| La
trasmisión de inmuebles en subasta judicial
HECHOS.
Adquisición por una sociedad en subasta judicial de un inmueble a su promotor.
Constituye una entrega de bienes, que no se desvirtúa por la circunstancia
de que dicho negocio jurídico venga exigido por una resolución judicial
o administrativa.Analizamos en estas líneas la tributación de una
transmisión por subasta judicial.
A. Sujeción a IVA o a ITP.
1.Si el deudor ejecutado es un particular en todo caso la transmisión
está sujeta a ITP.
2.Si el deudor ejecutado
es un empresario o profesional y el inmueble objeto de ejecución estuviese
afecto a la actividad empresarial o profesional del deudor ejecutado la transmisión
estaría sujeta a IVA.
Esta segunda solución viene avalada por la mayoría de los pronunciamientos
jurisdiccionales (la más importante de todas ellas la Sentencia TSJ de
Baleares 2 de Julio 1999) (JT 1999, 1646) quienes fundamentan la sujeción
a IVA en las siguientes consideraciones:
A.La transmisión de la propiedad se efectúa directamente del deudor-ejecutado
al adquirente-adjudicatario, sin que el Juzgado haya detentado en momento alguno
la propiedad del inmueble. La propiedad del inmueble no pasa del deudor al Juzgado
y de este al adjudicatario sino que el Juzgado se limita a efectuar la venta de
los bienes del deudor por la fuerza y documentar la misma mediante auto de adjudicación.
La intervención del Juzgado es instrumental dictando un título inscribible
en el Registro de la Propiedad.
B.La transmisión
debe entenderse hecha en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional,
toda vez que la actividad empresarial o profesional está integrada por
la típica venta / prestación de servicios voluntaria como por la
venta forzosa derivada de la necesidad de atender las deudas derivadas de esta
actividad empresarial o profesional.
B. Facultades del adjudicatario en la transmisión de inmuebles en subasta
judicial.
La LIVA Ley 37/1992 establece lo siguiente en su disposición adicional
sexta: En los procedimientos
administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los adjudicatarios que
tengan la condición de empresarios o profesionales a efectos del IVA, están
facultados en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, y con respecto a las entregas
de bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se sucedan en aquellos
procedimientos, para:
1-Expedir la factura en que
se documente la operación y se repercuta la cuota del Impuesto.
2-Presentar la declaración-liquidación correspondiente e ingresar
el importe del Impuesto resultante.
3-Efectuar, en su caso,
la renuncia a las exenciones previstas en el artículo 20. Dos de la LIVA.
Requisitos, para
gozar, de las citadas facultades:
1-El adjudicatario de un inmueble en un procedimiento de ejecución forzosa
administrativo o judicial, sea empresario o profesional.
2-El deudor ejecutado sea empresario o profesional.
3-El inmueble objeto de la ejecución esté afecto a la actividad
empresarial o profesional del deudor ejecutado.
Reglas para el ejercicio de las citadas facultades según establece el Reglamento
de IVA (RIVA) en su disposición adicional quinta:
1.EJERCICIO DE LAS CITADAS FACULTADES: El ejercicio por el adjudicatario
de estas facultades deberá ser manifestado por escrito ante el órgano
judicial o administrativo que esté desarrollando el procedimiento respectivo
de forma previa o simultánea al pago del importe de la adjudicación.
En esta comunicación se hará constar, en su caso, el cumplimiento
de los requisitos que se establecen por el art. 8 del RIVA para renunciar a la
exención de las operaciones inmobiliarias, así como el ejercicio
de la misma. El adjudicatario quedará obligado a poner en conocimiento
del sujeto pasivo del impuesto correspondiente a dicha operación o a sus
representantes que ha ejercido estas facultades remitiéndole copia de la
comunicación presentada ante el órgano judicial o administrativo,
en el plazo de los siete días siguientes al de su presentación ante
aquél. El ejercicio de esta facultad por el adjudicatario determinará
que el sujeto pasivo o sus representantes no puedan efectuar la renuncia a las
exenciones previstas en el apartado dos del art. 20 de la LIVA, ni proceder a
la confección de la factura en que se documenta la operación, ni
incluir dicha operación en sus declaraciones liquidaciones, ni ingresar
el Impuesto devengado con ocasión de la misma.
2.EXPEDICIÓN DE LA FACTURA: La expedición de la factura en
la que se documente la operación deberá efectuarse en el plazo de
30 días a partir del momento de la adjudicación. Dicha factura será
confeccionada por el adjudicatario y en ella se hará constar como expedidor
de la misma, al sujeto pasivo titular del inmueble objeto de la ejecución
y como destinatario de la operación al adjudicatario. Factura con serie
especial. El adjudicatario remitirá una copia de la factura al sujeto pasivo
o a sus representantes en el plazo de los 7 días siguientes a la fecha
de su expedición, debiendo quedar en poder del adjudicatario el original.
3.DECLARACIÓN E INGRESO DE LA CUOTA: El
adjudicatario efectuará la declaración e ingreso de la cuota resultante
de la operación mediante la presentación de una declaración
liquidación especial de carácter no periódico. El adjudicatario
remitirá copia de la declaración en la que conste la validación
del ingreso efectuado, al sujeto pasivo o a sus representantes, en el plazo de
los 7 días siguientes a la fecha del mencionado ingreso, quedando en su
poder del adjudicatario el original.
4.REMISIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN A LA AEAT: No siendo posible la remisión
de la documentación anterior al sujeto pasivo o a sus representantes por
causa no imputable al adjudicatario habrán de remitirse en el plazo de
7 días desde el momento en que exista constancia de tal imposibilidad a
la AEAT indicando tal circunstancia.
El
Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Estatuto del Trabajo Autónomo
El ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentó el 24 de este mes para
su aprobación, al Consejo de Ministros, el Proyecto de la Ley del Estatuto
del Trabajo Autónomo, tras su paso por el Consejo Económico y Social
(CES) y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Gobierno, una vez analizado los informes de dichos órganos consultivos,
que en su conjunto hacen una valoración positiva del texto, ha incorporado
alguna de las observaciones formuladas y aprobado el proyecto de Ley de Estatuto
del Trabajo Autónomo.
El proyecto de Ley recoge las principales reivindicaciones de este colectivo,
integrado por más de tres millones de trabajadores, y ha sido ratificado
por las asociaciones del sector: ATA ,UPTA, ASNEPA, CAYPE, CIAE y OPA.
En resumen, los contenidos más relevantes son:
— Se establece qué se entiende como trabajador autónomo.
— Se formula un catálogo de derechos y deberes de los trabajadores.
autónomos
— Se regulan las reglas de prevención de riesgos laborales.
— Se establecen garantías económicas para el trabajador autónomo.
— Se regula el régimen profesional del trabajador autónomo
económicamente dependiente.
— Se concretan condiciones específicas para determinar con claridad
quiénes pueden ser considerados trabajadores autónomos económicamente
dependientes. No se pretende legalizar a los denominados "falsos autónomos",
ya que el objeto fundamental de la promoción que incorpora esta Ley es
que el autónomo amplíe su cartera de clientes y diversifique su
actividad. —
Se contempla la posibilidad de celebrar acuerdos de interés profesional
entre asociaciones de autónomos o sindicatos y empresas, siempre que no
vayan en contra de los postulados de la Ley de Defensa de la Competencia.
— Se asigna a la jurisdicción social la resolución
de los litigios de los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
— Se reconoce un catálogo de derechos colectivos y se establecen las
bases para el reconocimiento de la representatividad de las asociaciones de autónomos.
— Se crea un Consejo Estatal del Trabajo Autónomo.
— En materia de Protección Social, se aplican medidas tendentes a
que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos converja con el
Régimen General de la Seguridad Social.
— Se permitirá la jubilación anticipada
en el caso de trabajadores autónomos, en atención a la naturaleza
tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida.
— Se mandata al Gobierno para que, siempre que estén garantizados
principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello
responda las necesidades y preferencias del los trabajadores autónomos,
proponga al Parlamento la regulación de un sistema específico de
protección por cese de actividad, en función , en función
de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.
— Se establecen medidas de fomento del empleo dirigidas
a promover la cultura emprendedora, a reducir los costes en el inicio de la actividad,
la formación profesional y favorecer el trabajo autónomo mediante
una política fiscal adecuada.
Constitución de
sociedades de responsabilidad limitada a través de internet
El
Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para permitir la constitución
de Sociedades de Responsabilidad Limitada a través de Internet. La norma
se lleva a cabo entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio
de Justicia, y pretende extender la tramitación telemática, hasta
ahora únicamente reservada a la Sociedad Limitada Nueva Empresa, a la constitución
de cualquier Sociedad de Responsabilidad Limitada. Está previsto que el
Real Decreto entre en vigor a primeros de 2007.
Tras la entrada en vigor de la Ley de 1 de abril de 2003, de la Sociedad Limitada
Nueva Empresa, y la puesta en marcha del Centro de Información y Red de
Creación de Empresas (CIRCE), la tramitación telemática de
la constitución de empresas con forma societaria, basada en el Documento
Único Electrónico, ha demostrado tener un importante valor para
las empresas, ya que reduce de manera muy significativa los tiempos de constitución.
Por tanto, se hace necesario extender a otras formas societarias la tramitación
telemática, en concreto a la Sociedad de Responsabilidad Limitada, por
ser el tipo de sociedad más utilizado en el mundo empresarial.
A partir de la promulgación del Real Decreto, los emprendedores que quieran
adoptar la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada, podrán
beneficiarse de:
Una red formada en la actualidad por 150 oficinas de tramitación telemática,
distribuidas en trece Comunidades Autónomas. Dichas oficinas, denominadas
Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT'S), también
prestan asesoramiento a los emprendedores tanto en la constitución de su
empresa, como en los primeros años de funcionamiento. Esta red está
en continua expansión ya que puede adherirse a ella, gratuitamente, cualquier
organización especializada en la creación de empresas.
Un procedimiento con el que sólo tendrán que
acceder presencialmente a un PAIT y al notario que elijan para el otorgamiento
de la escritura pública de la sociedad. De esta forma, se evitarán
desplazamientos para realizar el resto de los trámites y el uso de formularios
en papel. El sistema de tramitación telemática del Centro de Información
realizará la tramitación ante los organismos competentes, teniendo
en cuenta los datos introducidos en el Documento Único Electrónico,
que sustituye a los quince formularios actuales: liquidación del impuesto
de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; inscripción
de la sociedad en el Registro Mercantil; trámites ante Hacienda y Seguridad
Social, etcétera. En definitiva, esta medida permite la constitución
y puesta en marcha de una sociedad en un tiempo record.
Un proyecto que, además de haber recibido numerosos reconocimientos nacionales
e internacionales, ha sido calificado recientemente con la máxima puntuación
en el informe de la Comisión Europea sobre la “Disponibilidad y Sofisticación
de los servicios públicos en Internet”. El
Gobierno regula la relación laboral entre abogados y despachos.
El Consejo de Ministros en su reunión del 17 de noviembre, ha aprobado
un Real Decreto por el que regula la relación laboral especial que mantienen
los abogados que prestan servicios en despachos individuales o colectivos.
Esta regulación especifica, diferenciada de la regulación laboral
común, se justifica por la particularidades de la profesión de abogado,
la independencia que las leyes reconocen a los abogados en el ejercicio de su
profesión y que implica un mayor grado de autonomía e independencia
en su relación laboral.
Así, el Real Decreto, no regula una relación laboral nueva, sino
que adapta la actual regulación laboral común a las particularidades
de la profesión de abogado.
El ámbito de aplicación de esta norma incluye los siguientes casos;
a) El abogado que ejerza como socio a través de sociedades profesionales
constituidas de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
b) Las relaciones que concierten los abogados con empresas o entidades, públicas
o privadas, que no tengan el carácter de despachos de abogados.
c) Las actividades profesionales que realicen los abogados contratados por un
despacho derivadas del turno de oficio.
d) Asimismo, salvo prueba en contrario, estarán excluidas del ámbito
de aplicación de la relación laboral que se regula en este real
decreto las siguientes relaciones:
e) Las que se establezcan entre abogados que se limiten a compartir locales, instalaciones
u otros medios o servicios de cualquier naturaleza, siempre que se mantenga la
independencia entre ellos, y no se atribuyan a la sociedad que eventualmente pudieran
constituir los derechos y obligaciones inherentes a la relación establecida
con los clientes.
f) Las que se establezcan entre los despachos y los abogados cuando la actividad
profesional concertada a favor de los despachos se realice con criterios organizativos
propios de los abogados y la contraprestación económica percibida
por éstos por dicha actividad profesional esté vinculada enteramente
a la obtención de un resultado o a los honorarios que se generen para el
despacho por la misma. Se exceptúan de este supuesto las relaciones en
las que se garantice a los abogados por la actividad profesional concertada, periódicamente,
unos ingresos mínimos.
g) Las actividades profesionales que desarrollen los abogados contratados por
un despacho, con autorización de éste, a favor de sus propios clientes
cuando cobren los honorarios devengados por tales actividades profesionales directamente
de los mismos.
No estarán incluidos en el ámbito de aplicación de la relación
laboral que se regula en este real decreto, los abogados que prestan servicios
en un despacho con cuyo titular tengan una relación familiar y convivan
con él, salvo que se demuestre la condición de asalariados de los
mismos. El Real
Decreto regula, entre otros puntos, los siguientes;
a) Los derechos y deberes de los abogados.
b) Limitaciones de ésta relación laboral respecto a la dirección
de los empleadores.
c) Modalidades, duración y forma de contrato. Período de prueba
y contratos en prácticas.
d) Régimen de prestación de la actividad laboral, pactos de exclusividad,
permanencia, régimen de no competencia postcontractual.
e) Tiempo de trabajo, descansos, vacaciones, fiestas, permisos.
f) Derechos derivados del contrato de trabajo, promoción profesional, retribuciones
y derechos colectivos
g) Régimen disciplinario
h) Suspensión y extinción del contrato, y concretamente cuando se
produce por falta de confianza entre empleador y empleado "quiebra de confianza"
REAL
DECRETO 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos
de abogados, individuales o colectivos. | 
