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OBLIGACIÓN
DE ALTA EN RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS PARA
SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES.
Tal
y como establece la Ley General de la Seguridad Social, en su posterior
redacción por Ley 50/1998, pertenecerán al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos los socios de sociedades mercantiles
que posean el control de la sociedad, es decir, quienes ejerzan las funciones
de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo
de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad
mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual,
personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o
indirecto, de aquélla. Se entenderá, en todo caso, o dicho
de otra forma, esto se presume cuando:
- Posean
el 50% o más del capital. Que, al menos, la mitad del capital de
la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre
socios, con los que conviva, y a quienes se encuentre unido por vinculo
conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción,
hasta el segundo grado. (Ejemplo: si el 25% del capital es del marido
y un 25% también de la mujer)
- Que tenga
como mínimo 1/3 del capital social, es decir, un 33,33%.
- Que posea
como mínimo el 25% del capital social y tenga funciones de dirección
y gerencia (Ej: Administrador) y no haya delegado estas funciones, de
lo contrario estaría incluido en el Régimen General.
RD-L.
1/1994, Ley General de la Seguridad Social
Art.
97. Extensión.
1. Estarán
obligatoriamente incluidos en el Régimen General de la Seguridad
Social los trabajadores por cuenta ajena o asimilados comprendidos en
el apartado 1.a) del artículo 7 de la presente Ley.
2. A los
efectos de esta Ley se declaran expresamente comprendidos en el apartado
anterior:
a) Los trabajadores
por cuenta ajena y los socios trabajadores de sociedades mercantiles capitalistas,
aún cuando sean miembros de su órgano de administración,
si el desempeño de este cargo no conlleva la realización
de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni poseen
su control en los términos establecidos en el apartado 1 en la
disposición adicional vigésimo séptima de la presente
Ley.
Excepto que
por razón de su actividad marítimo-pesquera corresponda
su inclusión como trabajadores por cuenta ajena en el campo de
aplicación del Régimen especial de Trabajadores del Mar.
...
RD-L.
1/1994, Ley General de la Seguridad Social
DISPOSICIÓN
ADICIONAL VIGÉSIMA SÉPTIMA. Campo de aplicación del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por
cuenta propia o autónomos.
1. Estarán
obligatoriamente incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos quienes
ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño
del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para
una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma
habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo,
directo o indirecto, de aquélla. Se entenderá, en todo caso,
que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones
del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social.
Se presumirá,
salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo
de la sociedad cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:
1. Que, al
menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios
esté distribuido entre socios, con los que conviva, y a quienes
se encuentre unido por vinculo conyugal o de parentesco por consanguinidad,
afinidad o adopción, hasta el segundo grado.
2. Que su
participación en el capital social sea igual o superior a la tercera
parte del mismo.
3. Que su
participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta
parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia
de la sociedad.
En los supuestos
en que no concurran las circunstancias anteriores, la Administración
podrá demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador
dispone del control efectivo de la sociedad.
2. No estarán
comprendidos en el Sistema de Seguridad Social los socios, sean o no administradores,
de sociedades mercantiles capitalistas cuyo objeto social no esté
constituido por el ejercicio de actividades empresariales o profesionales,
sino por la mera administración del patrimonio de los socios.
3. Lo establecido
en el apartado 1 no afectará a los trabajadores recogidos en los
artículos 2.b), 3 y 4 del texto refundido de la Leyes 116/1969,
de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar, aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto.
Departamento Laboral de RCR Proyectos de Software.
La información utilizada en la redacción de este artículo
es una cortesía del Programa “ASESOR
LABORAL”.
LA SOCIEDAD LIMITADA LABORAL: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DE SU RÉGIMEN JURÍDICO (I).
Concepto
Antes de
analizar el régimen jurídico de la Sociedad Limitada Laboral
es importante señalar que este tipo de sociedad es, en primer lugar,
una Sociedad Limitada y, por lo tanto, la Sociedad Limitada Laboral va
a tener las características propias de la Sociedad Limitada; con
las peculiaridades que se exponen a continuación.
Dicho esto,
por Sociedad Limitada Laboral debemos entender aquella sociedad de responsabilidad
limitada, es decir, capitalista y de carácter mercantil, cuyo capital
social pertenece en su mayoría a los/as socios/as trabajadores
que presten en ella servicios retribuidos en forma personal y directa,
y cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido, debiendo
ser estos propietarios de al menos del 51% del capital social.
Así,
si se cumplen estos requisitos, legalmente previstos, la Sociedad podrá
obtener la calificación administrativa de "Sociedad Laboral".
El capital
está dividido en participaciones sociales. Las participaciones
de las sociedades laborales serán de dos clases: las que sean propiedad
de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido
y las restantes. A la primera clase se la denominará "clase
laboral" y a la segunda "clase general".
Ningún
socio/a podrá tener participaciones que supongan más de
la tercera parte del capital social, salvo las entidades públicas,
las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente
el Estado, las Comunidades Autónomas o entidades locales, que podrán
participar en el capital hasta el 50%.
Se denomina
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral porque en ella también
es característica principal el hecho de que la responsabilidad
de los socios/as frente a terceros por deudas de la Sociedad se limita
al capital aportado para constituir la Sociedad.
Legislación aplicable
Se regulan
por la Ley 4/1997, de 24 de Marzo, de Sociedades Laborales. Además,
y como es lógico, se regulan también por la Ley 2/1995,
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de 23 de Marzo de 1995.
Características principales de su régimen jurídico
El número
mínimo de socios para constituir una Sociedad Laboral es de 3 y
los/as socios/as pueden ser de dos tipos, socios trabajadores y socios
capitalistas.
Hay que tener
en cuenta, para que la Sociedad pueda considerarse como laboral que, en
caso de que la Sociedad tenga contratados trabajadores, el número
de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo
indefinido que no sean socios, no podrá ser superior al 15 por
ciento del total de horas-año trabajadas por los socios trabajadores.
Si la sociedad tuviera menos de 25 socios trabajadores, el referido porcentaje
no podrá ser superior al 25 por ciento del total de horas-año
trabajadas por los socios trabajadores.
En cuanto
a la constitución, los requisitos y trámites serán
los mismos que para constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada
porque, como hemos señalado, la condición de "laboral"
la atribuye una calificación administrativa si se cumplen unos
requisitos legalmente previstos. En consecuencia, la Sociedad Limitada
Laboral se constituye mediante escritura pública, que contendrá
los Estatutos de la Sociedad, y que deberá ser inscrita en el Registro
Mercantil. Con la inscripción adquirirá la Sociedad de Responsabilidad
Limitada su personalidad jurídica.
En todo caso,
la única especialidad que debe tenerse en cuenta en este punto
es que en la escritura de constitución debe constar expresamente
la voluntad de los otorgantes de fundar una Sociedad Laboral. Y si la
sociedad es preexistente y pretende transformarse en Laboral, debe existir
una certificación del acuerdo de la Junta General favorable a la
calificación de la Sociedad como Laboral.
La inscripción
en el Registro Mercantil de una Sociedad con la calificación de
Laboral exige la aportación de un certificado que acredite que
dicha Sociedad ha sido calificada por el órgano competente de la
Consejería de Trabajo de la respectiva Comunidad Autónoma
como Sociedad Laboral y que se encuentra inscrita en el Registro Administrativo
de Sociedades Laborales de la Consejería de Trabajo de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
La escritura
de constitución deberá presentarse a inscripción
en el Registro Mercantil en el plazo de dos meses a contar desde la fecha
de su otorgamiento. Los fundadores y los administradores responderán
solidariamente de los daños y perjuicios que causaren por el incumplimiento
de esta obligación de inscripción en el Registro.
La constancia
en el Registro Mercantil del carácter laboral de una Sociedad se
hará mediante nota marginal en la hoja abierta a la Sociedad, y
se notificará al Registro Administrativo de Sociedades Laborales
de la Consejería de Trabajo de la Comunidad Autónoma.
La actividad
de la Sociedad, salvo disposición contraria de los Estatutos de
la Sociedad, dará comienzo en la fecha de otorgamiento de la escritura
de constitución. No obstante, los Estatutos no podrán fijar
una fecha de inicio anterior a la del otorgamiento de la escritura.
En cuanto
a la duración, y salvo disposición contraria de los Estatutos,
la Sociedad tendrá duración indefinida.
El capital
inicial mínimo para constituir la Sociedad Limitada Laboral es
de 3.005,06 Euros (500.000 Ptas). El capital está dividido en participaciones
sociales. Las participaciones de las sociedades laborales serán
de dos clases: las que sean propiedad de los trabajadores cuya relación
laboral lo sea por tiempo indefinido y las restantes. A la primera clase
se la denominará "clase laboral" y a la segunda "clase
general".
No será
válida la creación de acciones de clase laboral privadas
del derecho de voto.
Ningún socio/a podrá tener participaciones que supongan
más de la tercera parte del capital social, salvo las entidades
públicas, las personas jurídicas en cuyo capital participe
mayoritariamente el Estado, las Comunidades Autónomas o entidades
locales, que podrán participar en el capital hasta el 50%.
Al igual
que en la Sociedad Limitada ordinaria, se pueden aportar bienes o derechos
valorables económicamente. De la realidad de las aportaciones y
de su valoración responden solidariamente, frente a la Sociedad
y los acreedores, los fundadores, socios y quien adquiera una participación
desembolsada mediante una aportación no dineraria, salvo que la
aportación haya sido valorada por perito.
Toda aportación
se considera realizada a título de propiedad, salvo que expresamente
se estipule de otro modo.
Cabe también
la posibilidad de que los estatutos establezcan la obligación a
cargo de uno o varios socios de realizar aportaciones distintas de las
aportaciones de capital, que reciben el nombre de prestaciones accesorias.
En ningún
caso podrán ser objeto de aportación como capital social
el trabajo o los servicios; puesto que el trabajo de los socios trabajadores
ya se presta en la empresa mediante un contrato laboral por cuenta ajena
de carácter indefinido que los vincula con la sociedad.
En cuanto
a la denominación, de conformidad con el artículo 3 de la
Ley de Sociedades Laborales la denominación de la Sociedad deberá
contener la indicación de "Sociedad de Responsabilidad Limitada
Laboral", o su abreviatura "S.L.L."
Además,
debe tenerse en cuenta que el adjetivo "laboral" no podrá
ser incluido en la denominación por sociedades que no hayan obtenido
la calificación administrativa de "Sociedad Laboral".
La denominación de "laboral" se hará constar en
toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas,
así como en todos los anuncios que haya de publicar por disposición
legal o estatutaria.
Además,
y como se trata de una Sociedad Limitada, no podrá adoptarse una
denominación idéntica a la de otra Sociedad preexistente;
por lo que el Registro Mercantil Central tendrá que certificar
que la denominación elegida no coincide con la de otra Sociedad
ya existente.
Administración
de la Sociedad
Por lo que
se refiere a la administración de la Sociedad, será de plena
aplicación el régimen jurídico previsto para las
Sociedades de Responsabilidad Limitada. En consecuencia, la Administración
se podrá desempeñar por un administrador único, por
varios administradores que actúen solidaria o mancomunadamente,
o por un Consejo de Administración compuesto por un mínimo
de tres y un máximo de doce consejeros.
Existe una
única excepción para el caso de que la Sociedad Laboral
este administrada por un Consejo de Administración; pues en este
caso, según el artículo 12 de la Ley de Sociedades Laborales,
el nombramiento de los miembros de dicho Consejo se efectuará necesariamente
por el sistema proporcional regulado en el artículo 137 de la ley
de Sociedades Anónimas; y no por el sistema ordinario de mayorías.
No obstante,
dicha excepción tiene a su otra excepción: Si en la Sociedad
Laboral sólo existen participaciones de clase laboral, los miembros
del Consejo de Administración sí podrán ser nombrados
por el sistema de mayorías.
Por lo demás,
los estatutos establecerán el régimen de organización
y funcionamiento del Consejo que deberá comprender, en todo caso,
las reglas de convocatoria y constitución del órgano, así
como el modo de deliberar y adoptar acuerdos por mayoría.
Los estatutos
podrán establecer distintos modos de organizar la administración,
atribuyendo a la Junta General la facultad de optar alternativamente por
cualquiera de ellos, sin necesidad de modificación estatutaria.
Todo acuerdo
de modificación del modo de organizar la administración
de la sociedad, constituya o no modificación de los estatutos,
se consignará en escritura pública y se inscribirá
en el Registro Mercantil.
La representación
de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde a los administradores.
Además
de lo señalado respecto a la administración hay que destacar
que la Ley atribuye la toma de ciertos acuerdos o decisiones a los socios,
reunidos en Junta General, que decidirán por la mayoría
legal o estatutariamente establecida sobre los asuntos propios de la competencia
de la Junta.
La Ley señala
además que todos los socios, incluso los disidentes y los que no
hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos
de la Junta General.
Por último,
la Ley señala también que podrán ser impugnados los
acuerdos de las Juntas de socios que sean contrarios a la Ley, se opongan
los estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios socios o de terceros,
los intereses de la sociedad.
El procedimiento
de impugnación seguirá los cauces propios de la Sociedad
Limitada, con la única matización de que si el acuerdo impugnado
afecta a la composición del capital o al cambio de domicilio fuera
del término municipal, el Juez que conozca del procedimiento pondrá
en conocimiento del Registro de Sociedades laborales la existencia de
la demanda y las causas de impugnación, así como la sentencia
que estime o que desestime la demanda.
Relaciones
de socios y de trabajadores no-socios con la Sociedad
Por lo que
se refiere a las relaciones de los socios, y de los trabajadores no-socios
con la Sociedad Laboral merece la pena destacar, en primer lugar, que
los socios trabajadores están vinculados a la Sociedad mediante
una relación laboral por cuenta ajena y de carácter indefinido;
y deben estar afiliados al régimen general de la Seguridad Social,
o al régimen especial que corresponda por razón de su actividad.
En cuanto
al régimen de transmisión de participaciones, hay que diferenciar,
en primer lugar, si se trata de una transmisión inter-vivos o de
una transmisión mortis-causa.
En las transmisiones
inter-vivos, cuando el titular de participaciones sociales de clase laboral
pretenda transmitir la totalidad o parte de dichas participaciones a una
persona que no ostente la condición de trabajador de la sociedad
con contrato por tiempo indefinido deberá comunicarlo por escrito
y de forma fehaciente al órgano de administración de la
sociedad haciendo constar el número y características de
las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente
y el precio y demás condiciones de la transmisión. Esta
comunicación del socio tendrá el carácter de oferta
irrevocable.
Un vez realizada
la comunicación, el órgano de administración de la
Sociedad notificará la oferta de transmisión de las participaciones
en primer lugar a los trabajadores no-socios que tengan contrato indefinido
con la Sociedad; que dispondrán del plazo de un mes para adquirirlas
ejerciendo su derecho de adquisición preferente.
Si los trabajadores
no-socios no ejercitan su derecho de adquisición preferente, el
órgano de administración de la sociedad notificará
entonces la oferta de transmisión a los socios trabajadores, que
gozarán de un derecho de compra durante un plazo de un mes desde
la recepción de la notificación.
Si los socios
trabajadores tampoco ejercitan su derecho de adquisición preferente,
el órgano de administración de la sociedad notificará
la propuesta de transmisión a los titulares de participaciones
de clase general, que podrán ejercitar su derecho de adquisición
en un plazo de 15 días y, en caso de no hacerlo, se notificará,
finalmente, al resto de los trabajadores sin contrato de trabajo por tiempo
indefinido, que dispondrán de un plazo igual de 15 días
para ejercitar su derecho de adquisición.
Cuando sean
varias las personas que ejerciten el derecho de adquisición preferente
a que se refieren los párrafos anteriores, las participaciones
sociales se distribuirán entre todos ellos por igual.
Por último,
si ningún socio o trabajador ejerce el derecho de adquisición
preferente, las participaciones podrán ser adquiridas por la sociedad,
con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades
Anónimas.
En todo caso,
si transcurren seis meses desde la comunicación de la oferta inicial
de transmisión de participaciones sin que nadie hubiera ejercitado
sus derechos de adquisición preferente, el socio transmitente podrá
transmitir las participaciones de su titularidad libremente dentro de
plazo de cuatro meses. Si en dicho plazo no las hubiere transmitido, deberá
iniciar de nuevo los trámites a los que hemos hecho referencia.
Para la transmisión
de participaciones sociales de clase general a persona que no ostente
en la sociedad la condición de socio trabajador se aplicará
el procedimiento que hemos analizado anteriormente, con la única
diferencia de que la notificación del órgano de administración
comenzará por los socios trabajadores.
Por último,
sólo podrá prohibirse la transmisión voluntaria de
las participaciones sociales por actos "inter vivos" si los
estatutos reconocen al socio el derecho a separarse de la sociedad en
cualquier momento. La incorporación de estas cláusulas a
los estatutos sociales exigirá el consentimiento de todos los socios.
No obstante
lo anterior, los estatutos podrán impedir la transmisión
voluntaria de las participaciones por actos "inter vivos" o
el ejercicio del derecho de separación durante un período
de tiempo no superior a cinco años a contar desde la constitución
de la sociedad.
Además,
en el caso de extinción de su relación laboral, el socio
trabajador está obligado a ofrecer la adquisición de sus
participaciones conforme al procedimiento que hemos analizado y, si nadie
ejercita su derecho de adquisición preferente, el socio pasará
a ostentar la condición de socio de clase general.
Los estatutos
sociales podrán establecer normas especiales para los casos de
jubilación e incapacidad permanente del socio trabajador, así
como para los supuestos de socios trabajadores en excedencia.
En el caso
de transmisiones mortis-causa la Ley señala que la adquisición
hereditaria de participaciones confiere al adquirente, ya sea heredero
o legatario del fallecido, la condición de socio.
No obstante
lo anterior, los estatutos sociales, en caso de muerte del socio trabajador,
podrán reconocer un derecho de adquisición preferente sobre
las participaciones de clase laboral, por el procedimiento previsto para
la transmisión inter-vivos, por el valor real que las participaciones
tuviesen el día del fallecimiento del socio, que se pagará
al contado, y que se ejercitará en el plazo máximo de cuatro
meses, a contar desde la comunicación a la sociedad de la adquisición
hereditaria.
No podrá
ejercitarse el derecho estatutario de adquisición preferente si
el heredero o legatario fuera a su vez trabajador de la sociedad con contrato
de trabajo por tiempo indefinido.
Asimismo,
la Ley también reconoce un derecho de adquisición preferente
a los titulares de participaciones pertenecientes a cada una de las clases
en toda ampliación de capital con creación de nuevas participaciones
sociales, para suscribir o asumir las nuevas participaciones sociales
pertenecientes a la clase respectiva.
En toda ampliación
de capital deberá respetarse la proporción existente entre
las participaciones pertenecientes a las distintas clases con que cuenta
la sociedad.
Además,
las participaciones no suscritas o asumidas por los socios de la clase
respectiva, salvo acuerdo contrario de la Junta General que adopte el
aumento del capital social, se ofrecerán a los trabajadores, sean
o no socios, en la forma prevista para la transmisión de participaciones
sociales.
La exclusión
del derecho de suscripción preferente se regirá por la Ley
de Sociedades de Responsabilidad Limitada; pero cuando la exclusión
afecte a las participaciones de la clase laboral la prima será
fijada libremente por la Junta General siempre que la misma apruebe un
Plan de adquisición de participaciones por los trabajadores de
la sociedad, y que las nuevas participaciones se destinen al cumplimiento
del Plan e imponga la prohibición de enajenación en un plazo
de cinco años.
Por último,
la sociedad laboral deberá comunicar, periódicamente, al
Registro administrativo de Sociedades Laborales las transmisiones de participaciones
mediante certificación del libro de socios.
Por otro
lado, la Ley también reconoce el derecho de los socios a separarse
de la sociedad en el caso de que no hayan votado a favor de determinados
acuerdos tales como el cambio del objeto social, el traslado del domicilio
social al extranjero, la modificación del régimen de transmisión
de las participaciones sociales, la prórroga o reactivación
de la Sociedad o la transformación de la sociedad en otro tipo
de sociedad, entre otros.
Los estatutos
podrán establecer además causas de separación distintas
a las previstas en la Ley. En este punto es importante tener en cuenta,
como ya hemos señalado, que sólo si los estatutos reconocen
al socio el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento, podrá
prohibirse la transmisión voluntaria de las participaciones sociales
por actos "inter vivos". La incorporación de estas cláusulas
a los estatutos sociales exigirá el consentimiento de todos los
socios.
No obstante
lo anterior, los estatutos podrán impedir la transmisión
voluntaria de las participaciones por actos "inter-vivos" o
el ejercicio del derecho de separación durante un período
de tiempo no superior a cinco años a contar desde la constitución
de la sociedad.
Asimismo,
la Sociedad Limitada Laboral, al igual que la Sociedad Limitada ordinaria,
podrá excluir al socio que incumpla la obligación de realizar
prestaciones accesorias, así como al socio administrador que infrinja
la prohibición de competencia o hubiera sido condenado por sentencia
firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados
por actos contrarios a esta Ley o a los estatutos o realizados sin la
debida diligencia. Los estatutos, con el consentimiento de todos los socios,
podrán incorporar otras causas de exclusión de los socios.
En cuanto
al reparto de beneficios, y salvo disposición contraria de los
estatutos, la distribución de dividendos a los socios se realizará
en proporción a su participación en el capital social. Antes
de proceder al reparto de beneficios es necesario aplicar a la reserva
legal el equivalente al 10% del beneficio, al menos hasta que dicha reserva
alcance el 20% del capital social.
Además
de lo anterior, y directamente relacionado con el reparto de beneficios,
hay que señalar que la Ley de Sociedades Laborales obliga a estas
sociedades, además de a dotar las reservas legales o estatutarias
que procedan, a constituir un Fondo Especial de Reserva, que se dotará
con el 10% del beneficio líquido de cada ejercicio. El Fondo Especial
de Reserva sólo podrá destinarse a la compensación
de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles
suficientes para este fin.
Hay que tener
en cuenta, por último, que sólo se pueden repartir dividendos
con cargo a beneficios si el valor del patrimonio neto contable no es,
a consecuencia del reparto, inferior al capital social.
Dpto. Mercantil
de RCR PROYECTOS DE SOFTWARE.
La
información utilizada en la redacción de este artículo
es una cortesía del Programa "ASESOR
DE GESTIÓN".
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