo 34 salva el defecto
de titularidad o de poder de disposición del transmitente; por
lo que, en el caso concreto, el embargo sobre una finca de la que con
anterioridad hubiera dispuesto el titular registral no impide la adquisición
de aquélla a consecuencia del procedimiento de apremio si no consta
en el Registro esa otra transmisión, e incluso aunque el adquirente
no inscrito ya hubiera entrado en posesión material de la finca.
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NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD.
Para la
mayor parte del ámbito empresarial y profesional es conocida la
salida a la luz (a finales del febrero del presente) del primer borrador
de lo que será el nuevo Plan General de Contabilidad. Plan General,
que a priori y si no sufre más retrasos, será aplicable
a partir de 1 de enero de 2008 por lo que consecuentemente todos los profesionales
que nos dedicamos a la materia hemos de prestar los cinco sentidos a cualquier
noticia relacionada.
Nos reservamos
este párrafo para hacer hincapié en el hecho de que resulta
un primer borrador, sometido todavía a posibles modificaciones,
lo que implica que nuestras palabras deban ser entendidas como guía
de lo que podrá ser finalmente la nueva norma.
El borrador
está a disposición de todo el mundo (nuestra propia página
web permite enlazar con el mismo) y su lectura no es ni más ni
menos "farragosa" que el anterior (todavía vigente) Real
Decreto 1643/1990. Ahora bien, para aquellos que pensaban "será
como siempre ... al final cambiarán dos tonterías y ya está...
tampoco hay que alarmarse...", decirles que efectivamente no habrán
de realizarse nuevamente estudios universitarios, ni incluso "rehomologar"
diplomas polvorientos, pero el profesional diligente, riguroso y que se
congratula con la realización del trabajo bien hecho, habrá
de actualizarse y hacer un seguimiento continuo de la reforma al menos
desde las próximas fechas hasta el primer ejercicio desde su aplicación,
pues se han modificado las cinco partes del Plan: Principios contables
(ahora denominado "Marco Conceptual" y que resulta más
amplio que el apartado anterior); Cuadro de Cuentas (aparecen nuevos grupos
8 y 9); Definiciones y Relaciones contables (la aparición de nuevas
cuentas y criterios evidentemente modifica este apartado); Cuentas Anuales
(ahora son cinco documentos en vez de tres) y Normas de Valoración
(redenominado "Normas de Registro y Valoración" y que
ha sido sustancialmente modificado).
No es objeto
de esta exposición el reseñar todas la novedades que "atesora"
el nuevo borrador pero si me gustaría, inicialmente y solo para
tomar contacto, reflexionar sobre determinadas cuestiones, ante una reforma
de este calado, pueden resultar meramente anecdóticas:
1. Si al
legislador "se le enciende la bombilla", y con muy buen criterio
desde mi punto de vista, renumera las cuentas (665) Descuentos sobre ventas
por pronto pago y (765) Descuentos sobre compras por pronto pago, eliminándolas
de los subgrupos de gastos e ingresos financieros, por razones que resultan
más que evidentes en la operatoria comercial, y las incluye en
los subgrupos de compras y ventas (606) Descuentos sobre ventas por pronto
pago y (706) Descuentos sobre compras por pronto pago respectivamente...
¿porqué no hace la "gracia completa" y modifica
el nombre de las cuentas 608 y 609 Devoluciones y Rappels sobre compras
por el de 608 y 609 Devoluciones y Rappels sobre ventas, manteniéndolas
en los mismos subgrupos y estructura y nos ahorramos estar incluyendo
un ingreso en el grupo (6) de compras y gastos y, un gasto en el grupo
(7) de ventas e ingresos (como ocurriría en el caso de las cuentas
708 y 709 hablando de devoluciones y rappels sobre ventas)?.
Sería mucho más fácil de identificar su funcionamiento
y ya existen cuentas como las mencionadas 606 y 706 que pertenecen al
grupo de gastos o ingresos y en su denominación incorporan la palabra
ventas o compras respectivamente.
2. No se
amortizará el fondo de comercio. Pues... me parece correcto. Dice
el nuevo borrador que "en su lugar, las unidades generadoras de efectivo
o grupos de unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado
el fondo de comercio, se someterán, al menos anualmente, a la comprobación
del deterioro del valor, procediéndose, en su caso, al registro
de la corrección valorativa por deterioro". Efectivamente
resultará suficiente provisionar las pérdidas de valor estimadas,
si bien es cierto que el método para su cálculo puede, como
hasta la fecha, provocar más que un quebradero de cabeza.
Deseemos que esta no amortización no vaya acompañada de
una retención de beneficios como se había apuntado.
3. Mencionar
que las hasta ahora llamadas provisiones reciben la nueva denominación
de "deterioro de valor", eso si con los mismos efectos ya conocidos.
También considero un acierto este cambio de denominación
pues define adecuadamente la naturaleza de la operación que se
desea registrar; la anterior terminología acabamos "razonándola"
por el uso continuo y el devenir de los años más que por
una "imagen fiel" de su significado.
Evidentemente
ha sido una pequeña toma de conctacto apenas signficativa pero
con el objetivo de seguir informando.... y, con su permiso, opinando...
Javier Gómez
Departamento Económico de RCR Proyectos de Software.
ARRENDAMIENTOS: EL TRASPASO O CESIÓN DEL LOCAL DE NEGOCIO
La cesión
del contrato de arrendamiento de local, más conocida como el traspaso
de local de negocio, es una figura contractual que implica que una tercera
persona, distinta del arrendatario y del arrendador, se va a subrogar,
ocupando la posición del arrendatario inicial, en todos los derechos
y en todas las obligaciones que hayan nacido del contrato de arrendamiento.
Asimismo, conviene dejar claro que esta subrogación no implica,
salvo que exista pacto al respecto, que se produzca ninguna modificación
del contrato de arrendamiento que se traspasa o cede.
Si tenemos
en cuenta que tras la entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre,
de Arrendamientos Urbanos existen todavía muchos contratos de arrendamientos
de local celebrados al amparo de la anterior normativa que regía
esta materia, es decir, del Real Decreto 4104/1964, de 24 de Diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
así como del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de Abril, sobre Medidas
de Política Económica, popularmente conocido como el "Decreto
Boyer"; es por ello que, a la hora de proceder al estudio de esta
materia, es importante tener en cuenta la fecha de celebración
del contrato, pues ello determinará la aplicación, o no,
de ciertas especialidades establecidas en el denominado "régimen
transitorio", que será de aplicación en los contratos
celebrados antes de la entrada en vigor de la LAU de 1994, esto es, con
anterioridad al 1 de Enero de 1995, y asimismo, en función de si
el contrato de que se trate fue celebrado con posterioridad al 9 de Mayo
de 1985 o con anterioridad a dicha fecha.
En cuanto
a los locales de negocio arrendados, y en concreto, en cuanto al tema
del traspaso, que es el que en este artículo nos interesa, debemos
acudir a las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera de la LAU, para
determinar cuál será el régimen aplicable en cada
caso.
En este sentido, cuando se pretenda traspasar un local de negocio arrendado,
en virtud de contrato celebrado con posterioridad al 9 de Mayo de 1985
y que subsista tras la entrada en vigor de la LAU (1 de Enero de 1995),
deberá estarse a las normas a cuyo amparo se celebró dicho
contrato. Es decir, que deberemos estar a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley
2/1985 (Decreto Boyer) y a lo dispuesto en el Texto Refundido de 1964
(Decreto 4104/1964, de 24 de Diciembre). No obstante, establece la Disposición
Transitoria Primera de la LAU que cuando haya tenido lugar la tácita
reconducción conforme a lo dispuesto en el artículo 1.566
del Código Civil ("Si al terminar el contrato, permanece el
arrendatario disfrutando quince días de la cosa arrendada con aquiescencia
del arrendador, se entenderá que hay tácita reconducción
por el tiempo que establecen los artículos 1.577 y 1.581, a menos
que haya precedido requerimiento."), el arrendamiento renovado pasará
a regirse por las normas establecidas en el texto de la LAU (1994) relativas
a los arrendamientos para uso distinto al de vivienda.
Ahora bien,
cuando el local que se pretenda traspasar lo posea el arrendatario en
virtud de contrato de arrendamiento celebrado con anterioridad al 9 de
Mayo de 1985, debemos acudir a la Disposición Transitoria Tercera
de la LAU en virtud de la cual se establece que aquellos contratos de
arrendamiento de local de negocio celebrados antes de la citada fecha
(entrada en vigor del Decreto Boyer), y que, claro está, permanezcan
vigentes cuando se produce la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos
Urbanos de 1994, continuarán rigiéndose por lo dispuesto
en el Texto Refundido de 1964. Ahora bien en este caso establece una serie
de modificaciones o especialidades con respecto a lo establecido en el
régimen anterior y que serán de aplicación cuando
concurran las circunstancias especificadas en dicha Disposición
Transitoria.
Por último,
si estamos ante un contrato de traspaso o cesión de local de negocio
celebrado, o a celebrar, tras la entrada en vigor de la LAU de 1994, lo
primero que debemos considerar es que la LAU no habla expresamente de
traspaso de local de negocio, sino de cesión de contrato de arrendamiento
de local, a pesar de lo cual, realiza una escasa regulación, pues
establece como regla la libertad de pacto entre las partes (regla esta
que rige con carácter general en todo el régimen establecido
por dicha ley). De este modo, las partes podrán pactar tanto el
reconocimiento de esta posibilidad de cesión al arrendatario, así
como pactar que el arrendatario renuncia a dicha posibilidad.
En el caso de que las partes no pactaran nada a este respecto, podrá
el arrendatario proceder a la cesión del local, pues así
lo permite la LAU, en su artículo 32, al señalar que, cuando
en la finca arrendada se ejerza una actividad profesional o empresarial,
podrá el arrendatario ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad
de contar con el consentimiento del arrendador.
Tan sencilla
es la regulación que la LAU realiza de la cesión que tan
sólo se establecen dos requisitos para que la cesión (traspaso)
se pueda llevar a cabo. Así, en primer lugar, se establece como
requisito para poder ceder el local, que en él se ejerza una actividad
empresarial o profesional, sin que sea requisito necesario, salvo que
así se pacte en el contrato de cesión, que el cesionario
(que es como se denomina a la persona a la que se cede el contrato de
arrendamiento) destine el local a ejercer esa misma actividad, sino que
podrá dedicarlo a otra actividad distinta.
En segundo lugar, establece el artículo 32 de la LAU que, la cesión
deberá ser notificada, de forma fehaciente, al arrendador en el
plazo de un mes contado desde la fecha en que la cesión se concertó.
El hecho de que esta notificación no tenga lugar, facultará
al arrendador para resolver, de pleno derecho, el contrato.
Una vez producida la cesión del contrato, la LAU concede un derecho
al arrendador, a modo de compensación se podría decir, por
concederse esta facultad al arrendatario sin necesidad de contar con el
consentimiento de quien es el propietario del local. Este derecho consiste
en una elevación del 20% de la renta en vigor, es decir, la que
el arrendatario venga abonando en el momento de producirse la cesión.
Asimismo, también se le concederá este derecho al arrendador
cuando haya tenido lugar un cambio en la persona del arrendatario como
consecuencia de la fusión, escisión o transformación
de la sociedad arrendataria. No obstante, si bien se concede el derecho
a elevar la renta al arrendador, este cambio en la persona del arrendatario
no se reputa, a efectos de la LAU, como una cesión.
Por último, resulta de interés destacar, como importante
diferencia con la anterior regulación de los traspasos de local
de negocio, que se realizaba por el Decreto 4104/1964, de 24 de Diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
que, si antes en los casos de traspaso del local, el arrendador tenía
derecho de tanteo y derecho de retracto (reconocidos en los artículos
35 y 36 del citado Texto Refundido), con la actual regulación por
la LAU, estos derechos del arrendador han desaparecido en los casos de
cesión (traspaso) de local, subsistiendo únicamente en los
supuestos de venta de la finca (vivienda o local) arrendada.
No obstante todo lo expuesto anteriormente, conviene recordar que en los
arrendamientos para uso distinto del de vivienda, celebrados con posterioridad
a la entrada en vigor de la LAU, rige la libertad de pacto entre las partes.
Esto significa que, mediante la inclusión de cláusulas en
el contrato de arrendamiento, se puede establecer el régimen aplicable
a cada caso. Sólo aquellas cuestiones que no hayan sido reguladas
en el contrato se regirán por lo dispuesto en la Ley en su Título
III y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil; conforme
a lo que establece el Artículo 4, apartado 3º de la LAU.
Departamento
Jurídico de RCR, Proyectos de Software.
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