¿Cómo afecta la Reforma Fiscal a la declaración de las pensiones que se reciben del extranjero?

Fecha Publicación: 24-11-2014 - Número Boletín: 46 Año: 2014

A lo largo de todo este año 2014 ha estado especialmente vigente la polémica suscitada en relación con la tributación de las pensiones que perciben los emigrantes retornados, motivada por el hecho de la AEAT ha decidido someter a control e inspección a los contribuyentes que perciben este tipo de pensiones.

Para poder abordar la cuestión de cómo afecta la reforma fiscal aprobada el pasado día 20 de Noviembre por el Congreso a las obligaciones tributarias relativas a estas pensiones es necesario realizar previamente una pequeña exposición de la situación.

Nos referimos a aquellos contribuyentes que emigraron y estuvieron trabajando en el extranjero, en países como Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Suiza...; que han regresado a España y que ahora perciben una pensión de dichos países por el trabajo y las cotizaciones allí efectuados.

Estos contribuyentes, en su gran mayoría personas de edad avanzada, desconocían que tenían que incluir las cantidades recibidas por dichas pensiones en su declaración de la renta y no lo hicieron. A ello también contribuye el hecho de que las pensiones que se reciben de un país extranjero no aparecen en los borradores o resúmenes de datos fiscales que envía la AEAT en el momento de realizar la declaración de la renta.

Sin embargo, y como es conocido, “el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento”; y lo cierto es que la normativa tributaria española exige que dichas pensiones se declaren como rendimientos del trabajo en la correspondiente declaración de la renta, siempre que el contribuyente esté obligado a presentar la declaración de la renta.

En este punto debemos señalar que un jubilado en España no está obligado a hacer la declaración de la renta si sus ingresos no superan los 22.000 euros. No obstante, si recibe una pensión del extranjero, el mencionado límite para no presentar la declaración se sitúa en 11.200 euros de ingresos anuales.

En efecto, la Ley del IRPF señala que “todo residente fiscal en España debe declarar en su IRPF por su renta mundial, con independencia de la procedencia de sus ingresos.”

Ello quiere decir que existe obligación de declarar en España todas las rentas que se obtengan  en cualquier parte del mundo, ello con independencia de que también sean de aplicación los oportunos convenios sobre doble imposición internacional que existan entre el país pagador de la pensión y el Estado español.

La Agencia Tributaria, gracias al perfeccionamiento de los sistemas informáticos y, sobre todo, a la mejora de las comunicaciones de datos con distintos países, especialmente los europeos,  puede conocer ahora los contribuyentes qué reciben pensiones del extranjero, así como sus conceptos y cuantías y, en consecuencia, puede llevar a cabo actuaciones de control e inspección, para comprobar si los contribuyentes han declarado en España las cantidades recibidas por esas pensiones.

Y en caso de que no haya sido así, puede regularizar la situación de estos contribuyentes, efectuando las correspondientes liquidaciones tributarias y reclamándoles la deuda tributaria que corresponda a estas pensiones no declaradas, y todo ello con efectos de los últimos cuatro años; que es el periodo de que dispone Hacienda para revisar las declaraciones presentadas.

Ello es precisamente lo que ha generado la polémica a la que antes hacíamos referencia porque la AEAT inició una campaña para revisar las declaraciones de la renta de todos aquellos pensionistas retornados que reciben pensiones del extranjero, campaña que finalizó, en muchos casos, no solo con la liquidación de las cantidades no declaradas, sino también con la imposición de las correspondientes sanciones tributarias, con cuantías que oscilaban, en algunos casos, entre los 15.000 y 20.000 euros; cuando la media de las pensiones no declaradas se sitúa por debajo de los 1.500 euros.

Y es que según los datos del propio Ministerio de Hacienda, la AEAT ha realizado cerca de 30.000 inspecciones a contribuyentes que reciben pensiones del extranjero, por no declarar estos ingresos a Hacienda; pero según indica el Ministerio, existen 1,8 millones de personas reciben una pensión del exterior.

La infracción consistente en no realizar la declaración de la renta cuando se tenga obligación de hacerla implica, además de la liquidación tributaria que corresponda, una sanción de, como mínimo, 150 euros. Asimismo, el hecho de presentar la declaración pero sin incluir los datos de la pensión extranjera también lleva a aparejada la correspondiente sanción tributaria.

Y otra consecuencia importante que hay que tener en cuenta, si no se declaran las cantidades recibidas por esa pensión del extranjero, es que se pueden perder los complementos de mínimos establecidos para las pensiones; pues se cobran cuando la pensión que se tiene reconocida es inferior a la mínima legalmente establecida y para equipararla a ésta.

Es decir, una vez que se detecta que se recibe una pensión extranjera no declarada, no solo tendremos que ajustar cuentas con la AEAT, sino que también puede darse el caso de que la Seguridad Social decida revisar la situación del pensionista y, en caso de que compruebe que no le corresponde el complemento de mínimos, no solo lo retirará, sino que reclamará las cantidades que se han podido percibir indebidamente por dicho concepto; con efectos de cuatro años hacia atrás.

Ante esta situación, los afectados y las organizaciones que los representan, como por ejemplo, la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes y Retornados (FEAER) han mostrado su indignación y su disconformidad con la actuación de la Administración; pues afirman que hasta ahora las declaraciones de la renta de estas personas nunca habían sido revisadas y que la AEAT no les ha informado nunca de esta obligación; y menos antes de iniciar actuaciones inspectoras o sancionadoras.

Por ello, habían solicitado la revocación de esta obligación de tributar por las pensiones obtenidas en el extranjero o, al menos, que en caso de tener que tributar por ellas, no se impusiese a los afectados ni recargos ni sanciones.

Y es aquí donde entra en juego la Reforma Fiscal recientemente aprobada por el Congreso; y en concreto, la Disposición adicional única del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, que se denomina precisamente Regularización de deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses liquidados por este concepto.”

Antes de analizar el contenido de la citada disposición, debemos prestar atención al preámbulo de la norma, en el que se señala que la AEAT, a través de intercambios de información con otros países, ha tenido conocimiento de la existencia de contribuyentes que han percibido pensio­nes procedentes del extranjero que no han sido declaradas correctamente; y por ello se han llevado a cabo las correspondientes actuaciones de regulariza­ción tributaria.

No obstante, y como ya hemos adelantado, señala la norma que “Dadas las especiales circunstancias del colec­tivo social afectado —personas de avanzada edad trasladadas recientemente a España—, se estima necesario establecer por razones de justicia y cohesión social, a través de la Disposición adicio­nal única de esta Ley, la posibilidad de regularizar voluntariamente con exclusión de sanciones, recar­gos e intereses, o en caso de que las actuaciones de la Administración tributaria ya hayan concluido, establecer la condonación de las sanciones, recar­gos o intereses girados.”

En consecuencia, y tal y como demandaban los afectados, la reforma fiscal establece un periodo extraordinario para regularizar voluntariamente las obligaciones fiscales derivadas de las pensiones no declaradas mediante la presentación de autoliquidaciones complementarias, pagando solo la cuota tributaria correspondiente; y con exclusión de las sanciones, recar­gos e intereses que pudieran corresponder. Además, el pago de la deuda tributaria resultante podrá aplazarse o fraccionarse según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.

Dicha regularización debe efectuarse desde la entrada en vigor de esta Disposición (1 de Enero de 2015) hasta el 30 de Junio de 2015, siendo este plazo improrrogable, mediante la presentación e ingreso de una autoliquidación complementaria por cada uno de los períodos impositivos no prescritos (cuatro años).

En el caso de que la inclusión de estas pensiones determine que un contribuyente pase a estar obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el período impositivo en que se percibieron estos rendimientos, la regularización se efectuará mediante la presentación de la declaración correspondiente a dicho ejercicio, en la que se deberá consignar la totalidad de las rentas obtenidas por el contribuyente en el citado ejercicio.

La aplicación de este régimen extraordinario está condicionada a que la declaración o autoliquidación complementaria se presente acompañada de un formulario al efecto, que estará disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Asimismo, y para aquellos contribuyentes que ya hayan sido objeto de regularización, la norma señala que los recargos e intereses y sanciones, liquidados o impuestas con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, con independencia de que hayan adquirido o no firmeza, quedarán condonados, siempre que se cumplan los requisitos antes señalados.

También quedarán condonados, independientemente de su firmeza, los recargos del período ejecutivo y los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo liquidados por este concepto.

En este sentido, y para el caso de que la liquidación de los recargos, intereses y sanciones mencionados anteriormente hubiera adquirido firmeza, los obligados tributarios deberán solicitar a la Administración Tributaria su condonación desde la entrada en vigor de esta norma (1 de Enero de 2015) hasta el 30 de junio de 2015, siendo este plazo improrrogable. Para ello deberán identificar de forma suficiente los conceptos liquidados y los ingresos realizados.

Finalmente, y en el caso de que en la liquidación practicada se hubiera incluido otros rendimientos además de las pensiones, la condonación de los recargos, intereses y sanciones será proporcional al importe de las pensiones regularizadas en relación con el resto de los rendimientos objeto de regularización.
Pero, si la inclusión de las pensiones determina que un contribuyente pase a estar obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el período impositivo en que se percibieron estos rendimientos, se condonarán en su totalidad los recargos, intereses y sanciones.

Los importes ingresados (que se estiman en 20 millones de euros)  serán objeto de devolución sin abono de intereses de demora, en el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado la devolución, se abonarán los intereses de demora que correspondan.

Por tanto, aquellos contribuyentes, o su asesores fiscales, deben tener presente que, a partir del 1 de Enero de 2015 se inicia el plazo tanto para regularizar la situación tributaria por las pensiones del extranjero no declaradas como para, en caso de ya haber efectuado dicha regularización, solicitar la devolución de los recargos, intereses y sanciones que se hayan abonado; plazo que es de seis meses y que finaliza el 30 de Junio de 2015.

Este comentario es cortesía del Programa Asesor de Recursos Tributarios

Departamento Jurídico de Supercontable.com

   

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