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LAS EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSION EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
RÉGIMEN APLICABLE A LAS PYMES
El régimen especial aplicable a las pequeñas y medianas empresas es una de las grandes novedades establecidas por el RDL 4/2004. Se trata de una forma especial a este tipo de sociedades, recogiendo así las recomendaciones que se han realizado desde el ámbito comunitario.
Se han aprobado una serie de beneficios para este tipo de empresas tales como, libertad de amortización para inversiones con creación de empleo, para bienes de escaso valor; mantener la exención por reinversión de los incrementos de patrimonio por enajenación de activos fijos, siempre que no se superen los 300.506,05 euros; realizar dotación para insolvencias hasta el límite del 1% de los saldos deudores que tenga la sociedad; etc.
Los artículos 108 a 114 son los que regulan y pretenden incentivar la inversión y el empleo a través de la constitución de un nuevo régimen especial para las empresas de reducida dimensión.
Este régimen también afectará a los empresarios individuales y a los profesionales que calculen su rendimiento neto por el método de estimación directa.
Para ver que entendemos por empresa de reducida dimensión a efectos de aplicar este régimen especial, la legislación se decanta por el volumen neto de la cifra de negocios:
- Que el volumen neto de su cifra de negocios haya sido el año anterior como máximo 8 millones de euros (para ejercicios económicos que se inicien a partir de 1 de enero de 2005, en caso de iniciarse anteriormente a la mencionada fecha este límite era de 6 millones de euros y 5 millones antes de 27 de abril de 2003). Si la cifra de negocios se refiere a un período impositivo inferior a 1 año de duración se estimará el importe que se hubiera obtenido si el período hubiese durado 1 año.
LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN EN SOCIEDADES DE NUEVA CREACIÓN
Con la entrada en vigor de la Ley 2/2004 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, se incrementa la cuantía de la inversión que podrá beneficiarse de la libertad de amortización.
En concreto la cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización será la que resulte de multiplicar la cifra de 120.000 euros (hasta la mencionada fecha 90.151,82 euros) por el incremento medio de la plantilla (calculado con 2 decimales). Así el artículo 109, se expresa en los términos: “Los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, podrán ser amortizados libremente siempre que, durante los 24 meses siguientes a la fecha del inicio del período impositivo en que los bienes adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la empresa se incremente respecto de la plantilla media de los doce meses anteriores, y dicho incremento se mantenga durante un período adicional de otros veinticuatro meses.
LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN PARA INVERSIONES DE ESCASO VALOR.
Es el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades el que establece que en las empresas de reducida dimensión, los elementos del inmovilizado material nuevos puestos a disposición del sujeto pasivo, cuyo valor unitario no exceda de 601,01 euros, podrán amortizarse libremente, hasta el límite de 12.020,24 euros referido al período impositivo.
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE PARA ENTIDADES DE REDUCIDA DIMENSIÓN
Con la entrada en vigor de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, el régimen de amortización para empresas de reducida dimensión en "elementos de inmovilizado material nuevos" se amplía, pudiendo acogerse a esta regulación los elementos de INMOVILIZADO INNTANGIBLE.
Las condiciones para acogerse a tal amortización venían dadas por:
- Adquisición de bienes a terceros.
- Encargo a terceros por un contrato de ejecución de obra.
- Construidos por la propia empresa.
Pues bien, a estos elementos intangibles se les otorga la posibilidad de amortizarse un 100 por 100 más rápido de lo que lo harían al no tratarse de empresas de reducida dimensión, pues se permite multiplicar el coeficiente máximo recogido en las Tablas Oficiales de amortización por 2.
También ocurre para las inversiones inmobiliarias.
DETERIORO DE CRÉDITOS POR POSIBLES INSOLVENCIAS DE DEUDORES.
Es el artículo 112 del mencionado Real Decreto Legislativo 4/2004, que aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades el que establece que las empresas de reducida dimensión podrán deducir la pérdida por deterioro de los créditos para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias hasta el límite del 1 por ciento sobre los deudores existentes a la conclusión del período impositivo.
AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS OBJETOS DE REINVERSIÓN.
De acuerdo con el artículo 113 del RDL 4/2004, los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a explotaciones económicas en los que se materialice la reinversión del importe obtenido en la transmisión onerosa de elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, también afectos a explotaciones económicas, podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 3 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas.
El Plazo para efectuar la reinversión será en el período comprendido entre el año anterior a la fecha de la puesta a disposición del elemento patrimonial transmitido y los tres años posteriores, o, excepcionalmente, de acuerdo con un plan especial de reinversión aprobado por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo.
Si los elementos patrimoniales adquiridos han sido objeto de contrato de arrendamiento financiero se considerará realizada la reinversión en la fecha de celebración del contrato, por un importe igual al valor de contado del elemento patrimonial. Los efectos de la reinversión estarán condicionados, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra.
TIPO DE GRAVAMEN EN ENTIDADES DE REDUCIDA DIMENSIÓN
A partir de Enero de 2007 la escala del impuesto para las sociedades de reducida dimensión, resulta de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley del Impuesto:
• Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 25 por ciento.
• Por la parte de base imponible restante, al tipo del 30 por ciento.
La última modificación sufrida por la norma viene a regular aquellos supuestos de empresas de reducida dimensión cuyo período impositivo sea inferior al año natural, de forma que cuando tal período impositivo sea inferior al año, la base imponible que tributará al 25 por 100 será el importe resultante de multiplicar 120.202,41 euros, por la proporción en que se encuentra el número de días del período impositivo entre trescientos sesenta y cinco días, o bien, la base imponible obtenida en dicho período impositivo, si es que fuera inferior al límite antes expuesto.
Departamento
de Contabilidad de RCR, Proyectos de Software.
La información utilizada en la redacción de este artículo
es una cortesía del Programa "ASESOR DE IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ”.
PRECAUCIONES
NECESARIAS ANTES DE COMPRAR UNA VIVIENDA (III).
¿Qué datos debemos comprobar en la compra de una vivienda de segunda mano?
En los supuestos en que lo que pretendamos sea adquirir una vivienda de segunda mano, observaremos como su precio es realmente más bajo que el de una vivienda nueva. Sin embargo, las medidas de precaución que deberemos adoptar antes de asumir cualquier compromiso con el vendedor serán prácticamente las mismas, pues no sólo deberemos atender al estado físico de la vivienda, en el cual habrá dejado huella el paso del tiempo, sino que igualmente deberemos atender y prestar especial atención a la situación registral, así como a la situación económica, entre otros aspectos.
Por lo tanto, será de vital importancia para que la compra que realicemos nos sea satisfactoria que, con carácter previo a la entrega de una señal o la firma del contrato, realicemos las siguientes comprobaciones:
1) Debemos comprobar, en primer lugar, que el/la vendedor/a es realmente el/la propietario/a de la vivienda objeto de la compra. Esta información determinará también si existe alguna limitación a la titularidad o facultades de disposición del/la vendedor/a sobre dicha vivienda. Para obtener dicha información, solicitaremos al Registrador de la Propiedad que nos expida una nota simple informativa o una certificación registral, para conocer cuál es el estado de la vivienda en cuanto a posibles cargas y gravámenes (como por ejemplo embargos, hipotecas, ....).
Esta comprobación, será, en todo caso, realizada por el Notario con carácter previo a la firma de la escritura pública de compraventa.
Cuando de estas comprobaciones se derive que la vivienda no está inscrita a nombre del/la vendedor/a o que existen cargas registrales que deban cancelarse, antes de la firma tendremos que realizar una serie de trámites. Hay que señalar que, en este caso, esta cancelación deberá ser tramitada por el vendedor, correspondiéndole a él, el pago de los gastos que estos trámites conlleven.
2) Comprobación de la situación urbanística de la vivienda.
Así, al objeto de asegurarnos que la vivienda reúne todos los requisitos necesarios exigidos por la Ley para ser habitable y que se han cumplido las condiciones exigidas en la licencia de edificación, deberemos solicitar (aunque esto no es tan importante como en una vivienda nueva):
a) Por un lado, la cédula de habitabilidad, que es expedida por el órgano administrativo que tenga atribuido el ejercicio de las competencias en materia de viviendas.
b) Y por otro lado, la licencia de primera ocupación, que es expedida por el Ayuntamiento del lugar donde radique la vivienda.
3) Comprobación de la situación económica de la vivienda.
En relación con la situación económica, son varios los aspectos que deberemos revisar antes de decidirnos definitivamente a firmar el contrato de compraventa.
a) En primer lugar, deberemos asegurarnos que el/la vendedor/a tiene satisfecho el pago de la última anualidad del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para lo cual le solicitaremos el último recibo de dicho impuesto.
A pesar de que el pago del impuesto corresponde al/la vendedor/a, no debemos olvidar que, en el contrato o escritura de compraventa, podrá pactarse una fórmula distinta para el pago del IBI, si bien, de cara a la Administración Tributaria, el obligado al pago será, siempre, quien fuera propietario de la vivienda el primer día del año fiscal.
b) En segundo lugar, deberemos asegurarnos que el/la vendedor/a se haya al corriente en el pago de las cuotas correspondientes a la Comunidad de Propietarios (cuando la vivienda forme parte de una Comunidad de Propietarios en régimen de propiedad horizontal.
Para ello el/la vendedor/a deberá presentar al tiempo de la firma del contrato o escritura, una certificación, expedida por el/la Secretario/a de la Comunidad de Propietarios, de la que resulte, bien la inexistencia de cuotas impagadas, o por el contrario, la existencia de deudas y el importe de las mismas. En este último supuesto, es decir, si existieran cuotas impagadas por el vendedor, dispone el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal que el que adquiere un piso o local en régimen de propiedad horizontal responde con el inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios por el anterior titular, con el siguiente límite: responderá por la cantidad que se deba en el año en que se efectúa la compra y en el año inmediatamente anterior.
4) Por último, pero de gran importancia, debemos comprobar si en la vivienda que pretendemos comprar existe algún arrendamiento, es decir, si en ella viven inquilinos, si está alquilada.
Por otra parte, al/la vendedor/a también le atañen otra serie de obligaciones a la hora de vendernos su vivienda, y en virtud de las cuales podremos nosotros, los compradores, realizar las comprobaciones descritas en los párrafos precedentes. En este sentido, deberá facilitarnos la siguiente documentación:
a) Fotocopia de su escritura de compraventa, o en su caso, los datos registrales de la vivienda (así nosotros podremos solicitar la nota simple o las certificaciones oportunas).
b) Fotocopia del recibo de pago de la última anualidad del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
c) Fotocopia del recibo de pago de la última cuota de la comunidad de propietarios, o certificado expedido por el Secretario de la Comunidad, con el visto bueno del Presidente, de encontrarse al corriente de pago o expresando el importe de lo adeudado.
d) Copia de los Estatutos de la Comunidad de Propietarios, y del Reglamento de Régimen Interior, en caso de existir.
La revisión de las cláusulas del contrato de compraventa de vivienda de segunda mano
Una vez hemos realizado todas las comprobaciones oportunas, y en virtud de las cuales nos aseguraremos de cuál es la situación real de la vivienda, debemos prestar especial atención a la redacción del contrato de compraventa, principalmente en relación con las cláusulas fijadas, observando su adecuación a la legalidad.
En este sentido, el contrato debe ser redactado de forma clara y sencilla, respondiendo a los principios de buena fe y justo equilibrio, quedando prohibida la inclusión de cláusulas abusivas, prohibidas o nulas.
A esas cláusulas hace referencia de forma expresa el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas. Así dispone que serán cláusulas nulas, prohibidas o abusivas:
A) Aquellas cláusulas que no reflejen con claridad, o que omitan, en los supuestos de pago diferido, los siguientes datos:
1) La cantidad aplazada,
2) El tipo de interés anual sobre los saldos pendientes de amortización,
3) Y las condiciones de amortización de los créditos concedidos.
b) Aquellas cláusulas que, también en los supuestos de precio diferido, faculten al vendedor a incrementar el precio aplazado durante la vigencia del contrato.
c) Aquellas cláusulas que impongan un incremento del precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales efectivas que puedan ser libremente aceptadas o rechazadas por el comprador o arrendatario con independencia del contrato principal. A este respecto, dispone el Real Decreto:
1) Las reformas de obra que tengan su justificación en causas que no hayan sido previstas en el momento de la aprobación de los proyectos de urbanización o construcción y que supondrán una modificación del precio que se hubiere estipulado, deberán ser comunicadas con carácter previo, a los adquirentes- compradores para que éstos den su conformidad a la nueva cuantía que en virtud de dicha reforma se va a originar.
2) Asimismo, las reformas que sean propuestas por los adquirentes (por los compradores) deberán ser, igualmente, objeto de formalización en documento, debiendo contener una sucinta descripción de su contenido, así como de las concretas y específicas repercusiones que respecto del precio y respecto del plazo de entrega se van a producir si estas reformas son pactadas.
d) Finalmente, serán cláusulas nulas, prohibidas o abusivas, aquellas que supongan la repercusión de fallos, defectos o errores administrativos o bancarios, al comprador cuando no le sean directamente aplicables.
Podemos resumir de forma esquemática, cuáles son las principales cláusulas que el contrato en el que se recoja la compraventa de una vivienda de segunda mano debe contener, es decir, el contenido mínimo y fundamental del contrato. Así deberán quedar reflejadas las siguientes cláusulas.
1) En primer lugar, deberán señalarse los datos identificativos tanto del vendedor como del comprador, así como el reconocimiento de su respectiva capacidad para contratar y el carácter con el que actúan.
2) Debe hacerse mención a todos los datos imprescindibles, necesarios y suficientes del inmueble, como son su identificación, datos registrales, emplazamiento, descripción, cargas que lo gravan, en su caso, ...etc.
3) Situación económica de la vivienda, es decir, su situación respectos de las cuotas de Comunidad de Propietarios y respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
4) Identificación de cuál es el objeto del contrato que se celebra (opción de compra, compraventa,....).
5) Precio establecido para la compraventa, así como la forma en que deberá ser realizado su pago. Igualmente deberán indicarse las garantías fijadas por la parte del precio de pago aplazado, en su caso.
6) En el supuesto de que exista préstamo hipotecario, deberán indicarse cuáles son sus condiciones en caso de subrogación en él por parte del comprador. De igual manera, si la vivienda estuviera libre de cargas, deberá indicarse así en el contrato.
7) Deberá quedar establecido cómo serán repartidos los gastos derivados de la compraventa. En aquellos casos en que nada se indique se estará a lo legalmente establecido. En la práctica habitual es el comprador el que va a asumir la totalidad de los gastos, con la excepción del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como "Plusvalía", que es a cargo del vendedor.
8) Debe indicarse cuál será el momento en que se producirá la entrega de llaves de la vivienda, que por lo general será pactado en el momento en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública.
9) Deberá indicarse el momento en que se va otorgar la escritura pública.
10) Deberán indicarse cuáles serán los efectos que de la rescisión del contrato, o del incumplimiento de las respectivas obligaciones por cada una de las partes, podrán derivarse.
11) Finalmente, deberá indicarse la fecha en la que se celebra el contrato y deberán plasmarse las firmas de los contratantes.
Departamento Jurídico de RCR Proyectos de Software.
La información
utilizada en la redacción de este artículo es una cortesía
del Programa "ABOGADO
DE ARRENDAMIENTOS”. |
