|
Una
hipoteca al revés
La hipoteca inversa permite obtener a los mayores
un extra mensual a cambio de volver a endeudarse
NURIA
CANO (elpais.com 21/02/2007)
Juan tiene
80 años, recibe una pensión de 450 euros y desde hace unos
meses necesita asistencia domiciliaria. Las cuentas no le salen, pero
Juan tiene una casa en el centro de Barcelona valorada en 210.000 euros
que podría volver a hipotecar. A cambio, recibirá una renta
mensual de alrededor de 500 euros durante 14 años, con los que
hacer frente a su nueva situación. Pasado ese tiempo, podría,
él o sus herederos, liquidar la deuda con el banco y volver a recuperar
su vivienda libre de cargas, o vender la casa y pagar a la entidad.
Juan no
existe, pero sí casos como el suyo. Para este tipo de perfil, persona
mayor de 65 años, con casa en propiedad, pensión baja y
la necesidad de recibir un sobre sueldo mensual que le ayude a afrontar
determinados gastos, algunas entidades bancarias ofertan la denominada
'hipoteca inversa' o 'pensión hipotecaria'.
A través
de este producto, formulado como una especie de cuenta corriente de crédito
con la vivienda como garantía, el propietario recibe una cantidad
mensual en un plazo de tiempo concreto, o de forma vitalicia; pagando
un interés fijo, que suele rondar el 6%, y sin perder la propiedad
de su vivienda.
"Es un producto con una filosofía asistencial, no es especulativo.
Es una decisión dura que se toma por una necesidad y que permite,
ante la insuficiencia de ingresos, convertir la vivienda en un apoyo mensual
sin renunciar a la propiedad" explica Miguel Artazos, jefe de desarrollo
de productos de financiación de Ibercaja, una de las entidades
que ofrece esta modalidad en España.
En números, y de acuerdo con uno de las simulaciones que ofrece
otra de las entidades que oferta esta hipoteca, Caixa Terrasa, Juan, tras
tasar su vivienda, recibiría 603 euros durante 14 años,
a un interés fijo del 5,75%. Después de ese periodo, la
deuda acumulada sobre su vivienda ascendería a 189.000 euros.
Vender o volver a comprar
"Cuando
se termina el plazo hay dos opciones", explica Artazos. La primera
es que los herederos, en el caso de que la persona haya fallecido, decidan
quedarse con la vivienda pagando la deuda contraída con sus ahorros
o con otro préstamo. La segunda, será vender la vivienda,
pagar el importe de la deuda y quedarse con el resto del dinero ya que
la vivienda, teóricamente, se habrá revalorizado.
Desde La Caixa, otra de las entidades que oferta esta hipoteca, explican
que se trata de "un producto diseñado para dar liquidez al
patrimonio inmobiliario". La caja, al igual que las demás,
ofrece dos modalidades: recibir los ingresos por un periodo limitado de
tiempo o de forma vitalicia.
La segunda opción conlleva la contratación de un seguro
adicional. En el caso de Juan, si opta por esta modalidad, después
de los 14 años iniciales podrá seguir recibiendo una renta
de 549 euros que provendrá del seguro contratado, cuyo importe
rondaría los 18.978 euros.
En ambos casos, la constitución de la hipoteca conlleva, además,
los gastos propios de estas operaciones como el de notario, la comisión
de apertura, los impuestos, la tasación, etcétera, que se
suelen cargar al mismo préstamo. "Es un producto costoso,
sobre el que aún falta información y en el que apenas hay
posibilidad de comparar porque las condiciones en las distintas entidades
que la ofrecen son bastante heterogéneas", explica Carlos
Hernández, delegado de la Asociación de Usuarios de Productos
Financieros (Ausbanc) en Baleares.
"Se opta por él en situaciones económicas delicadas,
duras. Puede ser una buena opción para unas necesidades muy concretas,
pero es muy peligroso si el asesoramiento no es bueno", añade
Hernández. En este punto, Miguel Artazos de Ibercaja recuerda que
es "esencial el papel de los hijos que transmiten las ventajas y
explican las condiciones a sus padres".
"No es un producto masivo, es un público duro, pero sí
es cierto que en 2006 tras unas declaraciones que realizó sobre
el tema el ministro de Economía, Pedro Solbes, se formalizaron
más hipotecas inversas que en todos los años anteriores
[Ibercaja ofrece el producto desde 2001], añade Artazo que prefiere
no dar cifras concretas sobre el número de hipotecas contratadas.
"En estos momentos desde Ausbanc, la principal recomendación
es esperar al anteproyecto de ley que prepara el Gobierno [sobre modernización
del mercado hipotecario] y que regulará el producto", puntualiza
Hernández.
El Gobierno estudia reducir los costes
El objetivo
de esta reforma, según el Ministerio de Economía y Hacienda,
"es dar mayor seguridad jurídica a los prestatarios y a las
entidades financieras y dotarlo de una adecuada transparencia".
En la práctica, los principales cambios que estudia el Gobierno
se centran en el capítulo de los costes. Por ejemplo, las escrituras
públicas de este tipo de hipotecas estarán exentas del impuesto
de Actos Jurídicos Documentados y los aranceles notariales se determinarán
tomando como base los derechos previstos para los documentos sin cuantía,
que suponen una cantidad fija no muy elevada. Además, no podrán
cobrarse penalizaciones por cancelación en caso de fallecimiento
del prestatario.
"Estos cambios -añade Hernández de Ausbanc- pueden
suponer ahorro considerable para los consumidores". Desde la asociación
anunciaban hace unos meses que el Gobierno estudia también "que
puedan desgravarse los gastos de constitución de la hipoteca y
los intereses acumulados por disponer del capital". "Este paquete
de medidas regulará y favorecerá el desarrollo de este producto",
concluyen desde La Caixa.
Un producto
que gusta más en el mundo anglosajón
"Producto milagroso para algunos, demonizado por otros, esta hipoteca
sólo puede juzgarse en función de las necesidades que cubre".
Esta frase de Claude Taffin, presidente del grupo Estadístico de
la Federación Hipotecaria Europea, y uno de los principales investigadores
del tema, puede ser un buen titular para este producto que tiene su origen
en el mundo anglosajón.En el último informe de este investigador,
presentado en nuestro país por la Asociación Hipotecaria
Española, se explica que esta modalidad de hipoteca comienza a
desarrollarse, aunque con más dificultad y en menor grado, en la
Europa continental. Mientras, en Reino Unido, donde este producto comenzó
a comercializarse en 1965, en 2004 se formalizaron 26.000 nuevos préstamos,
y en Estados Unidos la cifra se acercó a los 34.000.Las diferencias
en el grado de desarrollo de este producto, añade, reside en razones
culturales, variaciones en las actitudes y prácticas ante los créditos
y el endeudamiento, y una menor repercusión de los efectos demográficos.
IMPUESTOS
A LA CARTA
YOLANDA
GOMEZ (abc.es)
Cinco años después de que el Estado cediera a las comunidades
autónomas capacidad normativa sobre algunos impuestos, tenemos
los primeros resultados.
En el IRPF,
la actuación de las comunidades ha sido, sobre todo, de cara a
la galería. La mayoría de los gobiernos regionales han creado
múltiples e insignificantes deducciones, por hijos, por segundas
viviendas, por alquileres, y un largo etcétera, que pocos conocen,
que afectan un número mínimo de contribuyentes, y que, sólo
sirven para llenar la boca de los gobiernos de turno, eso sí, a
costa de complicar muchísimo el tributo.
La decisión más atrevida en el IRPF ha sido, sin duda, la
del gobierno de Esperanza Aguirre, que ha sido el primero que ha aplicado
una reducción general en la tarifa que, al menos, beneficia a todos
los contribuyentes.
Más
valientes han sido las comunidades en el Impuesto de Sucesiones. Comenzaron
La Rioja y Cantabria eliminando prácticamente la tributación
de las herencias entre padres, hijos y cónyuges, imitando a sus
vecinos vascos y navarros, y poco a poco todas las autonomías gobernadas
por el PP han ido extendiendo esta misma exención. Este año
prácticamente el 40% de los españoles no tendrá que
pagar este impuesto. El problema es la desigualdad que se produce entre
los ciudadanos de unas y otras comunidades. Resulta que hay que planificar
hasta dónde morirse. Diez kilómetros de distancia pueden
ahorrar a los herederos hasta millones de las antiguas pesetas. ¿Y
qué me dicen de dos hermanos que heredan lo mismo de su padre y
que uno tiene que pagar y otro no porque viven en regiones distintas?
El Impuesto de Sucesiones no tendrá más remedio que desaparecer,
los gobiernos regionales que todavía mantienen el tributo no podrán
soportar la presión de sus ciudadanos, argumentan los economistas.
Pero mientras tanto, las desigualdades entre españoles en lo que
toca al bolsillo duelen, y mucho. Y si eso pasa ahora, por el camino que
vamos, dentro de una década antes de decidir dónde fijamos
nuestra residencia tendremos que pedir la carta de impuestos.
Ampliar
a 20 años el tiempo de cálculo de la pensión bajaría
su cuantía un 4%
MAITE
VÁZQUEZ DEL RÍO. (abc.es)
Si en vez
de los últimos 15 años de salario se tomara como referencia
los últimos 20 para calcular la cuantía de la pensión
en el momento en que un trabajador se jubila, la pensión resultante
sería un 4% inferior, según confirmó ayer una de
las responsables de la dirección general de Ordenación de
la Seguridad Social, Almudena Guzmán, quien ayer participó
junto con responsables de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria,
el Banco de España y el Instituto de Estudios Fiscales, entre otros
organismos, en la presentación de la "Muestra continua de
vidas laborales" (MCVL).
La jornada
para presentar la MCVL fue inaugurada por el secretario de Estado de la
Seguridad Social, Octavio Granado, quien dijo que su departamento elabora
estadísticas transparentes que parte del colectivo científico
(en referencia al estudio del asesor del presidente del Gobierno, David
Taguas), le da un "uso apocalíptico".
Almudena
Guzmán concretó que la ampliación en cinco años
del cómputo para establecer la cuantía de la pensión
afectaría de "manera distinta" a cada trabajador, si
bien a una cuarta parte de los trabajadores les vendría bien ampliar
los años de referencia, dado que cotizan por las bases más
bajas y se beneficiarían de la pensión mínima. Sin
embargo, prácticamente las tres cuartas partes de los trabajadores
se verían perjudicados al cotizar por bases medias-altas.
No obstante, el colectivo más afectado sería el de los trabajadores
autónomos, que perderían un 5,9% de su pensión de
ampliarse el periodo de cómputo.
La muestra
analiza los periodos de cotización, su tipo de contrato, el periodo
de los que han cobrado prestaciones y cualquier variación producida
en la vida laboral de cada trabajador. Entre las conclusiones destaca
que uno de cada cuatro trabajadores han tenido un contrato indefinido
cuya duración ha sido inferior a un año, según destacó
el catedrático Luis Toharia, quien enfatizó que las conversiones
de temporal a fijo son las que mayor duración de contrato muestran
al mantenerse en el año analizado hasta en el 94% de los casos.
Asimismo,
Toharia destacó que el 51,5% de los trabajadores han cobrado prestación
por desempleo en algún momento de su vida laboral.
Por su parte,
el subdirector general de Estudios sobre Empleo del Ministerio de Trabajo,
Alfonso Prieto, concretó que la edad media de jubilación
en España se sitúa en los 63 años, edad que se eleva
hasta los 64 años en el caso de las mujeres.
Además,
se ha comprobado que se está produciendo un aumento progresivo
de los años cotizados por los trabajadores antes de jubilarse:
si en 1988 los años cotizados eran 27, en 2004 se elevaban hasta
los 34 años.
Por lo que
respecta a la edad de incorporación al mercado laboral, en 1980
los jóvenes se incorporaban a trabajar a los 27 años, edad
que se redujo hasta los 23 en 1999 para elevarse hasta los 25 años
en 2004.
Para Prieto, el riesgo de la Seguridad Social no son tanto las jubilaciones
anticipadas como la baja tasa de actividad de las mujeres. Sólo
si se mantuviera el 69% de tasa de las mujeres entre 25 y 54 años
no habría problemas. Sin embargo, la tasa se reduce drásticamente
a partir de los 54 años. Por último, adelantó que
en 2040 el 30% de la población tendrá más de 65 años.
|
|
CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
25-01/2007 (V0187-07 )
DESCRIPCION-HECHOS
La sociedad
consultante tiene como única actividad la gestión de créditos.
Por sus servicios recibe una cantidad por parte de la entidad financiera
y otra cantidad por parte del cliente.
CUESTION-PLANTEADA
Exención
de las operaciones realizadas en el ámbito de la intermediación
financiera.
CONTESTACION-COMPLETA
1.- El artículo
20.Uno.18º de la Ley 3711992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), establece
la exención del Impuesto en relación con una serie de operaciones
financieras.
En particular,
la letra m) de dicho artículo dispone que, asimismo, se hallará
exenta la mediación en las operaciones exentas descritas en las
letras anteriores de este número y en las operaciones de igual
naturaleza no realizadas en el ejercicio de actividades empresariales
o profesionales.
La exención
se extiende a los servicios de mediación en la transmisión
o en la colocación en el mercado de depósitos, de préstamos
en efectivo o de valores, realizados por cuenta de sus entidades emisoras,
de los titulares de los mismos o de otros intermediarios, incluidos los
casos en que medie el aseguramiento de dichas operaciones.
Este número
18º del apartado uno del artículo 20 de la Ley es trasposición
al derecho interno de lo dispuesto por el artículo 135, apartado
1, letras b) a g) de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre
de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor
Añadido (DO L 347 de 11.12.2006).
De acuerdo
con el precepto comunitario ”Los Estados miembros eximirán,
las operaciones siguientes:
b) La concesión
y la negociación de créditos, así como la gestión
de créditos efectuada por quienes los concedieron;
c) La negociación y la prestación de fianzas, cauciones
y otras modalidades de garantía, así como la gestión
de garantías de créditos efectuada por quienes los concedieron;
d) Las operaciones,
incluidas la negociación, relativas a depósitos de fondos,
cuentas corrientes, pagos, giros, créditos, cheques y otros efectos
comerciales, con excepción del cobro de créditos;
e) Las operaciones, incluida la negociación, relativa a las divisas,
los billetes de banco y las monedas que sean medios legales de pago, con
excepción de las monedas y billetes de colección, a saber,
las monedas de oro, plata u otro metal, así como los billetes,
que no sean utilizados normalmente para su función de medio legal
de pago o que revistan un interés numismático;
f) Las operaciones, incluida la negociación, pero exceptuados el
depósito y la gestión, relativas a acciones, participaciones
en sociedades o asociaciones, obligaciones y demás títulos-valores,
con excepción de los títulos representativos de mercaderías,
y los derechos o títulos enunciados en el apartado 2 del artículo
15;
g) La gestión de fondos comunes de inversión definidos como
tales por los Estados miembros;"
2.- El artículo
135, apartado 1, letras b) a g) de la Directiva ( antes el artículo
13.B.d) de la Sexta Directiva) ha sido objeto de interpretación
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia
de 5 de junio de 1997 (asunto C-2/95). En la sentencia citada se establecen
varios criterios de interés a efectos de la contestación
que ha de darse a la consulta planteada.
En primer término, y como criterio general reiterado en numerosas
sentencias del Tribunal (así, las de 15 de junio de 1989 y 26 de
junio de 1990, entre otras) las normas que establecen las exenciones del
Impuesto sobre el Valor Añadido se deben interpretar estrictamente,
"dado que constituyen excepciones al principio general de que el
impuesto sobre el volumen de negocios se percibe por cada prestación
de servicios efectuada a título oneroso por un sujeto pasivo"
(apartado 20 de la sentencia). De la misma forma, el Tribunal ha establecido
que las normas que establecen excepciones a las exenciones no pueden ser
objeto de interpretaciones restrictivas (sentencia de 13 de julio de 1989,
entre otras).
El criterio
determinante para delimitar la exención del artículo 135,
apartado 1, letras b) a g) de la Directiva (antes el artículo 13.B.d)
de la Sexta Directiva) es el tipo de operación efectuada, no siendo
necesario que la operación se efectúe por un banco o entidad
financiera. Ello llevó al Tribunal, en su día (sentencia
de 27 de octubre de 1993, asunto C-281191) a afirmar la exención
del Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con los
créditos concedidos por los proveedores de bienes en forma de aplazamientos
de pago.
Esto es
así salvo en los casos en que el artículo 135, apartado
1, letras b) a g) de la Directiva ( antes el artículo 13.B.d) de
la Sexta Directiva) exige expresamente que la operación se realice
por una persona determinada: así, el apartado 1 del artículo
13.B.d) de la Directiva (ahora artículo 135, apartado 1, letra
b)) reconoce la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido
para las operaciones de gestión de créditos siempre que
dicha gestión se efectúe por el concedente del crédito
y no por un tercero (apartado 33 de la sentencia). Por ello, la irrelevancia
de los elementos subjetivos a efectos de la caracterización de
la exención sólo se afirma de forma expresa por el Tribunal
respecto de los apartados 3 y 5 del artículo 13.B.d), (ahora artículo
135, apartado 1 letras d) y f)), pues en dichas disposiciones no se hace
referencia alguna al prestador del servicio ni a su destinatario (apartado
32 de la sentencia).
En definitiva,
los elementos subjetivos son irrelevantes, excepto cuando el artículo
13.B.d) contempla "servicios que, por su naturaleza, van destinados
a los clientes de las entidades financieras" (apartado 48 de la sentencia).
En lo que
respecta a los servicios de mediación establecidos en la letra
m) del artículo 20.Uno.18º de la Ley 3711992, debe considerarse
que la Directiva no establece exención alguna para servicios de
intermediación relativos a operaciones financieras calificados
como tales, sino que regula los supuestos de exención que hemos
señalado incluyendo dentro de su ámbito objetivo la negociación
del resto de operaciones exentas, conforme al citado El artículo
135, apartado 1, letras b) a g) de la Directiva .
Por tanto,
se hace necesario conciliar los conceptos de "negociación"
en la normativa comunitaria y "mediación" en el Derecho
español para delimitar con precisión el ámbito de
la exención contenida en la letra m) del artículo 20.Uno.18º
de la Ley del Impuesto.
3.- En lo
relativo al concepto comunitario de "negociación", debe
tenerse en cuenta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
se ha pronunciado sobre la cuestión en sentencia de 13 de diciembre
de 2001, asunto C-235/00, señalando lo siguiente:
"39.
Sin que sea necesario interrogarse sobre el alcance exacto del término
“negociación”, que también aparece en otras disposiciones
de la Sexta Directiva y, en concreto, en los números 1 a 4 del
artículo 13, parte B, letra d), cabe señalar que, en el
contexto del número 5, se refiere a una actividad prestada por
una persona intermediaria que no ocupa el lugar de una parte en un contrato
relativo a un producto financiero y cuya actividad es diferente de las
prestaciones contractuales típicas que prestan las partes de dichos
contratos. En efecto, la actividad de negociación es un servicio
prestado a una parte contractual y retribuido por ésta como actividad
diferenciada de mediación. Puede consistir, entre otras cosas,
en indicarle ocasiones de celebrar tal contrato, en ponerse en contacto
con la otra parte y en negociar en nombre y por cuenta del cliente los
detalles de las prestaciones recíprocas. Por lo tanto, la finalidad
de la referida actividad es hacer lo necesario para que dos partes celebren
un contrato, sin que el negociador tenga un interés propio respecto
a su contenido.
40. No se
trata, en cambio, de una actividad de negociación cuando una de
las partes del contrato confía a un subcontratista una parte de
las operaciones materiales vinculadas al contrato, como la información
a la otra parte y la recepción y tramitación de las solicitudes
de suscripción de títulos valores que son objeto del contrato.
Si así sucede, el subcontratista ocupa el mismo lugar que el vendedor
del producto financiero y, por consiguiente, no es una persona intermediaria
que no ocupa el lugar de una parte del contrato en el sentido de la disposición
controvertida"
Del contenido
de esta sentencia se deduce que el Tribunal considera necesaria, para
la extensión de la exención de las operaciones financieras
a los servicios de negociación de las mismas, considerando que
el mismo concepto es el que se utiliza en el número 3 del artículo
13.B.d) de la Directiva, (ahora artículo 135, apartado 1, letra
d)), la concurrencia de dos requisitos:
1º.
Que el prestador del servicio de negociación o, en este caso, de
intermediación, sea un tercero, distinto del comprador y del vendedor
en la operación principal.
2º. Que las funciones que realiza vayan más allá del
suministro de información y la recepción de solicitudes,
y que se plasmen en la indicación de las ocasiones en las que se
puede realizar la operación y, una vez existen dichas ocasiones,
haciendo lo necesario para que ésta se efectúe.
En consecuencia,
el mediador ha de ser un tercero, distinto de las partes que aproxima
y que actúe de modo independiente. El mediador no puede hallarse
ligado o depender de ninguna de las partes, pues el servicio que presta
es el de acercamiento de las partes, indicando ocasiones para la celebración
del contrato y haciendo lo posible para que éste se concluya.
Esta labor de mediación ha de diferenciarse de la mera subcontratación
de los servicios del supuesto mediador por una de las partes. Así,
si una de las partes solicita de un tercero la realización de un
segmento de las actividades que dicha parte realiza en lo que respecta
a la colocación de sus productos financieros, no existe tal mediación,
pues dicho tercero estará ocupando el mismo lugar que el vendedor
del producto financiero y, por consiguiente, no es una persona intermediaria
entre las partes para la celebración del contrato.
El mediador ha de percibirse como un tercero completamente independiente
de las partes, conocido por ambas y cuya actividad también es sabida
y aceptada por dichas partes.
4.- Desde
el punto de vista del Derecho español, el contrato de mediación
ha sido objeto de tratamiento por la sentencia del Tribunal Supremo de
10 noviembre 2004 de la siguiente manera:
"Como dice la sentencia de 4 de julio de 1994, «es doctrina
consolidada de esta Sala (véase la sentencia de 22 de diciembre
de 1992) la de que en el contrato de mediación o corretaje, que
es un contrato innominado «facio ut des», por el que una de
las partes (el corredor) se compromete a indicar a la otra (el comitente)
la oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero o
a servirle para ello de intermediario a cambio de una retribución,
y en similares términos se pronuncia la sentencia de 10 de octubre
de 2002".
Por tanto,
el contrato de mediación implica la existencia de un mediador que
se limita a poner en relación a los sujetos que, en el futuro,
celebrarán un contrato. El mediador no participa personalmente
en dicho contrato futuro, ni como representante, ni como comisionista
o mandatario de ninguna de las partes.
Así
lo ha determinado el Tribunal Supremo en jurisprudencia más antigua.
Según la sentencia de 23 de octubre de 1959, "el contrato
de corretaje supone y tiene por natural contenido la intervención
activa de una persona -mediador-, bien para informar a otra de la simple
ocasión y oportunidad de la conclusión de otro contrato,
ora para prestar, mediante una prima, los servicios atinentes a conseguir
la coincidencia de voluntades entre sujetos que deseen formar entre sí
un vínculo o negocio jurídico principal (...) precisándose,
además, que el corredor o mediador no se halle preliminarmente
ligado a las partes, cuyas voluntades aproxima y aúna, por relaciones
de colaboración, de dependencia o de representación, pues
entonces existirán fuentes de obligaciones distintas y bien diferenciadas
del corretaje”.
Como se puede apreciar, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la jurisprudencia
comunitaria no distan en sus conclusiones. Es más, se podría
decir que son coincidentes en cuanto al concepto de mediador como tercero
independiente de las partes, que no se puede encontrar ligado o depender
de ninguna de ellas y cuya labor consiste en conseguir la coincidencia
de voluntades para la celebración de un futuro contrato en el que
no participa.
5.- De acuerdo
con lo expuesto en puntos anteriores de esta contestación, parece
que los conceptos de "negociación", en el Derecho comunitario,
y "mediación", en el Derecho español, tienen como
característica fundamental la existencia de un tercero, el denominado
mediador, cuya función principal es la de aproximar a las partes
para la celebración de un contrato posterior.
La jurisprudencia
comunitaria ofrece ejemplos de situaciones que se engloban dentro del
concepto de "negociación", como indicar a las partes
la ocasión de celebrar el contrato, ponerse en contacto con la
otra parte y negociar en nombre y por cuenta del cliente los detalles
de las prestaciones recíprocas. Estos ejemplos no agotan el concepto
que se trata de definir ni, mucho menos, es necesaria la concurrencia
de todos ellos para que se tenga por realizada la citada función
de negociación. De lo que se trata es de "hacer lo necesario
para que dos partes celebren un contrato, sin que el negociador tenga
un interés propio respecto a su contenido".
Sin embargo,
la sentencia de 13 de diciembre de 2001 sí determina dos tipos
de servicios cuya realización no implicaría por sí
sola que tuviera lugar dicha negociación, a menos que fuese acompañada
de otras actividades que supongan por sí mismas hacer lo necesario
para que las partes celebren el contrato. Estos servicios son el mero
suministro de información y la simple recepción de solicitudes.
Los puntos
de conexión entre las nociones de "mediación"
y "negociación" pasan por la existencia de un tercero
(mediador), sin interés en el negocio jurídico que, en su
caso, celebrarán las partes. Este tercero tiene como labor la función
de aproximación de dichas partes, sin que se considere que tal
función de aproximación tiene lugar si el mediador solamente
se limita a suministrar información sobre el futuro contrato o
a recibir solicitudes. Es decir, para que se produzca realmente un servicio
de mediación, o de negociación en la normativa comunitaria,
es necesario que la existencia del mediador sea conocida por todas las
partes que tienen la intención de celebrar el contrato en el futuro,
de modo que perciban efectivamente la existencia y la labor del citado
mediador.
En consecuencia,
el término "mediación" a que se refiere la letra
m) del artículo 20.Uno.18º de la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido implica la existencia de un tercero que tiene por
función aproximar a las partes para la futura celebración
de un contrato. Las partes deben conocer la existencia del mediador, así
como la misión que tiene encomendada. El mero suministro de información
y la simple recepción de solicitudes no suponen, por sí
mismos, la realización de un servicio de mediación del artículo
20.Uno.18.m). El hecho de que, tras la prestación del servicio
de mediación en estos términos, las partes, finalmente,
no lleguen a la conclusión del contrato, no obsta para que el servicio
de mediación se tenga por realizado.
6.- Las
actividades objeto de consulta tienen la consideración de servicios
de mediación en el sentido del artículo 20.Uno.18º.m)
de la Ley 37/1992, siempre y cuando se realice una función de aproximación
y puesta en contacto de las partes que vaya más allá del
mero suministro de información y la simple recepción de
solicitudes. Además, para que las citadas actividades se hallen
exentas es necesario que las partes tengan conocimiento de la existencia
del mediador y de la labor que el mismo realiza.
De acuerdo con el escrito de consulta parece que todas estas condiciones
se cumplen, por lo que las labores de intermediación financiera
expuestas en la citada consulta que lleva a cabo la sociedad consultante
como agente de una entidad de crédito se hallarán exentas
del impuesto.
7.- Lo que
comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
CONSULTA VINCULANTE
FECHA-SALIDA
16-01-2007 (V0078-07 )
DESCRIPCION-HECHOS
El consultante
va a recibir una renta vitalicia revisable anualmente procedente de un
seguro colectivo.
CUESTION-PLANTEADA
Valor de
la renta vitalicia en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
CONTESTACION-COMPLETA
La letra
c) del artículo 10 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre (BOE
de 16 de noviembre), establece que
“1.
Constituye el hecho imponible:
….
c) La percepción
de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida,
cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario.”
Por otra parte el artículo 12 del mismo texto legal establece que
“Entre otros, tienen la consideración de negocios jurídicos
gratuitos e “inter vivos” a los efectos de este impuesto, además
de la donación, los siguientes: e) El contrato de seguro sobre
la vida, para casos de sobrevivencia del asegurado y el contrato individual
de seguro, para caso de fallecimiento del asegurado que sea persona distinta
del contratante, cuando en uno y otro caso el beneficiario sea persona
distinta del contratante.”
A estos efectos, el artículo 14 del Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones establece que:
“1.
La percepción de las cantidades a que se refieren la letra c) del
artículo 10, las letras c) y d) del artículo 11 y la letra
e) del artículo 12, estará sujeta al impuesto, tanto si
se reciben de una sola vez como si se reciben en forma de prestaciones
periódicas, vitalicias o temporales.
2. La percepción
de prestaciones periódicas, vitalicias o temporales se regirá
por lo dispuesto en el artículo 47 de este Reglamento sobre el
devengo del impuesto.
3. En los
casos del apartado anterior, la Administración podrá acudir
para determinar la base imponible al cálculo actuarial del valor
actual de la pensión a través del dictamen de sus Peritos.”
El artículo
47 del mismo texto legal establece que el devengo del impuesto, tratándose
de prestaciones periódicas, se produce el día en que la
primera o única cantidad a percibir sea exigible por el beneficiario.
Por todo
ello, debe concluirse que en el supuesto en que una entidad aseguradora
deba abonar cantidades al beneficiario de un contrato de seguro colectivo,
cuando el contratante es persona distinta del beneficiario, se genera
el hecho imponible previsto en el artículo 3.c) de la Ley 29/1987
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En este
sentido, es indiferente que la prestación se perciba de una sola
vez, en forma de capital, o en forma de prestaciones periódicas,
vitalicias o temporales. En cualquier caso, la base imponible estará
constituida por el importe de la cantidad percibida en forma de capital
o su equivalente (si se percibe de forma periódica), que será
el resultado de la capitalización de la renta vitalicia. A estos
efectos, de acuerdo con el artículo 14.3 del Reglamento del Impuesto,
la Administración podrá acudir para determinar la base imponible
al cálculo actuarial del valor actual de la pensión a través
del dictamen de sus Peritos.
Lo que comunico
a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
|
1.
Protocolo de libros. Tiene por objeto verificar el contenido de
los libros obligatorios, ya sea los libros de contabilidad (comprobación
del Impuesto de sociedades) o de los libros registros de IVA - repercutido
y soportado- (en caso de comprobación del Impuesto sobre el Valor
Añadido). En esta fase la administración comprueba la concordancia
de los libros con los datos autoliquidados.