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Comentarios a la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, de Medidas de lucha   contra la Morosidad en las operaciones comerciales (I)

En este comentario vamos a analizar la conocida como Ley de Morosidad, especialmente concebida para proteger los derechos de crédito de las pequeñas y medianas empresas, lo cual cobra especial relevancia en épocas de crisis; ocupándonos de su ámbito de aplicación, al tipo de contratos que afecta y a los plazos de pago de las deudas que legalmente se establecen en la misma.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales se aplica, según su artículo 1, a las operaciones comerciales que den lugar a entrega de bienes o prestación de servicios entre empresas o entre empresas y la Administración.

En consecuencia, según el artículo 2 de esta Ley, se considera empresa a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional.

Asimismo, por Administración se entiende, según este mismo precepto, a las Administraciones Públicas, organismos y entidades previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y los organismos autónomos y las restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas.

Por tanto, de conformidad con el artículo 3 de la Ley, y con el texto de la Directiva 2000/35/CE, la ley se aplica a todos los pagos derivados de las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre éstas y la Administración; así como también a las operaciones realizadas entre los contratistas principales de la Administración y sus subcontratistas y proveedores.

Sin embargo, no se aplica esta Ley, quedando fuera de su ámbito, a los pagos derivados de operaciones comerciales realizadas con consumidores; ni tampoco a los intereses relacionados con la Ley Cambiaria y del Cheque (pagos a través de cheque, letra de cambio o pagaré). Tampoco resulta de aplicación al pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios, incluidas aquellas a que deban hacer frente las entidades y compañías aseguradoras. Finalmente, no se aplicará esta Ley tampoco a las deudas de aquellas empresas que se encuentren sometidas a un procedimiento concursal, las cuales se rigen por la Ley 22/2003, Concursal.

Por último, y a efectos de determinar el ámbito de aplicación de la Ley, el artículo 2 señala que por morosidad debe entenderse el incumplimiento por parte del deudor de los plazos contractuales - es decir, pactados inter-partes - o legales en los que se debe efectuar el pago de la deuda.

CONTRATOS A LOS QUE RESULTA DE APLICACIÓN

En cuanto a qué tipos de contratos se aplica esta Ley, y según su Disposición Transitoria Única, la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, resultará aplicable a todos los contratos que, incluidos en su ámbito de aplicación, hayan sido celebrados con posterioridad al 8 de Agosto de 2002, en cuanto a sus efectos futuros, incluida la aplicación del tipo de interés de demora establecido en su artículo 7.

No obstante lo anterior, esta Disposición Transitoria establece una excepción en cuanto a lo que se refiere a la nulidad de las cláusulas pactadas por las causas establecidas en su artículo 9 (que se refiere a la consideración de abusivas de determinadas cláusulas). En este caso, la presente Ley será aplicable sólo a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor; lo que significa que sólo podrá invocarse la nulidad de cláusulas contractuales con apoyo en el artículo 9 de la Ley en aquellos contratos que se celebrasen a partir del 31 de Diciembre de 2004.

FIJACIÓN DE PLAZOS LEGALES DE PAGO

La Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, parte, como no podía ser de otra forma, del respeto absoluto a la libertad de pacto entre las partes en cuanto a lo que a la fijación del plazo de pago de las deudas se refiere; y sólo en defecto del mismo, señala cuál será el plazo de pago.

Así, el apartado 1 del artículo 4 señala que "El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.

Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.

Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado."

Por su parte, el apartado 2 del artículo 4 de la Ley señala que si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.

También establece la Ley, como garantía de su efectividad, que los plazos de pago indicados en los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Ley podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.

Finalmente, se señala que podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.

El incumplimiento de los plazos de pago pactados en el contrato de entrega de bienes o prestación de servicios o, en su caso, de estos plazos de pago legalmente previstos llevará aparejado el devengo de intereses de demora a favor del acreedor, de forma automática y por imperativo legal; es decir, sin que sea necesario previo aviso al deudor del vencimiento de su obligación ni requerimiento de ninguna clase por parte del acreedor. En cuanto al cálculo de esos intereses, se abordará el mismo en el número II de este Comentario.

Profesionales para Supercontable.com

Antonio Millán Callado.

Abogado ejerciente y Master en Economía y Derecho del Consumo.  

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