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 Dimisión / Renuncia del Administrador
 

Una cuestión relacionada con la posibilidad de exigir responsabilidad de los administradores de una sociedad y, de forma más concreta, con la responsabilidad de carácter civil y mercantil en que pueden incurrir los administradores, así como con la posibilidad de éstos de eximirse de responsabilidad no interviniendo en la adopción y ejecución de los actos o acuerdos lesivos, y haciendo todo lo conveniente para evitar el daño o, en su caso, oponiéndose expresamente a dichos actos o acuerdos, es la posibilidad que tiene un administrador, especialmente si no está de acuerdo con la gestión que se está llevando a cabo en la sociedad, de presentar su dimisión o renuncia al cargo, cómo debe hacerse efectiva y qué consecuencias tiene la misma.

    Y para empezar, debemos decir que la dimisión o renuncia es un derecho del administrador al que no cabe poner límite alguno. No existe, según los continuos pronunciamientos de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) forma alguna de impedir a un administrador que renuncie o dimita a su cargo, si su decisión es dejar de serlo.

    Ahora bien, dicho esto hay que tener en cuenta respecto de la dimisión o renuncia de los administradores que en la práctica pueden darse varias situaciones y que no son todas iguales, puesto que no es lo mismo que la sociedad este gestionada por un único administrador, por varios administradores o por un consejo de administración.

   Además, la dimisión del administrador, para que sea efectiva, debe llevarse a cabo conforme a un determinado procedimiento y debe ser inscrita en el Registro Mercantil, de conformidad con el Art. 22.1 del Código de Comercio y los Arts. 147.1 y 148 del Reglamento del Registro Mercantil.

   Así, la renuncia o dimisión debe hacerse por escrito y notificarse de forma fehaciente a la sociedad y, para ser efectiva y vinculante, debe inscribirse en el Registro Mercantil, al igual que se inscribe la designación o nombramiento.

   Y según el Reglamento del Registro Mercantil, "La inscripción de la dimisión de los administradores se practicará mediante escrito de renuncia al cargo otorgado por el administrador y notificado fehacientemente a la sociedad, o en virtud de certificación del acta de la Junta General o del Consejo de Administración, con las firmas legitimadas notarialmente, en la que conste la presentación de dicha renuncia.

   En el documento en virtud del cual se practique la inscripción de la dimisión del administrador deberá constar la fecha en que ésta se haya producido.

   La fecha en que se produce la dimisión será la fecha en que la sociedad reciba la notificación de la misma.

   La dimisión, como es lógico supone, con carácter general, el cese de la responsabilidad del administrador desde que ésta sea efectiva, pero ello no puede suponer, en modo alguno, que el administrador dimisionario eluda la responsabilidad que pueda corresponderle por las actuaciones llevadas a cabo bajo su mandato y, además, en algunos casos esa obligación de responder por las actuaciones realizadas durante el mandato puede incluso extenderse en el tiempo, pues la Ley concursal permite exigir responsabilidad a los administradores actuales de una sociedad y también a los que hubieran ejercido el cargo dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso.

   Por lo tanto, y como podemos ver, la dimisión o renuncia está directamente relacionada con la responsabilidad de los administradores y con el deber de diligencia que pesa sobre los mismos. Y por ello hemos señalado anteriormente que las consecuencias prácticas de la dimisión no son las mismas si el administrador que dimite es administrador único o si, existiendo más de uno o un Consejo de Administración, dimite uno de ellos o renuncian todos.

   Lo que resulta claro es que la sociedad no puede funcionar sin órgano de administración y que la paralización de los órganos sociales, de modo que resulte imposible el funcionamiento de la sociedad es causa de disolución de la misma.

   Por ello, si existe un administrador único o todos lo existentes dimiten conjuntamente, el deber de diligencia que la Ley impone a los administradores en el desempeño de su cargo implica que los dimisionarios deben continuar al frente de la gestión de la sociedad hasta que se cubran por la sociedad las vacantes, debiendo para ello los dimisionarios convocar la correspondiente Junta General que nombre a los nuevos administradores y sólo entonces inscribir las renuncias en el Registro Mercantil. Se trata, en definitiva, de evitar la parálisis de la sociedad y los perjuicios que ésta pudiera causar, de los que, en caso contrario, responderán los administradores renunciantes, tal y como ha reiterado la DGRN.

    Si, por el contrario, aunque dimita algún administrador, otros continúan en su cargo, la situación es distinta. No habrá inconveniente alguno para inscribir la renuncia en el Registro Mercantil y hacerla efectiva porque no existe riesgo de parálisis de la sociedad, ya que el/los administrador/es que continúan en su cargo pueden convocar la Junta General para cubrir la/s vacante/s dejadas por el/los administrador/es dimisionario/s.

 Por último, y en cuanto a la obligación del administrador de responder por las actuaciones realizadas durante el ejercicio de su cargo, también tiene relevancia la forma en que se haya ejercido la administración, porque, si bien hemos avanzado que la dimisión supone, con carácter general, el cese de la responsabilidad del administrador desde que ésta sea efectiva, pero no el eludir la responsabilidad que pueda corresponderle por las actuaciones llevadas a cabo bajo su mandato; lo que si puede/n hacer el/os administrador/es dimisionario/s es proponer en la Junta General en la que se haga efectiva su dimisión o renuncia que se tomen los acuerdos necesarios para evitar la ejecución de determinados actos y/o para impugnar los acuerdos a los que se opuso/opusieron expresamente, haciendo así todo lo conveniente para evitar el daño que pudiera causarse a la sociedad, los socios y/o los acreedores; pues esta es la única vía legalmente prevista para exonerarse de responsabilidad.

   Finalmente, y en relación con la responsabilidad que puede derivarse de la dimisión del administrador, tenemos que pronunciarnos sobre si, teniendo en cuenta que, como hemos visto, la dimisión debe inscribirse en el Registro Mercantil, al igual que se inscribe la designación o nombramiento, la falta de inscripción en el Registro puede dar lugar a responsabilidad frente a terceros de buena fe que confíen en la exactitud del Registro Mercantil.

   La cuestión, como muchas en Derecho, no es pacífica pero, siguiendo la postura mayoritaria, y la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 3 de Julio y 27 de Noviembre de 2008) podemos concluir, y parece lógico, que el hecho de no inscribir el cese en el Registro Mercantil no puede posibilitar la exigencia de responsabilidad de quien, desde que efectivamente ceso en su cargo, no ha podido ejercer las funciones propias ni dirigir la actividad de la sociedad.

 

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