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La
tasa del IPC cae por primera vez en siete meses y se coloca en el 4,2%
invertia.com EUROPA PRESS (13/05/2008)
El Índice de Precios de Consumo (IPC) experimentó un aumento del 1,1%
en el mes de abril respecto a marzo, pero la tasa interanual bajó tres
décimas, hasta en el 4,2%, registrando su primer descenso en siete meses.
Continuar
Reconocen
como accidente laboral el infarto de una empleada tras discutir con su
jefe
elmundo.es (13/05/2008)
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Álava ha reconocido
como accidente de trabajo el infarto agudo de miocardio que sufrió una
trabajadora de 56 años tras una fuerte discusión con su jefe. La empleada
aún sigue de baja. CCOO aportó como pruebas en su denuncia los testimonios
de compañeros.
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Los
bancos rechazan seis de cada diez nuevas hipotecas
expansion.com (13/05/2008)
Las entidades aplican criterios más exigentes para conceder los préstamos
debido a las tensiones de liquidez y el repunte de la morosidad provocados
por el entorno de desaceleración económica.
Continuar
El
IPC de la eurozona desciende tres décimas en abril, hasta el 3,3% interanual
cincodias.com (15/05/2008)
El Indice de Precios de Consumo (IPC) de la eurozona se recortó tres décimas
en abril y se situó en el 3,3% interanual, según datos definitivoS publicados
hoy por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
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El
BCE insiste en que la inflación seguirá alta durante un 'prolongado' periodo
elmundo.es (15/05/2008)
El Banco Central Europeo (BCE) ha hecho hincapié en que la tasa de inflación
de los países que comparten el euro "va a permanecer elevada durante un
periodo de tiempo prolongado".
Continuar
El
euríbor diario roza el 5%, el nivel más alto desde 2000
cincodias.com (15/05/2008)
El euríbor, el principal índice de referencia para las hipotecas que se
contratan en España, continua su escalada imparable. La cotización diaria
subió hasta el 4,971%, el máximo nivel en ocho años, lo que hace presagiar
que la media del índice en mayo superará el nivel registrado en abril
(4,820%).
Continuar
Las
empresas pueden reducir costes en los despidos pagando en metálico
expansion.com (13/05/2008)
El Tribunal Supremo establece que el pago en metálico o cheque bancario
del despido al trabajador, siempre que éste lo acepte, hace que desaparezcan
los salarios de tramitación. El Supremo zanja esta cuestión debatida por
tribunales autonómicos.
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Trabajo
prepara un programa para vigilar el encadenamiento de bajas laborales
abc.es (15/05/2008)
El Ministerio de Trabajo e Inmigración está trabajando en un programa
informático que permita a los médicos conocer el historial de bajas laborales
de los pacientes, con el objetivo de luchar contra el abuso en el encadenamiento
de este tipo de permisos.
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No
habrá fiscalidad especial para los salarios de los directivos
diariojuridico.com (15/05/2008)
El primer ministro luxemburgués y presidente de turno del Eurogrupo, Jean-Claude
Juncker, ha arremetido en diversas ocasiones contra las remuneraciones
“sin límite” de los altos ejecutivos empresariales, que contrastan con
la exigencia de “moderación salarial” que se dirige a los trabajadores.
Continuar
La
economía europea se acelera mientras la española frena en seco
elpais.com (16/05/2008)
La actividad de los Veintisiete crece el 0,7% en el trimestre, más del
doble que la española - Alemania recupera el papel de locomotora
Continuar
La
presión fiscal de España aumentó 2,9 puntos entre 2000 y 2007, al 41%
del PIB
invertia.com EUROPA PRESS (16/05/2008)
La presión fiscal de España aumentó 2,9 puntos porcentuales entre 2000
y 2007, hasta el 41% del Producto Interior Bruto (PIB), según datos de
Eurostat recogidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). De esta
manera, España se convierte en el decimoquinto país de la Unión Europea
en lo que se refiere al porcentaje de ingresos fiscales del Estado respecto
al PIB, mientras que pasa a ser el cuarto país de la UE-27 y el primero
de la UE-15, junto a Portugal, en el que más ha aumentado la recaudación
por impuestos en los últimos siete años.
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La
renta salarial real se estanca por primera vez en 14 años
cincodias.com (19/05/2008)
La renta real de los asalariados se estancó en el primer trimestre de
2008, como consecuencia del fuerte repunte de los precios y del limitado
avance del empleo por cuenta ajena. Esta circunstancia, que no ocurría
desde 1994, es la principal responsable del fuerte ajuste en el consumo
de los hogares en los tres primeros meses del año y de que el avance del
PIB se haya limitado únicamente al 0,3%.
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'The
Economist ' pone al Banco de España como ejemplo frente al fracaso de
los otros reguladores
elmundo.es (17/05/2008)
El semanario británico 'The Economist' señala al Banco de España como
uno de los pocos reguladores bancarios que no han visto su crédito dañado,
sino todo lo contrario, como consecuencia de la crisis financiera internacional.
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La
contratación indefinida cae un 11,7% en el primer trimestre del año
elpais.com (18/05/2008)
El empleo indefinido comienza a sufrir con fuerza los efectos de la desaceleración
económica. En el primer trimestre del año, los servicios de empleo registraron
poco más de medio millón de contratos fijos, un 11,7% menos que en el
mismo periodo de 2007. Son datos del Ministerio de Trabajo recogidos en
un informe de UGT sobre contratación temporal e indefinida. Tras el máximo
de 2007, las cifras apuntan a que este año se cerrará con una caída anual
en los contratos fijos suscritos.
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Combatir
la economía sumergida, eje del nuevo plan contra el fraude fiscal
abc.es (19/05/2008)
La Agencia Tributaria trabaja ya en la preparación del segundo plan de
lucha contra el fraude, que el Gobierno presentará antes de que acabe
el año y cuyo objetivo fundamental será combatir la economía sumergida,
según explicaron a ABC fuentes de la Hacienda pública.
Continuar
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Un
error en la declaración de la Renta puede salir muy caro.
El Tribunal
Superior de Madrid hace una interpretación estricta de la ley y
establece que el contribuyente no puede cambiar su opción para
declarar después del 30 de junio, plazo establecido para presentar
la declaración, aunque se dé cuenta de que es más
favorable.
DIEGO
TORRES (expansion.com)
Mire, lea y revise su autoliquidación antes del próximo
30 de junio, fecha tope para enviarla. Un error puede resultar fatal.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha impedido que una
contribuyente cambiase su declaración de conjunta a individual
(opción esta última que le era más favorable) tras
la expiración de dicho plazo.
La mujer
optó al principio en su autoliquidación por la declaración
conjunta. La Administración la rectificó porque no había
incluido la pensión de orfandad de su hijo, lo que incrementaba
el importe final a ingresar.
Habida cuenta
de esto, la mujer trató de cambiar su elección por la de
declaración individual, para que su hijo tributase por la pensión
y ella por el resto de los ingresos, lo que, efectivamente, le habría
resultado más favorable.
Pero la Administración
le negó esta posibilidad; al igual que ha hecho ahora la Justicia.
En un pronunciamiento que no resulta pacífico, puesto que hay sentencias
contradictorias en los diferentes Tribunales Superiores de las comunidades
autónomas, el TSJM desestima el recurso de la demandante y le obliga
a ingresar los 1.716,02 euros que le correspondía según
la tributación conjunta.
Los magistrados
entienden que “únicamente se permite el cambio de opción
entre tributación individual y conjunta en ejercicios diferentes,
por lo que la vinculación de la opción se produce a lo largo
de todo el ejercicio fiscal, sin que se prevea la posibilidad de cambios”.
Sólo
cabría la posibilidad de rectificar, según el TSJM, en caso
de hacerse “dentro del plazo de presentación de la autoliquidación”.
Es decir, si se extrapola a 2008, hasta el próximo 30 de junio.
La Administración, en cambio, dispone de los cuatro años
de prescripción del tributo para rectificar, requerir o inspeccionar
a los ciudadanos.
Jurisprudencia
Sin embargo,
otras sentencias de tribunales superiores autonómicos sostienen
un criterio contrario al del TSJM. Así lo hace el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), en su resolución
de 26-III-2004 (Rº 1.642 /2001). Los magistrados optaron en este
caso por permitir la rectificación del contribuyente, siempre y
cuando se haga dentro del periodo de prescripción (cuatro años):
“El cálculo de la deuda tributaria con base en el sistema
de tributación que resulta más desfavorable ha de ser considerado
un error que podrá fundar solicitud de rectificación de
la autoliquidación”.
Queda, pues,
la cuestión en manos del Supremo, que tendrá que unificar
la doctrina, lo que podría suceder, según fuentes consultadas,
de aquí a cuatro o cinco años. Mientras tanto, y por si
acaso, no olvide revisar su autoliquidación. (TSJ Madrid, 16-III-2007,
Rº 2289/2003).
Una interpretación
cada vez más extendida
Diferentes
argumentos han valido a los tribunales para denegar la posibilidad de
cambiar la opción de tributación entre conjunta e individual.
El más tajante es la literalidad de la Ley del IRPF que, desde
1998, y a pesar de las sucesivas reformas, mantiene una redacción
muy restrictiva en cuanto a los cambios.
Pero, además,
los tribunales han desestimado estas reclamaciones con los siguientes
argumentos: no cabe alegar “error” para solicitarlo; no es posible
aplicar la norma más favorable porque la opción no está
subordinada al resultado; y la doctrina de actos propios, que impide rectificar
en este sentido.
¿Cómo
nos pagará Zapatero los famosos 400 euros?
El Real
Decreto-Ley será aprobado a mediados de mayo con entrada en vigor
el 1 de junio.
EVA COSTO
(gaceta.es)
El Ministerio
de Economía y Hacienda ha publicado en su web el texto del
Real Decreto-Ley aprobado en relación a la deducción de
los 400 euros, así como el del Real Decreto para su desarrollo
cuya aprobación está prevista a mediados de mayo con entrada
en vigor el 1 de junio.
Esta deducción
será aplicable a los contribuyentes que perciban rentas del
trabajo, asalariados y pensionistas, y también a los que perciban
rendimientos procedentes de actividades económicas. El ahorro
total para los contribuyentes será de 6.000 millones de euros,
un 0,9% de la renta disponible de las familias.
El impacto
de esta medida empezará a notarse a partir del mes de junio, ya
que esta deducción será tenida en cuenta a la hora de calcular
las retenciones. En las nóminas del mes de junio, las retenciones
se verán reducidas en unos 200 euros como máximo y el resto
del importe, hasta 400 euros, se prorrateará en los restantes meses
hasta finalizar el año.
En cuanto
a los autónomos, aquellos que realicen pagos fraccionados podrán
beneficiarse a partir de junio de la deducción, mientras que para
los demás casos se aplicarán la deducción cuando
presenten la declaración del IRPF.
¿Cómo
se distribuye?
a) No tiene
incidencia alguna en la Campaña de Renta 2007.
b) Tiene
el carácter de deducción de la cuota líquida del
impuesto, solo para aquellos que perciben rentas del trabajo o de actividades
económicas.
c) El abono
de los 400 euros se efectúa mediante un ajuste de retenciones del
trabajo soportadas en 2008 o de pagos fraccionados de actividades realizados
en 2008, por lo que únicamente afecta a aquellos que tengan saldo
suficiente al efecto. En ningún caso tiene el carácter de
impuesto negativo.
d) La recuperación
se efectúa de la siguiente forma:
- Trabajadores: Nómina
del mes de junio, deducción de 200 euros, como máximo, en
las retenciones soportadas. En las nóminas de los meses de julio
a diciembre de 2008, la recuperación del resto hasta llegar a 400
euros se efectúa vía bajada del tipo de retención.
- Empresarios y profesionales:
Deducción máxima de 200 euros en el pago fraccionado del
segundo trimestre y de 100 (o de una cantidad mayor si hay saldo no aplicado
en los pagos anteriores) en cada uno de los dos siguientes, siempre con
un máximo de 400 euros en total.
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CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
31/03/2008 (
V0623-08 )
DESCRIPCION-HECHOS
Sociedad
civil, constituida por dos personas físicas, que desarrolla una
actividad económica en estimación directa simplificada.
Tras un año de funcionamiento, se está considerando la posibilidad
de que cada uno de los socios perciba mensualmente una retribución.
CUESTION-PLANTEADA
A efectos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se pregunta
sobre la incidencia de las retribuciones mensuales en el resultado económico
de la entidad.
CONTESTACION-COMPLETA
Las comunidades
de bienes y sociedades civiles integradas por personas físicas
no constituyen contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sino que se configuran como una agrupación de los
mismos que se atribuyen las rentas generadas en la entidad, tal como establece
el artículo 8.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29). A su vez,
el artículo 88 de la misma ley añade que las rentas atribuidas
tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde
procedan, para cada uno de los socios.
Lo anterior
supone que en el supuesto de una sociedad civil que desarrolle una actividad
económica los rendimientos atribuidos mantendrán ese mismo
carácter de rendimientos de actividades económicas.
Ahora bien,
para lo que hasta aquí expuesto resulte operativo es necesario
que la actividad económica se desarrolle como tal por la entidad,
es decir, que la ordenación por cuenta propia de medios de producción
y (o) de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción
o distribución de bienes o servicios -elementos definitorios de
una actividad económica- corresponda a la entidad. Con ello se
quiere decir que todos los socios deben asumir el riesgo del ejercicio
empresarial, esto es, que los efectos jurídicos y económicos
de la actividad recaigan sobre todos ellos.
Si, conforme
con lo anterior, la actividad se desarrolla en el caso consultado por
la sociedad civil, los rendimientos que los socios puedan percibir por
su trabajo en la entidad no se integran en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas como rendimientos del trabajo, sino que
su integración se realiza por la vía del régimen
de atribución de rentas, constituyendo para cada socio una parte
de su rendimiento de la actividad económica, ya que se trata simplemente
de un anticipo o un importe de su participación en el rendimiento
de la entidad, no estando sometido —por ello— a retención.
Consecuencia
de la calificación anterior es que las cantidades percibidas por
los socios por su trabajo en la sociedad no constituyen para esta gasto
deducible para la determinación del rendimiento neto, precisamente,
por constituir un importe de la participación de ese socio en el
rendimiento neto de la entidad.
CONSULTA
VINCULANTE
FECHA-SALIDA
07/03/2008 (
V0504-08 )
DESCRIPCION-HECHOS
La consultante,
que tributa en régimen de estimación directa en el IRPF,
ha donado durante 2006 una obra artística realizada por ella a
un Ayuntamiento.
CUESTION-PLANTEADA
Se consulta
si la donación es deducible y cómo se valoraría la
obra artística donada. En concreto, si dicha valoración
debe tener en cuenta el valor actual de mercado y quién debe realizar
dicha valoración. Asimismo se consulta si el Ayuntamiento debe
presentar algún impreso ante la Administración Tributaria
y en su caso el plazo para su presentación.
CONTESTACION-COMPLETA
El artículo
69 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5
de marzo (BOE de 10 de marzo de 2004), en adelante TRLIRPF, contempla,
en su letra a), la deducción por donativos prevista en la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE de 24 de diciembre
de 2002).
La referida
Ley 49/2002 establece, en sus artículos 16.b) y 17.1, que los incentivos
fiscales al mecenazgo serán aplicables a las donaciones de bienes
irrevocables, puras y simples, que se realicen en favor de las Entidades
Locales.
En consecuencia,
cumpliéndose los requisitos anteriores, la consultante podría
disfrutar de la deducción prevista en el artículo 19.1 de
la Ley 49/2002, según el cual: “Los contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a
deducir de la cuota íntegra el 25 por 100 de la base de la deducción
determinada según lo dispuesto en el artículo 18”.
En cuanto
a la determinación de la base de la deducción, el artículo
18 distingue dicha base según el tipo de bien o derecho donado.
A los efectos
consultados, el referido artículo, establece:
“1.
La base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones realizados
a favor de las entidades a que se refiere el artículo 16 será:
(...).
b) En los
donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen
en el momento de la transmisión y, en su defecto, el valor determinado
conforme a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.
(…).
f) En los
donativos o donaciones de obras de arte de calidad garantizada y de los
bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español
a que se refieren los párrafos d) y e) del apartado 1 del artículo
17 de esta Ley, la valoración efectuada por la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación.
En el caso de los bienes culturales que no formen parte del Patrimonio
Histórico Español, la Junta valorará, asimismo, la
suficiencia de la calidad de la obra”.
Por lo tanto,
si la obra donada es una obra de arte de las previstas en la letra f)
anterior, la base de la deducción será la valoración
atribuida por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación.
En otro
caso, la base de la deducción será su valor contable si
la consultante está obligada a llevar contabilidad ajustada a lo
dispuesto en el Código de Comercio, por aplicación del artículo
67.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por Real Decreto 1775/2004, de 30 julio (BOE de 4 de agosto de
2004), en adelante RIRPF, que obliga a su llevanza en caso de que la actividad
desarrollada constituya una actividad empresarial cuyo rendimiento se
determine en la modalidad normal del método de estimación
directa; quedando excepcionadas de la obligación de dicha llevanza
por el artículo 67.3 del referido reglamento, las actividades empresariales
que no tengan carácter mercantil de acuerdo con lo establecido
en el Código de Comercio.
Si la obra
donada no es una obra de arte de las previstas en la antes reproducida
letra f) del artículo 18 de la ley 49/2002 y la consultante no
está obligada a la llevanza de contabilidad, la base de la deducción
se determinará por las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio,
contenidas en los artículos 9 a 27 de la Ley 19/1991, de 6 junio
del Impuesto sobre el Patrimonio (BOE de 7 de junio de 1991), dependiendo
del bien de que se trate, y en concreto por lo establecido en el artículo
19, que dispone:
“Artículo
19. Objetos de arte y antigüedades
Uno. Los
objetos de arte o antigüedades se computarán por el valor
de mercado en la fecha de devengo del impuesto.
Dos. Sin
perjuicio de la exención que se contempla en el artículo
4, apartados Uno, Dos y Tres de la presente Ley, se entenderá por:
a) Objetos
de arte: las pinturas, esculturas, dibujos, grabados, litografías
u otros análogos, siempre que, en todos los casos, se trate de
obras originales.
b) Antigüedades:
los bienes muebles, útiles u ornamentales, excluidos los objetos
de arte, que tengan más de cien años de antigüedad
y cuyas características originales fundamentales no hubieran sido
alteradas por modificaciones o reparaciones efectuadas durante los cien
últimos años”.
Cualquiera
que sea el método de valoración aplicable, el artículo
18.2 de la Ley 49/2002 establece que “El valor determinado de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior tendrá como límite
máximo el valor normal en el mercado del bien o derecho transmitido
en el momento de su transmisión.”
Asimismo
el artículo 70.1 del TRLIRPF dispone que la base de la deducción
por donativos no podrá exceder del 10 por ciento de la base liquidable
del contribuyente.
En cuanto
a la justificación de los donativos, el artículo 6 del Real
Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE de 23
de octubre de 2003), dispone:
“Artículo
6. Certificación y declaración informativa de los donativos,
donaciones y aportaciones recibidas.
1. La certificación
a la que se hace referencia en el artículo 24 de la Ley 49/2002
deberá contener la siguiente información:
a) El número
de identificación fiscal y los datos de identificación personal
del donante y de la entidad donataria.
b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida
entre las entidades beneficiarias de mecenazgo de acuerdo con lo establecido
en la Ley 49/2002.
c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d) Documento público u otro documento auténtico que acredite
la entrega del bien donado cuando no se trate de donativos en dinero.
e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el
cumplimiento de su finalidad específica.
f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación,
sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas civiles que
regulan la revocación de donaciones.
2. A efectos
de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 49/2002, la entidad
beneficiaria deberá remitir a la Administración tributaria
una declaración informativa sobre las certificaciones emitidas
de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles percibidos durante
cada año natural, en la que, además de sus datos de identificación,
deberá constar la siguiente información referida a los donantes
y aportantes:
a) Nombre
y apellidos, razón o denominación social.
b) Número de identificación fiscal.
c) Importe del donativo o aportación. En caso de que éstos
sean en especie, valoración de lo donado o aportado.
d) Referencia a si el donativo o la aportación se perciben para
las actividades prioritarias de mecenazgo que se señalen por Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
e) Información sobre las revocaciones de donativos y aportaciones
que, en su caso, se hayan producido en el año natural.
f) Indicación de si el donativo o aportación da derecho
a la aplicación de alguna de las deducciones aprobadas por las
Comunidades Autónomas.
La presentación
de esta declaración informativa se realizará en el mes de
enero de cada año, en relación con los donativos percibidos
en el año inmediato anterior.
Esta declaración
informativa se efectuará en la forma y lugar que determine el Ministro
de Hacienda, quien podrá establecer los supuestos en que deberá
presentarse en soporte directamente legible por ordenador o por medios
telemáticos”.
La regulación
de dicha declaración informativa se encuentra fundamentalmente
en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3219/2003, de
14 de noviembre, (BOE de 21 de noviembre de 2003), actualmente sustituida
por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3021/2007, de
11 de octubre (BOE de 2 de Noviembre de 2007), por la que se aprueba el
modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones
y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así como los
diseños físicos y lógicos para la sustitución
de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles
por ordenador y establece las condiciones y el procedimiento para su presentación
telemática a través de Internet, y modifica los modelos
de declaración 184, 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196,
198, 215 y 345.
Sin perjuicio
de la posibilidad de aplicar la deducción por donativos establecida
en el citado artículo 69 del TRLIRPF a que se ha hecho referencia
hasta ahora, y en cuanto a la determinación de la base imponible
del IRPF, debe señalarse que el artículo 23.1 de la Ley
49/2002, dispone que “Estarán exentas del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que grave la renta del donante
o aportante las ganancias patrimoniales y las rentas positivas que se
pongan de manifiesto con ocasión de los donativos, donaciones y
aportaciones a que se refiere el artículo 17 de esta Ley”.
Asimismo y a efectos del cálculo de dicha base imponible, por aplicación
del artículo 28.1 del TRLIRPF, los donativos no tendrán
la consideración de gasto deducible para el cálculo del
rendimiento neto de actividades económicas en régimen de
estimación directa.
La presente
contestación se formula con arreglo a la normativa vigente al tiempo
de efectuarse la donación objeto de consulta, sin que su contenido
en relación con el tema consultado se vea modificada por la actual
normativa del Impuesto establecida por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre de 2006),
y por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. (BOE de 31 de marzo de 2007).
Lo que comunico
a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE de 18 de diciembre de 2003).
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PASIVOS
FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO EN LAS PYMES.
De acuerdo
con la Norma de Valoración 9ª del Plan General Contable Pyme,
los préstamos podríamos considerarlos como operaciones no
comerciales dentro de la "cesta" PASIVOS FINANCIEROS A COSTE
AMORTIZADO.
Hemos de
destacar que según la mencionada norma del valoración, los
pasivos financieros, a efectos de su valoración, pueden agruparse
en 2 categorías:
1. Pasivos
financieros a coste amortizado.
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar.
Así,
por la concesión por parte de una entidad financiera de un préstamo
a largo plazo, habríamos de realizar el asiento presentado a continuación.
Ahora bien, lo significativo del asiento resulta los importes (valoración)
a incluir en el mismo.
Bancos
c/c (572)
a Deudas a LP con entidades de crédito (170)
--- x ---
Los pasivos
considerados como “débitos y partidas a pagar",
habrán de valorarse por su valor razonable, resultando éste
al precio de la transacción recibida ajustado por los costes
de transacción que le sean directamente atribuibles (comisiones
de apertura, etc.)
Las valoraciones posteriores de estos préstamos serán por
su coste amortizado.
En este caso, los intereses devengados habrán de contabilizarse
en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método
del tipo de interés efectivo.
NOTA
IMPORTANTE: La propia norma de valoración reseñada,
establece la posibilidad de una contabilización simplificada,
de forma que los costes de transacción y comisiones financieras
cargadas a la empresa y que se originen en el momento de generarse la
deuda, podrán ser imputados directamente a la cuenta de pérdidas
y ganancias. Este hecho, simplifica evidentemente, toda la problemática
contable de este tipo de pasivos financieros y que desarrollamos en las
siguientes líneas. Es decir, el asiento inicial vendría
dado por:
Otros
gastos financieros (669)
Bancos c/c (572)
a Deudas a L/P con entidades de crédito (170)
--- x ---
Así
en la mayoría de los casos la tabla de amortización que
nos envíe la entidad financiera (calculado por el método
francés) coincidirá con los asientos contables que habremos
de realizar a coste amortizado, mientras si no realizamos esta opción
simplificada los cálculos se complican considerablemente.
- Conforme
vayamos pagando la deuda se realizan los asientos siguientes:
1.- Por la
reclasificación de deudas (parte que se pagará en el siguiente
ejercicio):
Deudas
a L/P con entidades de crédito (170)
a Deudas a C/P con entidades de crédito (520)
--- x ---
2.- Por el
devengo de intereses:
Intereses
de deudas (662)
a Intereses C/P de deudas con entidades de crédito (527)
--- x ---
3.- Por el
devengo de la parte de intereses incorporados al principal:
Intereses
de deudas (662)
a Deudas a C/P con entidades de crédito
(520)
--- x ---
4.- Por el
pago de intereses y devolución del principal:
Intereses
C/P de deudas con entidades de crédito (527)
Deudas a C/P con entidades de crédito (520)
a Bancos c/c (572)
--- x ---
5.- Si se produjese la cancelación anticipada del préstamo,
habríamos de realizar los asientos marcados en los puntos anteriores
pero por la totalidad del importe pendiente de amortización del
préstamo y los intereses o comisiones de cancelación que
correspondan en su caso.
EJEMPLO
La Sociedad
RCRCRCR solicita un préstamo a 5 años por importe de 100.000
euros, a un tipo de interés efectivo anual del 5%, pagadero por
años vencidos.
. Cuota anual de amortización constante.
. Comisión de apertura 1,5%.
SOLUCIÓN
En primer
lugar calculamos la tasa efectiva que vendrá dada por:
. Comisión
de apertura = 1.500 euros.
100.000 -
1.500 = 25.000(1+tie)1 + 24.000(1+tie)2 + ...+ 21.000(1+tie)5 ;
tie =
0,055666
De donde
se desprende:
|
Año
|
Cuota
|
Amortización
|
Interés
Pagado
|
Interés
(tie)
Devengado
|
Diferencia
Interés
|
Capital
Amortizado
|
Capital
Pdte.
|
Coste
Amortizado
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
100.000
|
98.500,00
|
|
1
|
25.000
|
20.000
|
5.000
|
5.483,10
|
483,10
|
20.000
|
80.000
|
78.983,10
|
|
2
|
24.000
|
20.000
|
4.000
|
4.396,67
|
396,67
|
40.000
|
60.000
|
59.379,77
|
|
3
|
23.000
|
20.000
|
3.000
|
3.305,43
|
305,43
|
60.000
|
40.000
|
39.685,20
|
|
4
|
22.000
|
20.000
|
2.000
|
2.209,12
|
209,12
|
80.000
|
20.000
|
19.894,33
|
|
5
|
21.000
|
20.000
|
1.000
|
1.107,44
|
107,44
|
100.000
|
0
|
1,76
|
| |
125.000
|
100.000
|
15.000
|
16.501,76
|
1.501,76
|
|
|
TOTALES
|
Así
los asientos contables vendrían dados por:
. Firma
del contrato de préstamo:
98.500
Bancos c/c (572)
a Deudas a L/P con entidades de crédito (170) 98.500
--- x ---
. Al cierre
del ejercicio tendremos periodificación de intereses y principal
y reclasificación de deudas:
5.483,10
Intereses de Deudas (662)
a Deudas a C/P con entidades de crédito (520) 483,10
a Intereses C/P de deudas con entidades de crédito (527) 5.000,00
--- x ---
y
19.516,20
Deudas a L/P con entidades de crédito (170)
a Deudas a C/P con entidades de crédito (520) 19.516,20
--- x ---
. El día
primero del año siguiente se devolverá el primer plazo y
pagarán los intereses correspondientes, de la forma:
5.000
Intereses a C/P de deudas con entidades de crédito (527)
20.000 Deudas a C/P con entidades de crédito (520)
a Bancos c/c (572) 25.000
--- x ---
Y así
sucesivamente a lo largo de los 5 ejercicios en lo que tardará
en devolverse el préstamo solicitado.
Departamento
de Contabilidad de RCR, Proyectos de Software.
La información utilizada en la redacción de este artículo
es una cortesía del Programa "ASESOR
CONTABLE”.
PRECAUCIONES
NECESARIAS ANTES DE COMPRAR UNA VIVIENDA (I).
La importancia
de estar informado: Principales fuentes de información:
Lo primero
que es conveniente llevar a cabo son las comprobaciones y valoraciones
sobre la ubicación y emplazamiento de la vivienda, el sistema de
comunicaciones y transportes, centros de educación y sanidad, etc...,
de la zona en la que se encuentra la vivienda, así como de las
comprobaciones relativas al estado físico de la misma, en el caso
de tratarse de una vivienda nueva construida o de segunda mano, pues en
el caso de tratarse de una vivienda en construcción o que se va
a construir, esta comprobación física no podremos realizarla,
asumiendo el riesgo que ello conlleva.
Pero no hemos de conformarnos con este tipo de comprobaciones, sino que
debemos realizar también, como complemento de lo anterior, una
exhaustiva comprobación documental de la situación registral,
legal y jurídica de la vivienda que vamos a adquirir.
Y para realizar
estas comprobaciones debemos acudir a las fuentes de información
adecuadas.
Así, debemos acudir al Registrador de la propiedad. Entre sus funciones
se encuentra la de dar a conocer la situación jurídica de
la vivienda, precisando quiénes son sus titulares, así como,
en el caso de que las hubiera, las limitaciones jurídicas que afectan
a su capacidad. Por el Registro también conoceremos la descripción
de la vivienda, si se encuentra afectada o no por cargas o gravámenes;
si está incluida en régimen de propiedad horizontal, ...etc.
Todos estos
datos los obtendremos solicitando al Registrador la expedición
de una nota simple (en la que se nos informará de la descripción
de la vivienda, situación, superficie, cuota de copropiedad, ...etc)
o de una certificación de dominio y cargas (a través de
la cual queda garantizado, bajo la fe y responsabilidad del Registrador,
que la certificación coincide con los asientos registrales), y
solicitando, asimismo, informes, ya sean de carácter vinculante
o no, (se trata de informes explicativos de la situación jurídico
registral de una finca o derecho, así como de otra serie de cuestiones).
De igual forma, estas consultas podrán hacerse de forma verbal
al Registrador, pues éste tiene la obligación de informar
verbalmente a cualquier persona que solicite asesoramiento en materias
relacionadas con el Registro.
Sin embargo,
la nota simple suele ser el medio más utilizado por todos aquellos
que se deciden a comprar una vivienda, por su escaso coste.
También
va a constituir fuente importante de información, el Notario, cuya
principal y más importante función es la de dar autenticidad
y fuerza probatoria a las declaraciones de voluntad de las partes en el
instrumento público redactado conforme a las leyes. Además
el Notario que prepare la escritura pública de compraventa, y salvo
renuncia expresa por parte del comprador, solicitará, de oficio
al Registrador, información sobre la descripción, titularidad
y cargas de la vivienda con carácter previo a la firma de la escritura.
Muy utilizada
en la actualidad es la figura del gestor administrativo colegiado, si
bien será con carácter posterior a la firma del contrato
o escritura pública de compraventa cuando sus servicios nos sean
de gran eficacia (se encargará de las gestiones en el Catastro,
Ayuntamiento, Registro de la Propiedad, ...etc.).
Igualmente
podemos acudir a un abogado, quien seguramente, debido a su formación,
supondrá una muy útil ayuda en la negociación y redacción
del contrato de compraventa.
Y finalmente,
también el/la vendedor/a está legalmente obligado a facilitar
una amplia información a los compradores.
Debemos
tener en cuenta que, en función de que se trate de una vivienda
nueva construida o en construcción, o de una vivienda de segunda
mano, deberemos exigir la aportación de ciertas acreditaciones
o certificaciones específicas para cada caso, además de
las que con carácter general nos interesará conocer en cualquier
supuesto de compraventa, e independientemente del tipo de vivienda de
que se trate.
¿Qué
información nos debe ser facilitada en la compra de una vivienda
nueva?
En casi
la mayoría de los supuestos, por no decir todos, en los que decidamos
comprar una vivienda nueva, nos vamos a encontrar con que el/la vendedor/a
va a ser una empresa promotora o un promotor.
Existen
en nuestro ordenamiento una serie de normas destinadas a establecer unas
mínimas garantías, obligaciones y responsabilidades cuyo
cumplimiento será obligatorio en toda compraventa que se realice.
Hablamos así, de la Ley 26/1984 General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, del Real Decreto 1945/1984 que regula las infracciones
en materia de defensa del consumidor, el Real Decreto 515/1989, de 21
de Abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información
a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas y, finalmente,
la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Hacemos mención especial a la Ley de Ordenación de la Edificación,
que establece las garantías y requisitos que los edificios deben
reunir, fomentando así su calidad, delimitando cuáles son
las obligaciones y responsabilidades de todos y cada uno de los agentes
que intervienen en el proceso de la edificación y de la construcción
de un edificio, garantizando así la protección de los intereses
de los adquirentes y usuarios.
En consecuencia,
y a tenor de la normativa que en relación con esta materia se ha
promulgado, la actividad de promoción y venta de viviendas va a
estar sujeta a una de serie de condiciones, establecidas legalmente, con
la finalidad de asegurar la protección de los intereses de los
consumidores, mediante la obligación de estas empresas de suministrarles
la información sobre dicha venta, que se considera proporcionará
a la persona que pretenda la adquisición de una vivienda una base
informativa suficiente que le permita determinar la conveniencia o no,
en función de las garantías que considere le han sido ofrecidas,
de su adquisición.
Esas normas
o condiciones de las que estamos hablando, y que afectan muy directamente
a los que se dedican a la promoción y venta de viviendas, vienen
recogidas en el Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril, sobre protección
de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en
la compraventa y arrendamiento de vivienda. En dicha norma, y concretamente
en su artículo 2º, se establece como principal obligación
la necesidad de que toda oferta, promoción y publicidad que vaya
dirigida a la venta de viviendas se ajuste a las verdaderas características,
condiciones y utilidad de la vivienda que se promociona. De igual manera,
se establece la necesidad de que en dicha actividad se exprese siempre
la circunstancia de si la vivienda se encuentra en fase de construcción,
o si por el contrario, el proceso de edificación ya ha concluido.
La actividad
de oferta, promoción y publicidad deberá ser realizada de
manera que no pueda inducir a error a las personas a las que va dirigida.
Se intenta proteger de tal manera a los posibles compradores de viviendas
que establece el referido Real Decreto 515/1989 que: "Los datos,
características y condiciones relativas a la construcción
de la vivienda, a su ubicación, servicios e instalaciones, adquisición,
utilización y pago que se incluyan en la oferta, promoción
y publicidad, serán exigibles aún cuando no figuren expresamente
en contrato celebrado".
En el mismo
sentido, se pronuncia el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
al disponer en su artículo 61: "1. La oferta, promoción
y publicidad de los bienes o servicios se ajustarán a su naturaleza,
características, utilidad o finalidad y a las condiciones jurídicas
o económicas de la contratación.
2. El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones
propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas
y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores
y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado
o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta
en la determinación del principio de conformidad con el contrato.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el contrato
celebrado contuviese cláusulas más beneficiosas, estas prevalecerán
sobre el contenido de la oferta, promoción o publicidad”.
Al objeto de que dicha protección de los consumidores sea lo más
eficaz posible, se establece la obligación de que se ponga a disposición
no sólo del público, sino también de las autoridades
competentes, una serie de documentos y de informaciones, de modo que puedan
ser consultados cuando los interesados estimen conveniente. Esta información
es la siguiente:
a) Identificación
completa del promotor (nombre o razón social, domicilio, ...) así
como los datos relativos a su inscripción en el Registro Mercantil.
b) Plano general del emplazamiento de la vivienda y plano de la vivienda
en si misma, así como la descripción y trazado de las redes
eléctricas, de agua, gas y calefacción, las garantías
de las mismas y las medidas de seguridad contra incendios con que cuente
el inmueble.
c) Descripción de la vivienda, con expresión de la superficie
útil y la descripción general del edificio en el que se
encuentra, de las zonas comunes y de los servicios accesorios.
d) Referencia a los materiales empleados en la construcción de
la vivienda, incluidos los aislamientos térmicos y acústicos,
así como los empleados en todo el edificio, zonas comunes y servicios
accesorios.
e) Las instrucciones sobre el uso y conservación de las instalaciones
que exijan algún tipo de actuación o conocimiento especial
y sobre evacuación del inmueble en caso de emergencia.
f) Los datos identificadores de la inscripción del inmueble en
el Registro de la Propiedad o la expresión de no hallarse inscrito.
g) El precio total de la vivienda y de los servicios accesorios, así
como la forma de pago.
h) Copia de las autorizaciones legalmente exigidas para la construcción
de la vivienda.
i) Copia de la cédula urbanística o certificación
acreditativa de las circunstancias urbanísticas de la vivienda.
En todo caso es interesante consultar la copia del plan urbanístico
de la zona donde se va a ubicar la vivienda para conocer también
los aspectos urbanísticos del entorno: el tipo de viviendas que
se van a construir o los equipamientos con los que va a contar. Este plan
urbanístico se puede consultar en el Ayuntamiento.
j) Copia de la licencia o acto equivalente para la utilización
u ocupación de la vivienda, zonas comunes y servicios accesorios.
k) Estatutos y normas de funcionamiento de la comunidad de propietarios,
así como información de los contratos de servicios y suministros
de la comunidad.
l) Información sobre los tributos de todas clases que graven la
propiedad o utilización de la vivienda.
ll) Forma en que está previsto documentar el contrato con sus condiciones
generales y especiales, haciendo constar de modo especialmente legible,
lo siguiente:
1) Que el
consumidor no soportará los gastos derivados de la titulación
que correspondan legalmente al vendedor.
2) Que las partes podrán instarse a elevar a documento público
la compraventa (en función de lo establecido en los artículos
1.279 y 1.280 del Código Civil).
3) El derecho a la elección de notario que corresponde al comprador,
sin que éste pueda imponer notario que, por su competencia territorial
carezca de conexión razonable con alguno de los elementos personales
o reales del negocio.
4) En el caso de que la vivienda, las zonas comunes o los elementos accesorios
no se encuentren totalmente edificados, se debe hacer constar con toda
claridad la fecha de entrega y la fase en que se encuentra la edificación.
5) Debe indicarse, si se trata de primera transmisión, el nombre
y domicilio del arquitecto y el nombre o razón social y domicilio
del constructor.
m) En cuanto
a la información relativa la precio de venta deberá expresarse:
1) El precio total de la venta. Se entenderán incluidos en dicho
precio los honorarios del agente y el IVA (o, en su caso, la cuota que
corresponda del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados).
2) La forma de pago. En el supuesto de que se prevean aplazamientos de
pago, se deberá indicar el tipo de interés aplicable, las
cantidades que corresponderá abonar por principal e intereses y
las fechas de vencimiento de unos y otros.
3) Los medios de pago para las cantidades aplazadas.
4) Si se prevé la subrogación del adquirente en alguna operación
de crédito concertada por el vendedor con garantía real
sobre la vivienda se debe indicar el notario autorizante de la escritura,
la fecha de la misma, los datos de su inscripción y la responsabilidad
hipotecaria.
5) Las garantías que deberá constituir el comprador por
el precio aplazado.
6) Indicación de que cualquier cantidad a cuenta entregada por
el adquirente se ha de descontar del importe de la venta.
n) En aquellos
supuestos en que se pretenda la compra de una vivienda que todavía
no ha sido construida, es decir, que se encuentra en proceso de construcción
(o que se va a construir), debemos tener en cuenta las garantías
sobre el percibo de cantidades anticipadas establece la Ley 57/1968, de
27 de Julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción
y venta de viviendas, observando las modificaciones que en cuanto a su
aplicación, a estos supuestos, introdujo la Disposición
Adicional Primera de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación
de la Edificación - que amplía también su el ámbito
de esta garantía a la promoción de toda clase de viviendas,
incluso a las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios
o sociedad cooperativa. Así, se establece la obligación
que incumbe a aquellos promotores y gestores, que pretendan obtener entregas
de dinero con carácter previo al inicio de las obras de edificación
o durante la misma, garantizar su devolución. Dicha garantía,
que se extenderá a las cantidades entregadas en efectivo o mediante
cualquier efecto cambiario -según modificación por Ley 38/1999-,
consistirá en la devolución de las cantidades entregadas
más los intereses legales del dinero, vigentes hasta el momento
en que se haga efectiva la devolución.
Deberán,
por lo tanto, facilitarse tanto los datos relativos a la cuenta especial
en la que de ingresarán estas cantidades recibidas a cuenta, y
asimismo, deberá aportarse copia del documento o documentos en
que se formalizan las garantías de estas cantidades, según
la Ley 57/1968, de 27 de julio y Disposición Adicional Primera
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre.
ñ)
Los documentos contractuales de compraventa deberán ir redactados
con la debida claridad y sencillez, sin referencia o remisión a
documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la celebración
del contrato. Igualmente, estos documentos contractuales deberán
responder a los principios de buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones.
o) Cuando
se trate de la compra de una vivienda nueva, cuya construcción
ya está terminada, el promotor nos deberá entregar la documentación
de la obra ejecutada, como es el Libro del Edificio (éste estará
constituido por el proyecto de la obra ejecutada, con la incorporación,
en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas por el Director
de obra, el acta de recepción, la relación identificativa
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación,
así como la documentación relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con
la normativa que sea de aplicación y seguros con que cuente el
edificio), así como cualquier otro documento que sea exigible por
las Administraciones Competentes.
p) Finalmente, se deberá entregar copia del documento o documentos
en que se formalicen las garantías de la edificación, exigidas
en por el artículo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de
Ordenación de la Edificación.
Departamento Jurídico de RCR Proyectos de Software.
La información
utilizada en la redacción de este artículo es una cortesía
del Programa "ABOGADO
DE ARRENDAMIENTOS”. |
